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Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

1. Soy padre biológico q necesito para registrar mi hija q ya esta registrada por otro
Si tienes tal certeza, dentro de un proceso judicial, debes impugnar la paternidad demandando a la madre como a quien firmo como el padre sin serlo. Podrías igualmente denunciar penalmente a ambos. Sin embargo, tan importante como accionar judicialmente es que hayas asumido desde un inicio y asumas ahora tus obligaciones como padre desde que la madre salió embarazada, prodigándole todo cuidado y alimentos y reconociendo a tu hija.

2. Firma del padre en el acta de nacimiento
Si eres soltero basta que te apersones ante la Oficina del Registro Civil (RENIEC o Municipalidad, donde nació el bebé) portando tu DNI, preferiblemente acompañado con la madre. Este trámite y la entrega de la primera Acta de Nacimiento es gratuito.

3. Perú, falsificar un documento para apropiarse de un bien inmueble, es delito penal? y cuando prescribe?
Claro que es delito falsificar documentos, como usar documentos falsos como si fueran verdaderos e incluso declarar falsamente .Prescribe en el plazo que precribe la máxima pena, en el caso de falsificación de documentos que cause perjuicio es hasta 10 años.

4. Cuantos días tengo para responder una resolución administrativa en Perú?
En regla general tienes 15 días hábiles para impugnar en sede administrativa a partir del día siguiente en que fuiste notificado con arreglo a Ley; o bien dentro del plazo que expresamente te señale la resolución.

5. Elaboración de un amparo ante la negativa ficta por parte de las autoridades.
Si, es posible interponer una Demanda de Amparo en caso se vulneren tus derechos constitucionales como cuando con el silencio u omisión se cause igual peligro.

6. Es un requisito tener las citaciones del ministerio de trabajo para realizar un proceso laboral Bolivia.
Sería conveniente verificar si en la legislación de tu país así la exige, en uno u otro caso sería conveniente presentarla, salvo que las leyes bolivianas exoneren de tal requisito,

7. Como encontrar información de un familiar teniendo solo edad aproximada nombre y ciudad de nacimiento.
Te sugiero ponerte en contacto con empresas u organizaciones privadas como la prensa dedicadas a brindar este servicio.

8. Que hacer cuando un padre que hecha a su hija por estar embarazada?
Una niña o adolescente, legalmente, son incapaces totales o relativas según fuera su edad por lo que, es decir, no tienen el discernimiento suficiente para tomar decisiones cuando producto de violaciones, seducciones o relaciones sexuales resultan embarazadas por lo que, en tal condición, por mas doloroso que resulte para los familiares y esencialmente para los padres quienes desean lo mejor para ella sintiéndose frustrados en su expectativa de vida para la hija como para ellos, lo peor que pueden hacer es echarlas de la casa o no darles el apoyo en el momento de sus vidas que mas lo necesitan. Pasado el amargo momento será asimilado y todo un reto para quien adelantó la maternidad, cuyo hijo(a) deberá ser asumido como la razón de sobresalir con igual o mas énfasis que cuando no le mediaba mayor responsabilidad. Hay infinidad de bellas mujeres que pasaron por experiencias semejantes y hoy brillan con luz propia en donde desarrollen un oficio o profesión.

9. Diferencia de acta de nacimiento y partida de nacimiento.
Hoy, es lo mismo; antes de llamaba Partida y hoy Acta.(de Nacimiento, Matrimonio o Defunción).

10. Que papeles deben tener los niños q tienen solo el apellido de la madre y los quiere reconocer el papa?
Por parte de los niños ninguno. El padre que quiere reconocerlos solo deberás acercarte a la Oficina de RENIEC o del Registro Civil de la Municipalidad donde fueron inscritos portando su DNI, si va con la mamá y con los niños muchísimo mejor , luego de ello te señalarán la fecha en que te entregarán la nueva Acta de Nacimiento con la cual tramitarás sus DNI. En tanto será un dia de fiesta para ustedes. Congratulaciones.

11. Ley de contrataciones obras
Te sugiero revisar la Ley de Contrataciones del Estado, la cual puedes visualizar o bajar de diversos portales de entidades del Estado, si del OSCE, muchísimo mejor.

12. Declaración jurada de legislación laboral vigente
Es la elaborada por quien es requerido a declarar firmando al pie con la rúbrica que lo caracteriza en su DNI. Si es o contiene datos falsos además de poder acarrearle nulidad del acto administrativo puede ser denunciado por delito contra la fé pública. Cuidado con lo que declaras y firmas.

13. Una sanción administrativa no prescribe nunca ?
Falso, no solo la sanción sino la posibilidad incluso de ser procesado, prescriben transcurrido el plazo expresamente establecido por la Ley en cada régimen laboral o en las leyes que regulan determinadas funciones públicas u obligaciones como las tributarias.

14. Como hacer una denuncia contra un funcionario publico
La denuncia en esencia pueden ser verbales o escritas y debe precisar con certeza la fecha, hora, nombre, cargo o función del denunciado y de manera concreta en que consiste el hecho materia de la denuncia. Si hay documentos, fotos, testigos, debe ofrecerlas de modo claro y expreso. El denunciante puede ser ahora sujeto de protección de su identidad pero obligado a la vez de prestar su total colaboración hasta la culminación de la verificación de la conducta denunciada.
15. El registro de nacimiento sustituye la partida de nacimiento
No, el Registro (llámese RENIEC u Oficina de Registro Civil de una Municipalidad) es la oficina que resguarda bajo responsabilidad, las Partidas o Actas de Nacimiento de los allí inscritos.

16. Donde se puede poner una queja en contra de Directv .?
Ante la misma empresa Directiv. En caso no te sea recibida o resuelto la materia conforme a los términos de tu queja podrías acudir en via de Queja o Apelación ante OSINERG.

17.
18. Puedo pedir mi reconocimiento viviendo en union libre luego de vivir 28 anos y me pide separanos?
Si, notarialmente si él está de acuerdo y judicialmente si no lo está, está ausente o falleció. 19.
20. Certificado y Partida de nacimiento es lo mismo? 21.
No, Certificado de Nacimiento lo expide el médico, obstetriz u otro profesional o persona (partera por ejemplo) que atendió o constató el parto; y la Partida hoy llamada Acta de Nacimiento se expide teniendo a la vista el Certificado de Nacimiento.
22.
23. Plazo en que prescribe el proceso disciplinario. 24.
Entre uno, 3 o 4 años, según la legislación laboral o administrativa aplicable. A diferencia de la responsabilidad civil o penal y otros regímenes laborales o legislaciones, en el caso de los sujetos al régimen laboral del D.Leg. 276, el plazo se computa desde la fecha en que la autoridad competente para aplicar la sanción tuvo conocimiento de la falta. 25.
26. Dónde tramitar documento de no fuiste destituido como servidor público?
El Registro Nacional de Sancionados con Destitución o Despido a cargo de SERVIR sólo cuenta con información de quienes se les aplicó sanción alguna. Puedes optar por consultar a la entidad que impuso la sanción, dirigida al funcionario responsable del RNSDD de la entidad o vía Acceso a la Información Pública a SERVIR 27.

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Muy agradecido a cada uno de ustedes por su visita, escribir y difundir el blog.

Exitos.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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08 de octubre 2013

Por RICARDO P. AYALA GORDILLO

Apreciado lector

Si te encuentras en casa o en tu centro de labores o donde estés y de pronto ves una chispa de fuego, ¿cual es tu reacción inmediata, que es lo primero que haces? Y después?

Cierto, lo mas probable es que tomas acción inmediata y que grites como alerta a todos pero a la vez, de inmediato, lo mas probable es que, procuras apagarlo con cuanto tengas a tu alcance, pisándolo, o cubriéndolo para que la falta de oxígeno apague la llama incipiente, con agua o extintor, si tienes la suerte de tenerlo a la mano.

No faltarán, algunos pocos, que por temor o inexperiencia, salgan corriendo y tras él cuantos lo oyen, en automático, sin verificar la magnitud de la alarmante noticia, piden llamar a los bomberos que, con toda su buena voluntad seguro que si, llegarán, aunque, tardíamente, cuando poco o nada pueda rescatarse, acaso por nuestro caótico tránsito citadino o porque, antes, debieron socorrer a muchos otros como los que llamaron.

Ahora bien, sustituyamos el fuego por la conducta infractora de un servidor o funcionario, ¿que sueles hacer como jefe inmediato?

Este es un tema de todos los días en diversas instituciones, donde predominan los arraigados usos y costumbres, o mantener el status quo, o por diversidad de razones, suelen evidenciarse conductas infractoras, por acción u omisión del causante como del llamado a corregirlo, limitándose a informar del hecho y reclamar la falta de correctivo oportuno por parte de la superior autoridad, olvidando o desconociendo que la Ley le ha delegado cierta cuota de poder de la administración pública que lo faculta desde verificar periódicamente los procedimientos y actuaciones del personal a su cargo, reunirse a conversar, acordar, disuadir, exhortar -individual o grupalmente-, o a emitir disposiciones internas y hasta, previo descargo, a imponer las sanciones directas en los casos que asi lo amerite, como parte de las medidas oportunas destinadas no solo a prevenir sino a corregir, e incluso a mejorar la calidad de los servicios a su cargo, todo lo cual, forma parte del CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE, exigible a todo gestor por parte de la Ley del Sistema Nacional de Control y a cuyo fortalecimiento apostamos, en bien de los gestores como de los usuarios, razón principal del servicio encomendado por parte la administración pública.

Este artículo propugna que solo en casos aislados se actúe como el supuesto descrito en el tercer párrafo, esperando a que sea la CPPAD o el titular de la entidad u otras instancias superiores se hagan cargo del CONTROL POSTERIOR cual los bomberos del ejemplo.

La consulta y su respectiva absolución nos ilustra de situaciones como la comentada.

Consulta

1.- Dentro de un examen especial de OCI se comprendió a un servidor.
2.- Dicho documento fue derivado a la CPPAD para su evaluación.
3.- La CPPAD encontró responsabilidad administrativa y civil, pero opina que no procede la apertura de PAD, pero recomienda la suspensión de 30 días sin goce de haber.
4.- El jefe inmediato del servidor es integrante de la CPPAD y participa en el pronunciamiento.
¿Quién recomienda la suspensión? considerando que el jefe inmediato es integrante de la CPPAD y ha participado del pronunciamiento final.
Muy Agradecido…

Respuesta:

Si el OCI emitió un informe comprendiendo en responsabilidad al servidor, lo mas probable es que tal responsabilidad sea relevante, dado que los Informes de OCI como regla, revelan únicamente los actos materialmente significativos (importantes).

De ser ello así, lo mas probable es que la CPPAD al calificar debió recomendar apertura de PAD, tanto mas cuando, en el caso en concreto, inapropiadamente, sin previo descargo se asume, recomienda imponer suspensión por el máximo de 30 dias cuya facultad se encuentra reservada al jefe inmediato.

Tal recomendación nos conduce a inferir, que algo no esté bien por parte de la CPPAD, siendo recomendable verificar la fecha en que ocurrió el hecho, en que dicho órgano colegiado recibió el expediente para calificar la denuncia y el tiempo transcurrido hasta que emitió su recomendación; en razón a que, en ocasiones suele recurrirse a este remedio, no siempre efectivo, en procura de exonerarse de responsabilidad por haber dado lugar a la prescripción para abrir PAD, recomendando la imposición de sanción directa o bien calificando la conducta como encuadrada en otras normas generales, como el Código de Etica que no necesariamente resulta aplicable en primer orden; conllevando a que, en vía de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil o en sede judicial, tales decisiones sean declaradas nulas.

En adición a lo anterior, en mi opinión, la CPPAD al calificar la falta de leve, debe limitarse a recomendar que el expediente que contiene la denuncia sea remitida al jefe inmediato para que sea él, quien proceda conforme a su competencia y atribuciones establecidas por los artículos 152, 156 y 157 del D.S. 005-90-PCM, y a quien asiste, para ello, desde estudiar el expediente, pedir el correspondiente descargo, hasta aplicar la correspondiente amonestación o proponer a su superior inmediato los días de suspensión sin goce de haber e, incluso proponer su archivamiento, solo cuando así correspondiera y según fuera el caso en particular; decisiones que no están sujetas a su libre albedrío sino sujetas a los criterios puestos en los artículos 151 y 154 de la norma antes mencionada como a los PRINCIPIOS LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA contenidos en el artículo 230 en concordancia a los PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Titulo Preliminar Art. IV) de la Ley Nº 27444.

Si al entender de la CPPAD se trata de una falta leve, razón mas que suficiente para que en analogía al que ve el incendio incipiente, con arreglo a los principios de INMEDIATEZ, EFICIENCIA, EFICACIA, OPORTUNIDAD Y ECONOMIA PROCESAL la calificación de la denuncia por parte de la CPPAD sea inmediata, como inmediato el rectificatorio proceder, originariamente omitido por paarte del Jefe inmediato, a efectos de evitar que con ello el infractor indebidamente se considere validado o impune.

De ahí que cuando la CPPAD concluya que se trata de una falta leve y acuerde recomendar remitir al jefe inmediato, tiene la obligación de sustentar porque es una falta leve y no una falta grave; no asistiéndole en la etapa de calificación, proponer el tipo de sanción a aplicar por cuanto, a nuestro entender, resultaría un exceso en sus atribuciones.

De otro lado, si el Jefe inmediato participó como miembro de la CPPAD, órgano colegiado que recomendó la antes anotada sanción directa al servidor a su cargo, al recibir el expediente para la aplicación de la sanción directa, deberá promover, dentro de un plazo de dos días, ante el superior inmediato, la correspondiente ABSTENCION (con arreglo a lo previsto en el Art. 88 a 90 y 75 de la Ley 27444) para que sea éste quien se pronuncie al respecto y determine el funcionario que hará sus veces.

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POTESTAD SANCIONADORA DEL JEFE INMEDIATO/GESTOR PUBLICO
31 AGOSTO 2013

ALIMENTOS – MONTO

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

Consulta

El padre que no tiene empleo fijo, que recién ha empezado una empresa, que al momento no percibe ingresos, ¿tiene deber económico por alimentos a su hijo?
si fuera el caso que los tuviera, cuanto tendría que dar?
y si en algunos meses su sueldo fuera de 1000 soles cuanto le corresponde dar a la mama de su niño. el menor tiene 6años.
Gracias.

Apreciada lectora

En orden a cuanto preguntas:

Si tiene el deber, aunque si actualmente no percibe ingreso la pregunta es ¿de donde te daría?

Lo anterior es valedero como reflexión que te invito a considerarla como si fueras tu la requerida en situación semejante; aunque es verdad, suele ser usado como justificación por muchos cuando no corresponde.

El deber de alimentar a los hijos no es solamente responsabilidad de uno de los padres sino de ambos, del padre como de la madre, si bien en los primeros meses y años, la madre es quien debe priorizar el cuidado del(a) hijo(a), ambos tienen la obligación de trabajar para proveer la mejor alimentación de su(s) hijo(s), entendiéndose por alimentación no solo la comida sino todo lo necesario para su subsistencia: vivienda, alimentos propiamente dichos, ropa, salud, educación, recreación.

En caso que los padres vivan separados, lo ideal sería acordar un monto como pensión alimenticia, la fecha, como el lugar donde cumplirá oportunamente con pagarlo. Debiera bastar en honrar la palabra empeñada.

Si primase la desconfianza o la necesidad de rodearse de una común seguridad, sería mejor que ese acuerdo, sea elaborado con el concurso de un ABOGADO y quede plasmado en un acta celebrada ante un CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, lo cual te evitará pérdida de tiempo y dinero en pasajes, trámites engorrosos, sobre todo enojos y enemistades mayores siendo lo mas importante que tiene igual validez que una sentencia judicial, de modo que de no cumplirse, es mas pronto su exigibilidad, en ese caso si a través de un JUZGADO.

Con esa acta, el monto no pagado oportunamente, se entenderá adeudado y es pasible de exigir su cobranza como devengados para cuando el padre perciba ingresos, oportunidad en la cual podrás exigir el pago de los respectivos INTERESES generados.

Idealmente debiera ser el 50% de sus ingresos a favor del niño, aunque judicialmente suele señalarse alrededor del 20 al 30%.

Mucho dependerá de cada caso en particular, asi, si un padre tuviera un ingreso diminuto, el porcentaje otorgado por máximo que fuera siempre será en esa proporción; en contrario, si su ingreso es alto, el mas diminuto que se señale podría atender con creces la necesidad del alimentista.

A mayor edad mayor necesidad de alimentos.

Si no son casados ni convivientes no le corresponde monto alguno a la mamá.

Gracias por escribir y difundir el blog

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RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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Derecho de Familia
30 agosto 2013

Por Abogado Ricardo Ayala Gordillo
Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez

Adrián consulta:

Estimado Ricardo deseo saber como dejar en claro normativamente que el comité especial permanente no es responsable de una mala ejecución del servicio contratado. Lo digo por una denuncia penal al comité donde la falta es que no se haya realizado por completo el servicio y sin embargo se haya pagado el total del contrato.

Adrián:

Normativamente, el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa las atribuciones del Comité Especial las cuales concluyen al quedar firme administrativamente el otorgamiento de la buena pro, siendo responsable por la adecuada selección del postor ganador como de los actos inherentes a su función, destinados a declararlo como tal, no formando parte de dicha función supervisar la ejecución de la prestación contratada ni ser quien da la conformidad previa al pago.

El control y supervisión permanente de la ejecución de la prestación corre a cargo del usuario y/o del funcionario o servidor designado como responsable de la supervisión como del autorizado a dar la conformidad previa al pago y en lo que corresponde, al órgano encargado de las contrataciones de la entidad.

Los artículos 24 y 32 de la LCE establecen la responsabilidad administrativa que respectivamente asiste al Comité Especial como a los funcionarios o servidores de la Entidad; la cual puede derivar en responsabilidades civiles o penales como refieres en el caso en particular.

A efectos de mejor ilustrar a la autoridad judicial es aconsejable que los miembros del Comité Especial cuenten con una adecuada defensa legal preferiblemente, con experticia en la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto el Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez añade:

Es correcto que el Comité Especial termina su función, cuando la Buena Pro otorgada queda consentida y remite el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la entidad para que formalice la suscripción del contrato respectivo.

La entidad en los términos de referencia del servicio, o en el contrato mismo, deberá señalar quien será el responsable de la supervisión y quien dará la conformidad del servicio.

Hay que tener en cuenta, que el informe de la conformidad del servicio solo puede otorgarla quien haya sido designado para ello, si no existiera una designación expresa, deberá hacerlo el responsable del área usuaria.
Ahora, sólo con la conformidad del servicio, es posible que se inicie el trámite de pago, antes no es posible; es decir, el responsable para que se haya pagado a este proveedor sin que haya culminado la prestación del servicio, es responsabilidad de quien emitió la conformidad del mismo; sin embargo, esto no excluye de la responsabilidad del control interno que es inherente a todo servidor o funcionario público, por tanto es posible que haya más involucrados en la cadena del trámite de pago. Pero el responsable principal es quien emitió la conformidad del servicio.

Espero te sirva este pequeño análisis.

Un alcance para todos:

Hay que tener presente que en las controversias que se presentan en las contrataciones estatales, y se llega hasta el arbitraje, éstas se ganan no sólo porque quien reclama tiene la razón en cuanto a los hechos suscitados; sino hay que tener muy presente el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos; pues muchas veces se pierden los casos al no haber observado cuidadosamente estos aspectos, aún cuando se tenga la razón en los hechos.

Ténganlo presente.

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 24°.- Del Comité Especial
En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un Comité Especial que deberá conducir el proceso.
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité Especial ad hoc.
El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización de los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuando lo considere conveniente.
El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.
Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico especializados, en el caso de bienes sofisticados, servicios especializados obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades.

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentido o administrativamente firme o se cancele el proceso de selección.

Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización.
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización Ello no suspenderá en ningún caso la continuidad del proceso de selección.
En los casos a que se refiere el artículo 32 del presente Decreto Legislativo, los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que condujo el proceso de selección original.
Concordancia: LCE: Artículo 32º.
RLCE: Artículos 27º, 28º, 30º al 31º.

Artículo 25°.- Responsabilidad
Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable.
Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.
En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores.

Artículo 46°.-De las responsabilidades y sanciones
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.
En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente es realizada por la mas alta autoridad de la Entidad a la que pertenecen a fin de medir el desempeño de de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas.
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el Directorio.
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90)días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,
d) Destitución o despido.
Concordancia: LCE: Artículo 25º

Muy agradecido por escribir y por difundir el blog.

Exitos

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Lima, 10 de agosto 2013

 

 

 

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

Consulta

Buenas noches, soy madre soltera, quise inscribir a mi bebe con mis datos y los del papá, pero fue dolorosa la respuesta de la srta, al decirme que el nombre del padre de mi bebe, no existe, me dijo que si deseaba podía inscribir a mi bebe con mis datos y cuando tenga los verdaderos datos regrese, lamentablemente tuve que buscar a “aquel Hombre” pero no quiso dármelos, su familia me dio sus datos verdaderos, por compasión (creo) ya verifiqué y son de él, lo que yo quisiera saber es si tendré algún problema en dar sus datos de él, solo para que mi hija lleve el apellido no pienso pedirle nada, solo deseo que mi bebe tenga su apellido, pero mi temor es si hay alguna forma de que se entere que yo he dado sus datos…ese es mi temor y mi consulta, le estaré muy agradecida, muchas gracias desde ya

 

Apreciada lectora

 

En los últimos días, consultas como la que hoy realizas son frecuentes en este blog como hechas particularmente.

Traer al mundo un hijo es una gran responsabilidad, que debe ser compartida con alegría y sin presiones por ambos progenitores, ese debiera ser el discurrir natural, pues la razón de ser de las personas en este mundo debiera ser una constante búsqueda de felicidad.

Ello sin embargo, no ocurre siempre así, a diario la prensa da cuenta de noticias trágicas cuando algunas madres han reclamado ese elemental derecho al padre e incluso a sus familiares, como de las interminables peripecias y sacrificios que puede significarles el cumplimiento de tener un acuerdo extrajudicial o de una sentencia judicial que ordena el pago de una pensión alimenticia a un escurridizo irresponsable progenitor.

Para paliar en parte, estos dramas, la legislación nacional da a la madre la facultad de inscribir sola a su bebé o dando los apellidos de quien es el padre.

Quien reconoce al hijo que le es atribuido o es judicialmente declarado como tal, no solo da su apellido, generando a ambos progenitores derechos como obligaciones; como saber con certeza quienes son sus progenitores, tener una familia, la relación de parentesco que en su momento le dará derecho a heredar, pasarle una pensión alimenticia para proveer todas sus necesidades alimenticias hasta cuando aun siendo mayor de edad curse estudios superiores satisfactoriamente, asistiéndole a la vez, al padre la posibilidad de ejercer sus derechos a visitarlo -en caso que los padres decidan vivir separados- como a ejercer la Tenencia (a que viva solo con él), que cada vez que decidas viajar sea él quien deba autorizarlo expresamente ante el Notario o la autoridad judicial, etc.

En tu caso, a pesar del reprochable originario proceder por parte del padre biológico de tu hijo, quien te da por suya una identidad que ni siquiera existe; este hecho revela, entre otros, parte de su forma de ser, como la ligereza o extrema confianza de tu parte en él, al no haber saber quien es ni como es en realidad; aún así, insistes en consignar su apellido en el Acta de Nacimiento de tu hijo.

Si ahora que tienes una mayor información y sabes su verdadera identidad, de inscribir a tu bebé con el apellido del padre, ese solo hecho no le genera las obligaciones ni derechos antes indicados.

El procedimiento administrativo establece que la autoridad administrativa deberá proceder a notificarlo para que se apersone a reconocerlo o negarlo.

En caso lo reconozca, ya sabes parte de cuantos derechos puede ejercer.

En caso que lo niegue, deberás interponer un proceso judicial de filiación extramatrimonial y alimentos, si el no sale al proceso dentro del proceso concedido por el juez éste lo declarará como tal; si niega la paternidad deberá acreditarlo con la correspondiente prueba de ADN cuyo pago deberá asumir.

Ahora que ya sabes su verdadera identidad,  su reacción ante algo tan elemental como la de sus familiares hacia ti, como de cuantos derechos y obligaciones tiene cada uno, es oportuno que medites bien el paso que vas a dar, si es mejor inscribir sola a tu bebé o si das los apellidos de quien es el padre.

Si lo inscribes solo con tus apellidos pueda que mas adelante él reflexione y lo reconozca voluntariamente o bien; que tu pudieras rehacer tu vida y quien te ame realmente quiera adoptar judicialmente como suyo a tu bebé y él crecer en ese seno permitido por la Ley.

Se teme muchas veces por inseguridad propia, o a lo que se conoce como a lo que no se conoce; mucho esta en ti, mucho depende de ti, no solo tu vida actual sino también la de tu hijo.

Si gustas mejor abordar sobre tu temor, te sugiero escribirme al correo personal o reserves consulta conmigo o con otros profesionales.

Muy agradecido por escribir y por difundir el blog.

Éxitos

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Derecho de Familia

2 de julio del 2013

 

 

                                                                                                                                     Por : Ricardo Ayala Gordillo

 

 

 

Los Convivientes, -quienes viven en Unión de Hecho- están de plácemes: desde el 18 de abril de este año tienen derecho a heredar, era la principal exclusión que tenían frente a los casados por civil.

 

En efecto, el Congreso de la República mediante Ley Nº 3007 publicada en la separatas de las Normas Legales de el diario oficial El Peruano del 17.04.2013, reconoce derechos sucesorios  al  varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que conforman una unión de hecho. Tiene ahora la condición de heredero forzoso.

Con tal propósito  es requisito que :

1) reúna las condiciones señaladas en el artículo 326 del Código Civil vale decir: que La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años contínuos. La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. (También dice el Código Civil que : La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido).

2) Que la Unión de Hecho se encuentre vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros.

3) que la Unión de Hecho se encuentre inscrita en el Registro Personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, o reconocidas por la vía judicial. Según sea el caso, debe adjuntarse, el testimonio de la escritura pública o la copia certificada de la sentencia judicial firme.

 

 

La Ley precisa, además, la posibilidad que el integrante sobreviviente pueda solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho si antes del fallecimiento del causante no se hubiera realizado la inscripción registral en el Registro Personal.

 

La solicitud será presentada por cualquiera de los interesados a que alude el artículo 815 del Código Civilo por el integrante sobreviviente de la unión de hecho reconocida conforme a ley, ante el notario del lugar del último domicilio del causante.

 

La Ley a fin de reconocer derechos sucesorios entre los miembros de Uniones de Hecho  modifica los artículos 326, 724, 816 y 2030 del Código Civil, el inciso 4 del artículo 425 y el artículo 831 del Código Procesal Civil y los artículos 35, 38 y el inciso 4 del artículo 39 de la Ley 26662.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 1 de Mayo de 2013

Categoria : Derecho de Familia

RICARDO AYALA GORDILLO

Doria Consulta:

Doctor, mi pregunta es que salí embarazada el hombre que es mayor me engañó y jugo conmigo, me separé de él estando embarazada, ya no quiero saber nada de él pero ahora él dice que me piensa ayudar y reconocer a mi hijo pero yo no quiero nada de el y que mucho menos le va a dar el apellido de ese hombre, hasta ahora el me envía dinero para mi embarazo pero  no lo ocupo, mi pregunta es ¿si me caso con otra persona antes de que naciera el bebe el padre de mi hijo tiene derecho a reclamar al niño y registrarlo con su apellido? o de lo contrario ¿debo registrarlo con el apellido de la otra persona con la que me casaría?.

Respuesta

La situación que atraviesas es sumamente frecuente en nuestra realidad, como válvulas de escape a los cuales suelen recurrir algunas mujeres o sus familiares, cuando reparan que por violencia o incompatibilidad de caracteres o razones diversas se busca una alternativa de solución a una relación extramatrimonial que no se desea continuar.

Estas “soluciones” no siempre son las mas adecuadas, siendo lo mas grave que algunos casos, en los tiempos actuales, que forman parte de las alarmantes estadísticas de incremento de violencia física o moral contra la mujer y feminicidio (homicidio causado contra la mujer) que en muchas oportunidades involucra en noticias de sangre o graves disturbios a sus familiares.

En tanto tu como el varón con quien mantuviste relaciones extramatrimoniales saben que fue él quien te embarazó, él tiene la condición de padre de quien está por nacer, llamado por esta razón PADRE BIOLOGICO.

Si para eludir al padre biológico, decides convivir o casarte con otro varón o aun sin hacerlo éste fuera declarado por ti como el padre o inclusive faltando tu declaración sobre él, éste firmara el Acta de Nacimiento atribuyéndose la condición de padre del bebé, en tanto no sea cuestionada y anulada dicha inscripción como el Acta de Nacimiento, para todos los efectos legales, él será considerado padre de tu hijo(a) .

Si asi procediera s como este otro varón, ambos estarían procediendo con plena conciencia que su conducta es fraudulenta, resultando agraviados el(a) hijo(a), el padre biológico y el Estado, puesto que se le está otorgando al hijo(a) una identidad (apellido y familia distinta  del padre biológico) distinta de la que corresponde a la realidad de los hechos, que el Estado peruano ha tipificado como Delito contra la Familia-ALTERACION O SUPRESION DE FILIACION DE MENOR (Art. 145 del Código Penal) sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco años; contexto en el cual, no solo el padre biológico sino el Estado a través de su Procurador podría accionar tanto penal como civilmente impugnando la paternidad y reclamando indemnización; como accionando administrativamente contra ellos, pidiendo la nulidad de la inscripción como del Acta de Nacimiento.

En mi opinión, en casos como el tuyo, la solución pasaría porque tu -directamente y/o a través de la persona de mayor confianza a la cual él reconociera con mayor ascendencia y/o autoridad, o del abogado o sicólogo experto en temas de familia de tu elección, de la Fiscalía de Prevención del Delito, de la Fiscalía Familia, DEMUNAS como de cuantas instituciones públicas o privadas con mecanismos de promoción y prevención de lucha contra la no violencia contra la mujer,- hable con el padre biológico agradeciendo su sentido de responsabilidad de asumir las obligaciones alimenticias del hijo(a) que esperan, precisándole que su rol de padre será respetado e implica el cumplimiento de la permanente obligación alimenticia respecto de su hijo(a), pero que ello no le confiere ningún derecho de pedirte, condicionarte, exigirte o coactarte a que retomes relación de pareja con él, salvo que voluntariamente  asi lo decidieras.

En tanto decidas que es lo mejor para ti, lo aconsejable es que cuando nazca el bebe, lo reconozcas solo con los apellidos tuyos, eso es lo urgido y  de principal importancia para el bebe quien necesita contar con su identidad con la cual puedas reclamar a favor de el todos sus beneficios y derechos.

Finalmente, distinto es en los casos que el padre biológico no fuera conocido o se desentendiera y no quisiera saber absolutamente nada  del bebe que esperas o ya hubiera nacido, cuando rehagas tu vida con otro varón que te quiera tanto como a tu hijo, él podría darle su apellido a través del proceso judicial de ADOPCION DE MENOR.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoria : Derecho de Familia

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Consulta

 

Dr. Ricardo

 

Mi consulta, es referente al siguiente caso: fui agredida verbal y físicamente por una colega en el centro educativo donde trabajo sin haber causa justificada. El hecho fue observado por la directora y dos colegas que tuvo que coger a mi agresora para que no siga golpeándome y yo en ningún momento le respondí con golpes ni con palabras nocivas. la Directora llamó la atención con un memo a mi agresora y a mi nunca me notificó por mal comportamiento pues mi agresora era la única responsable del problema. Ante esto, comenzaron las agresiones psicológicas, hice la denuncia a la UGEL la cual constató la agresión en ese momento yo me encontraba con descanso médico y no estuve presente. La Directora manifestó que tengo mal comportamiento generando un problema gratuito contra mi por haber denunciado el hecho a la Ugel y llamó a todas las colegas quienes declararon lo mismo, rindiendo solo su manifestación en mi contra sin presentar ningún documento que demuestre mi mal comportamiento coludiéndose con mi agresora, esto llegó a su limite y me he enfermado psicológicamente hasta presentar un cuadro de depresión severa por las agresiones psicológicas en la institución.

 

La Ugel me destaca a otra institución a solicitud mía, pues es imposible seguir laborando en esa institución donde hay una evidente ruptura de relaciones humanas. Ante esto la Ugel nunca aperturó proceso administrativo disciplinario a pesar de q constato las agresiones y yo solicité q lo hiciera para dar mis descargo usando mi derecho a defensa. Doctor he solicitado ser reubicada a otra institución con plaza y todo y tampoco la UGEL quiere hacerlo, me están dando otro destaque sin autorización de la directora que es el cambio temporal. Doctor considero q este destaque no es la solución definitiva a mi problema, salí apta en el proceso de reasignación y tampoco me han reasignado por no haber plaza vacante disponible y me han dado un acta de espera hasta que halla una plaza vacante lo cual tampoco es procedente pues el proceso de reasignación ya concluyó, tengo conocimiento de que si existe la plaza, pero la Ugel se niega a reasignarme. ¿qué hago doctor?, oriénteme ¿los plazos para el proceso administrativo disciplinario todavía están vigentes? el problema fue en junio del 2012, como resultado del proceso administrativo disciplinario ¿ yo podría lograr salir ser reubicada con plaza y todo a otra institución? pues yo estoy en riesgo laboral al tener a todas las colegas en mi contra por haber denunciado el hecho y no haber querido someterme a sus abusos. Oriénteme

 

Dr. Gracias.

 

 

Apreciada consultante:

La agresión física como verbal, es una grave vulneración a la DIGNIDAD HUMANA de ahí que su protección es de primer orden constitucional (Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado)  y legalmente materia de tutela y protección por parte del Estado en todas las instancias civil, penal y administrativa- disciplinariamente constitutiva de falta administrativa, por lo que, la servidora, previo descargo o proceso administrativo debió ser sancionada válidamente,  de ser el caso emitiéndose la correspondiente REsolución Sancionatoria, de ahí que el Memorando con el cual la Directora “la sanciona”, es nulo sin  valor legal alguno; al respecto, sería conveniente que contrates los servicios de un abogado a efectos que representándote sea él quien hiciera las indagaciones administrativas ante la UGEL sobre el estado de tu expediente relacionado a la agresión en tu agravio como de la negativa en reasignarte en la plaza que refieres existe y quien luego evalúe las acciones legales a adoptar, tanto mas cuando como refieres, tanto la agresión como la posición de tus demás colegas en contra tuya, te ha causado depresión severa.

 

En mi opinión, lo que es muy urgente, por encima de lo que otros te han hecho y/o han dejado de hacer, favoreciendo por ahora a la otra docente, es que te ocupes de ti como persona, con el objeto que seas tu y no otros quien supere tu depresión severa, eso es lo urgente, tu puedes y debes salir de la depresión, necesitas pensar en ti, que otro u otros se ocupen de los otros, tu tienes la prioridad de ocuparte de ti de estar bien en todo el sentido de la palabra; en la medida que te concentres en ti, en que vayas superando tu depresión, llegarás al convencimiento que cuanto ahora te aflige no vale la pena, que vales mucho mas de lo que te imaginas, que la vida todos los días te ofrece un sinfín de posibilidades, que si amas la carrera como docente podrás reinventarte e incluso ver que hay muchas y mejores posibilidades laborales en otros ámbitos que nunca siquiera se te ocurrió explorar; busca ayuda profesional y motívate día a día con quienes saben mucho mejor de lo que te digo como el buen Facundo, enciende los parlantes, cierra los ojos y escúchalo http://www.youtube.com/watch?v=XaIIHuOcDWI

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

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Lima, 17 de Abril del 2013

 

 

Apreciado amigo y amiga,
visitante de este Blog:
Apuntes sobre Derecho Administrativo y de Familia
 
Esta breve, muy breve publicación
es  exclusivamente
para agradecerte
por compartir tu experiencias en público o privado, segun tu mejor elección,
por contribuir en difundir el blog
y  permitirme 
la oportunidad de brindarte la pauta oportuna
y cuando es posible, el servicio legal pertinente
que coadyuve a tu  mejor decisión.
Mi permanente renovado  especial agradecimiento a los administradores de
wordpress.com que hacen posible esta integración virtual
con amigos y amigas de todos los Departamentos, Provincias y Regiones 
de mi querido Peru
que espero visitar este año
con los Cursos relacionados;
como a los amigos y amigas de
Argentina, Colombia, Chile, Méjico,
Ecuador, Bolivia, Venezuela, CentroAmérica, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Canadá
España, Japón, Italia, Arabia Saudita y muchos otros pa¡ses que involuntariamente 
esté omitiendo.
Asimismo,
para expresarte mi deseo que
cual  estela de la estrella de Belén
La luz del redentor
Alumbre nuestra amistad, tus metas y días, como el de tus seres queridos
hoy y siempre
 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD , MUCHA SALUD, PROSPERIDAD,FELICIDAD  Y EXITOS EN EL 2013!!!!!!!!!!!
 
Ricardo Percy  Ayala Gordillo
ABOGADO
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Teléfonos de contacto : 985483172  Movistar
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LIMA –  PERU

Por : RICARDO AYALA GORDILLO

En este artículo,  los lectores interesados pueden dar a conocer y ofertar el resumen de su experiencia profesional y/o laboral como datos de contacto  y de considerarlo, remitir en archivo adjunto al email   asesoriadefensa02@yahoo.es     su currículum vitae no documentado.

En este artículo, también,  las entidades públicas o personas jurídicas o naturales interesadas pueden resumir sus convocatorias o solicitudes de servicios profesionales, de modo sucinto y, en archivo adjunto consignar la información ampliada.

Se recomienda que los resúmenes no superen de cinco líneas y comprendan experiencia de mayor relevancia y reciente, profesión o cargo requerido, datos de contacto con cargo y nombre compeleto de persona de contacto, DNI, teléfono fijo y celular, correo electrónico, fecha y cuando sea pertinente honorarios.

Nos reservamos el derecho de resumir o rechazar cuando resulte pertinente.

Gracias por tu confianza y Bienvenido.

Lima, 4 de noviembre del 2012

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Por  RICARDO AYALA GORDILLO

  • Carlos consultó:

Dr. gracias por su respuesta.
Se me sancionó administrativamente de forma injusta en mi UGEL suspendiéndome en mis labores como docente por 30 días sin goce de haber, luego de interponer recurso de reconsideración se me absuelve de los cargos imputados.

Pese de haber comunicado a la oficina de personal no me habilitaron el pago de ese mes de suspensión.

Mi pregunta es ¿que procedimiento debo realizar para que se me reconozca el pago de mis haberes?
Le deseo muchos éxitos.

Gracias.

Todo cambio de titular de pliego, entidad, Gerencia, Directorio o Jefatura implica la necesaria  pronta  entrega y respectiva recepción de cargos por parte de los salientes a los nuevo gestores, en cuyo decurso muchos apremian los asuntos pendientes de resolver,  de los cuales no están exentos los expedientes que tienen a su cargo las CPPAD como de las CEPAD.

En esta premura,  no podrían faltar los informes finales de las CEPAD proponiendo imponer sanciones  prescindiendo de un prolijo análisis de cada caso en particular que en tales términos haya conducido a que el titular de la entidad emita las correspondientes resoluciones sancionando a los servidores o funcionarios incursos.

Si bien es cierto que la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece  que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, como sostiene en los siguientes artículos:.

Artículo 16°, numeral 16.1 que : El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

16.2. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz que las resoluciones deben ejecutarse

Artículo 192°.- Los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.

Artículo 216°.- Suspensión de la ejecución

 

216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma

legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

 

Esa es la regla.

Mas, la misma Ley ha establecido una excepción a dicha regla.

Dichas excepción es la SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO la cual, previa ponderación, por parte de la autoridad competente llamada a resolver la apelación, puede ser concedida, DE OFICIO o A PEDIDO DE PARTE, cuando concurren   algunas de las siguientes condiciones:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

Lo anteriormente expresado fluye del Artículo 216º de la refereida Ley 27444:

s216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien

competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la

ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes

circunstancias:

 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

 

216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido.

216.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean

necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de

terceros y la eficacia de la resolución impugnada.

 

216.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o

el correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad

administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo

las cuales se decidió.

La Ley 27444 en el artículo 216  numeral 216.5 deja abierta la posibilidad que la autoridad administrativa pudiera disponer la suspensión de la ejecución de la sanción no solamente hasta el agotamiento de la vía administrativa (hasta la emisión de la resolución relacionada al recurso administrativo) sino extenderse inclusive durante el trámite del correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial dispusiera lo contrario.

¿Quien es la autoridad competente para conceder la suspensión?

La Ley 27444 establece que es la autoridad a quien competa resolver el recurso la apelación.

De tal modo, para este año 2012, para los trabajadores del Gobierno Central sería el Tribunal de Servicio Civil.(TSC) cuyas funciones se regulan con el Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil .

Para los trabajadores de los Gobiernos Locales y Regionales, las reconsideraciones (no cabe la apelación por ser única instancia) seguirán siendo resueltas por el titular de la entidad.

Confiamos que esta asunción de competencia por parte del TSC pudiera ampliarse al universo de servidores y funcionarios públicos que este año estuvieron exceptuados de su alcance este año, por cuanto, como puede observarse de los precedentes vinculantes y sobre todo de las Resoluciones que viene emitiendo el TSC en un razonable plazo, en los casos que corresponde, obtienen un pronunciamiento justo y sobre todo oportuno, en tanto a quienes están aún exentos de su competencia  se les expone a  la inequidad de  afrontar un camino incierto en resultado que en el grueso de los casos los conducirá a recurrir a un Poder Judicial que actualmente afronta una nueva larga huelga, al que seguirán  las vacaciones judiciales y el suplicio que significa esperar el lento avance de los procesos por la altísima carga de expedientes que tiene cada juzgado.

Este procedimiento es respetado y recogido incluso por el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM. El Peruano, 18.03.2011m Reglamento de la Ley Nº 29622, denominado “Reglamento de Infracciones y sanciones para la Responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control” posición legal que confirma cuanto sostenemos; sin embargo, SERVIR ha emitido una opinión legal “vinculante” por la cual las entidades públicas se ven compelidas a ejecutar las sanciones impuestas precisando que la apelación no suspende la ejecución de aquella, en tanto las medidas cautelares aparejadas a las apelaciones son resueltas por lo general casi en simultáneo con la impugnación; consideración por la cual,   la única alternativa a la cual el sancionado podría echar mano, es verse compelido a interponer, una acción de amparo en sede judicial.

¿La suspensión de la sanción sólo interesa al sancionado o también a la autoridad?

A diferencia de lo que suele pensarse, la suspensión de la sanción no es únicamente de interés del administrado sino también de la autoridad administrativa que por acción u omisión dictase una resolución viciada, entre otros, porque podría verse incursa los siguientes 4 aspectos :

 

  • En los casos que se incurra en Temeridad Procesal. (DS 008-2010-PCM   Artículo 29.- Temeridad Procedimental   Actúa con temeridad procedimental:    b)  La  autoridad  que  sostiene  ante  el  Tribunal  una  posición  carente  de  fundamento  jurídico evidente o contraviniendo los precedentes de observancia obligatoria establecidos por el Tribunal. d) Quien presenta información falsa o inexacta ante el Tribunal).
  • Responsabilidad  (Artículo 30.- Responsabilidad por inconducta procedimental   Quienes  incumplan  con  sus  deberes  de  conducta  procedimental  o  actúen  temerariamente asumirán  responsabilidad  administrativa,  previo  procedimiento  administrativo  disciplinario.  El procedimiento  disciplinario  se  tramitará  en  su  entidad,  a  requerimiento  del  Tribunal,  debiéndosele informar del resultado.             Ley 27444  Artículo 243°.- Autonomía de responsabilidades 243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.243.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrato.).
  • Indemnización (Ley 27444 Artículo 205°.- Indemnización por revocación  205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero  cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede  judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o  anulación. Responsabilidad de la administración pública. Artículo 238°.- Disposiciones Generales  238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de  toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la  administración.     238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o  por resolución judicial no presupone necesariamente del funcionamiento de la  administración.    238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. 238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.      238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo.     238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente  de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran  incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la  responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable  el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.)
  • Costos (Artículo 31.- Costos del procedimiento  De resultar el apelante favorecido con el pronunciamiento del Tribunal corresponderá a la entidad emisora  del  acto  impugnado  reembolsar  los  costos  del  procedimiento,  entendiendo  como  tal  a  los honorarios del abogado del administrado. De la misma forma, de ratificar el Tribunal los alcances del acto impugnado corresponderá al administrado efectuar estos reembolsos a favor de la entidad suscriptora del acto  apelado.  Para  este  efecto  se  presentará  dentro  del  tercer  día  de  notificada  la  resolución,  la liquidación de sus costos debidamente sustentados para  la aprobación del Sala que  tuvo a su cargo el caso).

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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22 de Setiembre  2011

Categoría : Procedimiento Administrativo General / Proceso Administrativo Disciplinario

Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez

Vani consulta
Mi consulta es, en una Entidad se dispuso la ejecución de una obra por administración directa, en el marco de la ejecución se hicieron algunos procesos AMC para la adquisición de bienes; sin embargo, para el personal técnico (residente y supervisor) se han realizado contratos SNP, o locación de servicios, pero que sumados por el tiempo de ejecución llegan a los 20 mil o 30 mil soles, se está incurriendo en fraccionamiento?, cual sería la alternativa correctiva y/o de solución, cual es el tipo de contrato que se debe de suscribir con estos especialistas.

Gracias por su respuesta.

Vani

Con  la consulta de Vani, que mas adelante es respondida en este artículo, damos nuevamente la bienvenida al Ingeniero Civil Carlos Alberto Aguirre Rodríguez, perito  relacionado en OBRAS en este caso en la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO quien, generosamente viene contribuyendo con la propuesta del Blog de facilitar a funcionarios, servidores y administrados la comprensión y aplicación en este caso, esta parte de la  Ley de Contrataciones del Estado como de las normas relacionadas, a través de la absolución de consultas puntuales, didáctica y  ampliamente procurando el mejor empleo de los recursos públicos asignados,  disuadiendo en lo posible de actos arbitrarios que conlleven eventuales responsabilidades a los partícipes.

A continuación su auto presentación en el primer comentario que hiciera el pasado mes de mayo 2012 :

“Doctor, particularmente para el caso de obras ¿No cree usted, que la actual Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como está promulgada, es una puerta abierta a la corrupción?; tengo esta hipótesis, por cuanto he sido testigo y sigo siendo testigo en diversos procesos de selección referido a obras o consultoría de obras, donde las entidades públicas convocantes a través de sus Comités Especiales, hacen realmente lo que quieren, y no hay entidad o autoridad alguna que hasta la fecha les haya hecho el alto. Basta con verificar en el portal del SEACE las convocatorias para la ejecución de obras, cuyos “Requerimientos Técnicos Mínimos” están escandalosamente direccionados, sin que nadie haga algo al respecto, salvo algunos postores. Además del tráfico de currículum vitae de los profesionales que fungen de Residentes y/o Supervisores de Obra en más de tres, cuatro y hasta seis obras a la vez, lo que resulta ser sorprendente y totalmente fuera de toda ética además ilegal; pues las entidades no solo parametran los requisitos del residente, sino que en muchos casos incluyen como RTM otros profesionales y hasta técnicos con requisitos, donde lo único que falta es poner el nombre del profesional o del técnico. Pero todo esto ocurre por la falta de control no establecido en la Ley y su Reglamento, en las imprecisiones de algunos articulados y en la falta de un sistema de información a través del SEACE que realice el control de los profesionales que fungen de residentes y superviosres en determinadas obras contratadas por las entidaees del estado y que sea de verificación obligatoria por parte de éstas; pues de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA (que olímpicamente se ha dejado de lado), en su Norma G.030, estabelce que los responsables de obra son principalmente: El Consultor (Proyectista), el Residente (que realiza la Dirección Técnica) y el Supervisor (que realiza el control de la obra), además señala que sólo en el caso de “obras pesadas” (de envergadura o sofisticadas), el Residente deberá tener especialización. Sin embargo, el OSCE, desconoce estos temas que son netamente aspectos técnicos de ingeniería, y ha emitido pronunciamientos donde señala que el postor puede acreditar otros profesionales que se encuentren considerados en los “gastos generales”, situación totalmente absurda, cuando sabemos, que “dichos profesionales” tratados como “especialistas”, no es necesario que lo acredite el Contratista (ejecutor de la obra), sino el proyectista o el Supervisor, que finalemnte son los que tienen que absolver las consultas que realice el contratista a través del Residente de Obra, y es irrelevante si el Contratista acredita 1 o 100 profesionales especialistas, por cuanto, no son indispensables para la obra; por tanto, no deberían ser parte de los RTM; y, Usted sabe, que si no se cumplen los RTM los participantes no pueden ser postores.

Esta situación se ha generalizado a nivel nacional, y las autoridades inescrupulosas sacan provecho de esta situación cobrando los famosos DIEZMOS (10% del valor referencial) para otorgar la Buena Pro de las obras al mejor “Postor”; esta es una verdad que ya nadie la puede esconder.

Creo modestamente, que debe hacerse algo para contrarrestar esta situación; desde mi posición como Perito Ingeniero Forense, por lo menos estoy bregando por que así sea, y ya empiezan a verse algunos resultados. En realidad hay mucho que conversar sobre la Ley de Contrataciones y su Reglamento, mucho que precisar y enmendar, propongamos las mejoras en las instancias pertinentes; así coadyuvaremos a menguar la corrupción que hoy en día se ha institucionalizado en diversas entidades del Estado.

Gracias por el espacio.

Saludos.”

…………..

Respuesta

A la consulta de Vani:
Si se determinó ejecutar la obra por la modalidad de administración directa, quiere decir que la entidad cuenta con la capacidad operativa, personal técnico (Residente e Inspectores) y administrativo (Almacenero y Administrador) que requiere la obra para su normal ejecución, además del apoyo logístico y las maquinaria y equipos que se requiera; por tanto, no sería necesario contratar “profesionales” para que se hagan cargo de la obra. NO obstante, muchas entidades del estado optan por esta modalidad pretendiendo realizar la obra “más barata” o para dar “trabajo” a sus conciudadanos, pero en la gran mayoría de los casos esto no es cierto, puesto que las obras demoran más, y muchas veces el gasto que se ejecuta resulta ser mayor que si se hubiera construido por contrata; y si la obra se ejecutara por contrata o por administración directa, igual los pobladores tendrán la oportunidad de trabajar en la obra, y quizás con mejores condiciones remunerativas si esto se monitorea.

Las acciones de Control de la OCI de la entidad, si están debidamente capacitados podrán advertir esta situación.

Yendo al punto, para la adquisición de los insumos de una obra que se ejecuta por administración directa, ésta en lo posible se hace en un solo proceso de selección (salvo lo que dispone la Ley Art. 19 y su Reglamento Art. 20), generalmente por “Suministro” (las bases estandarizadas se encuentran en la página Web del OSCE) y por relación de Items, es mucho más ventajosa, por cuanto, garantiza la provisión de materiales oportunamente a obra y en las cantidades reales que se requieran, por tanto el avance físico se realiza de acuerdo a lo programado y pudiéndose concluir la obra en el tiempo previsto; así mismo, tiende a que al finalizar la construcción de la obra, el saldo de almacén de obra sea mínimo, y que los pagos a los proveedores sean fluidos.

De lo que menciona en su consulta, podrá sacar su propias conclusiones, probablemente todas las AMC que procesó pudieron generar en un inicio una sola ADS o una ADP, o quizás una LP.

La participación de un Residente y/o Supervisor en una obra por administración directa, debería asumirlo la entidad a través de su personal de planta (remunerados a través de planillas de la entidad); sin embargo, en la mayoría de los casos esto no sucede, debido a que las entidades no tienen personal técnico (ingenieros) en su staff, puesto que su rubro principal no es la ejecución de obras, por tanto deberían ejecutar las obras por la modalidad de “Contrata”; sin embargo, como buenos peruanos, siempre queremos sacar la vuelta a la norma y obtener algún rédito social o personal.

Para dilucidar este tema, primero debemos tener en cuenta, cuál es el rol que cumplen los profesionales en obra; a decir de la normatividad existente (Ley de Contrataciones del Estado, El RNE, y las Leyes laborales), debemos indicar que los profesionales responsables de la ejecución o supervisión de la obra son personas naturales (en el caso de Contrata el supervisor también pueden ser persona jurídica); siendo así, y teniendo en cuenta que éstos no están sujetos a órdenes por parte de la entidad, y no están sujetos a un horario definido impuesto por la entidad, estos profesionales programan las actividades de obra de acuerdo a un expediente técnico y en concordancia a unos términos de referencia; de ser así, entonces estamos hablando de “servicios”, y al ser servicios debemos determinar de que tipo; para el caso de la Supervisión de Obra, y siempre que el valor referencial de la supervisión no supere las 3 UITs, debe ser un “Servicio de Consultoría de Obra” en concordancia a lo establecido en el Art. 190 del Reglamento de la LCE lo cual debe ser contratado a través del proceso de selección correspondiente, pero algunas entidades los contratan por “Servicios” solamente incurriendo en una irregularidad; si el valor referencial de la supervisión fuera menor a 3 UITs entonces la entidad podría contratar al Supervisor de Obra con un Contrato de Locación de Servicios, pues no les es aplicable la LCE. En el caso del Residente de Obra, el proceso de selección será por “Servicios” (de ser el valor referencial mayor a 3 UITs), y en el caso de ser menor a 3 UITS será una locación de servicios no siéndole aplicable la LCE. El contrato de servicios No Personales, es una forma de Locación de Servicios.

Tener en cuenta que no se puede realizar contratos mensuales del Supervisor o Residente con montos menores a las 3 UITs pero que en conjunto (todos) superen este monto; consituiría una irregularidad que puede convertirse en un delito con las implicancias legales que conlleva para los responsables.

Muchas entidades en los contratos de estos profesionales (cuando es administración directa) condicionan sus pagos por el avance de obra que alcanzan en cada período de ejecución (generalmente cada mes), sin embargo cuando la obra se atrasa con respecto a su programación por causales atribuibles a la entidad, por ejemplo: No les proveen de los materiales oportunamente (gestión administrativa lenta de la entidad), no les proveen del personal técnico y calificado que requiere la obra para cumplir sus metas, o no les proveen las maquinarias o equipos necesarios para ejecutar la obra, o el régimen de remuneraciones de los obreros no está de acuerdo a Ley (régimen construcción civil) dificultando alcanzar los rendimientos previstos en el expediente técnico aprobado; los contratos no contemplan ninguna cláusula que prevea esta situación perjudicando a los profesionales; por otro lado, en este tipo de obras, si la entidad requiere el concurso de estos profesionales que deben hacerse responsable de la ejecución y supervisión de manera permanente y constante en la obra, debe establecer los “honorarios” reales acorde a los precios de mercado (actualmente en promedio los Honorarios de un Ingeniero Civil a dedicación exclusiva en una obra supera los S/. 8,000.00 mensuales, y considerando la envergadura y complejidad de la obra este monto se incrementa, libre de la logística y beneficios que debe tener en obra); por tanto, debe evitarse consignar honorarios irrisorios que lo único que generan es que las obras tengan problemas de extensión excesiva del plazo d ejecución, sin la calidad técnica requerida o con deficiencias y irregularidades durante su ejecución que finalmente perjudican a la entidad y a los beneficiarios, concluyendo finalmente en denuncias ante las instancias judiciales.

Espero haber alcanzado una ayuda en este tema que es muy importante que se divulgue en las entidades del Estado.

Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez

20 Setiembre 2012

OBRAS EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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CORREO HACKEADO

Apreciados amigos y amigasLectores del Blog Apuntes de Derecho de Administrativo y de FamiliaHoy, han hackeado mi correo de asesoriadefensa@yahoo.es

La información y pedido contenidos en el que usando mi nombre es TOTALMENTE FALSA
estoy en Lima Perú y a Dios gracias bien

Gracias por sus llamadas y correos en muestras de solidaridad

Si les es posible, por favor, recirculen este correo entre los amigos y amigas

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DIGNIDAD HUMANA

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Luisa consulta

Buenos días, que debo hacer para el caso que a continuación le expongo, trabajo en un hospital, en días pasados por mi trabajo, debí devolver una muestra de medicina legal a un profesional porque estaba mal rotulada y embalada, lo cual significó un grave problema para mi, ya que desde entonces, por rabia hacia mi, el  viene despotricando de mi tanto en el hospital como en la calle, diciendo que yo y otro profesional lo tenemos acosado, que tenemos el hospital como lo peor, situación que no es cierta, pues conocido por muchos compañeros de trabajo, habla mal de todo mundo, y sobre todo de aquellos que en un momento dado le hayan llamado la atención o sugerido algo con su practica medica, habla mal de nosotros dos, por que hacemos parte de la alta dirección, y coordinadores de algunos comités
La verdad esta situación ya me tiene cansada, pues no es una persona con la que se puede hablar, es grosero, y alza la voz cuando se le intenta decir algo, por lo cual decidí no volver a decir nada, aun en detrimento de la entidad, sin embargo, sus comentarios malsanos sobre mi persona y mi profesión ya han colmado la taza, y no tengo el apoyo de la gerencia, pues es el pupilo de una concejal del municipio

Que debo hacer o a quien me remito

Gracias

Apreciada Luisa

En toda legislación la DIGNIDAD de la persona humana es materia de especial protección.

Todo atentado contra la dignidad de la persona, con propósito ilustrativo,  suelo compararlo a la consecuencia de haber sufrido un accidente de tránsito.

Hay agresiones verbales u ofensas que postran de por vida a la persona,  afectando en tal grado su autoestima que jamas vuelven a ser la misma estas equivalen a una suerte de muerte por accidente de tránsito, con la diferencia que en estos últimos casos el chofer probablemente no buscó este resultado, en tanto el agresor muchas veces si procede con alevosía y ventaja, cuando tiene algún vínculo de superioridad sobre el ofendido.

Hay agresiones de menor índole pero que por el solo hecho de haberlas cometido no solo afectan temporalmente a la persona sino perturban la esencial convivencia en respeto y armonía en toda sociedad. Estas equivalen en mi concepto a un accedente de tránsito con lesiones culposas leves o graves.

La comparación que hago obedece al hecho en la forma en que reaccionaríamos si fuéramos o nuestros seres queridos fueran victimas de ante un  accidente de tránsito iríamos a un proceso judicial hasta que nos sea indemnizado el daño material causado.

La Ley establece protección semejante contra el agraviado u ofendido, sin embargo, “como no se ve” o se teme que “no pasará nada contra el agresor ” los agresores cada día son mas en número y tipo de agresión y las víctimas también lo son mas en número y en resignación con el agravante que estas cual espiral arrastran consigo a sus familiares y seres queridos.

Esa es mi explicación porque muchas personas al interior del seno familiar o laboral, por desconocimiento o temor permiten ser agraviadas una y muchas veces, como nos comentas te viene ocurriendo.

Las ofensas, maltratos verbales u opiniones desfavorables contra ti  no solo  debe ser detenido sino además sancionado por la misma entidad, lo cual según tu no ocurriría en razón a que ni lo has emplazado formalmente en forma privada ni has procedido en formalizar tu denuncia ante tu empleador por temor a la presunta impunidad de aquel agresor con una funcionaria de la entidad.

Por eso, casi todos los países han previsto la defensa y protección de la dignidad humana, tanto en la vía administrativa, civil y penal  como el derecho a que el agraviado obtenga una reparación económica por el daño moral que le fue infringido.

Mi sugerencia por ello es, que te despojes de tu temor y emplázalo formalmente al cese de las agresiones verbales contra tu persona.

Si gustas puedes ampliar tu consulta

Gracias por escribir y difundir el blog

Éxitos

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RICARDO P. AYALA GORDILLO

Eva nos consulta:

Hola, esta muy interesante su blog le hago siguiente consulta, salí embarazada y el padre de mi hija no la reconoció, mi niña lleva mis apellidos, ella tiene dos añitos , y hace poco me casé con un extranjero, mi esposo me ha dicho que quiere darle su apellido a mi niña, quisiera saber que requisitos necesita para poder reconocerla, de antemano muchas gracias por su respuesta

Apreciada Eva:

¿Cuantas madres solteras tienen la satisfacción que un segundo compromiso no solo les signifique la personalísima satisfacción de encontrar el amor de su vida, sino de casarse y que este buen hombre decida reconocer como hijo suyo a quien tiene otro padre?

Ojalá y la mayoría tuviera estos resultados.

La realidad nos demuestra que  son muy pocas quienes tienen tanta fortuna.

En las consultas formuladas al blog, vemos  historias de madres solteras quienes buscando proveerle la identidad paterna a sus hijos, ante el abandono o indiferencia de quien lo engendró (padre biológico) o sencillamente por un rapto de cólera o apresurada “venganza” optaron porque algún conocido o familiar o su segundo compromiso reconozca ante la Municipalidad o RENIEC como hijo suyo a quien no lo es, sin saber cuan pasajera o errada a veces, resulta tal decisión.

Estas soluciones apresuradas, además de terminar en ocasiones, pronto o mal, constituyen actos  ilegales, por encontrarse sancionadas como delito contra la familia, generando complejos enrevesados que para procurar  desandarlos debe recurrirse a complicados, largos y onerosos procesos judiciales.

Aún para quienes no estando casadas, pero si convencidas del respeto y amor por parte de su nuevo compromiso hacia sus hijos, al punto que el o ella ha decidido darle su apellido,   la Ley,  ha previsto como medio legal de solucionar esta realidad, un proceso judicial de Adopción de  Menor de Edad, con carácter  excepcional, para lo cual debe satisfacerse determinadas condiciones que van a ser evaluadas por el juez,  con el concurso de sicólogos, asistentes sociales, etc. dentro del proceso judicial.

Parte de los requisitos solicitados son:
– Documento de identidad personal de cada uno de los partícipes
– Partida de Nacimiento del menor.
– Partida de Matrimonio de los adoptantes.
– Certificado Médico- Salud Mental/ Física del adoptante.
– Certificado de Antecedentes Penales y Policiales.
– Fotos (Que acrediten vivencias familiares con el menor).
– Documentos que acrediten que el adoptante vela por el bienestar del menor.

El padre biológico deberá ser parte demandada
En caso que no conteste la demanda el padre biológico, se hacen publicaciones por edictos.
– Nombramiento del curador, quién deberá contestar la demanda.

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Categoría : Derecho de Familia

por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Jorge nos escribe

HOLA ESTIMADO DR.

SALUDANDOLO Y FELICITARLO POR SER UN PROFESIONAL COMPETENTE Y DE VALORES.
QUISIERA PREGUNTARLE, SI UNA PERSONA QUE FUE DESTITUIDA PUEDE REGRESAR A SU MISMO CENTRO DE TRABAJO VIA LA REHABILITACION DESPUES DE TRES AÑOS O DE CUANTOS AÑOS?
PUES ESTA SANCION NO PUEDE SER ETERNA. QUE TRAMITE DEBE SEGUIR? GRACIAS POR SU RESPUESTA.

Apreciado Jorge:

El reingreso a la Administración Pública y la Rehabilitación son dos conceptos aunque vinculados, diferentes.

Para el reingreso, quien cumplió su sanción de destitución puede volver a postular a cualquier entidad de la Administración Pública e incluso regresar al cargo que tenia antes, siempre que exista plaza vacante o la que tuvo antes no haya sido coberturada por otro.

Para la Rehabilitación, a diferencia de la rehabilitación automática en quien cumplió su condena penal, en los sujetos al D. Leg. 276 quien fue antes destituido, se requiere el reingreso, el paso de 3 años, solicitud del interesado, haber ascendido u observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción la solicitud y declaración favorable de la administración.

En el caso de otras sanciones se requiere el paso de un año.

Gracias por escribir y difundir el blog

Exitos

D.S. Nº 005-90-PCM

Artículo 176º.- Para que un servidor sea rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hayan impuesto en el curso de su Carrera Administrativa, debe haber observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción.

Artículo 177º.- La rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta proveniente de falta disciplinaria en el Registro de Funcionarios y Servidores y el correspondiente legajo personal. Se formaliza mediante resolución del funcionario competente.

Artículo 178º.- El servidor de carrera queda rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hubieren aplicado durante su permanencia en un  nivel de carrera cuando obtenga su ascenso al nivel inmediato superior; salvo que no hubiere transcurrido cuando menos un año de haberse cumplido  con la sanción impuesta, en cuyo caso deberá esperarse dicho plazo. Para el efecto los procesos de ascenso deberán considerar las sanciones impuestas como deméritos.

Artículo 179º.- La rehabilitación del servidor que no hubiese ascendido de nivel sólo procederá transcurrido un año de su postulación a dicho ascenso, debiendo tenerse en cuenta la salvedad a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 180.- La rehabilitación del servidor destituido que hubiese reingresado a la Administración Pública sólo procederá transcurridos tres (3) años, computables a partir de dicho reingreso.

Artículo 181º.- La rehabilitación de los servidores comprendidos en los Arts. 179º y 180º se efectuará a solicitud del interesado con el informe del jefe inmediato, teniéndose en cuenta el resultado del promedio de sus evaluaciones en el nivel.

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Apreciados amigos y amigas:

He recibido el honroso encargo de INDEP PERU para dictar los días 05, 06 y 07 de diciembre 2011 en el horario de 6:00pm a 9:30 pm el Curso “LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EL PROCESO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PUBLICO” en su local Institucional sito en Calle Luis Felipe Villarán Nro. 1069 – San Isidro (CONIDA).

Quedan cordialmente invitados a esta jornada en la que podremos interactuar, esta vez de manera personal, con los interesados como con nuestros lectores y suscriptores del Blog “Temas de Derecho Administrativo y de Familia” en cuyos diversos artículos relacionados al PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) ustedes pueden acceder a alrededor de mil interrogantes emanadas de sus respectivas experiencias encontrando mis absoluciones conducentes a coadyuvarlos al mejor manejo de este siempre interesante y crucial tópico desde el cargo o posición que asista ante la apertura de un PAD.

Pueden ver mas detalles en : http://www.indepperu.org/cursos-detalle.php?idcurso=86 http://educa-peru.com/Cu.aspx

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 28 de octubre del 2011

Categoría : Cursos, Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

A manera de cuestión previa del porque de la segunda reedición.

Meses atrás la Página PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS del cual forma parte el presente artículo ha reflejado, como era previsible en razón de la coyuntura nacional, un muy significativo incremento de  consultantes y lectores del blog tanto administrados, servidores y funcionarios como quienes lo han dejado de ser, que solo sobre este tópico registra un muy significativo incremento de visitas diarias con ello pedidos de asesoría e invitaciones para capacitar.

A todos,  mi reconocimiento y agradecimiento, por interesarse en una especialidad a la que se echa mano esencialmente cuando como, en analogía al enfermo que solo va al médico cuando ya no encuentra alivio al no responder la automedicación,  siendo Jefe o Titular de entidad te corresponda sancionar o proponer una sanción como miembro de una CPPAD o CEPAD o afrontar o asesorar un proceso administrativo disciplinario, en condiciones mas claras y mas justas con la esperanza de hacer de nuestra sociedad y nuestros dias,  mejores.

A propósito de transferencias, entregas de cargos, pedidos de investigaciones, auditorías y aperturas de Procesos Adminstrativos Disciplinarios.

¿Sabes cómo reaccionaria un servidor o funcionario público al conocer que sus superiores, directamente o a través de terceros, lo van a investigar o auditar?

Las reacciones, suelen ser diversas.

Por lo usual, no siempre son adecuadamente asimiladas.

Los menos pueden ser totalmente indiferentes, esencialmente, si saben que su proceder ha sido correcto y transparente.

Para la mayoría, en cambio, ocurre todo un trastocamiento que puede evidenciarse y afectar desde su rendimiento laboral hasta su interrelación personal y familiar o en su salud física o mental.

Si esta afectación es mayúscula cuando le abren proceso administrativo disciplinario, ¿se imaginan lo terrible que puede ser  si le imponen una sanción?

Y, como tomará si de las 4 sanciones que prevé el D.Leg. 276 (amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal  sin goce de haber y destitución) deciden imponerle la mas grave? La de Destitución.

Como sabemos, de las únicas cuatro sanciones que prevé el D.Leg. 276 ,  la Destitución, (Art. 158° del D.S. 005-90-PCM, Reglamento del D.Leg. 276), es la mas gravosa, impuesta como correlato del proceso administrativo disciplinario.

La destitución es, se asume, la sanción reservada, para quien ha cometido la falta administrativa disciplinaria mas repulsiva, mas grave,  lo cual implica la expectoración sin posibilidad de reingreso no sólo de la entidad sino de toda la Administración  Pública por un plazo no mayor de 3 tres años.

El destituido es en consecuencia una suerte de apestado.

¿Cuantos sucumbieron en este tránsito?

¿A cuántos se les acabó toda esperanza al llegar a este estado y quedarse de manera permanente en tamaña condición?

¿Será acaso posible que un Destituído deje de tener la condición de tal?

¿Será acaso posible que un destituido pueda llegar a volver a ocupar cargos públicos o superiores a los que tenía hasta antes de ser destituido?

¿Un destituído podrá ocupar luego cargos públicos o es que, siempre lo perseguirá su estigma?

Cuantas otras interminables interrogantes  podríamos añadir a las antes mencionadas, a partir de los respectivos casos que nos han sido consultados en el blog o conocemos en las normas legales.

Del mismo modo como con una foto vale mas que mil palabras, en esta oportunidad voy a abreviar mayores comentarios, presentándoles las que al autor de este blog, en su momento, le correspondió afrontar y superarla con creces.

En  internet y google pueden apreciar en ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/1997/RD142-1997.pdf las siguientes dos resoluciones, que por cierto, no fui quien la colgó y difundió, pero curiosamente recientemente, allí la encuentro:

 

“Sancionan con destitución a diversos servidores del Sector” (SALUD)

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 142-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 26 de julio de 1997

Visto el Informe Nº 010-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 25 de julio de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””;

 

CONSIDERANDO:

Que, por disposición de la R.D. Nº 121-OP-HONADOMANI-SB/97, de fecha 19 de junio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario por la comisión de faltas de carácter disciplinario incurridas en el desempeño de sus funciones contra el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo;

Que de la revisión de la documentación y de los descargos presentados por el procesado que obran en autos, se está acreditado que el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

Que, el Sr. Ricardo Percy Ayala Gordillo por la comisión de hechos irregulares expuestos en el considerando anterior tiene responsabilidad administrativa por haber transgredido los Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;

De conformidad con lo estipulado por el Inc. d) del Art. 155º y Art. 159º del D.S. Nº 005-90-PCM y en uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-87-SA/P y ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer Sanción Administrativa de Destitución al TAP. Ricardo Percy Ayala Gordillo, con el cargo de Asistente en Servicio de Salud I, del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” por grave falta de carácter disciplinario que se exponen en la parte considerativa de la presente resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General

Hospital Nacional Docente Madre Niño

“”San Bartolomé””

 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 151-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 11 de agosto de 1997

Visto el Informe Nº 012-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 9 de agosto de 1997 de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 136-OP-HONADOMANI- SB-97, del 1 de julio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Gabriel Hurtado Rodríguez, por haber incurrido en falta grave de carácter disciplinario, por ausencias injustificadas por más de tres

días consecutivos;

Que, con el Informe del Visto, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” ha emitido su pronunciamiento señalando que se encuentra fehacientemente probado que el servidor Gabriel Hurtado Rodríguez ha incurrido en ausencia injustificada contemplados en el Inc. k) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y de conformidad de la Dirección Adjunta;

En uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-SA-87 y su ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer la Sanción de Destitución al servidor Gabriel HURTADO RODRIGUEZ con el cargo de Trabajador de Servicio I, Nivel SAD de la Of. de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

 

 

Quienes pueden verificar en las normas legales, ambas resoluciones fueron publicadas una al lado de otra en igual fecha, la exhibición y mención de ambas resoluciones no es ajena: 1. pretende hacer notar rectitud y justeza en el trato, por parte de la autoridad algo asi como  “ a todos por igual”. 2. Sobre mi resolución  voy a ocuparme en las líneas subsiguientes, sobre la segunda resolución sólo puedo decir, se trata de uno de los pocos  servidores nombrados encargado de la limpieza del hospital,  que por ese entonces, dependía de la Oficina de Logística, nunca supe la causa de sus inasistencias, de él nunca volví a saber nada.

Abordo el tema que nos ocupa, comentando la resolución con la cual fui destituido por tres propósitos puntuales:

con carácter autoreinvidicativo,

con carácter ilustrativo; y

con carácter esperanzador, a quienes -como yo en su momento pasé-, hoy se encuentren por ser auditados, evaluados,  procesados, sancionados o destituídos y,  también como no, a quienes al otro lado de la orilla, les corresponde procesar, opinar, revisar, rrecomendar, abrir proceso o sancionar, en su respectiva condición de ser miembros de la CPPAD, CEPAD, Titulares de entidad, Jefes de Oficina de Personal, Representantes de Trabajadores, Abogados, administradores, Jefes inmediatos etc.

El primero,  con carácter autoreinvidicativo, a falta del  desagravio público que en su momento pedí al titular de mi Sector y sigo esperando a la fecha, pedido que formulé al emitirse la correspondiente Sentencia de la Corte Superior de Justicia la cual ratificó la validez legal de mi desempeño público que años antes, desde 1993, siempre me reconoció la Contraloría General de la República como Jefe de Auditoría Interna del Hospital San Bartolomé. (función equivalente a los hoy llamados Jefe del Organo de Control Institucional OCI)

La razón del pedido del desagravio se explica entre otros fundamentos : 1. En que, habiendo transcurrido los 10 años de reserva es ahora posible someterlo al escrutinio público. 2. En que, a pesar de haber transcurrido desde el año 1997 a la fecha 13 años desde que fue emitida y ejecutada, e impugnada la viciada resolución, sigue circulando en medios de difusión masiva como el internet; 3. En que, con la sola difusión e invocación de la indicada resolución, no faltan quienes pregonando falsas premisas de moralidad, aprovechando el desconocimiento de ciertas autoridades en asuntos relacionados al procedimiento administrativo y al proceso administrativo disciplinario, han seguido usando la referida resolución como media verdades para impedirle o frustrar al autor de este blog, algunas veces, la asunción de otros diversos cargos públicos a los que fui o soy propuesto.

El segundo motivo, es ilustrar a partir de mi caso: lo que se hizo y  lo que no se debería hacerse al aplicar sanciones gravosas;  enunciar la diversidad de omisiones y vicios con los cuales se emitió dicha sanción, que hice notar desde el primer día en que conocí de la suerte de cacería a la cual fui sometido, argumentos que fueron soslayados en parte, en sede administrativa y finalmente tomados en cuenta dentro del lato proceso judicial que seguí  en la vía contencioso administrativa, con una inversión total de tiempo y dinero por alrededor de 5 años:

La Resolución se emite el año 1997.

En esos años el acceso a internet no tenía la difusión de estos tiempos, no existía el actual Tribunal de Servicio Civil, ni se difundía como ahora la jurisprudencia del TC, ni un blog que te de una pauta sobre como afrontar un proceso administrativo disciplinario.

La Resolución intencionalmente omite decir que ese año yo era Bachiller en Derecho, ni que en tal condición y que la nominación de Presidente del “Comité de Control Interno” dada por el Director del Hospital era irrelevante para que la  Contraloría General de la República, por el desempeño de MIS FUNCIONES AUDITORAS formaba parte del Sistema Nacional de Control resultándome por ende aplicable sus normas especiales, dado que desde el año 2003 me venía reconociendo como Jefe del Organo de Auditoría Interna (OAI) como codificado ante Contraloría el OAI  a mi cargo.

Por lo anterior, el Director del Hospital como el Inspector General eran legalmente incompetentes para auditarme, procesarme y sancionarme n mis funciones auditoras, por haberse reservado legalmente dicha atribución, a la Contraloría General de la República.

La Resolución con la cual me destituyen, tampoco dice, que MI FUNCION por mandato de la ley especial del Sistema Nacional de Control consistía en VELAR POR LA LEGALIDAD DEL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD, ni dice que como parte de las exigencias inherentes a dicha especializada función, permanentemente me  capacitaba en materias de Auditoría Gubernamental en la Escuela Nacional de Control,  cuyo conocimiento especializado era requisito imprescindible para poder auditar válidamente a los diferentes Sistemas Administrativos y Oficinas de la entidad (Economía, Personal, Logística, etc.) y emitir Informes de Control en los cuales se establecían los resultados de la acción de control y, cuando era el caso, establecer responsabilidades administrativas presuntas que correspondían ser dilucidadas o implementadas por parte del titular de la entidad, informes cuyos ejemplares se alcanzaba a la Contraloría General para su correspondiente revisión y aprobación.

La Resolución,  tampoco dice que meses antes que sea emitida la viciada Resolución, la Contraloría General de la República al conocer del concertado irregular proceder del Director del Hospital como del Inspector General de Salud en mi agravio, había oficiado a cada uno de ellos como a mi, un Oficio, recordándoles, de manera expresa y categórica, que mis funciones –esas que según el Director eran faltas graves y por las cuales me destituyó- eran válidas legalmente, y que solamente la Contraloría era la autoridad competente para auditar mis funciones auditoras.

La Resolución no dice que el director del Hospital y el Inspector General del Ministerio de Salud, contra lo expresamente ordenado a ellos por la Contraloría General de la República,  acordaron auditar mis funciones contraloras;

La resolución omite mencionar que se me abre proceso administrativo por Informe de Inspectoría  –una Inspectoría legalmente incompetente- la cual “me auditó” y emitió su “Informe de Control”  con imputaciones falsas y calumniosos, carentes de legitimidad como de  todo sustento válido, que osó incluso imputarme haber usurpado la función de la Procuradora Pública de ese entonces, ilícito que la misma Procuradora, rechazó por inexistente;

La resolución tampoco dice que, la CPPAD como el titular del hospital prescindieron de todos los principios que regulan el procedimiento sancionador  “por unanimidad” recomendaron y dispusieron, respectivamente,  mi destitución, “en cumplimiento de una recomendación de Inspectoría” bajo el sanbenito de tratarse de una  “prueba preconstituída”;

Como ven, en ningún extremo de dicha resolución, se recoge ninguno de mis argumentos de defensa y menos se hace una esencial valoración de cada uno  de los hechos contrastados con el derecho y mucho menos sobre cada uno de los extremos que antes he enunciado, es decir, sencillamente fue carente de motivación y violatoria del debido proceso y de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador que ahora ustedes mejor que yo conocen;

La resolución no dice, y esto es lo mas grave de todo, que el Informe de Control que motivó tamaña reacción y decisión del titular del Hospital, tenía el desesperado objeto de no implantar las recomendaciones contenidas en mis informes de control y con ello mantener en la impunidad a funcionarios incursos en presuntos actos de corrupción en agravio de los intereses del Estado.

Sería interesante acceder al seguimiento de las acciones que dio a esos informes de control por parte de quien me destituyó.

La resolución tampoco nada dice que mi Informe de Auditoría NUNCA fue invalidado sino por el contrario, con los oficios cursados FUERON EXPRESA Y LEGALMENTE VALIDADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por ende, obligaba al cumplimiento de sus recomendaciones por parte del Director del Hospital.

La resolución tampoco dice que  yo como Auditor Jefe del Organo de Auditoría Interna del Hospital actué en cumplimiento de la Resolución Contralora la cual no me facultaba sino disponía cual mandato alcanzar un ejemplar a la Fiscalía para que sea ella como titular de la acción penal la cual proceda a calificarla, a lo que ellos llamaron “denuncia penal”, al Estado le interesaría saber del contenido de esos Informes.

“…interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba…y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

¿Desde cuando cumplir con la función legalmente asignada y pedir una opinión legal se constituye en  falta administrativa?.

¿Desde cuando para interponer una denuncia penal debe pedirse autorización al superior?

¿Desde cuando pedir una opinión legal constituye infracción a las obligaciones para que prescindiendo de toda valoración jurídicada se me impute diversidad de faltas:

“Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal”;

La resolución, nunca debió ser emitida en todo caso por el titular, quien, mínimamente debió abstenerse por encontrarse incurso, en conflicto de intereses.

 

La pregunta que queda es :

¿si yo fui destituido por haber cumplido con mis funciones contraloras como finalmente me volvió a reconocer el Poder Judicial;  que sanción mas grave le impuso el titular del Hospital a los funcionarios y servidores que fueron comprendidos en presunta responsabilidad administrativa en mis Informes de Control, informe que repito, resultó dentro de los  validados legalmente por Contraloría?

Cierto, faltó que la Contraloría General  en defensa de quien era parte de sus sistema, con urgencia, reformule o invalide el informe de la Inspectoría del Ministerio de Salud, accione directamente contra aquel y me confiera ser defendido a través de su Procuraduría, lo propio pudieron hacer las instancias superiores del Ministerio de Salud.

Imperó el extraño mutis.

Ese mismo año 1997 decidí renunciar al OAI para afrontar de mejor forma mi defensa legal como los procesos penales que orquestadamente me imputaron proveedores y funcionarios  aunados a aquellos, a los cuales finalmente también vencí.

Habían previsto inhabilitarme y desaparecerme de la Administración Pública, en ese entonces, hasta por 5 años.

Ese mismo año 1997 me titulé de abogado y decidí reorientar mi futuro personal y quehacer profesional.

El año 1998 y siguientes,  mis detractores, directamente como a través de terceros en reiteradas oportunidades resultaban apareciendo ante las diversas entidades en los que fui invitado asesorar exhibiendo la cuestionada resolución, en algunas de las cuales les dieron crédito, aunque la mayoría prefirió optar por mi verdad, y en esa transparencia, confianza  y conocimiento acepté asumir diversos cargos en otras entidades del Sector a los cuales fui invitado acompañar como Abogado, Asesor, Director de Oficina de Asesoría Jurídica y avocarme al crecimiento profesional en el ejercicio independiente del Derecho, mi experiencia se amplió, desde entonces he conocido y recibido la gratitud y el reconocimiento de nueva y mas gente cuyas experiencias aunadas a la propia, consideré oportuno compartir en  este espacio del blog al cual ustedes me honran con su visita.

La tercera, la mas importante de las razones por las cuales publico este artículo, es demostrar con este botón, a quienes se encuentren afrontando una investigación, o hayan sido notificados con la apertura de un proceso administrativo disciplinario,  o a quienes se les esté imponiendo cualquier sanción administrativa disciplinaria, por grave que esta sea que, no me asiste en consecuencia el solo conocimiento académico o de la asesoría sino la experiencia de quien ha sabido trajinar por cada una de estas tortuosas etapas para decirte que:

Si estás convencido que tu proceder ha sido el adecuado,

si quienes te procesaron incurrieron en vicios,

entonces, será posible que puedas revertir, con creces, el infausto momento que ahora puedas estar afrontando.  Por cierto, contrata una defensa especializada, es tu futuro laboral y tu dignidad el que se encuentra en juego.

Si por acción u omisión eres conciente que incurriste en alguna falta administrativa, reflexiona sobre ella, ten en cuenta que eres uno de los pocos privilegiados que cuenta con una oportunidad laboral, ofrécete y sobretodo, enmienda tu conducta.

Afrontar un proceso administrativo disicplinario o con la imposición de una sanción administrativa,  el mundo no se acaba, toma la circunstancia como una suerte de hacer un alto en tu quehacer diario, vuelve a los tuyos, dale un respiro  a tu cuerpo y tu alma, prueba, si gustas  a dar clik por la web de Morella,  cuya página puedes ver entre los links amigos de mi blog.

Un abrupto alto, puede significarte un involuntario breve o largo descanso, en vez de darte a la aflicción, empléalo para revalorarte, para revalorar lo que eres y cuantos tienes, e  ir incluso por nuevos y mas fructíferos horizontes, como fuera mi caso cuando años después de la infausta Resolución con la cual se me destituyera, inmediatamente después se me brindó el privilegio de ser convocado para asesorar a dilectos funcionarios públicos titulares de entidades, fue el caso en que años después, fui designado como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Nivel F-3 de la DISA II Lima Sur, del Ministerio de Salud, como puedes verificar en la página 22 del siguiente Link http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/020304T.pdf coadyuvándolos a que sus gestiones además de legales, promuevan la aplicación del control interno previo y concurrente, y con ello afronten con menor riesgo, las acciones de control posterior.

Mi mayor gratificación las innumerables correspondencia y muestras de gratitud que recibo de colegas, servidores, funcionarios, ciudadanos(as)  a quienes hoy les asiste estar en uno u otro lado de la administración pública, o como usuario, administrado  o procesado como de los servidores o funcionarios que les asiste ser miembros del CPPAD o Titulares de entidades.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 16 de octubre del 2011

Categoría Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

La presente reflexión que,  originariamente estimaba, poco o nada tendría que ver con nuestros “Apuntes sobre Derecho Administrativo y de Familia” al terminar de leer  los artículos LA EPIDEMIA DE SIDA DESDE UNA PERSPECTIVA GEOGRÁFICA del desaparecido Geógrafo Peter  Gould como JAPÓN CONTAMINA RADIACTIVAMENTE CIELO, OCÉANO Y TIERRA   de Alfredo Jalife-Rahme estoy mas convencido  que está íntimamente vinculado a lo nuestro.

Es mi homenaje al Dia de la Tierra.

El reciente tsunami que  en instantes arrasó con el hermano pueblo japonés de Fukushima, atribuída para la mayoría a a causas naturales, para otros, a la mano del hombre como a diversas, realidad que  debiera aleccionarnos a autoridades y habitantes de las ciudades costeras del mundo, por lo menos, con difusión de medidas previsoras que minimicen estos efectos puesto que me imagino cuasi imposible evacuar a los nuestros de hallarnos en un profundo sueño, dentro de enrejadas puertas o ventanas, cercos de seguridad de cada vivienda, de cada calle, (ya sabemos hacia donde ir?,  cuanto tiempo tardaríamos en llegar hasta allá?) si, Dios no quiera, una masa de 10 metros de alto avanzara a una velocidad de 600 km por hora hasta 15 kilometros o mas, tierra adentro desde la orilla de nuestro mar?.

Mi inquietud, como asumo de las mayorías no se agotó en el hecho y su consecuencia del tsunami sino en uno de sus efectos mas tenebrosos, de la contaminación de nuestro aire y mar y por consiguiente de nuestra cadena alimenticia a partir de la grave fuga de radiación de la planta nuclear de Fukushima,  a la cual temo nos será difícil escapar a los mortales que vivimos en este, nuestro aún bello planeta azul.

Aquí una reflexió na cuanta responsabilidad se atribuye a sus autoridades administrativas en un pueblo en el cual se rinden culto a los principios y valores aun muy lejanos en los nuestros? Si ello es así, supongo que podemos pasar no a su pueblo sino  a los causantes la respectiva  factura.   (http://www.telesurtv.net/secciones/opinion/91427-NN/japon-contamina-radiactivamente-cielo-oceano-y-tierra)

Quise tener una idea de la expansión de la radiación (http://eto-etobarkar.blogspot.com/2011/03/1986accidente-mayor-de-nuclear-de.html) y de sus efectos hoy de lo que sería hoy de la ciudad de Chernobyl en Rusia a 26 años de la fuga radiactiva y en el siguiente enlace (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=44755)

podemos apreciar que continúa siendo un pueblo fantasma, donde la vegetación comienza a aparecer y con ellos los primeros arriesgados ocupantes ( http://www.publico.es/ciencias/372356/la-vida-sigue-en-los-cementerios-de-chernobil), el fantasma de sus reactores sigue latente,  no sabemos en cuantos años el ser humano lo volverá  a habitar como en sus mejores tiempos.

Nuestros hermanos japoneses dieron lecciones al mundo de renacer cual ave fénix de los escombros de Hiroshima y no dudamos que ahora lo harán con igual o mayores creces.

En  búsqueda de mayor información relacionada, tardíamente conocí la existencia de Peter Gould,  geógrafo sabio, cuyo artículo, de un tirón me trajo a cosas acaso algo mas vigentes y mas nuestras pero de lo que, poco o nada sabemos, y menos nos hablan nuestros aspirantes a la Presidencia de la República.  Nadie niega que tenemos prioridades nacionales pero sin duda las tratadas en este artículo no pueden sernos ajenas en absoluto.

A cada uno de los autores de cada una de las fuentes y artículos reproducidos y citados mi agradecimiento y reconocimiento porque con ellos nos aleccionan que hay mucho por hacer,  lo que a cada uno nos toca hacer como a reflexionar en el propósito de contribuir en fojarnos un mundo,  una Tierra mejor.

Los nuestros y nosotros nos merecemos.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

 

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JAPÓN CONTAMINA RADIACTIVAMENTE CIELO, OCÉANO Y TIERRA  

TeleSUR _ Fecha: 10/04/2011

 Por:   Alfredo Jalife-Rahme   

(http://www.telesurtv.net/secciones/opinion/91427-NN/japon-contamina-radiactivamente-cielo-oceano-y-tierra)

 

 

Ningún totalitarismo ha estado exento de masivos accidentes nucleares, sean estatales, sean neoliberales, cuando los errores humanos de juicio y operación han contribuido determinantemente en su detonación.Tampoco cierto tipo de humanos requiere de “accidentes” para lanzar sus bombas radiactivas a las poblaciones civiles, como fue el caso de Hiroshima y Nagasaki devastadas por Estados Unidos.

 

Según el libro La decisión de usar la bomba atómica y la arquitectura de un mito estadunidense (Knopf, 1995), de Gar Alperovitz, basado en documentos desclasificados, Estados Unidos lanzó sus dos bombas radiactivas para prevenir una invasión de la URSS a Japón, sin haber importado el “daño colateral”. ¡La demencia total!

 

El primer accidente en la isla de Tres Millas (Estados Unidos) en 1979 fue de corte neoliberal y su propiedad pertenecía a la antecesora bursátil de First Energy Co.

 

La planta de Chernobil, manejada por la URSS, es la única en haber alcanzado “el nivel 7″ en la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés) de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), hoy fatídicamente dirigida por el japonés Yukiya Amano (tan duro con el proyecto civil atómico iraní y cuán dócil con la planta bélica clandestina israelí de Dimona).

 

 

….Chernobil devastó la economía soviética y fue uno de los detonantes de su disolución tres años más tarde.

 

La empresa privada TEPCO -primera entre 10 de Japón y cuarta del mundo (detrás de las germanas E.ON y RWE, y Electricité de France)- es a la industria eléctrica lo que la anglosajona BP es al mundo petrolero: sus depredaciones y mendacidades no son “accidentales”, sino adictivos.

 

Hace nueve años la contaminadora nuclear TEPCO había ocultado y falsificado anomalías en sus plantas, lo que llevó al cierre de 17 reactores.

 

Stephanie Cooke documenta en su libro, que resultó premonitorio -En manos mortales: una historia preventiva de la era nuclear (Bloomsbury, 2009)-, que TEPCO confesó “más de 200 (¡súper sic!) incidentes durante dos décadas entre 1977 y 2002 de haber sometido falsos datos técnicos a las autoridades”.

 

En un caso sensiblemente tan delicado como el nuclear, donde se encuentran en riesgo la salud y la integridad sico-física de los ciudadanos, no se puede confiar en los datos de trasnacionales volcadas en maximizar el lucro, ni mucho menos, en los “avales” y “vales” de gobiernos coludidos.

 

Con la venia de las hilarantes “reguladoras” seudoestatales –que vigilan más la continuidad de las ganancias de las depredadoras empresas privadas que la seguridad y salud de los ciudadanos, a quienes falsamente pretenden proteger–, TEPCO ocultó numerosos “incidentes” nucleares, entre ellos uno “muy crítico” en 1978.

 

El terremoto de 2008 ya había orillado a que TEPCO cerrara la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa.

 

Wikileaks ha filtrado que las obsoletas plantas niponas (de “segunda generación”, cuando nos encontramos en la “cuarta generación”) no están diseñadas para soportar un temblor mayor a los 7 grados Richter. El terremoto, al unísono del tsunami, que dañó los reactores de Fukushima, fue de 9 grados Richter, es decir, sucedió lo que “técnicamente” tenía que acontecer.

 

Hechos

 

Todavía los ciudadanos del mundo no nos reponemos del pánico ambiental propiciado en el Golfo de México por la criminal petrolera privada anglosajona BP (en colusión con Schlumberger/Transocean, Halliburton y tutti quanti) cuando la irresponsablemente criminal TEPCO -que impúdicamente ostenta el logotipo mutante de Mickey Mouse (no es broma), pese a su alta letalidad ambiental nada cómica-, ha arrojado al mar aledaño 11 mil 500 toneladas de agua radiactiva (que sirvió para enfriar los reactores averiados), lo que ha perturbado a China y Corea del Sur y ha obligado a India a cesar su importación de alimentos de Japón, cuya industria pesquera deja alrededor de 18 mil millones de dólares al año (insignificante en su economía).

 

Está bien que no sean responsables de la conducta de los pérfidos vientos en su propagación radiactiva de isótopos nocivos para la salud, ni de su decantación aleatoria en los suelos, ¿pero cómo permitió el gobierno de Japón que TEPCO contamine unilateral y deliberadamente el océano, que no es su propiedad? ¿Goza TEPCO de licencia neoliberal para asesinar?

 

El periodista israelí Victor Kotsev es sumamente feroz, aunque un tanto exagerado (Asia Times, 7/4/11), y cita a Yukio Edano, secretario del jefe del gabinete nipón, quien admitió que el derrame incontrolado (sic) de contaminación radiactiva “tendrá un inmenso (sic) impacto en el océano”.

 

Las olas de los mares son tan pérfidas como la dirección de los vientos y se teme que el isótopo cesio 137, con una vida media de 30 años, se incorpore a la cadena alimentaria local y regional. ¿Quién deseará degustar sushi radiactivo?

 

Mas allá de la construcción de carros eléctricos, es hediondamente sicalíptica la confabulación de TEPCO con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI, por sus siglas en inglés), que supuestamente “regula” los 59 reactores nucleares de Japón.

 

Toru Ishida, anterior funcionario de energía de METI, es ahora prominente asesor de TEPCO (The Economist, 31/3/11). ¿No es acaso la tónica imperante en el “México neoliberal itamita”?

 

Con tantas mentiras radiactivas de TEPCO, ¿quién garantiza a los ciudadanos del norte asiático que los reactores de Fukushima no se encuentren ya en el “nivel 7″ de percance nuclear?

 

El peor escenario: el destino del plutonio 239 (¡con una vida media de 24 mil 200 años!), proveniente de la fisión del uranio y principal componente de las bombas atómicas.

 

Un millonésimo de gramo de plutonio, el químico más tóxico conocido hasta ahora, puede provocar cáncer. Peor aún: vivir con este temor basta para un duradero trauma sicológico.

 

En forma cobarde, Masataka Shimizu, director malhadado y maligno de TEPCO, se fue a esconder a un hospital con sus datos falsos.

 

TEPCO ha perdido “casi 85 por ciento de su capitalización de mercado desde el inicio de la crisis” (The Financial Times, 6/4/11) y ha sido amenazada por un miembro del gobierno, Koichiro Gemba, con ser nacionalizada.

 

Reporteros de Der Spiegel (14/3/11) aducen que “el hecho que un desastre nuclear pueda (sic) ocurrir en la tierra de robots y carros eléctricos marca el punto de inflexión en la historia de la tecnología”; concluyen que “sea probable que Fukushima simbolice el fin del sueño de una energía nuclear manejable y la concientización de que esta forma de energía se encuentra fuera de control”.

 

Y eso que aún no está resuelto el grave problema de los desechos nucleares…

 

Conclusión

 

Sin contar las indelebles cicatrices radiactivas de Hiroshima y Nagasaki, el último país de la Vía Láctea que deba y pueda poseer plantas nucleares es Japón, debido a sus condiciones adversamente inhóspitas en un ambiente de terremotos, tsunamis y tifones y, más que nada, a su entorno neoliberal salvaje que coloca el lucro por encima de la inalienable seguridad sico-fisiológica de los ciudadanos y la intransferible seguridad ecológica de todos los seres vivientes de la creación.

 

Fuente: http://www.surysur.net/?q=node/16241

 

……….

Chernobyl y las consecuencias en cifras (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=44755)

 

A FONDO

Fuente: dpa  | 22/04/2011    Moscú, (dpa) – Hasta el día de hoy permanecen en la memoria colectiva las horribles imágenes de la catástrofe nuclear de Chernobyl y la huida de miles de trabajadores y habitantes de la zona que estuvieron expuestos a la radiación. No se sabe exactamente cuántas personas murieron como consecuencia del desastre o aún padecen enfermedades mortales como el cáncer. Algunas cifras ponen de relieve la magnitud de lo que fue hasta ahora el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad:

 

- CASOS DE MUERTE: Según diversas estimaciones, la catástrofe nuclear causó entre 10.000 y más de 100.000 víctimas mortales. La disparidad de las cifras se debe a que muchas veces resulta difícil demostrar una relación directa entre la radiactividad y una enfermedad o causa de muerte.

 

- ENFERMEDADES: Algunos detractores de la energía nuclear sostienen que la catástrofe en Chernobyl afectó la salud de más de 600 millones de personas en Europa expuestas a una radiación mayor. Según los médicos, esas personas corren el riesgo de desarrollar cáncer o de contraer otras enfermedades.

 

- EVACUACIÓN: Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor dañado, que hasta el día de hoy sigue fuertemente vigilada. En total se vio afectada una región de más de 200.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Más de 100.000 personas fueron reubicadas.

 

- LIQUIDADORES: El entonces gobierno soviético movilizó a entre 600.000 y un millón de “liquidadores”, en su mayoría soldados jóvenes, para que realizaran las tareas de limpieza y de reducción de daños. Se estima que de ellos, más de 100.000 murieron y que más del 90 por ciento está gravemente enfermo.

 

- RADIACIÓN: Según estimaciones, unas 190 toneladas de material radiactiva aún se encuentran en el reactor 4. Ese material incluye substancias radiactivas tóxicas como el cesio, el estroncio y, sobre todo, plutonio. Los exámenes demuestran que el cesio 137 sigue presente en muchos alimentos fuera de la zona de exclusión.

 

- SARCÓFAGO: Está prevista la construcción de un nuevo sarcófago, de 29.000 toneladas, para cubrir el averiado reactor 4, pero no se sabe cuándo estará listo. Este proyecto tiene un coste estimado de 1.600 millones de euros. El sarcófago tendría una altura de 110 metros, un ancho de 164 metros y un largo de 257 metros.

 

- CENTRAL NUCLEAR: Uns 3.500 personas siguen trabajando en la central nuclear de Chernobyl, paralizada totalmente en el año 2000. Esos trabajadores entran todos los días en la zona de exclusión, fundamentalmente para vigilar la seguridad de los otros tres reactores, donde aún se encuentra combustible nuclear.

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LA EPIDEMIA DE SIDA DESDE UNA PERSPECTIVA GEOGRÁFICA

Peter Gould y Joseph Kabel un (http://www.ub.edu/geocrit/geo89.htm)

  

 

….“III. ¿Cuál es la situación geográfica de la epidemia?

 

 Hemos visto que tanto en África como en Estados Unidos la pandemia de SIDA está teniendo ya consecuencias que sólo se pueden calificar de catastróficas Y sin embargo mucha gente sigue considerándola “remota”, la intervención educativa temprana no parece muy efectiva y además es prácticamente inexistente la planificación a medio plazo de la asistencia médica especializada a gran escala.  La pregunta es ¿porqué? No hay una respuesta única ni sencilla, y un estudio y exposición completos revelarían aspectos tales como el prejuicio político y burocrático, el ansia de poder de ciertos profesionales, la pura ignorancia y muchos otros igualmente lamentables aspectos de ha condición humana(22). No obstante, y sin dejar de reconocer la complejidad de una respuesta válida ala pregunta, estamos convencidos de que la causa más importante es el casi total olvido de las dimensiones geográficas de la epidemia. Lo cual no hace sino plantear otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando la consciencia y el modelado geográficos y el análisis y presentaciones de otras enfermedades(23), nos encontramos un desierto baldío de comprensión a la hora de considerar la epidemia de SIDA en el terreno de la geografía?

 

Hay muchas respuestas parciales. Parte del problema es la angustiosa falta de educación geográfica en muchos programas escolares, que da como resultado una falta genera de conocimiento? Consciencia y sensibilidad hacia el terreno espacial o geográfico. En Estados Unidos, la mayoría de las personas “ilustradas” son analfabetos en geografía, y rara vez se plantean las dimensiones geográficas de la existencia humana Y si esto es verdad para la mayoría, es aún más angustiosamente evidente en el nivel profesional del epidemiólogo, incluso (¿O especialmente?) aquellos en posesión de grados doctorales obtenidos en instituciones prestigiosas. La mayoría de los epidemiólogos no han oído hablar jamás del “modelado espacial”, y en ningún momento de su vida profesional han tenido contacto con estos modos geográficos fundamentales de pensamiento y análisis. En su mayor parte expresan asombro al saber que fueron los geógrafos los primeros entro todas las ciencias en usar los métodos de simulación de Monte Carlo para estudiar procesos de difusión geográfica en los años cincuenta(24). La reacción inmediata, casi pavloviana, de los epidemiólogos hacia el modelado de la expansión de una enfermedad es buscar en la estantería sus conjuntos favoritos de ecuaciones diferenciales, para después desgranar números desde un punto de vista temporal, sin preguntarse jamás dónde podrían estar las víctimas potenciales de la enfermedad. Un distinguido matemático de la Conferencia de la Casa Blanca pensaba que modelado espacial quería decir correr de un lado a otro de Alabama a Wyoming con una ecuación diferencial bien agarrada en la manita.

 

Desgraciadamente, en lo que se refiere a la epidemia de SIDA estos planteamientos son casi inútiles, ya que no pueden ser parametrizados a partir de datos reales. Por lo que pude observar en el Congreso de la Casa Blanca, el planteamiento típico es dividir la población en grupos cada vez más específicos (haciendo ecuaciones cada vez mayores para que las resuelva el ordenador… ¡qué entretenido!), asumir después que los índices de transmisión entre grupos y dentro de un grupo se pueden calcular (¡los científicos conductistas se encargarán de ese desagradable trabajo empírico!), y finalmente extraer los coeficientes de transmisión a partir de los conjuntos de ecuaciones en forma de una matriz llamada jacobea, para encontrar un valor característico denominado primer valor propio (“first eigenvalue”)(25). Si resulta ser mayor que 1.0, sabemos que la epidemia se incrementará; si es menor de 1.0 la epidemia se extinguirá ¿O es que ya sabíamos esto desde antes? Es fácil imaginar lo que tendría que decir sobre tan profunda conclusión un médico que haya estado al cargo del cuidado de enfermos de SIDA en un hospital de San Francisco desde el principio de la epidemia! Los epidemiólogos tradicionales no parecen hacer mucho más que jugar con sus suposiciones, descubriendo, por ejemplo, que si aumentan los índices de transmisión, la epidemia irá más rápida como tiene que ser, lógicamente, a partir de los conjuntos, emparejados mecánicamente, de ecuaciones decimonónicas. No es fácil ver en qué manera se ha salvado una sola vida humana con estos planteamientos puramente temporales, o cómo se ha frenado una transmisión del virus.

 

Pero aparte del conservadurismo disciplinario tradicional, la visión limitada de los intelectuales y una general falta de curiosidad y conocimiento de otros posibles planteamientos, hay otro asunto que ha obstaculizado grandemente nuestra comprensión de la epidemia del SIDA en el campo de la geografía. Es el tema de “confidencialidad”, la creencia de que desde una ética impecable el historial médico de un paciente sólo puede estar disponible para el personal médico con la cualificación adecuada que esté tratando al paciente en cuestión. Existe el temor, que puede ser real y legítimo, de que tan pronto como se dé algún tipo de coordenadas geográficas (x, y; latitud, longitud; dirección; distrito censal, etc.), se podrá identificar  a un paciente de SIDA. Se teme una identificación de este tipo por razones de prejuicio contra los homosexuales y drogadictos, un miedo irracional a la transmisión fortuita y la naturaleza sexual de muchas transmisiones, más que por una fuerte creencia en el derecho a la intimidad del individuo. El resultado ha sido la emergencia de una controversia de carácter altamente emocional de la que ha desaparecido casi totalmente la voz de la razón. Hay una tradición fuerte, y éticamente impecable, entre los que pertenecen a la profesión médica de mantener la confidencialidad del paciente, a la que se han sumado muchas voces de las comunidades homosexuales, muchas de las cuales se han convertido en grupos políticamente organizados y poderosos en Estados Unidos. Se ha hecho muy difícil razonar con estos grupos ya que enseguida se le considera a uno “insensible”, o se le acusa de rechazar a los homosexuales. Antes de continuar, quiero que quede claro que estoy totalmente de acuerdo con la protección de la intimidad del paciente, pero este asunto se ha llevado absurda y exageradamente lejos, tanto que se ven seriamente amenazadas nuestra comprensión de la epidemia, y nuestra capacidad para desarrollar una intervención educativa y para planificar de una manera humana. Lo que está en juego es un tema totalmente geográfico! que queda justamente en el terreno espacial en el que la mayoría de la gente tiene poca práctica en pensar.

 

 

 

Las dimensiones geográficas de la confidencialidad

 

En Estados Unidos los Centros para el Control de la Enfermedad (Centers for Disease Control, CDC) de Atlanta publican el número de casos de SIDA sólo a nivel estatal, arguyendo que los estados les obligan a hacerlo así en un sistema de gobierno federal A su vez algunas autoridades medicas estatales dicen que no pueden hacer públicos los datos de condado, código postal o zonas de censo por una norma de los CDC Es un antiguo mecanismo burocrático, probablemente de los tiempos de Babilonia, que se conoce hoy como “Catch22″. En Estados Unidos, el Estado es un nivel de agregación geográfica analíticamente inútil. Es además ridículo desde el punto de vista científico, ya que Rhode Island (el más pequeño) cabe 250 veces en Texas. No obstante, la mitad de los Estados, generalmente aquellos donde la epidemia es particularmente seria publican los casos de SIDA a nivel de condado, y unos pocos a nivel de distrito postal.  Hoy en día muchos grupos estatales de seguimiento del SIDA ponen incluso mapas de su estado con el número de víctimas de SIDA en cada condado en las tapas de sus informes mensuales o trimestrales de carácter completamente público(26). Nadie que mire esos mapas podría identificar a una sola persona. Y sin embargo la mitad de los estados todavía se niegan a sacar a la luz ni siquiera datos a nivel de los condados. Incluso en Pennsilvania,  para un estudio de la universidad de Penn State, hizo falta La intervención de la Cámara de Representantes para convencer al Consejero de Sanidad de que diera salida a ciertos datos a nivel de condado de la unidad especial de SIDA.

 

Pero el asunto se vuelve aún más absurdo y dañino para la ciencia. En Los Ángeles tenemos grandes mapas (de 75 x 100 centímetros) que muestran los índices de SIDA por zonas censales(27), algunas de no más de tres o cuatro manzanas, y consiguientemente cinco o seis órdenes de magnitud espacial más pequeñas que el nivel estatal de California, la escala geográfica por debajo de la cual los CDC son reacios a hacer públicos los resultados. En otras palabras, los CDC sólo publican datos a nivel estatal, por ejemplo, para el estado de California, mientras que la unidad de vigilancia del SIDA de Los Ángeles publica información por zonas censales. Nadie que mire los sombreados en rojo, amarillo y verde podría, en manera alguna, identificar a nadie. Se ha representado también la epidemia en secuencias de mapas en el tiempo, que muestran la expansión geográfica diferencial en las poblaciones blancas, hispánicas y negras, usando puntos para cada caso que aparece aleatoriamente dentro de un distrito censal(28). Todos ellos los completaron, en cooperación con la unidad de seguimiento del SIDA en Los Ángeles, los estudiantes de primeros cursos de una universidad local con vistas a un proyecto cartográfico con intenciones sociales. No se ha dañado en ninguna ocasión la confidencialidad de ningún paciente. Un estudio reciente sobre la posibilidad de identificación geográfica, hecho a partir de datos microcensales en Italia, llegaba a la conclusión de que la probabilidad del descubrimiento de un individuo a partir de la clasificación cruzada era aproximadamente  10-11(29). Me baso en esto para afirmar que se ha exagerado en exceso el asunto de la “confidencialidad geográfica”, tanto que se ha entorpecido grandemente nuestra capacidad de modelar la epidemia en el tiempo y el espacio. Para modelar, para predecir el siguiente mapa o mapas necesitamos series acumuladas espaciotemporales (x y, t) de pacientes de SIDA a una escala o nivel de agregación geográficos razonables. Sólo entonces podremos predecir las distribuciones futuras, y consiguientemente usarlas para fines humanos.

 

Pero, ¿cuáles son las razones para hacer esto? ¿Mera curiosidad académica? En absoluto. Podemos dirigir estos mapas previstos hacia dos áreas de crucial importancia, la intervención educativa y la planificación médica, contribuyendo así directamente a salvar vidas y a atender a los afectados.  Hemos descubierto que cuando las secuencias de mapas, incluyendo los mapas previstos, se preparan para la animación televisiva parecen conformar algunas de aquellas “indicaciones a la acción” que buscan los que se ocupan de la educación sanitaria.  España, por ejemplo presentaba 5.295 casos y el segundo índice más alto de Europa en marzo de 1990, comparable a los porcentajes de Burkina Faso y Dominica. No tenemos conocimiento personal de las proporciones e intensidad de la campaña educativa contra el SIDA en España, pero la educación es hoy por hoy nuestra única esperanza. ¿No les sería posible a los geógrafos españoles trabajar con sus colegas de la medicina, mostrarles las posibilidades de la cartografía animada y, en colaboración con la televisión nacional, producir una secuencia animada similar para España que se pudiera usar para la retransmisión pública, la educación en las escuelas y universidades; etc.?

 

En segundo lugar; es ya angustiosamente obvio en las regiones metropolitanas grandes de Estados Unidos que los sistemas de asistencia sanitaria están siendo utilizados más allá de sus límites. Tendremos que planificar nuevas formas de asistencia sanitaria (hospitales, hospicios, clínicas para pacientes no internados, etc.) que deberán ser accesibles para los afectados de SIDA, no basándose en la tesis positivista capitalista de la eficiencia medida exclusivamente en términos económicos, sino basándose en sentimientos humanos, de modo que las familias de los pacientes con SIDA puedan visitar a sus hijos, hijas, padres, madres, hermanas, hermanos y amigos. Dónde colocar tales instalaciones para complementar las sobrecargadas ya existentes se convierte en una importante cuestión en la panificación de la salud. Esta ha sido el área clásica de investigación geográfica en los ultimos 25 años, resuelta esencialmente con miras totalmente prácticas Tenemos hoy docenas de algoritmos computerizados para resolver todo tipo de variaciones del tema básico localización-asignación. He aquí otro terreno donde puede contribuir la perspectiva del geógrafo. Vencer el SIDA va a suponer esfuerzos largos y continuos en muchos frentes distintos. Pero los geógrafos tienen aquí una oportunidad literalmente vital de contribuir con sus conocimientos tanto a la ciencia como a la humanidad.

 

 

…………..

Horacio Capel por cuyo artículo HOMENAJE A PETER GOULD (http://www.ub.edu/geocrit/sn-78.htm) conocimos a PETER GOULD nos dice que, era un amante del Mediterráneo, y amaba España y particularmente Cataluña, mostrando siempre un interés por las manifestaciones culturales de nuestro país, y especialmente por la literatura. Amaba además la buena vida, esa vida que está llena de pequeñas cosas, como la amistad, el amor, la charla en torno a una mesa, el buen vino, la contemplación de un paisaje, la lectura.

Unas semanas antes de su muerte Peter Gould me escribió una emocionante carta en la que con un tono neutro, como sin darle importancia, hablaba del carácter irreversible de su enfermedad y de su próximo fin, lamentando lo poco que iba a poder hacer por la revista Scripta Nova. Lo verdaderamente impresionante es que la carta estaba llena de optimismo sobre la utilidad de la geografía y acababa con estas palabras: “el mundo tiene necesidad de los geógrafos”.

No tengo dudas de que escribió a otros amigos cartas similares de despedida con mensajes de aliento y de optimismo. Su actitud ante la muerte fue verdaderamente ejemplar, tanto privada como públicamente. En la presentación de su último libro Geographical Voices Peter Gould hacía alusión a la riqueza y variedad de las voces que había recogido en la obra y al panorama rico y colorista que la misma mostraba de la geografía; y acababa con esta frase de optimismo, escrita sin duda en el momento en que sabía su próxima muerte:

“Espero que las generaciones futuras encontrarán la alegría, la esperanza y la inspiración en estos relatos en los que algunos describen las dificultades que han tenido que superar para convertirse … en geógrafos”.

Escribía esas palabras “puesto ya el pie en el estribo”, en una situación y con un talante similar al de Cervantes cuando, poco antes de morir, dictaba su dedicatoria de Los trabajos de Persiles y Segismunda. “ayer me dieron la Extremaunción, y hoy escribo ésta; el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir”. Y sin duda, al igual que Cervantes, pensaba: “¡Adios gracias, adios donaires, adiós regocijados amigos!”.

Ese mensaje de optimismo y de alegría es sin duda también el de Peter Gould; el de un hombre entero, apasionado por la vida, consciente de la responsabilidad moral del científico, y entusiasta de la ciencia a la que dedicó toda su vida. Un ejemplo, sin duda, para los geógrafos profesionales, los que hemos dedicado igualmente la vida a esta misma profesión. Pero un ejemplo, sobre todo, para los jóvenes, los que con un largo camino vital todavía por recorrer pueden llenarlo de tareas nobles, de exigencias morales, de comportamientos cívicos y de dedicación rigurosa a las tareas profesionales o científicas a que se dediquen.

 

 

VIOLENCIA FAMILIAR

                                                                   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Sarita* comparte su experiencia de vida:

 

“Quisiera compartir con todos mi experiencia soy una mujer ya mayor.

 

Me casé bastante joven,  tenia yo 20 años y me casé con la ilusión de hacerlo hasta la muerte.

 

 Mi esposo  empezó a cambiar y fui violentada enajenada violada maltratada por mas de 25 años.

 

Todo el tiempo no pude concretar mi separación por que siempre pensé en mi hijo y claro en luchar hasta las últimas consecuencias por mi matrimonio.

 

 Además que los trámites para divorciarme eran en ese entonces muy difíciles. Y nunca tuve tiempo ni dinero ni voluntad de hacerlo pensando como piensan muchos aquí. La familia es la célula  básica de la sociedad…etc.

 

 Yo respeto mucho pero…por culpa de pensar de esta forma mi hijo sufre hoy todas las cosas k vio k su padre me hacia…Yo soy una persona triste y con tendencia a la depresión…

 

Sobre mi esposo, él continua siéndome infiel con mujeres que se prestan a esto por internet…

 

Todo se hubiera podido evitar si yo no hubiera pensado como piensan muchas aún….Que debemos continuar casados a pesar de todo lo que tenemos que soportar por nuestros hijos…

Hoy con esta ley después de todo lo que sufrí puedo divorciarme…pero a pienso…oh Dios mío  ya para que

¿¿¿ Mi hijo creció y el nunca cambiara y yo¿¿¿ tal vez yo pronto moriré”.

 

 

 

Para preservar la identidad de nuestra amiga lectora, la llamaremos Sarita.*

Cuantas veces, hasta cuando seguiremos viendo , oyendo o escuchando historias como la de Sarita?

Es una de la miles y miles de historias que se repiten en diversas formas una menos y otras muchísimo mas graves que la narrada.

Desde hace años en Perú se ha legislado y modificado con Ley 29282 la Ley de Violencia Familiar y su Reglamento,- cuyo texto será abordado en otro artículo-  y  como correlato existe todo un aparato policial, fiscal y judicial que se encarga de intervenir como procesar estos casos, lamentablemente, su quehacer es predominantemente  disuasivo, es decir, al final de todo un largo proceso  incide en recomendar que durante el proceso como al término del mismo , el agresor y su víctima  o toda su familia acuda a terapias sicológicas que casi nunca ocurren y menos le interesa al agresor.

A diario vemos diversidad de formas de violencia familiar una mas grave que otra; en los  pasados recientes días los medios de comunicación nos traían la noticia  como un padre asesina a su dijo que defendía a su maltratada madre; otra  el de una joven esposa cansada de esta violencia  resultó asesinada por arma de fuego  por su cónyuge junto con el policía al cual acudió a denunciar en el mismo acto que fue este último a notificarlo a su domicilio. El agresor quien también se suicidó, resolvió en segundos lo que la Ley tarda días, meses o años.

Lo peor de todo es que cuando estas noticias se difunden los malos actos se copian con el añadido que son superados en perversidad por los nuevos  actores.

Que hacer?

Aprender a   decir NO a tiempo.

Aprender decir NO  a tiempo puede y debería significar que las personas  aprendamos a identificar y apartarnos de todo vestigio o signo de violencia, desde la primera oportunidad.

Todos, nuestras amigas y amigos sicólogos, siquiatras, toda autoridad, servidor público, docentes, persona, vecino, familiares   tenemos una frondosa  tarea en lo preventivo, desde casa, en los colegios, acaso desde inicial o en la primaria, ahora casi todos los colegios cuentan con sicólogos, pero resultan insuficientes o en número o en estrategias para identificar y esencialmente para poder ejecutar acciones preventivas individuales destinadas a erradicarlas. Acaso una alternativa fuera educar a padres y docentes en estrategias orientadas  a identificar y disuadir toda  conducta violenta.

En que colegio no existen diversidad de niños y niñas violentadas o que violentan a  sus compañeras o compañeros o que presentan signos o síntomas de violencia en casa?  Recientemente el Ministerio de Educación procura regular al respecto una cruel realidad vigente de antaño.

Hay quienes no se consideran violentadas porque la pareja no le pega, no le insulta, pero la tiene sumida en un enfermizo  control hasta de sus mínimos movimientos, cual carceleros, es quien decide por ella que hacer o no, cuando como y con quien o no tratar.

Si aceptamos estas conductas desde el hogar es fácil entender porque  aceptamos con resignación las vejaciones a diario de cualquier persona  desde algunos  cobradores,  profesores,  compañeros de trabajo, del jefe, de la  autoridad que abusa de su poder.

Tratando de interpretar los comentarios de mi dilecto amigo, colega e historiador, César Cánepa Yori – a quien con esta parte rindo tributo de mi aprecio y amistad- en este país aún cuando han pasado mas de 500 años de emancipados  seguimos esperando un libertador, repetimos dia a dia  figuras o del conquistador avasallador o del genuflexo  resignado a su condición de conquistado.

Y que pasa en casos como el de Sarita  en el que ELLA siendo conciente de su vejación, de su destruída  autoestima  decide seguirla soportando hasta sus últimos días , dia a dia, con resignación?

Sarita es conciente del grave daño que su resignación no sólo le ha causado a ella sino también a su hijo. Quiera  su hijo  y Dios que su ciclo como agresor o víctima no se repita.

Mi consejo Sarita es que NUNCA, NUNCA  es tarde para que recobres tu dignidad, tu autoestima, tu libertad.

Busca ayuda profesional, da todo por un dia de vida en libertad, de vida con dignidad, verás que vale la pena verla y sobre todo, vivirla.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Categoría :Derecho de Familia

 

“Hazlo ahora mismo : Mas nos desgasta lo que dejamos de hacer que lo que hacemos” (Tomado de : El tiempo es Oro De Margaret Johnston)

 

 

 

 

 

Tan inherente es el tiempo a la vida misma que hay quienes dicen un año de vida es en realidad un año menos de vida.

 

 

La Ley ha establecido plazos para casi todas las actividades que realiza el ser humano sean : personales, familiares, herencias, contratos, laborales, pensiones, de negocios, actos administrativos, toma de decisiones, de notificaciones, procesos, procedimientos, reclamo de derechos, quejas, denuncias, etc.

 

 

Bajo esa esencial regla, no es suficiente tener la razón o el derecho sino pedirlo u otorgarlo a tiempo, a través de la autoridad competente y dentro del plazo establecido.

 

 

Si no se procede así se corre el riesgo no sólo perder el derecho e incluso ser pasibles de sanción  

 

 

Muy pocos asuntos son imprescriptibles, es decir, limitados a un plazo, como por ejemplo: reclamar una herencia.

 

 

Los actos privados de la persona se hallan regulados por el Código Civil en el cual se establece los plazos máximos para reclamar los derechos que se regulan por dicha Ley  :

 

Artículo 2001º Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

 

El paso del tiempo, por excepción, también genera adquirir derecho en materia de propiedad de bienes muebles o inmuebles como se verifica en el Código Civil con la figura de la Prescripción Adquisitiva, en el :

 

Artículo 950º  La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años.

Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.

 

 Artículo 951º La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.

 

En lo administrativo, el plazo transcurrido en los procedimientos administrativos y expresamente sancionados con Silencio Administrativo Positivo por la Ley 27444 como en la Ley 29060 también genera derechos a favor del interesado aún cuando éste no reuna los requisitos legales y no sea advertido por la administración dentro del breve plazo establecido.

 

 

De allí que ¿Cuanto le interesa a la administración pública el tiempo ?

 

Demasiado.

 

Sin embargo, hay una suerte de contradicción en lo que la Ley establece, promueve y dispone con lo que aún se hace con el plazo en muchas entidades que componen la Administración Pública.

 

Por un lado, años atrás el Gobierno dictó una Ley de Simplificación Administrativa para acabar de una vez por todas con las inacabables penurias que afrontaba el ciudadano; por ejemplo, quien se hallaba interesado en abrir un negocio, tenía que iniciar su peripecia ante las ventanillas de una entidad pública para obtener un documento que a la vez era requisito con el cual a la vez debía repetir una y otra vez hasta que finalmente con ellas obtenga su Licencia de Funcionamiento.  El año 2000 fue derogada la Ley de Simplificación Administrativa y sus alcances mas significativos fueron comprendidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo sus alcances, modificatorias y normas relacionadas, actualmente, hoy algunas Municipalidades en minutos entregan Licencias de Funcionamiento.

 

 

Sin embargo, tal cambio y celeridad no es lo que comúnmente caracteriza a todos los procedimientos administrativos a cargo de la mayoría de las entidades públicas, lo cual sigue siendo materia de reclamo inclusive del actual mandatario de la Nación al justificar la promulgación de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo .

 

 

A pesar de ello, hay  :

 

Expedientes que son recibidos e impulsados en su trámite sin verificar y consignar la debida foliación, o sin requerir la acreditación de la personería jurídica vigente por parte de las personas jurídicas, o que contengan todos los requisitos que exige el TUPA por ende sin anotar en el cargo los documentos faltantes les dan curso cuando por mandato de la Ley debe paralizarse su trámite hasta que el interesado lo subsane dentro del breve plazo de 48 horas vencido el cual si el interesado no lo subsanó le debe ser devuelto.

 

Expedientes a los que se dan inadecuada tramitación o innecesariamente se pide informe o sencillamente son dejados en la cola de los sujetos a ser atendidos cuando el llamado a hacerlo pueda o quiera revisarlo, a lo cual se añade la escasa o ausencia de supervisión por parte de su superior inmediato como del sistema administrativo o informático que le recuerde que el plazo máximo establecido por la Ley no es para la actuación de cada funcionario sino para la entidad en su conjunto y que si bien es verdad que la mayoría de los ciudadanos por desconocimiento o idiosincracia suelen ser sumamente pacientes también lo es que la Ley impone a quienes representan a la Administración Pública el deber de servir verificando que las actuaciones a su cargo como del personal que se halla bajo los alcances de su jefatura sean diligentes, eficaces, eficientes, económicas y oportunas; es decir, a tiempo, dentro del plazo concedido.

 

Procedimientos administrativos previstos en el TUPA con breve plazo para calificar en cuyo defecto le es aplicable el silencio administrativo positivo, que de no haber sido observado la falta de algún requisito a tiempo puede depender la vida o salud de muchas personas si la decisión es tardía, defectuosa  o se dio curso con documentación insuficiente 

 

 Resoluciones emitidas abriendo proceso administrativo disciplinario pero que al no ser notificadas dentro del plazo establecido puede dar lugar a que el incurso en responsabilidad invocando prescripción no pueda ser procesado administrativamente -esta omisión no exime la prosecución de las acciones civiles o penales, en los casos a que hubiera lugar - y que en contrario, quienes dieron lugar a tal omisión, se vean incursos en responsabilidad administrativa.  

 

 

Interesados que por omisión o desconocimiento no interpusieron  sus solicitudes, reclamos o impugnaciones a tiempo perdiendo su derecho.  

  

 

La vigilancia del plazo que sobre los expedientes a su cargo tuviera el funcionario o servidor público es parte del denominado control simultáneo y control interno previo que compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección, conforme precisa en su artículo 7º la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

 

 

El incumplimiento en el plazo por parte del servidor o funcionario por omitir, rehusar o retardar algún acto de su cargo,  puede dar lugar a que el afectado pida la intervención de la autoridad administrativa o invocando el artículo 244º de la Ley 27444 –incorporado con la Ley 28187- pedir la intervención del Fiscal Penal en concordancia al ilícito previsto el Artículo 377º del Código Penal.

 

 

A efectos de coadyuvar a sensibilizar y prevenir de estas adversas situaciones es necesario recordar que desde julio del año 2000 la Ley 27444 establece en su :

 

Artículo 35º  : PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN PREVIA.- El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 142°     PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143°     RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1        El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2        También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

ARTÍCULO 158°     QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN

158.1          En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2          La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin  de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3          En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4          La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5          En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable….

 

 

 

El detalle de la mayoría de las actuaciones administrativas (no todas) sujetas a los alcances de la Ley 27444 han sido didácticamente recogidas por el colega OSCAR ZEGARRA GUZMÁN en su “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General  Análisis de la Ley N° 27444”, Ed. Gráfica Horizonte, Lima Octubre 2001 :

 

TABLA DE TÉRMINOS PROCESALES DE LA LEY DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (*)

 

ART.

ACTIVIDAD PROCESAL

PLAZO

INICIO DE PLAZO

85

Plazo para resolver el conflicto de competencia

4 días

Remisión del expediente

89.1

Plazo para remitir el expediente al Superior Jerárquico, por abstención

2 días hábiles

Recepción

25

Efectos de los actos Administrativos

Notificaciones personales: el día hubieren sido realizadas.

Por correo certificado, oficio, correo electrónico: el día que conste haber sido recibidas.

Por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el diario oficial.

 

132.1

Remisión de documentos recepcionados a la sección correspondiente.

Dentro del mismo día

Recepción

125.1

Plazo de subsanación de solicitudes presentadas con observaciones por incumplimiento de requisitos.

2 días hábiles

Recepción de solicitudes

132.4

Plazo de realización de trámites a cargo de los interesados requeridos por la autoridad.

10 días

Solicitud

191

Abandono de procedimiento por incumplimiento de trámites a cargo del interesado.

30 días

Requerimiento de último trámite a cargo del interesado.

132.3

Plazo para evacuar informes o dictámenes peritajes.

7 días

Solicitud

132.2

Plazo para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter

3 días

Recepción

168.1

Solicitud de documentos a otras actividades

3 días en la misma entidad, 5 días en demás casos. No mayor de 10 días.

Solicitud

24

Notificación de acto administrativo

5 días

Expedición

207.2

Interposición de Recursos de Reconsideración

15 días

Dictamen de resolución

207.2

Plazo para resolver los recursos de Reconsideración

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de los recursos de apelación

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Apelación

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de recursos de revisión

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Revisión

30 días

Interposición de la demanda

158.2

Término para resolver la queja

3 días

Previo traslado al quejado

35

Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa.

30 días hábiles, salvo ley o Dec. Leg. que establezca mayor plazo

Inicio del procedimiento

163.1

Actuación de la prueba

3 a 15 días

Dispone actuación de pruebas

163.2

Notificación de la actuación de la prueba

No menor de 3 días antes

Actuación de pruebas

169.1

Solicitud de pruebas a los administrados

Plazo establecido en requerimiento

Requerimiento

193.1.2

Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

5 años

Resolución firme

202.3

Prescripción de facultad de declarar la nulidad de oficio

1 año

Resolución contenida

202.4

Nulidad de resolución vía proceso contencioso administrativo

2 años

Fecha que prescribió la facultad de declaración de nulidad administrativa

202.5

Nulidad de acto administrativo emitido por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, vía contencioso administrativa

3 años

Fecha que acto que firme

223

Contestación de la reclamación en procedimiento trilateral

15 días

Notificación

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

1 día

Concesión del recurso

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

5 días

Recepción por autoridad superior

227.2

Apelación del proceso trilateral

15 días

Notificación

227.2

Elevación de la apelación del proceso trilateral

2 días

Concesión del recurso

227.3

Traslado de la apelación del proceso trilateral

15 días

Recurso del expediente

227.3

Absolución de la otra parte de la apelación trilateral

15 días

Notificación del traslado

227.4

Vista de la causa de apelación del proceso trilateral

10 días

Notificación de absolución de la apelación

227.5

Resolución de la apelación en proceso trilateral

30 días

Audiencia

233.1

Prescripción de la facultad de determinar existencia de infracciones administrativas

5 años, si no está establecida en leyes especiales

Fecha que se cometió infracción

233.2

Cesación de la interrupción de la prescripción de infracciones administrativas

Paralizado por 2 meses por causa no imputable al administrado

Interrupción de la prescripción

234.4

Derecho a Defensa

5 días

Notificación

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Procedimiento Administrativo General,  Gestión Pública

02/01/2009

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Andrés consulta:

Dr. como puedo levantar un hallazgo de auditoria que ha derivado en la apertura de un proceso administrativo sancionador, según el fondo del asunto es que para la evaluación en un proceso de selección, para el comité considera como válidas las facturas presentadas por el postor y para el auditor no le parece, nuestro criterio esta amparado en los principios que rigen las adquisiciones y contrataciones demostrado técnicamente en sujeción estricta a la normativa de contrataciones en el descargo presentado oportunamente. Como poder demostrar que nuestra actuación (a falta de norma expresa) esta sujeta a los principios que rigen las contrataciones y que a criterio del auditor no son así . aquí lo que se trata es de interpretaciones de la normatividad y nuestro criterio como comité y el criterio del auditor, quien audita a los auditores cuando no saben formular bien sus hallazgos con los requisitos que estos deben de tener ( condición ,causa, criterio, efecto)

Si ya hay un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) aperturado lo que  corresponde es que ante la CPPAD formules tu descargo documentado; ya no cabe que levantes hallazgo alguno de auditoría, término este último reservado para el momento en que eres requerido por el OCI u Organo de Control que te audita, de manera previa a la emisión del respectivo Informe de Control.

Tanto la posición del Comité Especial, de las autoridades administrativas que acogen su decisión deben ser arregladas a la Ley y/o a la opinión especializada de la OSCE como ente normativo y rector, que con igual rigor es el fundamento legal en el cual se basa el “criterio” en el cual el auditor sustenta su hallazgo, observación y conclusión.

Cierto es que los principios resultan de aplicación en ausencia de norma expresa mas su aplicación debe ser congruente con el hecho observado y debidamente ponderado.

Justamente por el principio de legalidad que es de aplicación predominante en la adminstración pública, una defensa, un descargo o una absolución de hallazgo jamás puede sustentarse únicamente en el criterio del auditado o en una interpretación general de un principio.

Del mismo modo, un hallazgo de auditoría plasmado en un informe de Control, o un cargo atribuído en una denuncia, o la imputación de responsabilidad por parte de la CPPAD, o la sanción impuesta porla  autoridad administrativa o judicial , tampoco puede sustentarse únicamente en el criterio del auditor o de la autoridad .

Los respectivos Códigos de Etica como la legislación especial que, respectivamente,  regulan a auditados y a auditores reprueba y sanciona una conducta arbitraria de quien contraviene o se excede en sus atribuciones, dejan abierta la posibilidad de accionar por parte de quien demuestre su condición de agraviado.

Cierto es que eventualmente pueden darse caso de errores o abusos por parte de determinados auditores, como los que hemos dado cuenta en alguno de nuestros artículos, lo cual, es de suponer debería ser conocido y corregido, de oficio o a pedido de parte, por las instancias superiores del Sistema Nacional de Control, lo cual, es verdad, también hemos demostrado que, en ocasiones, tampoco, ha sido ni oportuno ni expeditivo. En todo caso, estas situaciones deben entenderse como la excepción y no la regla.

Cierto también es que, es mucho mas satisfactorio que, cuando la Comisión auditora traslada el hallazgo ese es el primer momento que tiene el auditado para procurar revertirlo y con ello, lograr no ser comprendido en observación o responsabilidad alguna en el Informe de Control finalmente emitido.

Si lo anterior no prosperase, el PAD se presenta entonces como la siguiente primera posibilidad administrativa, dentro de gestión, ante la cual el procesado con su descargo escrito y oral, podría procurar demostrar la certeza de su posición ante la CPPAD en cuyo informe final aspiraría ser absuelto o con una responsabilidad diminuta, según fuera el caso.

Mas si, a pesar de ello fuera hallado en responsabilidad y sancionado, al no hallarse con la impuesta a él le asiste impugnar interponiendo la correspondiente reconsideración o apelación, en este último caso será resuelto por el Tribunal de Servicio Civil en el caso de las entidades de alcance nacional o por la autoridad competente en el caso de Gobiernos Regionales o Locales.

De persistir la disconformidad con la sanción, le asistirá impugnar el acto adminstrativo en sede judicial, en la vía contenciosa administrativa.

El asunto que hoy es materia de tu consulta pone de manifiesto recordar cuando menos cuatro aspectos esenciales previstos en la Ley con antelación, pero que en la práctica habitual suele preterirse o soslayarse:

1. La CAPACITACION en la función pública encomendada, en este caso, en materia de Contrataciones del Estado. Recuerda que la Ley exige que es obligatoria para quienes se desempeñan en tal función;

2. La ASESORIA LEGAL y/o ADMINISTRATIVA especializada con la cual la Ley de Contrataciones faculta contar a los Comités Especiales.

3. La ASESORIA LEGAL especializada con la cual deberían contar las CPPAD como los titulares de las entidades públicas para minimizar los riesgos previos, concurrentes o posteriores en las decisiones que adopte y en las sanciones con justeza y ecuanimidad.

4. La DEFENSA LEGAL especializada en derecho administrativo, aún suele ser no ponderada por la mayoría de servidores o funcionarios procesados en razón que suelen prescindir de contar con aquella, del mismo modo que el peruano prefiere ir al boticario que al médico y sólo buscar a éste cuando el estado es tardío o irreversible, del mismo modo, hay la tendencia de buscar al abogado especializado cuando se afronta una eventual suspensión, cese temporal o destitución

Actualmente hay todo un todo un engranaje legal para perseguir y sancionar todo asomo de fraude en materia de Contrataciones del Estado y delitos contra la Administración Pública, por un lado:

a) La Contraloría General legalmente ahora cuenta con facultades de sancionar a quienes audita, posición que si bien no comparto en razón de los riesgos y experiencia expuesta, mas en tanto resulte Ley no queda sino acatarla, albergando únicamente la confianza que dichas sanciones no resulten una mera prolongación y ratificación de confirmar lo concluído en el Informe de Control.

b) Por Ley se ha dispuesto que, a partir del 15 de enero del 2011, en el caso de Lima y del 1erode junio 2011 a nivel nacional la entrada en vigencia o aplicación del Código Procesal Penal en el Poder Judicial para los funcionarios o servidores que incurran en la mayoría de los delitos cometidos contra la Administración Pública, lo cual implica que los juicios serán breves y las condenas impuestas con prontitud y ya no con largos e interminables procesos como ocurría con la legislación procesal penal anterior.

c) Existen Juzgados y Salas Penales especializados en ANTICORRUPCION exclusivamente creadas para procesar a quienes se encontrasen involucrados en los antes mencionados delitos contra la Administración Pública.

Finalmente, justamente estos días  ha comenzado el cambio de autoridades en los Gobiernos Locales y en pocos meses del Gobierno Central, nuestro deseo sería que ningún servidor o funcionario afrontara la maquinaria descrita en ninguno de las instancias o vías.

Una cosa es afrontar este ingrato periplo estando en ejercicio del Poder o del cargo o función  y otra, después de estarlo.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

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En 2010, publicaste 11 entradas nuevas, haciendo crecer el arquivo para 54 entradas.

Tu día más ocupado del año fue el 13 de septiembre con 504 visitas. La entrada más popular de ese día fue ¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?.

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1

¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?julio, 2009
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2

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
583 comentários

 

3

¿DÓNDE PUEDO PONER UNA DENUNCIA CONTRA UN SERVIDOR o FUNCIONARIO PÚBLICO?julio, 2009
146 comentários

 

4

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TCmarzo, 2009
119 comentários

 

5

CONVIVIENTES CON DERECHO A PENSION DE VIUDEZjulio, 2009
195 comentários

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                                                                               Por : Ricardo Percy Ayala Gordillo

Cuando el ciudadano, en Perú, acude a alguna de las entidades públicas (conformadas, entre otros, por municipalidades, ministerios, colegios, hospitales, SUNAT, EsSALUD, ONP, INDECOPI, etc.) o algunas empresas que prestan servicios públicos como : agua, luz, telefonía, organismos reguladores, etc., formulando un pedido o reclamo o es requerido por ellas por causa alguna : se INICIA un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO el mismo que para su adecuada atención está sujeto a requisitos para la admisibilidad, procedencia, validez o invalidez de lo actuado, quien es la autoridad competente, cuales son los principios que regulan el procedimiento, cuales son los plazos mínimos y máximos, las formalidades, los derechos, obligaciones y responsabilidades que respectivamente le corresponde a cada una de las partes (los administrados y la Administración Pública: representada por sus servidores y funcionarios públicos) a uno de los cuales la Ley le faculta poner FIN con la correspondiente decisión y respuesta escrita y/o electrónica “notificada debidamente” al interesado o, excepcionalmente, con el silencio administrativo ( falta de respuesta).

Aunada a la Ley especial que regula a cada entidad, la que regula el antes indicado procedimiento administrativo es conocida como LEY Nº 27444 “LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL” la cual no obstante hallarse en vigencia desde el mes de octubre del año 2001, no siempre es aplicada, revisada o suficientemente conocida por los administrados como por quienes representan a la Administración Pública.

Lo anterior ocurre aún cuando esta misma Ley regula cómo debe proceder la persona natural, la persona jurídica, los órganos colegiados; los procedimientos regulados en el TUPA, los casos a los cuales resulta aplicable el silencio administrativo positivo -de aprobación automática por el sólo transcurso del plazo-, como los que se regulan con el silencio administrativo negativo –a cuyo vencimiento se considera automáticamente denegado- como aquellos que requieren de pronunciamiento expreso; el proceder del responsable de trámite documentario, del instructor o quien tiene a cargo el expediente, de los requisitos y forma de pedir informes, de cómo debe notificarse, de qué debe contener el documento que pone fin al procedimiento; asi como el listado de conductas que pueden configurar faltas administrativas, el procedimiento sancionador en las cuales podrían verse incurso quien procediera con infracción a los deberes u obligaciones impuestas, entre ellas, formular pretensiones indebidas o falseando la verdad; las opciones a las cuales puede hacer uso el administrado en caso de demora en la respuesta o si lo decidido no fuera compartida por él -según fuera el caso-, o seguir esperando, o interponer queja, o promover el correspondiente recurso impugnativo, o denunciar administrativamente, o pedir la intervención del superior jerárquico,del Organo de Control Interno, o del Ministerio Público (Fiscalía) o iniciar la correspondiente acción judicial en la vía contenciosa administrativa, penal o civil.

Huelgan entonces comentarios sobre el porqué es aconsejable que unos y otros, vale decir, administrados y quienes representan a la Administración Pública, tengan siempre a la mano un texto actualizado de la Ley 27444 para su permanente lectura, revisión y difusión.

Si tienes alguna pregunta o  comentario, no dudes en escribirme.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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31 de diciembre 2010

Ley del Procedimiento Administrativo General

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

LEY 27444

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I

Del régimen jurídico de los actos administrativos Capítulo I

De los actos administrativos Capítulo II

Nulidad de los actos administrativos Capítulo III Eficacia de los actos administrativos

TÍTULO II

Del procedimiento administrativo Capítulo I

Disposiciones generales Capítulo II

De los sujetos del procedimiento Subcapítulo I De los administrados

Subcapítulo II

De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia

Subcapítulo III

Criterio de colaboración entre entidades

Subcapítulo IV

Conflictos de competencia y abstención

Subcapítulo V

Órganos colegiados

Capítulo III

Iniciación del procedimiento

Capítulo IV

Plazos y términos

Capítulo V

Ordenación del procedimiento

Capítulo VI

Instrucción del procedimiento

Capítulo VII

Participación de los administrados

Capítulo VIII

Fin del procedimiento

Capítulo IX

Ejecución de resoluciones

TÍTULO III

De la revisión de los actos en vía administrativa Capítulo I Revisión de oficio Capítulo II

Recursos administrativos

TÍTULO IV

De los Procedimientos especiales Capítulo I

Procedimiento trilateral Capítulo II

Procedimiento sancionador Subcapítulo I

De la potestad sancionadora Subcapítulo II Ordenamiento del procedimiento sancionador

TÍTULO V

De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio Capítulo I

Responsabilidad de la administración pública Capítulo II

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

1.  El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;

2.  El Poder Legislativo;

3.  El Poder Judicial;

4.  Los Gobiernos Regionales;

5.  Los Gobiernos Locales;

6.  Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.

7.  Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y

8.  Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

Artículo II.- Contenido

1.  La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades.

2.  Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto.

3.  Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.

Artículo III.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1.  Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

1.2.  Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.3.  Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.4.  Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

1.5.  Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

1.6.  Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

1.7  Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

1.8  Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

1.9.  Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando
actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a
fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del
respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

1.10.   Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer
prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos
cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final,
no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

1.11.   Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para
lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun
cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa,

salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.

1.13.  Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

1.14.  Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

1.15.  Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

1.16.  Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo.

La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo.

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo

1.  El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del Derecho.

2.  Son fuentes del procedimiento administrativo:

2.1.  Las disposiciones constitucionales.

2.2.  Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.

2.3.  Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.

2.4.  Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.

2.5.  Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.

2.6.  Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.

2.7.  La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.

2.8.  Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.

2.9.  Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

2.10.  Los principios generales del derecho administrativo.

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.

Artículo VI.- Precedentes administrativos

1.  Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

2.  Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.

3.  En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes.

Artículo VII.- Función de las disposiciones generales

1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados.

2.  Dichas disposiciones deben ser suficientemente difundidas, colocadas en lugar visible de la entidad si su alcance fuera meramente institucional, o publicarse si fuera de índole externa.

3.  Los administrados pueden invocar a su favor estas disposiciones, en cuanto establezcan obligaciones a los órganos administrativos en su relación con los administrados.

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes

1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

2.  Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma

que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento.

TÍTULO I

Del régimen jurídico de los actos administrativos

CAPÍTULO I

De los actos administrativos

Artículo 1. – Concepto de acto administrativo

1.1  Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

1.2  No son actos administrativos:

1.2.1   Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer
funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con
sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que
expresamente así lo establezcan.

1.2.2  Los comportamientos y actividades materiales de las entidades.
Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo

2.1  Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.

2.2  Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo.

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1.  Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

2.  Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3.  Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4.  Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5.  Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

Artículo 4.- Forma de los actos administrativos

4.1  Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia.

4.2  El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente.

4.3  Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide.

4.4  Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes.

Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo

5.1  El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

5.2  En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

5.3  No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

5.4  El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1  La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2  Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

6.3  No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad,

contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

6.4 No precisan motivación los siguientes actos:

6.4.1  Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento.

6.4.2  Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros.

6.4.3  Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única.

Artículo 7.- Régimen de los actos de administración interna

7.1  Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista.

7.2  Las decisiones internas de mero trámite, pueden impartirse verbalmente por el órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las documentará por escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad de quien procede mediante la fórmula, “Por orden de …”.

CAPÍTULO II

Nulidad de los actos administrativos

Artículo 8.- Validez del acto administrativo

Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.

Artículo 9.- Presunción de validez

Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1.  La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2.  El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

3.  Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4.  Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1  Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2  La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3  La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

12.1  La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

12.2  Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa.

12.3  En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado.

Artículo 13.- Alcances de la nulidad

13.1  La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él.

13.2  La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

13.3  Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio.

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1  Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2  Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1  El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2  El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

14.2.3  El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4  Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo

hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto administrativo

Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son independientes de su validez.

CAPÍTULO III

Eficacia de los actos administrativos

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo

16.1  El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

16.2  El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo

17.1  La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.

17.2  También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.

Artículo 18.- Obligación de notificar

18.1  La notificación del acto será practicada de oficio y su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dictó.

18.2  La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de los Prefectos, Subprefectos y subalternos.

Artículo 19.- Dispensa de notificación

19.1  La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado.

19.2  También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el expediente.

Artículo 20.- Modalidades de notificación

20.1  Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este
respectivo orden de prelación:

20.1.1  Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2  Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

20.1.3  Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

20.2  La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

20.3  Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos.

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal

21.1  La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

21.2  En caso que el administrado no haya señalado domicilio, la autoridad debe agotar su búsqueda mediante los medios que se encuentren a su alcance, recurriendo a fuentes de información de las entidades de la localidad.

21.3  En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar así en el acta.

21.4  La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados

22.1  Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo sí actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.

22.2  Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados.

Artículo 23.- Régimen de publicación de actos administrativos

23.1 La publicación procederá conforme al siguiente orden:

23.1.1  En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido.

23.1.2  En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado:

-  Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada.

-  Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo.

23.2 La publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la notificación señalados en este capítulo; pero en el caso de publicar varios actos con elementos comunes, se podrá proceder en forma conjunta con los aspectos coincidentes, especificándose solamente lo individual de cada acto.

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación

24.1  Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a
partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener:

24.1.1  El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación.

24.1.2  La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado.

24.1.3  La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección.

24.1.4  La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía administrativa.

24.1.5  Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos.

24.1.6  La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos.

24.2  Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado practica
algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será
tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. (1)

Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones

Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas:

1.  Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas.

2.  Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos: el día que

conste haber sido recibidas.

3.  Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el Diario Oficial.

4.  Cuando por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última notificación.

Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el artículo 133 de la presente Ley.

Artículo 26.- Notificaciones defectuosas

26.1  En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado.

26.2  La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada.

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas

27.1  La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario.

27.2  También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad.

Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la administración

28.1  Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos.

28.2  Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente bajo el régimen de la notificación sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios.

28.3  Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la comunicación se le enviará copia informativa.

28.4  La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades, constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción.

TÍTULO II

Del procedimiento administrativo

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento.

Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática

31.1  En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

31.2  En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

31.3  Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor.

31.4  Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración.

Artículo 32.- Fiscalización posterior

32.1  Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado.

32.2  La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o

falsedad en la información, documentación o declaración presentadas. Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del Consejo de Ministros.

32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

Artículo 33.- Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo

Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:

1.  Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que mediante ella se transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio.

2.  Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo.

3.  Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos.

4.  Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica.

Artículo 34.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo

34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos:

34.1.1  Cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación.

34.1.2  Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos en el caso del numeral 2 del artículo anterior.

34.1.3  Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado.

34.1.4  Los procedimientos de inscripción registral.

34.1.5  Aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo.

34.2 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su TUPA, los procedimientos comprendidos en los numerales 34.1.1. y 34.1.4, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer significativamente el interés general.

Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa

El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

36.1  Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

36.2  Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.

36.3  Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente.

Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos

Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

2.  La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento.

3.  La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática.

4.  En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo.

5.  Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de pago. El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de curso legal.

6.  Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley.

7.  La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas.

8.  Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo.

El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia. Se precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable.

Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento.

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

38.1  El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

38.2  Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo.

38.3  El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor.

38.4  Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad.

38.5  Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 38.3.

38.6  Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública.

Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento

39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.

39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:

39.2.1  La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original.

39.2.2  Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido.

39.2.3  La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o fiscalización posterior.

Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar

40.1  Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la
documentación que la contenga:

40.1.1  Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

40.1.2  Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado.

40.1.3  Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados.

40.1.4  Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal o por razones de seguridad nacional. Los administrados tendrán libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas las fotografías, con excepción de los casos de digitalización de imágenes.

40.1.5  Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad. Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según corresponda.

40.1.6  Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.

40.1.7  Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles.

40.1.8  Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata.

40.2  Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para
presentar espontáneamente la documentación mencionada, de considerarlo conveniente.

Artículo 41.- Documentos

41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio:

41.1.1  Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable.

41.1.2  Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales.

41.1.3  Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita la entidad, en reemplazo de certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de viudez, de pérdida de documentos, entre otros.

41.1.4  Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas, en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, respectivamente.

41.1.5  Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, entre otros. Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma que regula los requisitos del procedimiento así lo exija.

41.1.6  Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la autoridad, en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el suministro de datos.

41.2  La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades.

41.3  Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma expresa disponga la presentación de documentos originales.

41.4  Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del administrado a presentar la documentación prohibida de exigir, en caso de ser considerado conveniente a su derecho.

Artículo 42.- Presunción de veracidad

42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.

42.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que los hayan expedido.

Artículo 43.- Valor de documentos públicos y privados

43.1  Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades.

43.2  La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que éstos, siempre que exista constancia de que es auténtico.

43.3  La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario, tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica.

Artículo 44.- Derecho de tramitación

44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento.

44.2  Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.

44.3  No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna.

44.4  No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.

44.5  La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los procedimientos administrativos si, como producto de su tramitación, se hubieren generado excedentes económicos en el ejercido anterior.

44.6  Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas se precisará los criterios y procedimientos para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación.

Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación

45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad.

Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de

Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.

45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento.

Artículo 46.- Cancelación de los derechos de tramitación

La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos.

Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos

47.1  Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo
autoriza.

Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitados por el administrado dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado el procedimiento administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la actuación o de todos los administrados, si el asunto fuera de interés común; teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el sustento de los gastos a reembolsar.

47.2  No existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo.

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo

La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema.

Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (2)(3)

La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para:

1.  Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información que requiera de éstas.

2.  Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley.

3.  Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y recomendar las modificaciones que considere pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación.

4.  En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros formulará las propuestas normativas requeridas para realizar las modificaciones que considere pertinentes y realizará las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

5.  Detectar los casos de duplicidad de los procedimientos administrativos en las distintas entidades y proponer las medidas necesarias para su corrección.

6.  Dictar Directivas de cumplimiento obligatorio tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley.

7.  Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública.

8.  Establecer los mecanismos para la recepción de denuncias y otros mecanismos de participación de la ciudadanía. Cuando dichas denuncias se refieran a asuntos de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, se inhibirá de conocerlas y las remitirá directamente a ésta.

9.  Aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción para el establecimiento de derechos de tramitación superiores a una (1) UIT.

10.  Otras que señalen los dispositivos correspondientes.

Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se dictarán las medidas reglamentarias y complementarias para la implementación de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente

Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1.  Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.

2.  Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto en cada caso por este Capítulo.

CAPÍTULO II

De los sujetos del procedimiento

Artículo 50.- Sujetos del procedimiento

Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a:

1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación

procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados

2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos.

Subcapítulo I

De los administrados

Artículo 51.- Contenido del concepto administrado

Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto:

1.  Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

2.  Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse.

Artículo 52.- Capacidad procesal

Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes.

Artículo 53.- Representación de personas jurídicas

Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes.

Artículo 54.- Libertad de actuación procesal

54.1  El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico.

54.2  Para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes respecto al procedimiento administrativo.

Artículo 55.- Derechos de los administrados

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes:

1.  La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso.

2.  Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados.

3.  Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley.

4.  Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características.

5.  A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

6.  Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad.

7.  Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.

8.  Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.

9.  Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés.

10.  A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.

11.  Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.

12.  A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente, y

13.  Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes.

Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

1.  Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

2.  Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

3.  Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

4.  Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Artículo 57.- Suministro de información a las entidades

57.1 Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento.

57.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la instrucción.

Artículo 58.- Comparecencia personal

58.1  Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley.

58.2  Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos.

58.3  A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada.

Artículo 59.- Formalidades de la comparecencia

59.1  El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo
siguiente:

59.1.1  El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente;

59.1.2  El objeto y asunto de la comparecencia;

59.1.3  Los nombres y apellidos del citado;

59.1.4  El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia;

59.1.5  La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y,

59.1.6  El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento.

59.2  La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados.

59.3  El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados.

Artículo 60.- Terceros administrados

60.1  Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.

60.2  Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley.

60.3  Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.

Subcapítulo II

De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa

61.1  La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.

61.2  Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.

Artículo 62.- Presunción de competencia desconcentrada

62.1  Cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común.

62.2  Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que consistan en la simple confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales como: certificaciones, inscripciones, remisiones al archivo, notificaciones, expedición de copias certificadas de documentos, comunicaciones o la devolución de documentos.

62.3  Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos.

Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa

63.1  Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo.

63.2  Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa.

63.3  La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva.

Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional

64.1  Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

64.2  Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.

Artículo 65.- Ejercicio de la competencia

65.1  El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley.

65.2  El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia.

65.3  No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las entidades consagradas en la Constitución.

Artículo 66.- Cambios de competencia por motivos organizacionales

Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es transferida a otro órgano o entidad administrativa por motivos organizacionales, en éste continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

Artículo 67.- Delegación de competencia

67.1  Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente.

67.2  Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación.

67.3  Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo los supuestos en que la ley permite la avocación.

67.4  Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta circunstancia y son considerados emitidos por la entidad delegante.

67.5  La delegación se extingue:

a)  Por revocación o avocación.

b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación.

Artículo 68.- Deber de vigilancia del delegante

El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia.

Artículo 69.- Avocación de competencia

69.1 Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la particular estructura de cada entidad.

69.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.

Artículo 70.- Disposición común a la delegación y avocación de competencia

Todo cambio de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su contenido referido a una serie de actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina. La decisión que se disponga deberá ser notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a la resolución que se dicte.

Artículo 71.- Encargo de gestión

71.1  La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia, o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma.

71.2  El encargo es formalizado mediante convenio, donde conste la expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la naturaleza y su alcance.

71.3  El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad.

71.4  Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las entidades a realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico y presupuestado lo haga aconsejable bajo los mismos términos previstos en este artículo, dicho encargo deberá realizarse con sujeción al Derecho Administrativo.

Artículo 72.- Delegación de firma

72.1  Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o aquellas que agoten la vía administrativa.

72.2  En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por aquél.

72.3  El delegado suscribe los actos con la anotación “por”, seguido del nombre y cargo del delegante.

Artículo 73.- Suplencia

73.1  El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquéllos.

73.2  El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen.

73.3  Si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los casos con carácter de interino.

Artículo 74.- Desconcentración

74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley.

74.2  Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados.

74.3  A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses.

74.4  Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo disposición legal distinta.

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:

1.  Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.

2.  Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley.

3.  Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.

4.  Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente.

5.  Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo.

6.  Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática.

7.  Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones.

8.  Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados.

9.  Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de preservar su eficacia.

Subcapítulo III

Colaboración entre entidades

Artículo 76.- Colaboración entre entidades

76.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley.

76.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:

76.2.1  Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales.

76.2.2  Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares.

76.2.3  Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones.

76.2.4  Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional

77.1  Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles.

77.2  Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral.

Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados.

77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación.

Artículo 78.- Ejecución de la colaboración entre autoridades

78.1  La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas propias de la autoridad solicitada.

78.2  La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la legalidad de lo solicitado y por el empleo de sus resultados. La autoridad solicitada responde de la ejecución de la colaboración efectuada.

Artículo 79.- Costas de la colaboración

79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa administrativa alguna. (4)

Subcapítulo IV

Conflictos de competencia y abstención

Artículo 80.- Control de competencia

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

Artículo 81.- Conflictos de competencia

81.1  La incompetencia puede ser declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo anterior o a instancia de los administrados, por el órgano que conoce del asunto o por el superior jerárquico.

81.2  En ningún caso, los niveles inferiores pueden sostener competencia con un superior debiéndole, en todo caso, exponer las razones para su discrepancia.

Artículo 82.- Declinación de competencia

82.1  El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.

82.2  El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a los administrados, comunicándolo al órgano competente.

Artículo 83.- Conflicto negativo de competencia

En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el conflicto.

Artículo 84.- Conflicto positivo de competencia

84.1  El órgano que se considere competente requiere de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el trámite.

84.2  En caso de sostener su competencia la autoridad requerida, remite lo actuado al superior inmediato para que dirima el conflicto.

Artículo 85.- Resolución de conflicto de competencia

En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro del plazo de cuatro días.

Artículo 86.- Competencia para resolver conflictos

86.1 Compete resolver los conflictos positivos o negativos de competencia de una misma entidad, al superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de la entidad.

86.2  Los conflictos de competencia entre autoridades de un mismo Sector son resueltos por el responsable de éste, y los conflictos entre otras autoridades del Poder Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada por las autoridades en ningún caso a los tribunales.

86.3  Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven conforme a lo que disponen la Constitución y las leyes.

Artículo 87.- Continuación del procedimiento

Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte competente para conocer el asunto continúa el procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente posible.

Artículo 88.- Causales de abstención

La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

1.  Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

2.  Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3.  Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

4.  Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

5.  Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

Artículo 89.- Promoción de la abstención

89.1  La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

89.2  Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.

Artículo 90.- Disposición superior de abstención

90.1  El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el Artículo 89 de la presente Ley.

90.2  En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

90.3  Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.

Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención

91.1  La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al administrado.

91.2  Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

Artículo 92.- Trámite de abstención

La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo.

Artículo 93.- Impugnación de la decisión

La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo contra la resolución final.

Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida

La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento, coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

Subcapítulo V

Órganos colegiados

Artículo 95.- Régimen de los órganos colegiados

Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, el funcionamiento interno de los órganos colegiados, permanentes o temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participen representantes de organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales.

Artículo 96.- Autoridades de los órganos colegiados

96.1 Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un Presidente, a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un Secretario, a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del cargo.

96.2  A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, los cargos indicados son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus integrantes, por mayoría absoluta de votos.

96.3  En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter provisional por los suplentes o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros.

Artículo 97.- Atribuciones de los miembros

Corresponde a los miembros de los órganos colegiados:

1.  Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la agenda conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de manera que puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas.

2.  Participar en los debates de las sesiones.

3.  Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular, así como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede ser realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente.

4.  Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda, y formular preguntas durante los debates.

5.  Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano colegiado.

Artículo 98.- Régimen de las sesiones

98.1  Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde.

98.2  La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al Presidente y debe ser notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación prudencial, salvo las sesiones de urgencia o periódicas en fecha fija, en que podrá obviarse la convocatoria.

98.3  No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de convocatoria u orden del día, cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por unanimidad iniciar la sesión.

98.4  Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado y aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo sobre ello.

Artículo 99.- Quórum para sesiones

99.1  El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes.

99.2  Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte del número legal de sus miembros, y en todo caso, en número no inferior a tres.

99.3  Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no ser posible

indicarlo en la misma sesión, la Presidencia convoca la fecha de reinicio notificando a todos los miembros con antelación prudencial.

Artículo 100.- Quórum para votaciones

100.1  Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate.

100.2  Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen. El Secretario hará constar este voto en el acta junto con la decisión adoptada.

100.3  En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al acuerdo mayoritario se acompaña el voto singular que hubiere.

Artículo 101.- Obligatoriedad del voto

101.1  Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar.

101.2  Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito.

Artículo 102.- Acta de sesión

102.1  De cada sesión es levantada un acta, que contiene la indicación de los asistentes, así como del lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de deliberación, cada acuerdo por separado, con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión adoptada y su fundamento.

102.2  El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante el Secretario certificar los acuerdos específicos ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución inmediata de lo acordado.

102.3  Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el Secretario, el Presidente, por quienes hayan votado singularmente y por quienes así lo soliciten.

CAPÍTULO III

Iniciación del procedimiento

Artículo 103.- Formas de iniciación del procedimiento

El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado.

Artículo 104.- Inicio de oficio

104.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia.

104.2  El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos a la presunción de veracidad. La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

104.3  La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público.

Artículo 105.- Derecho a formular denuncias

105.1  Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contratos al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.

105.2  La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación.

105.3  Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa

106.1  Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

106.2  El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

106.3  Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.

Artículo 107.- Solicitud en interés particular del administrado

Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

Artículo 108.- Solicitud en interés general de la colectividad

108.1  Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad.

108.2  Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el

cumplimiento de los principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos.

Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa

109.1  Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

109.2  Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral.

109.3  La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo.

Artículo 110.- Facultad de solicitar información

110.1  El derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la Ley.

110.2  Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía.

Artículo 111.- Facultad de formular consultas

111.1  El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad.

111.2  Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella.

Artículo 112.- Facultad de formular peticiones de gracia

112.1  Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés particular.

112.2  Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación.

112.3  Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución.

Artículo 113.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.

2.  La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.

3.  Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

4.  La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

5.  La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.

6.  La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.

7.  La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

Artículo 114.- Copias de escritos

114.1   El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible,
salvo que fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es devuelta al
administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar
de presentación.

114.2   El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original.
Artículo 115.- Representación del administrado

115.1  Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

115.2  Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

115.3  El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley.

Artículo 116.- Acumulación de solicitudes

116.1  En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente.

116.2  Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o alternativos.

116.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si fueren separables, o en su defecto disponer el abandono del procedimiento.

Artículo 117.- Recepción documental

117.1  Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen.

117.2  Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros órganos o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos respetando su orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios.

117.3  Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando su integración a un sistema único de trámite documentado.

117.4  También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad.

Artículo 118.- Reglas para celeridad en la recepción

Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción personal de los escritos de los administrados y evitar su aglomeración:

1.  La puesta en vigencia de programas de racionalización del tiempo de atención por usuario y la mayor provisión simultánea de servidores dedicados exclusivamente a la atención de los usuarios.

2.  El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o modelo de documentos.

3.  Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público, a fin de adaptarlo a las formas previstas en el Artículo 137.

4.  Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las medidas preventivas para evitarla.

5.  Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios suministrar directamente su información, tendiendo al empleo de niveles avanzados de digitalización.

Artículo 119.- Reglas generales para la recepción documental

Los escritos que los administrados dirigen a las entidades pueden ser presentados de modo personal o a través de terceros, ante las unidades de recepción de:

1. Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos.

2. Los órganos desconcentrados de la entidad.

3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en la circunscripción correspondiente.

4.  En las oficinas de correo, en la manera expresamente prevista en esta Ley.

5.  En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, tratándose de administrados residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a la entidad competente, con indicación de la fecha de su presentación.

Artículo 120.- Presentación mediante correo certificado

120.1  Los administrados pueden remitir sus escritos, con recaudos completos, mediante correo certificado con acuse de recibo a la entidad competente, la que consigna en su registro el número del certificado y la fecha de recepción.

120.2  El administrado exhibe al momento de su despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito como en el sobre.

120.3  En caso de duda, debe estarse a la fecha del sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a la fecha de recepción por la entidad.

120.4  Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales.

Artículo 121.- Recepción por medios alternativos

121.1  Los administrados que residan fuera de la provincia donde se ubica la unidad de recepción de la entidad competente pueden presentar los escritos dirigidos a otras dependencias de la entidad por intermedio del órgano desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio.

121.2  Cuando las entidades no dispongan de servicios desconcentrados en el área de residencia del administrado, los escritos pueden ser presentados en las oficinas de las autoridades políticas del Ministerio del Interior del lugar de su domicilio.

121.3  Dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes, dichas unidades remiten lo recibido a la autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo a su alcance, indicando la fecha de su presentación.

Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa

Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones presentados a través del correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cualquiera de las dependencias señaladas.

Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos a distancia

123.1  Los administrados pueden solicitar que el envío de información o documentación que le corresponda recibir dentro de un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como correo electrónico o facsímil.

123.2  Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, las entidades facilitan su empleo para la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los administrados.

123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se

le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o facsímil. Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción

124.1  Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión.

124.2  Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos acompañados y de la copia presentada. Como constancia de recepción, es entregada la copia presentada diligenciada con las anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de otras modalidades adicionales, que por razón del trámite sea conveniente extender.

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada

125.1  Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.

125.2  La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición.

125.3  Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas:

125.3.1  No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el recurso.

125.3.2  No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso.

125.3.3  La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento.

125.4   Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no
presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se
apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese
abonado.

Artículo 126.- Subsanación documental

126.1  Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación opera a partir de la subsanación.

126.2  Si el administrado subsanara oportunamente las omisiones o defectos indicados por la entidad, y el escrito o formulario fuera objetado nuevamente debido a presuntos nuevos defectos, o a omisiones existentes desde el escrito inicial, el solicitante puede, alternativa o complementariamente, presentar queja ante el superior, o corregir sus documentos conforme a las nuevas indicaciones del funcionario.

Artículo 127.- Régimen de fedatarios

Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a continuación:

1.  Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados.

2.  El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregados como prueba. También pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario.

3.  En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar, la oficina de trámite documentario consulta al administrado la posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido éste, devuelve al administrado los originales mencionados.

4.  La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario.

Artículo 128.- Potestad administrativa para autenticar actos propios

La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido.

Artículo 129.- Ratificación de firma y del contenido de escrito

129.1  En caso de duda sobre la autenticidad de la firma del administrado o falta de claridad sobre los extremos de su petición, como primera actuación, la autoridad puede notificarlo para que dentro de un plazo prudencial ratifique la firma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la continuación del procedimiento.

129.2  La ratificación puede hacerla el administrado por escrito o apersonándose a la entidad, en cuyo caso se levantará el acta respectiva, que es agregada al expediente.

129.3  Procede la mejora de la solicitud por parte del administrado, en los casos a que se refiere este artículo.

Artículo 130.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes

130.1  Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la receptora debe remitirla a aquella que considere competente, comunicando dicha decisión al administrado.

130.2  Si la entidad aprecia su incompetencia pero no reúne certeza acerca de la entidad competente, notificará dicha situación al administrado para que adopte la decisión más conveniente a su derecho.

CAPÍTULO IV

Plazos y Términos Artículo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos

131.1  Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna.

131.2  Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3  Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

1.  Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del mismo día de su presentación.

2.  Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días.

3.  Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.

4.  Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados.

Artículo 133.- Inicio de cómputo

133.1  El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

133.2  El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

Artículo 134.- Transcurso del plazo

134.1  Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

134.2  Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

134.3  Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

Artículo 135.- Término de la distancia

135.1   Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el
término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio
nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la
respectiva actuación.

135.2   El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.
Artículo 136.- Plazos improrrogables

136.1  Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2  La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

136.3  La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

Artículo 137.- Régimen para días inhábiles

137.1  El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

137.2  Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

137.3  Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

Artículo 138.- Régimen de las horas hábiles

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.

3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su

desarrollo por razones personales.

4.  El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.

5.  Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.

6.  En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

Artículo 139.- Cómputo de días calendario

139.1  Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

139.2  Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

Artículo 140.- Efectos del vencimiento del plazo

140.1  El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2  Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3  El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4  La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

Artículo 141.- Adelantamiento de plazos

La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

CAPÍTULO V

Ordenación del Procedimiento

Artículo 144.- Unidad de vista

Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales.

Artículo 145.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

Artículo 146.- Medidas cautelares

146.1  Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.

146.2  Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.

146.3  Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

146.4  No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.

Artículo 147.- Cuestiones distintas al asunto principal

147.1  Las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación del procedimiento sobre extremos distintos al asunto principal, no suspenden su avance, debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, salvo disposición expresa en contrario de la ley.

147.2  Tales cuestiones, para que se sustancien conjuntamente con el principal, pueden plantearse y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este momento, se pueden hacer valer exclusivamente en el recurso.

147.3  Cuando la ley dispone una decisión anticipada sobre las cuestiones, para efectos de su impugnación, la resolución dictada en estas condiciones se considera provisional en relación con el acto final.

147.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la instancia.

Artículo 148.- Reglas para la celeridad

Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas:

1.  En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio.

2.  En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales.

3.  Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, debe consignarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa.

4.  En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio por la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con conocimiento de los administrados.

5.  Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente.

6.  La autoridad competente, para impulsar el procedimiento, puede encomendar a algún subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de impulso, o solicitar la colaboración de otra autoridad para su realización. En los órganos colegiados, dicha acción debe recaer en uno de sus miembros.

7.  En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su pretensión.

Artículo 149.- Acumulación de procedimientos

La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión.

Artículo 150.- Regla de expediente único

150.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver.

150.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único

expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho de los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los documentos pertinentes.

Artículo 151.- Información documental

Los documentos, actas, formularios y expedientes administrativos, se uniforman en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales.

Artículo 152.- Presentación externa de expedientes

152.1  Los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, formando cuerpos correlativos que no excedan de doscientos folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad.

152.2  Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su tramitación. Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su agregación y su cantidad de fojas.

Artículo 153.- Intangibilidad del expediente

153.1  El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez que hayan sido firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas.

153.2  Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo constancia del instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en el lugar correspondiente, con la foliatura respectiva.

153.3  Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de la materia.

153.4  Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal Civil.

Artículo 154.- Empleo de formularios

154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática.

154.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean autorizadas previamente.

Artículo 155.- Modelos de escritos recurrentes

155.1  A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de empleo más recurrente en sus servicios.

155.2  En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice.

Artículo 156.- Elaboración de actas

Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas en un acta, cuya elaboración seguirá las siguientes reglas:

1.  El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación.

2.  Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la autoridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión final.

Artículo 157.- Medidas de seguridad documental

Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental:

1.  Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que interviene.

2.  Guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de información sobre los actos, acuse de recibo y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las diligencias, con la certificación del instructor sobre su debido cumplimiento.

3.  En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad, con la responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente.

4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente.
Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación

158.1  En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2  La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3  En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4  La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5  En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.

CAPÍTULO VI

Instrucción del Procedimiento

Artículo 159.- Actos de instrucción

159.1  Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias.

159.2  Queda prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto, según su naturaleza.

Artículo 160.- Acceso a la información del expediente

160.1  Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del Artículo 20 de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente.

160.2  El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental.

Artículo 161.- Alegaciones

161.1  Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.

161.2  En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de gravamen para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo.

Artículo 162.- Carga de la prueba

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

Artículo 163.- Actuación probatoria

163.1  Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios.

163.2  La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora.

163.3  Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución definitiva.

Artículo 164.- Omisión de actuación probatoria

Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución.

Artículo 165.- Hechos no sujetos a actuación probatoria

No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior.

Artículo 166.- Medios de prueba

Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede:

1.  Recabar antecedentes y documentos.

2.  Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.

3.  Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones por escrito.

4.  Consultar documentos y actas.

5.  Practicar inspecciones oculares.

Artículo 167.- Solicitud de documentos a otras autoridades

167.1 La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabará de las autoridades directamente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que

estime conveniente para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente.

167.2 Cuando la solicitud sea formulada por el administrado al instructor, deberá indicar la entidad donde obre la documentación y, si fuera de un expediente administrativo obrante en otra entidad, deberá acreditar indubitablemente su existencia.

Artículo 168.- Presentación de documentos entre autoridades

168.1  Los documentos y antecedentes a que se refiere el artículo anterior deben ser remitidos directamente por quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días, si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de cinco, en los demás casos.

168.2  Si la autoridad requerida considerase necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder de diez días.

Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados

169.1  La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento.

169.2  Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, cuando la sujeción implique: la violación al secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado, o afecte los derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad.

169.3  El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad conforme a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución.

Artículo 170.- Normativa supletoria

En lo no previsto en este apartado la prueba documental se regirá por los artículos 40 y 41 de la presente Ley.

Artículo 171.- Presunción de la calidad de los informes

171.1  Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes.

171.2  Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley.

Artículo 172.- Petición de informes

172.1  Las entidades sólo solicitan informes que sean preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento.

172.2  La solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente, y que tal situación no pueda ser dilucidada por el

propio instructor.

172.3 El informante, dentro de los dos días de recibida, podrá devolver sin informe todo expediente en el que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando se aprecie que sólo se requiere confirmación de otros informes o de decisiones ya adoptadas.

Artículo 173.- Presentación de informes

173.1  Toda autoridad, cuando formule informes o proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los cursos de acción a seguir, cuando estos correspondan, suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo.

173.2  El informe o dictamen no incorpora a su texto el extracto de las actuaciones anteriores ni reitera datos que obren en expediente, pero referirá por su folio todo antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución.

Artículo 174.- Omisión de informe

174.1  De no recibirse el informe en el término señalado, la autoridad podrá alternativamente, según las circunstancias del caso y relación administrativa con el informante: prescindir del informe o citar al informante para que en fecha única y en una sesión, a la cual puede asistir el administrado, presente su parecer verbalmente, de la cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario culpable de la demora.

174.2  La Ley puede establecer expresamente en procedimientos iniciados por los administrados que de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se entienda que no existe objeción técnica o legal al planteamiento sometido a su parecer.

174.3  El informe presentado extemporáneamente puede ser considerado en la correspondiente resolución.

Artículo 175.- Testigos

175.1  El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora fijados. Si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio.

175.2  La administración puede interrogar libremente a los testigos y, en caso de declaraciones contradictorias, podrá disponer careos, aun con los administrados.

Artículo 176.- Peritaje

176.1  Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse.

176.2  La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin, preferentemente entre las facultades de las universidades públicas.

Artículo 177.- Actuación probatoria de autoridades públicas

Las autoridades de entidades no prestan confesión, salvo en procedimientos internos de la administración; sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos probatorios en calidad de

testigos, informantes o peritos, si fuere el caso.

Artículo 178.- Gastos de actuaciones probatorias

En el caso de que la actuación de pruebas propuestas por el administrado importe la realización de gastos que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con cargo a la liquidación final que el instructor practicará documentadamente al administrado, una vez realizada la probanza.

Artículo 179.- Actuaciones probatorias que afecten a terceros

Los terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus derechos constitucionales.

Artículo 180.- Proyecto de resolución

Cuando fueren distintos la autoridad instructora de la competente para resolver, la instructora prepara un informe final en el cual recogerá los aspectos más relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen del contenido de la instrucción, análisis de la prueba instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de resolución.

CAPÍTULO VII

Participación de los administrados

Artículo 181.- Administración abierta

Además de los medios de acceso a la participación en los asuntos públicos establecidos por otras normas, en la instrucción de los procedimientos administrativos las entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo sobre la audiencia a los administrados y el período de información pública.

Artículo 182.- Audiencia pública

182.1  Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida directamente sobre servicios públicos.

182.2  En la audiencia pública cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación especial está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la evidencia actuada. No procede formular interpelaciones a la autoridad en la audiencia.

182.3  La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto administrativo final que se dicte.

182.4  El vencimiento del plazo previsto en el artículo 142 de esta Ley, sin que se haya llevado a cabo la audiencia pública, determina la operatividad del silencio administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades obligadas a su convocatoria.

Artículo 183.- Convocatoria a audiencia pública

La convocatoria a audiencia pública debe publicarse en el Diario Oficial o en uno de los medios de comunicación de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto, con una anticipación no menor de tres (3) días a su realización, debiendo indicar: la autoridad convocante, su objeto, el día, lugar y hora de realización, los plazos para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono de la entidad convocante, dónde se puede realizar la inscripción, se puede acceder a mayor información del asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones.

Artículo 184.- Desarrollo y efectos de la audiencia pública

184.1  La comparecencia a la audiencia no otorga, por sí misma, la condición de participante en el procedimiento.

184.2  La no asistencia a la audiencia no impide a los legitimados en el procedimiento como interesados, a presentar alegatos, o recursos contra la resolución.

184.3  Las informaciones y opiniones manifestadas durante la audiencia pública, son registradas sin generar debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad.

184.4  La autoridad instructora debe explicitar, en los fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones para su desestimación.

Artículo 185.- Período de información pública

185.1  Cuando sea materia de decisión de la autoridad, cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente que la participación de terceros no determinados pueda coadyuvar a la comprobación de cualquier estado, información o de alguna exigencia legal no evidenciada en el expediente por la autoridad, el instructor abre un período no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles para recibir -por los medios más amplios posibles- sus manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el procedimiento.

185.2  El período de información pública corresponde ser convocado particularmente antes de aprobar normas administrativas que afecten derechos e intereses ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general, y para designar funcionarios en cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo cuando se exija como condición expresa poseer conducta intachable o cualquier circunstancia análoga.

185.3  La convocatoria, desarrollo y consecuencias del período de información pública se sigue en lo no previsto en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de audiencia pública.

CAPÍTULO VIII

Fin del Procedimiento

Artículo 186.- Fin del procedimiento

186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

186.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

Artículo 187.- Contenido de la resolución

187.1  La resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Ley.

187.2  En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo

188.1  Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento.

188.2  El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la presente Ley.

188.3  El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.

188.4  Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.

188.5  El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión.

189.1  El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.

189.2  El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

189.3  El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.

189.4  El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.

189.5  El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la instancia.

189.6  La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento.

Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos

190.1  El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.

190.2  Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo formuló.

Artículo 191.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrado

En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes.

CAPÍTULO IX

Ejecución de resoluciones

Artículo 192.- Ejecutoriedad del acto administrativo

Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.

Artículo 193.- Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

193.1   Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y
ejecutoriedad en los siguientes casos:

193.1.1  Por suspensión provisional conforme a ley.

193.1.2  Cuando transcurridos cinco años de adquirido firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos.

193.1.3  Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley.

193.2   Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la
pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa
por la autoridad inmediata superior, de existir, previo informe legal sobre la materia.

Artículo 194.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad.

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro.

3.  Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad.

4.  Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

5.  Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución.

Artículo 195.- Notificación de acto de inicio de ejecución

195.1  La decisión que autorice la ejecución administrativa será notificada a su destinatario antes de iniciarse la misma.

195.2  La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente a la notificación del acto ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir espontáneamente la prestación a su cargo.

Artículo 196.- Medios de ejecución forzosa

196.1   La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de
razonabilidad, por los siguientes medios:

a)  Ejecución coactiva

b) Ejecución subsidiaria

c)  Multa coercitiva

d) Compulsión sobre las personas

196.2  Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

196.3  Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 197.- Ejecución coactiva

Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia.

Artículo 198.- Ejecución subsidiaria

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado:

1.  En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado.

2.  El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, o reservarse a la liquidación definitiva.

Artículo 199.- Multa coercitiva

199.1   Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la
entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas
por períodos suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a)  Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente.

c)  Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

199.2  La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal
carácter y compatible con ellas.

Artículo 200.- Compulsión sobre las personas

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución Política.

Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular judicialmente.

TÍTULO III

De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa

CAPÍTULO I

Revisión de Oficio

Artículo 201.- Rectificación de errores

201.1  Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

201.2  La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

Artículo 202.- Nulidad de oficio

202.1  En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.

202.2  La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario.

202.3  La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

202.4  En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.

202.5  Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, no pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio. Sólo procede demandar su nulidad ante el Poder Judicial, vía el proceso contencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes a contar desde la fecha en que el acto quedó firme.

Artículo 203.- Revocación

203.1  Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

203.2  Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos:

203.2.1  Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma.

203.2.2  Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada.

203.2.3  Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.

203.3   La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar
sus alegatos y evidencia en su favor.

Artículo 204.- lrrevisabilidad de actos judicialmente confirmados

No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme.

Artículo 205.- Indemnización por revocación

205.1  Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa.

205.2  Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.

CAPÍTULO II

Recursos Administrativos

CONCORDANCIA:     { HYPERLINK

http://www.minjus.gob.pe/LEGCARGEN/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=1937451d.4a2f0a0b.0.0&nid=1abc5” \l “JD_DSDS009-2005-ED31″ }

Artículo 206.- Facultad de contradicción

206.1  Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente.

206.2  Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.

206.3  No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1   Los recursos administrativos son:

a)  Recurso de reconsideración

b) Recurso de apelación

c)  Recurso de revisión

207.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

Artículo 208.- Recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

Artículo 209.- Recurso de apelación

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Artículo 210.- Recurso de revisión

Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Artículo 211.- Requisitos del recurso

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

Artículo 213.- Error en la calificación

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

Artículo 214.- Alcance de los recursos

Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente.

Artículo 215.- Silencio administrativo en materia de recursos

El silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por el numeral 34.1.2 del Artículo 34 e inciso 2) del Artículo 33 de la presente Ley.

Artículo 216.- Suspensión de la ejecución

216.1  La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

216.2  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

216.3  La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido.

216.4  Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada.

216.5  La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió.

Artículo 217.- Resolución

217.1  La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

217.2  Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa

218.1  Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

218.2  Son actos que agotan la vía administrativa:

a)  El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o

b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica; o

c)  El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 210 de la presente Ley; o

d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los Artículos 202 y 203 de esta Ley; o

e)  Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales.

TÍTULO IV

De los procedimientos especiales

CAPÍTULO I

Procedimiento trilateral

Artículo 219.- Procedimiento trilateral

219.1  El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la presente Ley.

219.2  La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será designada como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como “reclamado”.

Artículo 220.- Marco legal

El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en lo demás por lo previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter supletorio.

Artículo 221.- Inicio del procedimiento

221.1  El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una reclamación o de oficio.

221.2  Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia.

221.3  Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del reclamado a fin de que éste presente su descargo.

Artículo 222.- Contenido de la reclamación

222.1  La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

222.2  La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.

222.3  La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos.

Artículo 223.- Contestación de la reclamación

223.1  El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas.

223.2  Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica y son resueltas con la resolución final.

223.3  En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del plazo establecido, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, la entrega de la contestación luego del vencimiento del plazo.

223.4  Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una replica alegando violaciones a la legislación respectiva, dentro de la competencia del organismo correspondiente de la entidad. La presentación de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige por las reglas para la presentación y contestación de reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos administrativos de trámite.

Artículo 224.- Prohibición de responder a las contestaciones

La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida.

Artículo 225.- Pruebas

Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 162 a 180 de la presente Ley, la administración sólo puede prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas.

Artículo 226.- Medidas cautelares

226.1  En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 146.

226.2  Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa prevista en los Artículos 192 al 200 de esta Ley.

226.3  Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la notificación de la resolución que dicta la medida. Salvo disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar.

La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha de la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un plazo de cinco (5) días.

Artículo 227.- Impugnación

227.1  Contra la resolución final recaída en un procedimiento trilateral expedida por una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo procede la interposición del recurso de apelación. De no existir superior jerárquico, sólo cabe plantear recurso de reconsideración.

227.2  La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada dentro de los quince (15) días de producida la notificación respectiva. El expediente respectivo deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados desde la fecha de la concesión del recurso respectivo.

227.3  Dentro de los quince (15) días de recibido el expediente por el superior jerárquico se correrá traslado a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días para la absolución de la apelación.

227.4  Con la absolución de la otra parte o vencido el plazo a que se refiere el artículo precedente, la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y hora para la vista de la causa que no podrá realizarse en un plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que se notifique la absolución de la apelación a quien la interponga.

227.5  La administración deberá emitir resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de realización de la audiencia.

Artículo 228.- Conciliación o transacción extrajudicial

228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos de los administrados que importen una transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en el procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa.

228.2  Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia.

228.3  Al aprobar los acuerdos a que se refiere el numeral 228.1, la autoridad podrá continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general.

CAPÍTULO II

Procedimiento Sancionador

Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este Capítulo

229.1  Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2  En las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con carácter supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.

Subcapítulo I

De la Potestad Sancionadora

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1.  Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

2.  Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.

3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.

4.  Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.

5.  Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

6.  Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

7.  Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

8.  Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

9.  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

10.  Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una
sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto,
hecho y fundamento.

Artículo 231.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad

232.1  Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente.

232.2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.

Artículo 233.- Prescripción

233.1  La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada.

233.2  El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado.

233.3  Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.

Subcapítulo II

Ordenamiento del Procedimiento Sancionador

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

1.  Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad lo permita.

2.  Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.

3.  Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

4.  Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del Artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

Artículo 235.- Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones:

1.  El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

2.  Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

3.  Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

4.  Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

Artículo 236.- Medidas de carácter provisional

236.1  La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el Artículo 146 de esta Ley.

236.2  Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

236.3  El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensarán, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

Artículo 237.- Resolución

237.1  En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

237.2  La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva.

237.3  Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

TÍTULO V

De la responsabilidad de la administración pública y del personal

a su servicio

CAPÍTULO I

Responsabilidad de la administración pública

Artículo 238.- Disposiciones Generales

238.1  Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración.

238.2  La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización.

238.3  El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.

238.4  Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

238.5  La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo.

238.6  Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.

CAPÍTULO II

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública

Artículo 239.- Faltas administrativas

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1.  Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

2.  No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

3.  Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

4.  Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

5.  Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

6.  No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

7.  Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

8.  Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9.  Incurrir en ilegalidad manifiesta.

10.  Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se
refiere el numeral 160.1 de esta Ley.

Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.

Artículo 240.- Criterios para la aplicación de sanciones.

Las demás faltas incurridas por las autoridades y personal a su servicio con respecto de los administrados no previstas en el artículo anterior serán sancionadas considerando el perjuicio ocasionado a los administrados, la afectación al debido procedimiento causado, así como la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializada sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.

Artículo 241.- Restricciones a ex autoridades de las entidades

241.1   Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese
alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció:

241.1.1  Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad.

241.1.2  Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad.

241.1.3  Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación.

241.2  La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de
comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad
por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo.

Artículo 242.- Registro de sanciones

La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta designe organiza y conduce en forma permanente un Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al servicio de la entidad, independientemente de su régimen laboral o contractual, con el objeto de impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años.

Artículo 243 .- Autonomía de responsabilidades

243.1  Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.

243.2  Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.

“Artículo 244.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función(5)

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido.

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Referencias a esta Ley

Las referencias a las normas de la presente Ley se efectuarán indicando el número del artículo seguido de la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo General”.

SEGUNDA.- Prohibición de reiterar contenidos normativos

Las disposiciones legales posteriores no pueden reiterar el contenido de las normas de la presente Ley, debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse a regular aquello no previsto.

TERCERA.- Integración de procedimientos especiales

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales.

CUARTA.- Vigencia de la presente Ley

1.  Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

2.  La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será impedimento para su vigencia y exigibilidad.

QUINTA.- Derogación genérica

Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan, regulando procedimientos administrativos de índole general, aquellos cuya especialidad no resulte justificada por la materia que rijan, así como por absorción aquellas disposiciones que presentan idéntico contenido que algún precepto de esta Ley.

SEXTA.- Derogación expresa

Particularmente quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes normas:

1.  El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111, el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-94-JUS y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

2.  Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplificación Administrativa, y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 26979, denominada Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

SÉTIMA.- Referencias a dispositivos derogados

Las referencias contenidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, a la Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto Legislativo N° 757 que quedan derogadas en virtud de la presente norma, se entienden sustituidas por ésta para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras atribuciones de competencia contenidas en dicho artículo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Regulación transitoria

1.  Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión.

2.  No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la presente Ley que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la administración, así como su Título Preliminar.

3.  Los procedimientos especiales iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en la tercera disposición transitoria se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación, hasta la aprobación de la modificación correspondiente, en cuyo caso los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regulan por la citada normativa de adecuación.

SEGUNDA.- Plazo para la adecuación de procedimientos especiales

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, se llevará a efecto la adecuación de las normas de los entes reguladores de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con el fin de lograr una integración de las normas generales supletoriamente aplicables.

TERCERA.- Plazo para la aprobación del TUPA

Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente Ley, en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.

CUARTA.- Régimen de fedatarios

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la presente Ley, cada entidad podrá elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas con el desempeño de las funciones de fedatario.

QUINTA.- Difusión de la presente Ley

Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, deberán realizar acciones de difusión, información y capacitación del contenido y alcances de la presente Ley a favor de su personal y del público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, afiches u otros medios que aseguren la adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones de información, difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público usuario.

Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) meses de publicada la presente Ley,

deberán informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil uno

CARLOS FERRERO

Presidente a.i. del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de abril del año dos mil uno.

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR

Presidente del Consejo de Ministros

DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE

Ministro de Justicia

 

Por: Ricardo Ayala Gordillo

Polito nos consulta:

Presenté un recurso de reconsideración a la O.N.P,  quisiera saber cuanto tiempo dura o en cuanto tiempo sale el resultado…hay un tiempo limite?

gracias

Apreciado Polito:

Aunque no precisas sobre que procedimiento has planteado la reconsideración, de acuerdo al TUPA de la ONP, deberían resolver en 30 días hábiles (no se cuenta sábados, domingos ni feriados) plazo igual al previsto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Si no has obtenido respuesta dentro de ese plazo, el día 31 puedes o limitarte a esperar hasta cuando finalmente ellos decidan contestarte o bien, interponer Recurso de Apelación contra la “denegatoria ficta”, nombre que recibe en estos casos cuando al no resolver tu recurso dentro del plazo de Ley, se presume denegada tu reconsideración.

En la práctica, hay casos en los cuales demoran hasta meses o años para resolver un recurso.

Gracias por escribir

………

¿Cual de nosotros en algunas ocasiones no hemos oído o dicho una cosa por otra?

Eso suele ocurrir, en ocasiones, cuando queriendo estar informados sobre algún procedimiento administrativo,  el empleado que, con premura nos atiende, da la respuesta  puntual añadiendo, el resto de la información  véalo en el TUPA.

Como no todos los usuarios de la administración pública estamos familiarizados con tal nombrecito, algunos anotamos TUPAC  en la creencia que así se nos dijo.

No faltará quien se echa a preguntar donde encontrar al funcionario que nos dará el resto de la información, descendiente del cuzqueño José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como “Túpac Amaru II”, que en el siglo XVIII lideró la mayor rebelión indígena anticolonial que se dió en América, cuya figura durante el régimen velasquista de los 70  fuera difundida como identidad nacional.

Tamaña confusión en el nombre correcto de tal nombre no solo es privilegio de algunos usuarios, en ocasiones, también lo hemos oído de algunos empleados públicos.

En realidad, TUPA es una sigla con la cual se abrevia el siguiente nombre de uno de los mas importantes documentos que, por Ley, deben contar todas las entidades públicas, siendo exigible por Ley también su difusión  y exhibición visibe como en el respectivo portal electrónco de cada entidad:

Texto

Unico de

Procedimientos

Administrativo

El TUPA nos resuelve la mayoría de las preguntas cotidianas que necesitamos cuando requerimos realizar un trámite o procedimiento administrativo: como, cuando, donde, que requisitos debo presentar, cuanto pagar o no, cuanto tiempo demora, a que autoridad debo dirigir mi solicitud, que  hacer si no me atiende

Para acceder al TUPA en estos tiempos, no tienes necesariamente que ir hasta la misma entidad, basta con ingresar a INTERNET desde tu casa o una cabina pública y en el buscador de tu elección pones:

“ TUPA del Ministerio de …..” o bien

“TUPA de la Municipalidad de ……”, etc.

Si no dominas aún este medio, pídele apoyo a quien tus familiares o a quien  atiende en las cabinas.

El TUPA no es elaborado al arbitrio de cada entidad pues requiere ser aprobado anualmente por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Decreto Supremo, lo cual rodea de LEGALIDAD sus actos, consecuentemente, sus disposiciones obligan a la entidad, le señalan el límite de sus atribuciones.

El incumplimiento de los requisitos por parte de los administrados dará lugar al requerimiento por parte de  la entidad para que subsanes lo omitido cuando sea el caso, o al rechazo de la solicitud y franquea la oportunidad que quien se considere afectado interponga los correspondientes RECURSOS IMPUGNATORIOS allí previstos.

La presentación de declaraciones juradas o documentos falsos es susceptible de dar lugar a la correspondiente nulidad del acto como a la acción penal contra quien intentó u obtuvo provecho de ella.

El incumplimiento de las formalidades o plazos por parte de la entidad, puede dar lugar a los reclamos y acciones administrativas ante la misma entidad o entidades superiores cuando corresponda como a que el agraviado pudiera accionar ante la fiscalía o judicialmente contra la entidad.

El TUPA es regulado en primer orden por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la cual se establece entre otros.

     Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 29060, Art. 9

36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente.

CONCORDANCIAS:     COMUNICADO PCM
D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7

     Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos

Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento.

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática.

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo.

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de curso legal.

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley.

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas.

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo.

El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable.

Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 062-2009-PCM (Decreto Supremo que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece
precisiones para su aplicación)

     Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

     38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.6

38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor.(*)

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29091, publicada el 26 septiembre 2007, la misma que de conformidad con su Segunda Disposición Final, entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo que aprueba su reglamento, cuyo texto es el siguiente:

38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE, y en el Portal Institucional.

38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad.

38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 38.3.

CONCORDANCIA:     D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7

38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública.

 

Ahora puedes comparar tu procedimiento con lo previsto en el respectivo TUPA. Si tienes dudas puedes consultarme.

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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28 de Diciembre  2010, Lima PERU

Categoría : Procedimiento Administrativo General

 

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

A propósito de la cercanía de transferencias, entregas de cargos y pedidos de auditorías.

¿Sabes cómo reaccionaria un servidor o funcionario público al conocer que sus superiores, directamente o a través de terceros, lo van a investigar o auditar?

Las reacciones, suelen ser diversas.

Por lo usual, no siempre son adecuadamente asimiladas.

Los menos pueden ser totalmente indiferentes, esencialmente, si saben que su proceder ha sido correcto y transparente.

Para la mayoría, en cambio, ocurre todo un trastocamiento que puede evidenciarse y afectar desde su rendimiento laboral hasta su interrelación personal y familiar o en su salud física o mental.

Si esta afectación es mayúscula cuando le abren proceso administrativo disciplinario, ¿se imaginan lo terrible que puede ser  si le imponen una sanción?

Y, como tomará si de las 4 sanciones que prevé el D.Leg. 276 (amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal  sin goce de haber y destitución) deciden imponerle la mas grave? La de Destitución.

Como sabemos, de las únicas cuatro sanciones que prevé el D.Leg. 276 ,  la Destitución, (Art. 158° del D.S. 005-90-PCM, Reglamento del D.Leg. 276), es la mas gravosa, impuesta como correlato del proceso administrativo disciplinario.

La destitución es, se asume, la sanción reservada, para quien ha cometido la falta administrativa disciplinaria mas repulsiva, mas grave,  lo cual implica la expectoración sin posibilidad de reingreso no sólo de la entidad sino de toda la Administración  Pública por un plazo no mayor de 3 tres años.

El destituido es en consecuencia una suerte de apestado.

¿Cuantos sucumbieron en este tránsito?

¿A cuántos se les acabó toda esperanza al llegar a este estado y quedarse de manera permanente en tamaña condición?

¿Será acaso posible que un Destituído deje de tener la condición de tal?

¿Será acaso posible que un destituido pueda llegar a volver a ocupar cargos públicos o superiores a los que tenía hasta antes de ser destituido?

¿Un destituído podrá ocupar luego cargos públicos o es que, siempre lo perseguirá su estigma?

Cuantas otras interminables interrogantes  podríamos añadir a las antes mencionadas, a partir de los respectivos casos que nos han sido consultados en el blog o conocemos en las normas legales.

Del mismo modo como con una foto vale mas que mil palabras, en esta oportunidad voy a abreviar mayores comentarios, presentándoles las que al autor de este blog, en su momento, le correspondió afrontar y superarla con creces.

En  internet y google pueden apreciar en ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/1997/RD142-1997.pdf las siguientes dos resoluciones, que por cierto, no fui quien la colgó y difundió, pero curiosamente recientemente, allí la encuentro:

 

“Sancionan con destitución a diversos servidores del Sector” (SALUD)

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 142-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 26 de julio de 1997

Visto el Informe Nº 010-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 25 de julio de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””;

 

CONSIDERANDO:

Que, por disposición de la R.D. Nº 121-OP-HONADOMANI-SB/97, de fecha 19 de junio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario por la comisión de faltas de carácter disciplinario incurridas en el desempeño de sus funciones contra el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo;

Que de la revisión de la documentación y de los descargos presentados por el procesado que obran en autos, se está acreditado que el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

Que, el Sr. Ricardo Percy Ayala Gordillo por la comisión de hechos irregulares expuestos en el considerando anterior tiene responsabilidad administrativa por haber transgredido los Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;

De conformidad con lo estipulado por el Inc. d) del Art. 155º y Art. 159º del D.S. Nº 005-90-PCM y en uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-87-SA/P y ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer Sanción Administrativa de Destitución al TAP. Ricardo Percy Ayala Gordillo, con el cargo de Asistente en Servicio de Salud I, del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” por grave falta de carácter disciplinario que se exponen en la parte considerativa de la presente resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General

Hospital Nacional Docente Madre Niño

“”San Bartolomé””

 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 151-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 11 de agosto de 1997

Visto el Informe Nº 012-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 9 de agosto de 1997 de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 136-OP-HONADOMANI- SB-97, del 1 de julio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Gabriel Hurtado Rodríguez, por haber incurrido en falta grave de carácter disciplinario, por ausencias injustificadas por más de tres

días consecutivos;

Que, con el Informe del Visto, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” ha emitido su pronunciamiento señalando que se encuentra fehacientemente probado que el servidor Gabriel Hurtado Rodríguez ha incurrido en ausencia injustificada contemplados en el Inc. k) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y de conformidad de la Dirección Adjunta;

En uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-SA-87 y su ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer la Sanción de Destitución al servidor Gabriel HURTADO RODRIGUEZ con el cargo de Trabajador de Servicio I, Nivel SAD de la Of. de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

 

 

Quienes pueden verificar en las normas legales, ambas resoluciones fueron publicadas una al lado de otra en igual fecha, la exhibición y mención de ambas resoluciones no es ajena: 1. pretende hacer notar rectitud y justeza en el trato, por parte de la autoridad algo asi como  “ a todos por igual”. 2. Sobre mi resolución  voy a ocuparme en las líneas subsiguientes, sobre la segunda resolución sólo puedo decir, se trata de uno de los pocos  servidores nombrados encargado de la limpieza del hospital,  que por ese entonces, dependía de la Oficina de Logística, nunca supe la causa de sus inasistencias, de él nunca volví a saber nada.

Abordo el tema que nos ocupa, comentando la resolución con la cual fui destituido por tres propósitos puntuales:

con carácter autoreinvidicativo,

con carácter ilustrativo; y

con carácter esperanzador, a quienes -como yo en su momento pasé-, hoy se encuentren por ser auditados, evaluados,  procesados, sancionados o destituídos y,  también como no, a quienes al otro lado de la orilla, les corresponde procesar, opinar, revisar, rrecomendar, abrir proceso o sancionar, en su respectiva condición de ser miembros de la CPPAD, CEPAD, Titulares de entidad, Jefes de Oficina de Personal, Representantes de Trabajadores, Abogados, administradores, Jefes inmediatos etc.

El primero,  con carácter autoreinvidicativo, a falta del  desagravio público que en su momento pedí al titular de mi Sector y sigo esperando a la fecha, pedido que formulé al emitirse la correspondiente Sentencia de la Corte Superior de Justicia la cual ratificó la validez legal de mi desempeño público que años antes, desde 1993, siempre me reconoció la Contraloría General de la República como Jefe de Auditoría Interna del Hospital San Bartolomé. (función equivalente a los hoy llamados Jefe del Organo de Control Institucional OCI)

La razón del pedido del desagravio se explica entre otros fundamentos : 1. En que, habiendo transcurrido los 10 años de reserva es ahora posible someterlo al escrutinio público. 2. En que, a pesar de haber transcurrido desde el año 1997 a la fecha 13 años desde que fue emitida y ejecutada, e impugnada la viciada resolución, sigue circulando en medios de difusión masiva como el internet; 3. En que, con la sola difusión e invocación de la indicada resolución, no faltan quienes pregonando falsas premisas de moralidad, aprovechando el desconocimiento de ciertas autoridades en asuntos relacionados al procedimiento administrativo y al proceso administrativo disciplinario, han seguido usando la referida resolución como media verdades para impedirle o frustrar al autor de este blog, algunas veces, la asunción de otros diversos cargos públicos a los que fui o soy propuesto.

El segundo motivo, es ilustrar a partir de mi caso: lo que se hizo y  lo que no se debería hacerse al aplicar sanciones gravosas;  enunciar la diversidad de omisiones y vicios con los cuales se emitió dicha sanción, que hice notar desde el primer día en que conocí de la suerte de cacería a la cual fui sometido, argumentos que fueron soslayados en parte, en sede administrativa y finalmente tomados en cuenta dentro del lato proceso judicial que seguí  en la vía contencioso administrativa, con una inversión total de tiempo y dinero por alrededor de 5 años:

La Resolución se emite el año 1997.

En esos años el acceso a internet no tenía la difusión de estos tiempos, no existía el actual Tribunal de Servicio Civil, ni se difundía como ahora la jurisprudencia del TC, ni un blog que te de una pauta sobre como afrontar un proceso administrativo disciplinario.

La Resolución intencionalmente omite decir que ese año yo era Bachiller en Derecho, ni que en tal condición y que la nominación de Presidente del “Comité de Control Interno” dada por el Director del Hospital era irrelevante para que la  Contraloría General de la República, por el desempeño de MIS FUNCIONES AUDITORAS formaba parte del Sistema Nacional de Control resultándome por ende aplicable sus normas especiales, dado que desde el año 2003 me venía reconociendo como Jefe del Organo de Auditoría Interna (OAI) como codificado ante Contraloría el OAI  a mi cargo.

Por lo anterior, el Director del Hospital como el Inspector General eran legalmente incompetentes para auditarme, procesarme y sancionarme n mis funciones auditoras, por haberse reservado legalmente dicha atribución, a la Contraloría General de la República.

La Resolución con la cual me destituyen, tampoco dice, que MI FUNCION por mandato de la ley especial del Sistema Nacional de Control consistía en VELAR POR LA LEGALIDAD DEL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD, ni dice que como parte de las exigencias inherentes a dicha especializada función, permanentemente me  capacitaba en materias de Auditoría Gubernamental en la Escuela Nacional de Control,  cuyo conocimiento especializado era requisito imprescindible para poder auditar válidamente a los diferentes Sistemas Administrativos y Oficinas de la entidad (Economía, Personal, Logística, etc.) y emitir Informes de Control en los cuales se establecían los resultados de la acción de control y, cuando era el caso, establecer responsabilidades administrativas presuntas que correspondían ser dilucidadas o implementadas por parte del titular de la entidad, informes cuyos ejemplares se alcanzaba a la Contraloría General para su correspondiente revisión y aprobación.

La Resolución,  tampoco dice que meses antes que sea emitida la viciada Resolución, la Contraloría General de la República al conocer del concertado irregular proceder del Director del Hospital como del Inspector General de Salud en mi agravio, había oficiado a cada uno de ellos como a mi, un Oficio, recordándoles, de manera expresa y categórica, que mis funciones –esas que según el Director eran faltas graves y por las cuales me destituyó- eran válidas legalmente, y que solamente la Contraloría era la autoridad competente para auditar mis funciones auditoras.

La Resolución no dice que el director del Hospital y el Inspector General del Ministerio de Salud, contra lo expresamente ordenado a ellos por la Contraloría General de la República,  acordaron auditar mis funciones contraloras;

La resolución omite mencionar que se me abre proceso administrativo por Informe de Inspectoría  –una Inspectoría legalmente incompetente- la cual “me auditó” y emitió su “Informe de Control”  con imputaciones falsas y calumniosos, carentes de legitimidad como de  todo sustento válido, que osó incluso imputarme haber usurpado la función de la Procuradora Pública de ese entonces, ilícito que la misma Procuradora, rechazó por inexistente;

La resolución tampoco dice que, la CPPAD como el titular del hospital prescindieron de todos los principios que regulan el procedimiento sancionador  “por unanimidad” recomendaron y dispusieron, respectivamente,  mi destitución, “en cumplimiento de una recomendación de Inspectoría” bajo el sanbenito de tratarse de una  “prueba preconstituída”;

Como ven, en ningún extremo de dicha resolución, se recoge ninguno de mis argumentos de defensa y menos se hace una esencial valoración de cada uno  de los hechos contrastados con el derecho y mucho menos sobre cada uno de los extremos que antes he enunciado, es decir, sencillamente fue carente de motivación y violatoria del debido proceso y de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador que ahora ustedes mejor que yo conocen;

La resolución no dice, y esto es lo mas grave de todo, que el Informe de Control que motivó tamaña reacción y decisión del titular del Hospital, tenía el desesperado objeto de no implantar las recomendaciones contenidas en mis informes de control y con ello mantener en la impunidad a funcionarios incursos en presuntos actos de corrupción en agravio de los intereses del Estado.

Sería interesante acceder al seguimiento de las acciones que dio a esos informes de control por parte de quien me destituyó.

La resolución tampoco nada dice que mi Informe de Auditoría NUNCA fue invalidado sino por el contrario, con los oficios cursados FUERON EXPRESA Y LEGALMENTE VALIDADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por ende, obligaba al cumplimiento de sus recomendaciones por parte del Director del Hospital.

La resolución tampoco dice que  yo como Auditor Jefe del Organo de Auditoría Interna del Hospital actué en cumplimiento de la Resolución Contralora la cual no me facultaba sino disponía cual mandato alcanzar un ejemplar a la Fiscalía para que sea ella como titular de la acción penal la cual proceda a calificarla, a lo que ellos llamaron “denuncia penal”, al Estado le interesaría saber del contenido de esos Informes.

“…interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba…y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

¿Desde cuando cumplir con la función legalmente asignada y pedir una opinión legal se constituye en  falta administrativa?.

Desde cuando para interponer una denuncia penal debe pedirse autorización al superior?

Desde cuando pedir una opinión legal constituye infracción a las obligaciones para que prescindiendo de toda valoración jurídicada se me impute diversidad de faltas:

“Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal”;

La resolución, nunca debió ser emitida en todo caso por el titular, quien, mínimamente debió abstenerse por encontrarse incurso, en conflicto de intereses.

 

La pregunta que queda es :

¿si yo fui destituido por haber cumplido con mis funciones contraloras como finalmente me volvió a reconocer el Poder Judicial;  que sanción mas grave le impuso el titular del Hospital a los funcionarios y servidores que fueron comprendidos en presunta responsabilidad administrativa en mis Informes de Control, informe que repito, resultó dentro de los  validados legalmente por Contraloría?

Cierto, faltó que la Contraloría General  en defensa de quien era parte de sus sistema, con urgencia, reformule o invalide el informe de la Inspectoría del Ministerio de Salud, accione directamente contra aquel y me confiera ser defendido a través de su Procuraduría, lo propio pudieron hacer las instancias superiores del Ministerio de Salud.  Imperó el extraño mutis.

Ese mismo año 1997 decidí renunciar al OAI para afrontar de mejor forma mi defensa legal como los procesos penales que orquestadamente me imputaron proveedores y funcionarios  aunados a aquellos, a los cuales finalmente también vencí.

Habían previsto inhabilitarme y desaparecerme de la Administración Pública, en ese entonces, hasta por 5 años.

Ese mismo año 1997 me titulé de abogado y decidí reorientar mi futuro personal y quehacer profesional.

El año 1998 y siguientes,  mis detractores, directamente como a través de terceros en reiteradas oportunidades resultaban apareciendo ante las diversas entidades en los que fui invitado asesorar exhibiendo la cuestionada resolución, en algunas de las cuales les dieron crédito, aunque la mayoría prefirió optar por mi verdad, y en esa transparencia, confianza  y conocimiento acepté asumir diversos cargos en otras entidades del Sector a los cuales fui invitado acompañar como Abogado, Asesor, Director de Oficina de Asesoría Jurídica y avocarme al crecimiento profesional en el ejercicio independiente del Derecho, mi experiencia se amplió, desde entonces he conocido y recibido la gratitud y el reconocimiento de nueva y mas gente cuyas experiencias aunadas a la propia, consideré oportuno compartir en  este espacio del blog al cual ustedes me honran con su visita.

La tercera, la mas importante de las razones por las cuales publico este artículo, es demostrar con este botón, a quienes se encuentren afrontando una investigación, o hayan sido notificados con la apertura de un proceso administrativo disciplinario,  o a quienes se les esté imponiendo cualquier sanción administrativa disciplinaria, por grave que esta sea que, no me asiste en consecuencia el solo conocimiento académico o de la asesoría sino la experiencia de quien ha sabido trajinar por cada una de estas tortuosas etapas para decirte que:

Si estás convencido que tu proceder ha sido el adecuado,

si quienes te procesaron incurrieron en vicios,

entonces, será posible que puedas revertir, con creces, el infausto momento que ahora puedas estar afrontando.  Por cierto, contrata una defensa especializada, es tu futuro laboral y tu dignidad el que se encuentra en juego.

Si por acción u omisión eres conciente que incurriste en alguna falta administrativa, reflexiona sobre ella, ten en cuenta que eres uno de los pocos privilegiados que cuenta con una oportunidad laboral, ofrécete y sobretodo, enmienda tu conducta.

Afrontar un proceso administrativo disicplinario o con la imposición de una sanción administrativa,  el mundo no se acaba, toma la circunstancia como una suerte de hacer un alto en tu quehacer diario, vuelve a los tuyos, dale un respiro  a tu cuerpo y tu alma, prueba, si gustas  a dar clik por la web de Morella,  cuya página puedes ver entre los links amigos de mi blog.

Un abrupto alto, puede significarte un involuntario breve o largo descanso, en vez de darte a la aflicción, empléalo para revalorarte, para revalorar lo que eres y cuantos tienes, e  ir incluso por nuevos y mas fructíferos horizontes, como fuera mi caso cuando años después de la infausta Resolución con la cual se me destituyera, inmediatamente después se me brindó el privilegio de ser convocado para asesorar a dilectos funcionarios públicos titulares de entidades, fue el caso en que años después, fui designado como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Nivel F-3 de la DISA II Lima Sur, del Ministerio de Salud, como puedes verificar en la página 22 del siguiente Link http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/020304T.pdf coadyuvándolos a que sus gestiones además de legales, promuevan la aplicación del control interno previo y concurrente, y con ello afronten con menor riesgo, las acciones de control posterior.

Mi mayor gratificación las innumerables correspondencia y muestras de gratitud que recibo de colegas, servidores, funcionarios, ciudadanos(as)  a quienes hoy les asiste estar en uno u otro lado de la administración pública, o como usuario, administrado  o procesado como de los servidores o funcionarios que les asiste ser miembros del CPPAD o Titulares de entidades.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

 

 

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Lima, 22 de setiembre del 2012

 

Categoría Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Recientemente, dí respuesta a Juan Carlos, a dilecto colega del Cuzco, remitiendo en parte a uno de nuestros artículos publicados, cuya interrogante fue :

“Mi pregunta radica que tipo de responsabilidad cometen los miembro de una comisión si estos emiten un informe imponiendo una sanción a un administrado sin que existan pruebas de los hechos investigados y asi mismo que delitos se ha cometido”

Respuesta:

Apreciado Juan Carlos :

“…Quienes tienen la privilegiada función de hacer lo que algunos colegas o administrados gustan llamar “justicia administrativa” en su condición de miembros de la CPPAD o CEPAD son o funcionarios o servidores públicos sujetos a las mismas normas que ellos aplican a quienes califican o denuncian y por ende, en caso de proceder como refieres, de afrontar también en esa eventualidad de ser denunciados y si es el caso procesados por las faltas administrativas, e ilícitos penales o civiles que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones, por acción o por omisión.

“No es inusual el reclamo formulado contra los abusos cometidos por los miembros CEPAD y de la CPPAD, como en algunas otras ocasiones también se han denunciados a los Auditores de los OCI cuando apartándose o abusando de sus funciones por actos propios o encargos de instancias superiores emiten informes en términos como los que expones”.

“Probablemente con mayor versación y autoridad puedas apreciar cuanto sostengo de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso de magistrados destituídos como fue el caso del Dr. Jorge Miguel Alarcón Meléndez cuyo texto íntegro lo puedes ver en el portal del TC o bien en mi artículo “JURISPRUDENCIA DEL TC SOBRE EL PROCESO ADIMINISTRATIVO DISCIPLINARIO”

” Parte de dicho extracto y texto  gloso:

“los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez”.

La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.

“La  sentencia que  reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros, lo relacionado a :

•Abusos por parte de la administración pública

•Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva

•Aplicación del silencio administrativo negativo

•Afectación al debido proceso

• Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.

“De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión, al estar previsto en la Ley, si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC”…

A escasos días de emitida nuestra opinión absolviendo lo consultado por nuestro colega del Cuzco, coincidentemente, nos encontramos con un puntual reforzamiento a nuestra posición recogida en norma, por parte de uno de los principales Gobiernos Regionales, que acaso con el énfasis propio que caracteriza a nuestros amigos arequipeños, ha enfatizado la responsabilidad administrativa y penal que con sus acciones u omisiones, pudieran verse incursos los funcionarios o servidores públicos miembros de la CPPAD, que por la delicada y especializada función especializada de calificar las denuncias administrativas y cuando corresponda, pronunciarse por la responsabilidad administrativa disciplinaria y proponer la sanción o absolución de quienes ante ellos son sujetos de procesos administrativos disciplinarios.

Así se advierte de la Cuarta Disposición complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional Nº 114-Arequipa con la cual se Aprueba el Código Regional de Procedimientos administrativos disciplinarios publicada en las páginas Nº 422525 y 422526 de las Normas Legales de El Diario Oficial El Peruano de Hoy 20 de julio del 2010, cuya lectura, propicia su aleccionadora atención, cuyos presupuestos nos limitamos a separar con carácter ilustrativo :

“Cuarta.- Responsabilidad Administrativa y Penal

De verificarse la inasistencia de uno o mas de los miembros (titulares o suplentes) a las reuniones de los o sesiones de trabajo de la correspondiente Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario,

o si se verificase el incumplimiento de las disposiciones reguladas en el Decreto Legislativo Nº 276 y/o el Decreto Supremos Nº 005-90-PCM;

o si uno de los integrantes de la comisión o la comisión en su conjunto incurre en falta administrativa disciplinaria;

entonces,

corresponderá al Ejecutivo Regional iniciar las acciones administrativas pertinentes de conformidad con lo regulado pen la Ley 27815 / Ley del Código de Etica de la Función Pública y, el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM / Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función Pública,

y si fuera el caso, las acciones de responsabilidad penal.”

Los fundamentos que sostienen esta posición son claramente precisados desde el primer considerando y están orientados a preservar de actos como el que justamente consultó Juan Carlos del Cuzco:

“Que, los Procedimientos Administrativos Disciplinarios deben garantizar a los funcionarios, empleados y servidores públicos del Gobierno Regional, los derechos de defensa y de debido procedimiento

Que, el ejercicio de la potestad sancionadora a través del procedimiento y acto disciplinario tiene por objetivo esencial la : cautela del servicio público,

De las actividades y/o proyectos a cargo,

De los bienes y recursos tutelados del Estado ;

Y del interés público.

Que, corresponde al Gobierno Regional de Arequipa organizar el Régimen Administrativo Disciplinario sobre la base secuencial de dos fases administrativas:

a) El ejercicio de la potestad Disciplinaria, en primera instancia, a cargo de las Unidades de Función Disciplinaria y las respectivas Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios; y ,

b) La Función de Tutela Administrativa, en segunda, instancia a cargo del Tribunal Administrativo Regional, que tendrá a su cargo el control jurídico administrativo de los procedimientos y los actos disciplinarios aplicados.

En cuyo propósito, ordena:

Art. 1º Aprobar el Código Regional del Procedimiento Administrativo Disciplinarios;

Art. 2º Crea el Tribunal Administrativo Regional

Art. 3º Dispone la entrada en vigencia el 30 de agosto del 2010

Disponiendo en tanto:

1º La suspensión de los plazos de procesos y procedimientos,

2º Conforman Comisiones CPPAD dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles

3º Remisión de Expedientes a las Gerencias o Jefaturas donde tuvieron origen precisando:

i) Número de folios del Expediente

ii) Estado administrativo actual del proceso disciplinario.

Interesante norma dada en el ejercicio del control anterior por parte de la adminstración pública.

Quedamos atentos a conocer el contenido integral de la norma aprobada y augurar el mas ecuánime empleo de las atribuciones delegadas.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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22 de setiembre 2012

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Muchas madres gestantes, transcurridos los 9 meses del embarazo y llegado el momento del parto aún no decidieron que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre. Estas realidades salen a flote cuando llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.

Algunas veces, en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de muchos niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas se vuelve incierta.

La prensa suele dar cuenta de muchos niños y niñas que por esa razón terminan siendo traficados, otros, los abuelos creen que es mejor que ellos los reconozcan como padre, se han dado caso de madres que esperan conocer un nuevo compromiso que quiera darle “su apellido” a su hijo o hija Hoy , la Ley faculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.

En la medida de lo posible, promovamos medidas para que el niño conozca la identidad del padre.

De otro lado, hay personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

Nada pierdes dando una mirada a los tuyos y de tus seres queridos.

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar. El siguiente es, en Perú, el orden según su emisión :

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto.

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto.

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.

Es el primer documento público que prueba, en esencia, el nacimiento del(a) recién nacido(a).

Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo del personal Criminalística de la PolicíaNacionaldel Perúencargado de la toma de la huella digital de la madre y huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).

El certificado de nacimiento prueba: El lugar del nacimiento La hora, el día, mes y año del nacimiento. El sexo del(a) recién nacido(a) La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil El nombre del(a) recién nacido(a) Debería contener también la identidad del padre La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido) Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento

Es un formato aprobado oficialmente por la RENIEC y el INEI

PARTIDA DE NACIMIENTO (hoy llamado ACTA DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país donde se produjo el nacimiento.

Lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

El formato que lo contiene es una hoja de papel con membrete de la Municipalidad, llenado en una sola carilla en formato A-4 u Oficio.

Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad. Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.

La Partida de Nacimiento contiene: El lugar del nacimiento La hora, el día, mes y año del nacimiento. El sexo del(a) recién nacido(a) La identidad de ambos padres : Nombre, Edad, Estado Civil El nombre del(a) recién nacido(a) Domicilio de los padres Nombre y domicilio de los testigos.

El Código Civil establece que éste es el primer documento público con el cual la persona acredita su nombre y a partir de él, su derecho y pertenencia a una familia, a recibir alimentos, sus expectativa a heredar, a la seguridad social, educación, etc. La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

ACTA DE NACIMIENTO (ha venido a reemplazar a las llamadas PARTIDAS DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país.

Al igual que las partidas de nacimiento, lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

Ha pasado a reemplazar a las tradicionales Partida de Nacimiento y aunque también se emite en una hoja de papel tamaña A-4, preimpresa por una sola carilla, la diferencia mas saltante es que lleva el logotipo y membresía del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y ya no de la Municipalidad. RENIEC ya ha incorporado en su Base de Datos las Actas de Nacimiento, Actas de Matrimonio y Actas de Defunción que poseen las Oficinas de Registros Civiles (ORECs) de los diversos Distritos de Lima : San Borja, Santiago de Surco, Surquillo, San Isidro, San Luis, Santa Anita, Breña, Lince, Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Magdalena, Ate, Rímac, La Molina, La Perla, Jesús María, Barranco, La Punta, Puente Piedra, Carmen de la Legua, La Punta, San Miguel, Carabayllo, Lurigancho- Chosica, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Bellavista, El Agustino, Pueblo Libre, La Victoria, Villa El Salvador, Lurín, Cieneguilla; además de los Departamentos de Piura, Trujillo, Chiclayo y Cusco.

La gran ventaja de este proceso es que podrás obtener en tiempo récord el Acta que necesites desde cualquier Agencia de Reniec ubicada a lo largo del país.

En cualquier momento, tal vez no extrañe que instale mas Plataformas Virtuales Multiservicios que consisten en máquinas que cual cajero automático de un banco sea la que te expida el Acta que necesitas, de las cuales el año pasado inauguró en Lima en el patio de comidas del centro comercial Jockey Plaza ubicada en el Distrito de Monterrico, donde está a disposición de cualquier ciudadano.

DNI : Documento de Identidad Nacional emitido por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

Es una tarjeta de color azul para los adultos y de color amarillo con marrón claro para los niños(a), similar al tamaño de una tarjeta de crédito, de dimensiones: 8.54 cms. de ancho, por 5.4 cms. de alto en posición horizontal, y contiene la misma información que contiene el Acta de Nacimiento, fecha de caducidad del documento y fotografía de frente del titular con todos los elementos de seguridad destinados a evitar su falsificación.

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

Para una mayor cobertura del tema te sugiero visitar el portal de RENIEC en : http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm

CONSTANCIA DE NACIMIENTO : Documento Público emitido por el funcionario autorizado de los establecimientos de Salud a solicitud de parte interesada.

Es un formato preelaborado y aprobado formalmente por el establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento.

Por lo general, es emitido por el Jefe de la Oficina de Estadística e Informática.

Contiene los mismos datos que el Certificado de Nacimiento los que son extractados de la Base de Datos del establecimiento de salud.

En los últimos tiempos, dado el incremento del uso de documentos falsificados, su demanda se ha visto incrementada por diversas Embajadas, que lo requieren a los interesados en obtener visa, como parte de los mecanismos de verificación y de control cruzando dicha información con la que contienen los DNI o Partida de Nacimiento que ellos han presentado.

Es comprensible que para su expedición se cobre una tasa, razón por la cual debe formar parte de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) del establecimiento de salud. Todo aporte será bienvenido.

Tus inquietudes o servicios legales que requieras,  puedes escribírmelas a asesoriadefensa@yahoo.es

No es obligatorio, pero a efectos de propiciar  la coordinación necesaria con los contactos que pudieran existir,  te invito a consignar desde donde me escribes, el País y Estado en los casos que son fuera de Perú; y la Región,  Departamento, Provincia o Distrito si eres residente en Perú. Si tienes algún cargo público y gustas compartir, mejor. Tus  datos son reservados.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia/ De la Persona

Lima, 22/12/12

Por : Ricardo Ayala Gordillo

Consulta:

¿Puedo SOLICITAR LA RECUSACION DE LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS de una UGEL si son amigos con quienes van a procesar, en que artículo me amparo y si tengo plazo para ello?.

Respuesta :

La consulta guarda relación inmediata con la conocida prohibición que no se debe ser juez y parte.

Un ejemplo actual lo viene exponiendo la prensa nacional cuando propala la noticia del  caso de un magistrado a quien hoy se le viene investigando penalmente como presunto autor de un homicidio que refieren, refieren, el mismo venía investigando.

La facultad de recusar está reservada para ser empleada  en el ámbito judicial y bajo las causales expresamente establecidas por Ley.

En el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), que es materia de consulta, la legislación especial que lo regula (el DS 005-90-PCM) no prevé la figura de la recusación.

Ante dicho vacío de la Ley especial (DS 005-90-PCM) resulta legalmente válido que a quienes conforman la CPPAD como quienes tuvieran un proceso que ella fuera conocer  puedn promover la ABSTENCION , de oficio o de parte, de modo cierto y demostrable objetivamente, si se encuentra incursos en alguna de las causales que regula el Art. 88º de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (PAG), dentro del capítulo relacionado a los conflictos en la competencia.

La prohibición de  “no ser juez y parte” no se limita al juez o al fiscal o a la autoridad administrativa que decide sino también a todo servidor y funcionario público que le corresponda emitir una opinión o decidir influya ciertamente en los procesos administrativos disciplinarios como en los procedimientos administrativos.

El Artículo 88º de la Ley 27444 ordena que mediante  la ABSTENCION : “La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, DEBE abstenerse de participar en los asuntos cuya COMPETENCIA le esté atribuida”

 

 

Resaltamos DEBE porque la abstención no es facultativa sino de cumplimiento OBLIGATORIO, no facultativo.

Resaltamos también COMPETENCIA  por ser uno de los requisitos necesarios para la validez de una opinión o decisión.

Si la competencia está afectada entonces puede invalidarse los actuados por quien debió abstenerse durante el PAD o el PAG; si resulta evidente, el acto administrativo DEBE ser declarado NULO de pleno derecho.

La COMPETENCIA es uno de los 5 requisitos que debe reunir todo acto administrativo para ser legalmente válido y por ello, el primero de los requisitos que corresponde examinar en todo acto administrativo y procedimiento, como referente de garantía, trasnparencia e imparcialidad.

 

Ley 27444

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia,

territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al

momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de

sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión…..

 

 

El artículo 88º enumera también  los únicos CASOS en los cuales procede la Abstención.

Como se aprecia, la abstención  está relacionado en función al entorno personal y deteminadas condicioes  que, de manera directa, inmediata o mediata guardan o guardaron relación con la autoridad cuya abstención se promueve.

 

 

La causal que es materia de la consulta estaría contemplada en el numeral 4 del Artículo 88º de la antes citada Ley, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El plazo para interponer la abstención es tan pronto tengas conocimiento de la causal de Abstención; no oblvides que siempre es aconsejable acreditarlo.

A continuación la normativa aplicable a la Abstención en la Ley 27444:

Artículo 88.- Causales de abstención

La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del

procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de

participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes CASOS:

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios,

con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo

procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se

trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses

objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio

o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente

interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con

alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

Artículo 89.- Promoción de la abstención

89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas

en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que

comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su

abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite,

se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las

causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de

la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.

Artículo 90.- Disposición superior de abstención

90.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los

administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se

refiere el Artículo 89 de la presente Ley.

90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto,

preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el

superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en

causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.

Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención

91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las

causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos

administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la

imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al

administrado.

91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones

de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese

abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

Artículo 92.- Trámite de abstención

La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender

los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo.

Artículo 93.- Impugnación de la decisión

La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo

la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo

contra la resolución final.

Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida

La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento,

coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar

en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

Exitos en tu cometido.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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CATEGORIA : PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO/LEY DELPROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO GENERAL

Lima, 22/09/ 2012

                                                                     

                                                    Por : RICARDO AYALA GORDILLO

                                                                                FLOR VALENCIA CRISPIN

                                                         LUZ ESTELA VILLANUEVA RAMIREZ

 Perú y Méjico pasan, al igual que muchos países del mundo, por una alarmante espiral de violencia en todos los planos, desde los conflictos internos que operan en el subconsciente y se traducen, en algunos casos, en inmediatas reacciones y en otros casos en diversidad de manifestaciones tardías acaso sobre las generaciones siguientes.

Desde un alarmante quietismo e indiferencia hasta los mas impensados, trastocados suicidios y violencia emocional o física, crímenes en el entorno familiar, amical o social, de cuya convulsión no escapa nuestro ya bastante deteriorado medio ambiente.

Desde este blog hacemos votos y emprendemos toda acción positiva destinada a coadyuvar a paliar esta espiral, en la confianza de hacer que esta muy pronto sea parte del pasado.

Como no creemos que lo mas aconsejable sea quedarnos cruzados de brazos a esperar que otros se encarguen por nosotros, invito a comentar tu conocimiento o experiencia para reforzar los valores, al respeto y primacía de la vida, de la dignidad, de la verdad, de lo ajeno y así desde la experiencia personal y de casa contribuir a restituir también el principio a la autoridad.

De modo simbólico, enunciamos experiencias de quienes a costa de todo tipo de privaciones en unos casos y, en otros, en el constante aprendizaje de ser mejores padres y madres para procurar lograr mejores hijos o hijas, hoy tienen la satisfacción de gozar de sus magníficos hijos e hijas, como es el caso de Federico Azarte, obrero minero quien luego de mas de 25 años de vida cual ermitaño al final de túnel se regodea con que el esfuerzo y privaciones valió la pena de hacer de sus hijos hoy jóvenes prometedores profesionales; o como Flor Valencia, Obstetriz, quien en este común cometido trabaja con Madres Adolescentes en Riesgo y estos días departe de un merecido descanso en un tours por Centroamérica con Paty, su guapa Ingeniera joven hija; y, de Luz de Morelos, destacada jurista mexicana que hoy asesora y litiga a la par que se deleita de los bellos frutos que le han prodigado sus hijos e hijas.

Aquí el aporte de Flor:

 “Hola Ricardito, Si que sí es relindo pasearse, te confieso algo, cuando era pequeña soñaba con ser grande y pasear, tener muchos vestidos y tener muchas pero muchas amistades, siento que hasta el momento lo voy cumpliendo, logré mi profesión con el apoyo de mi padre, ya que mi madre opinaba de manera contraria, ya con la profesión y mis hijos pequeños viajaba a lugares cercanos a pesar de la oposición de Lucho pero no me importaba ya que lo realizaba con mi dinero y me sentía super bien.

 Ahora ves, mis tres hijos les encanta viajar , el 12 mi Jorge ha viajado a Colombia ( Bogotá , Cali y Cartagena) por 15 dias, sé que está con su enamorada que ha estado en Orlando así que para ambos les hace felices, mi Arturo viaja por el Perú por la relación con su profesión y mi Paty le encanta viajar, ella dice; ” antes de casarme debo viajar tanto que cuando me proponga viajar será un viaje más pero diferente “, ya separó su viaje a Cartagena para este noviembre con un grupo de amigas y a ver si me cuelo. Sabes que los sueños se cumplen y siempre soñé hacerlo.

Yo me digo ” ya cumplí con la patria, ya tuve hijos y los crié con amor y mucho amor, les di mi vida y ahora deseo VIVIR a mi estilo”. Sigo viviendo, siempre afirmaré que uno mismo es el límite y siempre en la línea de los valores y la bendición de Dios y de la santísima Virgen, nos debe ir bien.

Es un tiempo donde reafirmo mi amistad con mi hija que es lo máximo para nosotros”.

Y aquí, el aporte de Luz de Morelos, México :

 “Mil gracias, magnífico Ricardo,

 Aprovecho para compartir lo que me ha sido de mucha utilidad, enseñar a mis hijos que son profesionistas de éxito y jóvenes sanos; … que “LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO”.

En efecto, cuando alguien les diga que si no toman, fuman o se drogan no son hombres, o que son maricas y poco hombres, deben hacer caso omiso a esas expresiones que por si mismas no les hacen nada, y deben dejar que les digan eso y mas sin dar importancia a tales dichos, porque las palabras se las lleva el viento.

En cambio, si aceptan tomar, fumar o drogarse, eso SI los hará poco hombres o mujeres y entonces sí su mente se anulará y verdaderamente se harán daño aniquilándose como seres humanos inteligentes.

En cambio, si no hacen caso a las ofensas poniendo oído sordo a las injurias, venciendo la tentación del vicio, serán VERDADEROS HOMBRES Y MUJERES APLICANDO LOS DONES QUE DIOS LES DIO.

Comparte ésto a tus hijos y que sepan que a LAS PALABRAS NECIAS OIDOS SORDOS, PORQUE A LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO” – mis hijos me agradecieron la enseñanza desde que cursaban la secundaria y hasta la fecha.

Un abrazo con mi gratitud. Que Dios les de fortaleza y templanza”

Bienvenida tu consulta o comentario, cualquiera fuera tu edad, profesión y experiencia en este común cometido.

LUZ ESTELA VILLANUEVA RAMIREZ

Categoría : Luz de Morelos – Méjico Morelos

18 de Febrero del 2010

                                                          RICARDO P. AYALA GORDILLO

Silvia consulta:

Buenas tardes, quiero saber si mi novio está obligado a darle el apellido al hijo de una mujer con la que tuvo relaciones sexuales sin ser siquiera la novia solo algo de unas noches y el niño ya está registrado con el apellido de ella pero ella quiere entablar una demanda

Gracias.

Apreciada Silvia:

Comprendo tu punto de vista, aunque no necesariamente lo comparto.

Recuerda que aunque se intente, no es posible tapar el sol con un dedo y que por lo general, todo da vueltas.

¿Que harías tu si estuvieras en la situación de ella?

Biológicamente, todo niño o niña es producto de relación sexual entre un varón y una mujer.

El hecho que una mujer registre a su hijo(a) sólo con sus apellidos no significa que por ello no exista un padre y menos que se encuentre impedida de reclamar legalmente tal condición al varón que ella sabe, la embarazó.

Cierto es que algunas mujeres, interesadamente, pretenden atribuir la paternidad del niño o niña que esperan a quien así lo acepte de buenas a primeras.

Miles o acaso millones de niños y niñas en el mundo son producto de “una sola relación furtiva”, muchas veces producto de una violación, un vacilón, un instante de pasión, “un choque y fuga” o como nos dijera años atrás una dama de cuatro décadas “un chiripazo”, eso no hace menos padre biológico y por tanto legalmente responsable para que asuma su rol paternal, a quien demuestre que el demandado tiene tal condición.

En el caso que comentas, tu novio admite haber mantenido relaciones con quien pretende demandarlo “sólo algunas noches” las que podrían ser mas que suficientes para haber podido embarazar a quien le atribuye tal condición.

Mi consejo, en el caso de tu novio, es que si él tuviera dudas sobre la paternidad imputada, conviniera con quien pretende demandarlo, en asumirla, siempre que diera positivo un acordado sometimiento a la prueba de ADN.

De no ser así, probablemente, la demandante pedirá al juzgado que se obligue al demandado a practicar dicha prueba.

Por favor, ten cuidado, no vaya a ser que ayudarlo, esta vez,  a rehuir su responsabilidad paterna, lo que podrías promover es que él se sienta seguro de repetir esa conducta contigo o con otras parejas.

Mira a tu alrededor, cuanta experiencia ajena nos alecciona de estas realidades. 

Confío que adopten la decisión que resulte mas favorable para todos.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Categoría : Derecho de Familia – Derecho al Nombre

14 de Febrero del 2010

LUZ DE MORELOS – MEXICO

                                                                                  RICARDO P. AYALA GORDILLO

Hoy es un día muy especial para el blog, se incorpora oficialmente al blog Luz Estela Villanueva Ramírez ,Abogada de nacionalidad y residente en México,  a quien con especial regocijo y beneplácito para nuestros lectores y consultantes especialmente, mexicanos, mexicanas, peruanos, peruanas y ciudadanos(as) del mundo residentes en México, la presento con su propia reseña y palabras.

A Estelita podrán escribirle sus inquietudes legales a través de este blog o directamente en las direcciones que al final indica.

“Mi abuelo y padre fueron de los primeros abogados del Estado (de Morelos) y admiro aún la gran humildad con la que actuaba mi padre y todo mundo lo quería, porque defendía a todo necesitado. Al morir su funeral fue tan concurrido como el del cantante Pedro Infante, pero muy a su pesar seguí su carrera de abogado.

A escondidas de mis padres me inscribí en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales.

A fin de año tenía que mostrarles mis calificaciones, me armé de valor y confesé lo que estaba estudiando, ya te imaginarás el susto de mi madre pero mi padre muy a su pesar me apoyó y devivió en consejos y tranquilizando a mamá, dijo, “SI TE ASISTE LA VERDAD Y EL DERECHO, NO TIENES A QUE TEMER, PUES NADIE PODRA HACERTE DAÑO” y me invitó a estar con él en el Despacho.

Poco me duró el gusto, porque murió cuando cursaba el segundo año.de la carrera, que tuve que interrumpir para trabajar y velar por mis dos hermanos menores y mi madre ya que el único sostén de la familia se habia ido.

 Él sí que fue un paladin del Derecho lo llamaron “El abogado de los pobres” porque ayudaba a todas las personas defendiéndolas de los funcionarios abusivos que nunca faltan.

 Así que de la noche a la mañana me ví con un despacho y un centenar de clientes que esperaban fuera yo como él. Acudió a mi auxilio el esposo de mi segunda hermana que se había casado con un abogado del D. F. con un grupo de sus amigos abogados y salimos adelante no recuerdo por cuantos años me ayudaron y después, para mi servicio profesional entré a trabajar a Gobierno como Dictaminadora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y con lo que ya sabia del despacho el Ing. Felipe Rivera Crespo, Gobernador del Estado, me pidió formar parte de sus asesores Legales, donde conocí a muchas personas de todos los niveles y el despacho lo atendían otros amigos de la escuela También hice mi servicio social al lado de los Gobernadores Armando León Bejarano y Lauro Ortega, paradójicamente he tenido que defender a varias personas de éste último, a pesar de que lo considero hasta el día de hoy, el mejor Gobernador que ha tenido Morelos, por lo que he observado como el poder corrompe los corazones”.

“Es mi deseo orientar y compartir mis conocimientos con quien los necesite y ayudar como tu lo haces, con la advertencia de que si necesito viajar necesito para viáticos y gastos.

 Pueden escribirme a este blog o directamente a :

LUZ ESTELA VILLANUEVA RAMIREZ

Av. de Los Maestros Núm. 207 – B

 Colonia Vergel C.P.62400

Cuernavaca, Morelos Mexico

Mis telefonos son: 01152 777 2 42 57 86

                                     0052 777 2 42 57 86

LUZ ESTELA VILLANUEVA RAMIREZ

Categoría : Luz de Morelos – Méjico Morelos

 9 de Febrero del 2010

Ricardo Percy Ayala Gordillo

Susan consulta:

Hola, me podrías responder esta pregunta, dónde puedo sacar un certificado de nacimiento?

Yo necesito el documento para un trámite al extranjero pero yo pensaba q era Partida de Nacimiento y ahora veo el requisito y dice certificado y en tu Blog recién me doy cuenta cual es la diferencia. Gracias

Respuesta:

Hola Susan

Si relees el blog apreciarás que :

1. El certificado de nacimiento sólo se expide una vez, al momento en que ocurre el nacimiento.

Ese único Certificado tiene dos partes desglosables, el Hospital una parte la remite al INEI y la otra a la Oficina de Registro Civil Municipalidad donde ocurrió el nacimiento.

Hasta donde conozco uno de dichos ejemplares lo remiten años después al Archivo de la Nación. Si así fuera lo que podrán darte en esta última entidad, será una copia certificada de la parte que poseen del Certificado de Nacimiento.

2. En cambio, las CONSTANCIAS DE NACIMIENTO pueden expedirse cuantas veces lo necesite el interesado.

Las embajadas lo que suelen requerir es la CONSTANCIA de Nacimiento. El costo en los hospitales de  Lima por lo usual es bastante menor que el costo de una Partida y te lo expiden casi de inmediato.

Lo que te sugiero es que, con esta precisión y acompañada de tu Constancia de Nacimiento te acerques a la Embajada a hacer tu trámite.

Exitos en tu cometido

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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Categoría : Derecho de Familia

22/09/12

 

 

Cuando el ciudadano es notificado o toma conocimiento de un resultado que no comparte o verifica que ha transcurrido el plazo legalmente señalado en que la administración pública debía pronunciarse en relación a su pretensión sin que haya recibido respuesta alguna, la ley faculta a contradecirla; sin embargo, la conducta asumida no siempre es uniforme.

 

 

Unos optan por resignarse al resultado.

 

 

Otros se limitan a manifestar su disconformidad entre los suyos.

 

 

 

Algunos otros, acuden ante la entidad a expresar su malestar o reclamo verbal o escrito (mediante solicitudes o cartas simples o cartas notariales; algunos otros también lo hacen mediante fax o correo electrónico) debiendo satisfacerse, preferiblemente,  los requisitos establecidos por el Artículo 113º[1] de la Ley 27444.

 

 

 

En uno u otro caso, es aconsejable que se realice de manera inmediata desntro de un plazo no mayor a 15 días.

 

 

El reclamo debe dar lugar a que la autoridad proceda a revisar su decisión que es materia de lo  reclamado, con sujeción al principio de impulso de oficio[2].

 

 

 

En los casos mas favorables, el reclamo da lugar a la rectificación respectiva y con ello, algunas veces, a la respuesta de la autoridad administrativa comunicando la atención de su pretensión, que puede ser o no coincidente a la expectativa que aquél espera.

 

 

 

El escrito formulando el reclamo puede ir desde una sencilla expresión de disconformidad, siendo mejor aún si se invocan las normas que consideramos infringidas o las que sustentan nuestra pretensión, de manera que la autoridad se pronuncie sobre ellas. 

 

 

 

 

Sin embargo, el medio idóneo establecido por Ley y por excelencia, consiste en impugnar el resultado notificado o el silencio que considere adverso a través de los recursos o medios impugnativos que establece la Ley 27444 o las leyes especiales que regulan el procedimiento administrativo dentro del cual se participa.

 

 

 

De acuerdo a la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el administrado es quien decide si opta por impugnar la decisión o el silencio por denegatoria ficta a través del :

 

1. Recurso de reconsideración (Art. 208º)

2. Recurso de apelación (Art. 209º)

 

 

Ambos recursos persiguen igual fin y deben ser dirigidos a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna e interpuesto dentro del plazo improrrogable de 15 días hábiles (descontando sábados, domingo y feriados), con las formalidades y requisitos que establece el Art. 113º de la Ley 27444 y ser firmados por Abogado.

 

 

La autoridad administrativa tiene la obligación de resolverlos dentro del plazo de 30 días hábiles.

 

 

¿Cuando optar por el recurso de reconsideración? 

 

Es requisito imprescindible para que sea admitido que se presente con la reconsideración una nueva prueba instrumental que antes no fue examinada por la autoridad misma autoridad que antes resolvió en sentido adverso y cuando se tiene convicción que dicha nueva prueba motivará la rectificación a nuestro favor.

 

 

 

También cuando se confía en que la misma autoridad que antes resolvió pueda rectificar, de oficio, la valoración de las pruebas o argumentos esgrimidos.

 

 

De no adjuntarse nueva prueba instrumental la reconsideración será declarada inadmisible.

 

 

De no contarse con nueva prueba instrumental como ante la declaratoria de inadmisibilidad, podrá optarse por interponer recurso de apelación.

 

 

¿Se puede prescindir presentar recurso de reconsideración y presentar directamente recurso de apelación?  

 

Si, el recurso de apelación está orientado a que sea el superior jerárquico de la autoridad que antes resolvió en desmedro de nuestros intereses, revise los actuados y cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

 

 

Puede prescindirse también del recurso de reconsideración cuando se pretende abreviar plazos y con la respuesta o silencio de la administración se tenga decidido llevar nuestra pretensión para que sea resuelta por el Poder Judicial, tratándose de  procedimientos administrativos, la vía regular es la Contenciosa Administrativa.

 

 

 

Para quienes prefieren o confian en la capacidad de rectificación de la Administración  pública, antes de acudir al Poder Judicial es factible interponer un tercer recurso de impugnación denominado (recurso de apelación nos resulta desfavorable o vencido el plazo de 30 días sin respuesta) Recurso de revisión.

 

 

 

Este recurso es excepcional porque sólo se concede cuando dentro del sector al cual se pertenece la autoridad posee competencia nacional, (lo cual ocurre, por ejemplo, con los gobiernos locales o regionales, por ejemplo) y siempre que  las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

 

 

 

Tres acotaciones finales, de esta segunda parte  :

 

  • Cuando se participa en procesos de evaluación o concursos, por lo general, las Directivas que los regulan establecen el procedimiento administrativo aplicable; en el caso de los medios impugnativos suelen ser mas sencillos en cuanto a los plazos y requisitos como en dar nombres distinto al medio impugnatorio a aplicar.

 

 

  • No siempre basta presentar el reclamo o recurso de impugnación, muchas veces es necesario realizar una serie de diligencias, como procurar entrevistarse con la autoridad que va a informar o resolver para mejor sustentar lo expuesto en el recurso. Del mismo modo es igualmente importante el seguimiento continuo del expediente.

 

 

 

  • El procedimiento impugnativo que hoy describimos resulta de aplicación también  en los reclamos que formulamos ante las empresas proveedoras de bienes o servicios, colegios, clínicas particulares, empresas de servicios de telefonía, agua, luz, organismos públicos  desconcentrados, universidades, etc. puesto que su accionar se halla sujeto a la fiscalización de las normas que dota la administración pública en correlación al derecho al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

               A B O G A DO

 

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Categoría : Procedimiento Administrativo General

12/04/2009

 

 

 

 

 

 

 


 

[1]Artículo 113.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o esta impedido.

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del  procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1.

Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.

7. La identificación

 

[2] 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

 

 

 

Cuando usted dice ¡Me han sustraído la billetera! Indudablemente está denunciando una pérdida, por lo general irreparable; en el caso del ejemplo, de su billetera.

 

 

Hemos querido iniciar con este común ejemplo para procurar familiarizar al lector cual es el efecto cuando el  Juzgador, en este caso, el Tribunal  Constitucional con la Jurisprudencia que hoy nos ilustra declara que se ha producido la : Sustracción de la Materia.

 

 

 

Hay sustracción de la materia en casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho, el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción.

 

 

 

Cuando el procesado administrativa disciplinariamente considera no arreglada a Ley la sanción  impuesta por la Administración Pública; la Ley le confiere el derecho de cuestionar dicha decisión en sede administrativa interponiendo el recurso administrativo que la Ley le franquea y dentro de tal contexto pedir inclusive de manera previa, que se suspenda la eficacia de la sanción hasta que se agote la vía, a fin de evitar que la medida o daño se torne irreparable.

 

 

 

De no prosperar la impugnación ni la concesión de la suspensión puede recurrir al Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo, proceso que según la mayor carga procesal y o la debida diligencia a cargo del Juez que conozca la su causa, puede durar, entre uno a cinco años.

 

 

Es en este contexto que, el Código Procesal Constitucional aprobado con Ley Nº 28237  franquea -antes mas que ahora- la posibilidad que el interesado pueda acudir al Poder Judicial haciendo uso de la vía constitucional interponiendo Demanda de Acción de Amparo, que originariamente fue prevista en la Ley como una vía judicial rápida,  para evitar que el daño se torne irreparable y de prosperar, disponiendo inaplicable la resolución recurrida consecuentemente,  que se repongan los hechos al estado anterior a la decisión administrativa que se impugna :vb. Si lo que cuestiona es la sanción disciplinaria de Destitución o la de Cese Temporal al demandante por el período de doce meses, de ser declarada procedente la Acciٕón de Amparo debe disponer que el procesado sea repuesto a la condición de servidor en actividad.

 

 

 

Sin embargo, la elección de la vía constitucional no siempre resulta la mas acertada.   Así lo demuestra la Sentencia del TC cuando declara :

 

 

 

“….Debe tenerse en cuenta que la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, en su parte resolutiva, artículo 1.°, dispone imponer la sanción disciplinaria de cese temporal al demandante por el período de doce meses, y que dicha sanción se le notificó el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mes de febrero del año dos mil la presunta agresión a los derechos constitucionales se ha convertido en irreparable. En ese sentido, advirtiéndose que la pretensión del demandante es la reposición en el cargo que venía ocupando, resulta de aplicación el artículo 6.° inciso 1) de la Ley N.° 23506, por lo que se ha producido la sustracción de la materia…”.

 

 

 

Como se aprecia, el Tribunal Constitucional declaró la sustracción de la materia, en el contexto que el Tribunal sesiona para ver la causa el dieciséis días del mes de mayo de dos mil dos, y a que,  la sanción de 12 meses ya se habría cumplido en su totalidad por lo que, no tiene objeto que en dicha vía y en ese estado de los hechos, se ordene la reposición del originariamente cesado a la condición de servidor en actividad, dado que se asume, reanudó sus labores el 13 de febrero del año 2001.

 

 

Como se advierte la sentencia que hoy presentamos fue dictada en el marco de la legislación anterior y no con la Ley 28237, que actualmente regula los procesos Constitucionales entre ellos el de Amparo; bajo cuyo marco también habría afrontado la limitante antes anotada lo cual no obsta que el Tribual se pronuncie sobre los vicios que advierta -en este caso, sobre la prescripción y los alegados vicios en la composición de la CPPAD a los cuales aludió el Juez de Primera Instancia a cuyo criterio debieron ser conocidos y dilucidados en la vía contenciosa administrativa- conforme se advierte en el 2do Párrafo Art. 20º  de la antes citada Ley :  “…Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo…”.

 

 

La consecuencia de la declaratoria de la “sustracción de la materia” para el accionante conllevó a que si bien no perdió la billetera del ejemplo con el cual iniciamos este artículo, si perdió  la esperanza que originariamente cifró en que la acción constitucional le evite ser privado de sus ingresos derivados de su relación laboral durante 12 meses, o poder recuperarlos dentro de este proceso, lo cual es mas grave si dichos ingresos  eran la única o principal fuente de sus ingresos familiares con el consiguiente desamparo de sus necesidades básicas y alimenticias para él y los suyos durante dicho tiempo; con el agravante que en tanto, quede con el estigma de la sanción impuesta.      

 

Lo anterior, nos alecciona una vez mas que, no siempre es suficiente tener la razón e incluso accionar a tiempo, sino que preferiblemente, con el concurso del abogado especialista en derecho administrativo se verifique que el expediente contenga todas las pruebas necesarias y con ellas se elija la vía más idónea, se impulse y cautele que la autoridad administrativa o judicial resuelva con la prontitud inmediata dentro de los plazos previstos por ley; aspecto esencial que corresponde cautelar también a las autoridades judiciales competentes. 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 1049-1999-AA/TC

APURÍMAC

URIEL ORÉ REYNOSO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncian la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Uriel Oré Reynoso, contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas cuatrocientos treinta y siete, su fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, interpone acción de amparo contra el Consejo Transitorio de Administración Regional de Apurímac, representado por su presidente, don Elías Segovia Ruiz y la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con sede en Apurímac, con la finalidad de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual sanciona con la medida disciplinaria de cese temporal de doce meses, y se disponga su reposición en el cargo que ocupaba y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

 

Señala el demandante que se le instaura proceso administrativo – disciplinario mediante la Resolución Directoral N.° 106-98-DRTCVC-AP, de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, puesto que el Informe N° 001-98-CPPAD-DRTCVC; agrega que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tuvo como integrante a don Marco Loayza Carmona como supuesto representante de los trabajadores, puesto que no fue designado por ellos, por lo que considera que dicha comisión estuvo conformada irregularmente; manifiesta finalmente que la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones v Vivienda de Apurímac tuvo conocimiento de los hechos materia del referido proceso en virtud de la Resolución Directoral N.° 106-98-DRTCVC-AP, de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; es decir, la acción administrativa estaba prescrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM.

 

El Director Regional del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Apurímac, contesta la demanda señalando que don Marco Loayza Carmona, fue designado miembro representante de la mencionada comisión por los servidores de la entidad; asimismo, señala que el ejercicio de la acción de amparo caduca a los sesenta días de producida la afectación, por lo que, habiéndose notificado la resolución directoral que le impone la sanción al demandante, con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y habiendo culminado la sanción a la fecha de interposición de la demanda, ha caducado la acción.

 

El Juzgado Mixto de Abancay, a fojas trescientos veintitrés, con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, declara improcedente la demanda considerando, principalmente, que se ha acreditado la comisión de faltas de carácter administrativo graves, contempladas en el artículo 28°, literales a, d, f, i, j del Decreto Legislativo N.° 276, que ameritan imponer la sanción disciplinaria de cese temporal.  Agrega que, con respecto a la prescripción de la acción administrativa, no se puede determinar porqué no obra en autos lo actuado en el proceso administrativo-disciplinario.

 

La recurrida confirma la apelada, considerando que la sanción impuesta al demandante se encuentra reglada a derecho, habiendo hecho uso el demandante del derecho de defensa. Con respecto a la supuesta irregular conformación de la comisión de procesos administrativos, señala que el demandante no lo cuestionó en el mismo procedimiento, admitiendo tácitamente la conformación de los integrantes de la citada comisión. Añade que en lo que a la apertura del proceso administrativo – disciplinario por el cual solicita su prescripción, no corresponde subsanarlo mediante la acción de amparo, siendo la vía adecuada el proceso de impugnación de resolución administrativa.

 

FUNDAMENTO

 

Debe tenerse en cuenta que la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, en su parte resolutiva, artículo 1.°, dispone imponer la sanción disciplinaria de cese temporal al demandante por el período de doce meses, y que dicha sanción se le notificó el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mes de febrero del año dos mil la presunta agresión a los derechos constitucionales se ha convertido en irreparable. En ese sentido, advirtiéndose que la pretensión del demandante es la reposición en el cargo que venía ocupando, resulta de aplicación el artículo 6.° inciso 1) de la Ley N.° 23506, por lo que se ha producido la sustracción de la materia.

 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS

 

AGUIRRE ROCA    REY TERRY    NUGENT     DÍAZ VALVERDE        ACOSTA SÁNCHEZ    REVOREDO MARSANO

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

asesoriadefensa02@yahoo.es

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Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

10/03/2009

 

…Salvaron a mas de un padre, a su hija y nieto o nieta, de perderlos por tomar una decisión apresurada al conocer el embarazo de sus hijas adolescentes.  

 

 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO : MADRE ADOLESCENTE

By ricardoayalagordillo

 

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

 

 

Puedes ser mayor de edad pero discernir o proceder cual un menor de edad; puedes ser adolescente -embarazada y afrontar tu maternidad con la responsabilidad y madurez suficiente de una mayor de edad.

 

                Ricardo Ayala G.

 

 

 

Lima Medina es el nombre de la niña – madre mas joven del planeta quien, a sus 5 años fue traída desde su lejano Antacancha (Huancavelica, Departamento de Perú) a la Maternidad de Lima donde el 14 de mayo del 1939 fue intervenida por cesárea y trajo al mundo un bebé de dos kilos 700 gramos, caso que la prensa de todas latitudes ventiló por años y que en los 60 era materia de recordación y asombro en las tertulias de nuestros mayores, acaso sin saberlo lo acuñaban en nuestros recuerdos como para alertarnos de realidades como ésta.

 

 

Lejos estaríamos entonces de imaginar que hoy en Perú, cada año 115,000 nuevas  adolescentes se embarazan, parafraseando a estudiosa del tema “porque le dió las ganas, el deseo, la curiosidad” o fue víctima de violencia sexual forman el 25% del total de embarazadas que a las adultas disputan turno en los establecimientos de salud para controlar  su embarazo o atender su parto.

 

 

El presente artículo no promueve el embarazo de las adolescentes en contrario, se aúna al intercambio de opiniones y reflexiones en colación a una alarmante creciente realidad y lo mucho que nos toca por hacer desde nuestros hogares, escuelas, instituciones públicas como organizaciones privadas para  procurar revertir  las crecientes cifras.

 

 

 

Cierto es que, cuesta aceptar a los padres y madres como al grueso que nuestras adolescentes hijas-entre 11 y 19 años- nos den la noticia de su embarazo cuando las hacemos aún salientes de la niñez en la escuelas; las reacciones y respuestas no siempre serán iguales,  serán acordes al mejor o escaso conocimiento e interés que posean al respecto.

 

 

Unas(os) aceptan con digna hidalguía o resignación la realidad, pero en uno u otro caso, dándoles su total apoyo.

 

Otros padres, prescinden de cuanto piensen u opinen las madres adolescentes, intentan solucionar reconociendo como hijos suyos a sus nietos, sin saber acaso que su conducta los expone a afrontar  denuncias por  presunto delitos contra la familia y la fé pública.

 

 

Un alarmante significativo número, especialmente donde la comunicación es marginal o escasa, ante el temor de una peor reacción por parte de sus progenitores, esconden su embarazo, se someten a abortos o prefieren huir, procurando ponerse a salvo así acaso de algún antelado aviso que se desatenderían de ellas, o mellarían mas su autoestima sino arrojadas de sus casas, muchas perecen en el intento física o moralmente, o pierden el útero claudicando tempranamente a la maternidad o son víctimas de sujetos inescrupulosos en su altamente riesgosa e incierta búsqueda de refugio y de su futuro como el de su hijo o hija nacida o por nacer .

 

 

 

La cita me trae al recuerdo a mi buena y siempre entrañable amiga, Obstetriz Flor Valencia, quien a inicios del 2000, en su desempeño como Coordinadora de Psicoprofilaxia del Instituto Materno Perinatal desarrollaba un encomiable trabajo con adolescentes madres en riesgo (conformado por niñas y adolescentes de la calle, desamparadas, metidas en drogas, prostitución, etc.) quien ingresando a la Oficina, me pidió orientar legalmente a su abrazada acompañante, una guapa gestante de 14 años que, a la vez, traía de la mano a su pequeño hermanito de no mas de 8 años con el que compartía el desamparo en casas inciertas al cual los tenían abandonados sus separados padres avocados a atender sus respectivas nuevas familias; ella sabía quien era el padre del hijo que esperaba y justamente por saber quien era, no quería que fuera él quien lo reconozca como tal por lo que, subsistiendo de la “prostitución blanca” así gustaba llamar su oficio dirigido a cierta élite estaba avocada a elegir el mejor candidato que reconozca como suyo al hijo que esperaba, entre los cuales, manifestaba, ya tenía varios de diversa edad que le habían ofrecido asumir  dicho rol.   

 

Ambas trajeron a la vez al recuerdo también el testimonio vertido en una reunión por otra madre adolescente de 14 años reclamando “…que la mayor indignación que siente es que en la calle nos tratan como si fuera una mujer fácil y eso no es así…”

 

 Por entonces la Ley, a las madres solteras les permitía inscribir a su recién nacido hijo o hija con los apellidos del padre sólo si él decidía acompañarla para reconocerlo como tal, caso contrario, ella podía inscribir a su hijo o hija sólo con sus apellidos, opción a la cual muchas se resistían pues, -sostenían : “ al leer nuestro documentos de identidad dirán que somos hermanos”… y, esperando hasta que al padre tuviera el tiempo o voluntad y se anime a reconocerlo, un grueso número de niños y niñas crecieron por años sin ser inscritos.

 

 

Hoy, la Ley ha variado en parte, permitiendo a la madre soltera inscribir a su hijo con el nombre del apellido del padre siempre bajo la presunción de veracidad de la madre cuya declaración  da inicio a un procedimiento por el cual se presume padre al declarado salvo que notificado por el registrador éste se oponga dentro del plazo establecido por Ley.

 

 

Subsiste el derecho de la madre que ella sola pueda reconocer con sus apellidos a su recién nacido(a) hijo o hija.

 

 

De este derecho -en Perú, desde el año 1984 en que entró en vigencia el Código Civil-, gozan las madres adolescentes conforme a lo dispuesto en sus artículos  43º y 46º.

 

Siendo que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad y con ello el goce pleno de nuestras capacidades, por el artículo 43º se establece que las adolescente menores de 16 años adquieren capacidad de ejercicio sólo para determinados actos determinados por la ley.

 

 

Sin embargo, este mismo artículo 46º establece que la persona también adquiere la plenitud de sus capacidades si es mayor de 16 años y se casa –por civil- u obtiene título oficial que le autorice para ejercer una profesión u oficio. 

 

 

Precisa que la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste, lo cual en razón de nuestra realidad, podría ocurrir a los pocos meses de casada.

 

 

Dicho artículo también establece que, a diferencia de la plenitud de sus capacidades que adquieren las casadas mayores de 16 años,  las madres adolescentes solteras mayores de 14 años con el nacimiento de su hijo o hija adquieren total capacidad de ejercicio SOLO para :

  • Reconocerlos,
  • Demandar por gastos de embarazo y parto; -y desde el 29 de octubre del 2008 en que se  publicó la Ley Nº 29274 también les permite directamente :-
  • Participar en los procesos (judiciales) de filiación, tenencia y alimentos a favor de ellos, ahora, pueden exigir el reconocimiento de sus hijos por la vía judicial.

 

Como se aprecia las demás obligaciones y derechos siguen resultando irrenunciables a nuestro respectivo rol de padres, educadores, comunicadores sociales, autoridades, funcionarios, servidores públicos o profesionales de la salud a quienes a la vez nos toca también conocer, difundir, respetar y hacer respetar los antes referidos derechos de las madres adolescentes.

 

 

En consecuencia, ni podemos imponerles a sus hijos paternidades que no les corresponden realmente, ni arrojarlas de casa, ni sustraernos de las obligaciones alimenticias para con nuestras hijas madres adolescentes que, contra lo que suele creerse, no solo comprende comida, sino vivienda, educación, salud, recreación, vestido; ni desheredarlas, ni ser excluída o darle un trato diferenciado en los colegios, ni quitarles sino en contrario, fortalecer nuestro afecto, orientación y protección.

 

 A ella le tocará hacer lo propio para reclamar los derechos de su menor hijo o hija.

 

 En este sentido, la madre adolescente, mayor de 14 años, tiene plenitud para ser ella quien dé los datos de los verdaderos progenitores al profesional de la salud que expide el certificado de nacimiento de su hijo o hija, o bien a inscribir a su hijo o hija sólo con los apellidos de ella; como a ser quien directamente demande  judicialmente al padre de su hijo o hija, y en caso de negativa o renuencia a sus familiares, por gastos de embarazo y parto, alimentos, tenencia y filiación acogiéndose al procedimiento de filiación extramatrimonial abreviado previsto en la Ley 28457, materias que abordaremos en nuestras siguientes entregas.

 

Acaso lo ideal es que la maternidad concurriera cuando menos con la mayoría de edad.

 

Pero, si la maternidad ocurrió en la plenitud de la adolescencia, a pesar del trastocamiento  familiar y personal que ello pueda significar en sus planes o en los que para ella hubiéramos previsto los progenitores, lo mejor es acogerlas, brindándoles el mayor apoyo posible, fortaleciendo de la mejor forma posible su autoestima como el mejor conocimiento de sus derechos frente a los progenitores, sus familiares, sus educadores, el entorno en general y por supuesto en sus nuevas obligaciones y responsabilidades como madre, sublime y divino rol que no tiene porque ser un freno en su realización sino, en contrario, debe ser la mas poderosa de las razones para concretar las aspiraciones personales. 

 

 

Si el padre biológico o los familiares de éste no asumieran su responsabilidad paternal tal vez  sea porque otro mejor varón está reservado en el destino de la ahora madre adolescente y su hijo o hija. 

 

 

Cada caso es particular, busca ayuda de especialistas.

 

 

 

Ricardo Percy Ayala Gordillo

asesoriadefensa@yahoo.es

Celular : 995  041306

Categoría : Derecho de Familia

22/12/2008

 

 

 

“LO FUNDAMENTAL PARA MÍ FUE EL APOYO QUE ME BRINDARON MIS PADRES”.

By Ani

http://adolescentesembarazadas.com/2007/08/19/testimonio-de-una-madre-adolescente/

 

 

 

Ani es una joven como cualquier otra que vive en un barrio de Santo Domingo. Estudia, ayuda a su madre con las tareas del hogar, trabaja y comparte con amigos y amigas. Hace nueve años, cuando apenas tenía 13, su novio la presionó diciéndole que tenía que irse con él.

 

 

Una tarde, de regreso a casa de la escuela, su novio se la llevó a la fuerza. Su madre sin saber dónde ella se encontraba lloró desesperadamente su desaparición. Ella no sabía dónde ni cómo se encontraba su hija. Al caer la noche se enteraron de que Ani estaba en la casa de Alex (su novio). En ese momento los padres de Ani se enteraron que ella tenía novio.

 

 

Más tarde padres y familiares de la menor se resignaron y decidieron dejarla con su compañero. No sin antes doña Cristina Cuello, madre de Ani, decirle a su ya yerno lo que se merecía y advertirle con relación a no maltratar a su hija.

 

 

Al año y medio ¡sorpresa!, Annie estaba embarazada. “Cuando me entere del embarazo de mi hija yo me quería morir” dice doña Cristina mientras se pone las manos en la cabeza. Esto, porque su niña estaba estudiando aún y ella no quería que abandonara sus estudios.

 

A pesar de las precariedades y dificultad, pero al mismo tiempo con mucha alegría por la espera del nieto, Cristina apoyó en todo momento a su hija para que llevara a feliz término tanto sus estudios como su embarazo. Siempre estaba pendiente de los chequeos médicos prenatales, de la escuela y de todo lo concerniente con su hija aunque no vivían juntas. Cristina sabía que el esposo de su hija no estaba en esos asuntos.

 

La futura mamá se encontraba bien aunque un poco asustada, algo propio de su edad, pues no sabía a lo que se iba a enfrentar mas adelante, se trataba de una experiencia nueva. Llegó la hora del parto y como siempre su madre estaba con ella. Dio a luz en la Maternidad La Altagracia de Santo Domingo.

 

De eso nos cuenta fue muy bueno, que las atenciones fueron de calidad y que aunque se le presentó un inicio de preeclampsia, los doctores la ayudaron mucho y no se separaron de ella hasta que madre y bebé se encontraran fuera de peligro.

 

“Desde el momento en que tuve a mi hijo la vida me cambió. Yo no tenía a nadie y ya tenía un hijo. Después del nacimiento de Natanael mi esposo cambió, se tiro a la calle y nunca fue responsable conmigo ni mi bebé. Me golpeaba y yo decidí dejarlo definitivamente y vivir con mis padres”. Dice Ani.

 

Para ella fue muy difícil el hecho de haber sido madre tan joven porque a veces quería salir con sus amigas o ir a una fiesta y no poder hacerlo por la nueva responsabilidad que ostentaba.

 

Esto sumado al rechazo de los padres de otras adolescentes que no querían que sus hijas se juntaran con ella porque ya tenía un hijo. “Ellos pensaban que yo podía influenciarlas negativamente. Todavía mis padres me apoyan y me ayudan aunque decidí trabajar para poder pagar mis estudios. Tengo un salón junto a mi madre y con eso también nos ayudamos”.

 

Cuenta que en su barrio ha visto a muchas adolescentes con su mismo caso pero que se han tenido que tirar a la calle a prostituirse para poder mantenerse ellas y a sus hijos.

 

Ani admite que cometió un error y hoy está consciente de que esa no era la edad para tener un hijo. “La diferencia entre ellas y yo es que en todo momento conté con el apoyo de mis padres”.

 

Hoy día Ani tiene 22 años. Estudia Medicina y aspira a ser Gineco-Obstetra. Su objetivo es poder ayudar a otras muchachas que han pasado por la misma experiencia que ella.

 

“Cuando tengo la oportunidad de hablar con chicas adolescentes les digo que echen pa´lante, que busquen el apoyo de sus padres, que dialoguen, que le comuniquen lo que quieren hacer, ellos siempre pueden ayudarlas”.

 

La madre de Ani confiesa que está muy orgullosa por sus nietos. “Los hijos que tuve ya están grandes y la alegría de esta casa son mis nietos. Ellos son una bendición para mí”.

 

20 Comentarios

 

hola te felicito, por la fuerza que has tenido y por seguir adelante, yo tengo 17 años y tengo un embarazo de 3 meses ha sido dificil mis padres me lo han dado todo, el padre de mi futuro hijo igual, pero asi no deja de ser dificil, me siento muy sola, mis amistades todas huyeron al saber de mi embarazo, es triste ver como todo lo que construiste y todo lo que soñaste se destruye y lo peor, no por culpa tuya, esta vez no fue mi responsabilidad, como poder explicarles a tus padres, que a pesar de todo esto no fue tu culpa, me duele que ellos esten pasando estas cosas, la pregunta es, como decirle o explicarle que este embarazo no fue por mi irresponsabilidad, si no porque alguien que dice amarte te obligo, como explicarlo si ya han sufrido mucho esto seria un golpe mas para ellos. bueno solo decirte que te admiro demasiado por esa fuerza para salir adelante.

hilda

November 3, 2007

 

 

 Me encontre de casualidad con este blog y bueno, la verdad es que es la primera entrada que checo y me ha gustado bastante por el contenido, ademas de alguna manera pues me parece muy interesante conocer mas gente por estos medios

 

tengo 19 años y estoy por ser madre, lo que sera un gran cambio, y estoy muy feliz de poder leer otros casos.

 

en fin..

 

saludos

Gore

November 27, 2007

 

 

 Hola soi una joven de 16 años que perdio a su bebe en el momento que iba a abortarlo. Fue verlo tan pequeño i tan inofenso dentro de mi..(que decidi tenerlo con o sin ayuda) Pero despues todo cambio me dijeron que mi bebe estaba muerto i que ya no habia nada que hacer..

estaba de dos messes casi i os juro que lo estraño muchissimo lo que yo senti en ese tiempo fue especial i incomparable asi que a todas esas chicas que esten con dudas no comentan ese asesinato pues yo lo iva acer.. pero cuando me di cuenta de que queria tenerlo ya era tarde.. Extraño a mi hijo.. Extraño saber que esta dentro de mi.. que se alimenta por mi no supero esto es my fuerte i no puedo solamente tengo 16 años soy joven pero mi bebe murio..:’(

 

NO LO HAGAN POR EL AMOR DE DIOS NO LE KITEN LA OPORTUNIDAD DE VER EL SOL A ESE BEBE VUESTROS PADRES NOS DIERON LA OPORTUNIDAD DE VIVIR.. DASELA TU TAMBIEN!

Cristina

December 17, 2007

 

 

 hola!! dejenme decirles que estaba buscando videos de partos y realmente ni me recuerdo como es que vine a dar a este blog senti muy interesante y me dio curiosidad de ver y lei el testimomonio de esta joven madre, lo lei y fue como volver a vivir lo que a mi tambien me paso…..  llore por que recorde tantas cosas que pase cuando me di cuenta que estaba embarazada a mis 16 años es triste pero tambien muy lindo vivir eso saber q dentro de ti esta una personita que no tiene la culpa de nuestros actos pero tambien triste porq pase por momentos muy dificiles en mi casa con mis padres,amigos y demás familia senti el rechazo en algunos de ellos me senti triste, sola, confundida no encontraba que hacer escuche muchos comentarios buenos y malos personas que me apoyaron otras me rechazaron, me sentia muy triste intente quitarme la vida no pude tuve miedo a sentir dolor.

 

luego trate de abortar gracias a DIOS no pasó!!! no encontraba la forma de decirles a mis padres que estaba esperando un bebe hasta que un dia decidi comentarlo con mi mama y se lo dije sabiendo y ateniendome a lo que me dirian… MI MADRE LLORO me insultó y mi padre me saco de la casa me senti mal porq no sabia que seria de mi vida en esos momentos la famila me humilló algunos me dieron la espalda me senti muy sola.. pero sabia que el grande no me abandonaria y deje todo en sus manos DIOSITO LINDO gracias por no dejarme sola en esos momentos les digo a todas las niñas que pasan por esta misma situacion, que piensen bien lo van hacer que no tomen decisiones de las que despues se puedan arrepentir pues en esos momentos solo hay uno que nunca las va abandonar y se llama JESUS busquenlo y pidanle fuerzas y veran que no las dejará solas… les digo que si yo hubiera abortado a mi pequeña no me imagino quizas me estaria perdiendo cada momento de su vida, cada paso, cada palabra nueva que lindo senti la primera vez que me dijo mamá fue ahi donde dije que todo lo que habia pasado no habia sido en vano tengo a mi hija junto a mi y es la unica fuerza y las ganas de seguir viviendo siempre tiene algo nuevo para mi es algo lindo es por eso que tambien te admiro a ti  porq no solo tu has vivido eso y te entiendo creo que nuestros padres deben de comunicarse mas con los hijos y dar la sufisiente confianza para que ellos no comentan cosas como las que yo cometi lo principla de todo es la confianza ya tengo 24 años y cuando veo que mi hija esta creciendo cada dia mas y aprende algo nuevo me da mucha alegria de no haber tomado aquella decision de la que talvez podria haber no solo mi hija si no que tambien yo espero tambien les alla gustado mi comentario y pues nada mas decirles que nada es imposible caminando de las manos de nuestro señor JESUS

ivette

March 31, 2008

 

 

 [...] LLORO, me insultó y mi padre me sacó de la casa. Recibimos este comentario a raíz del reportaje Testimonio de una adolescente embarazada y decidimos abrir una categoría dentro del Blog para incluir experiencias como la de Ivette, que [...]

DIOSITO LINDO, gracias por no dejarme sola en esos momentos « Adolescentes Embarazadas

April 2, 2008

 

 

 somos dieñas de nuestro cuerpo…….nadie sabe lo que una mujer siente cuando no tiene el apoyo de nadie yo aborte y solo tuve el apoyo de una sola persona les doy mi ayuda soy de mendozaaaaaa las apoyo si deciden eso en todo las amo amigas

kariss_18@hotmail.com

18 años

caro

April 12, 2008

 

 

 Q BIEN POR TI ANI Y TODAS LA MADRES Q ASUMIMOS ESE RETO TAN DIFICIL PEERO TAN BELLO MI NENA TIENE 3 MESES Y JUSTO YO MIS 19 ESTOY MUY FELIZ Y CADA DIA ME CONVENSO MAS Q ES LO MEJOR Q ME HA PASADO EN LA VIDA Y LOS SACRIFICIOS LAS MALAS CARAS Y COMENTARIOS DE OTROS NO IMPORTAN SI SE CAMINA CON LA CABEZA MUY EN ALTOBUENO PUES TODA MI FUERZA SE LA DEBO A DIOS PRIMERAMENTE Y MIS PADRES QUIENES ME APOYAN MUCHO LOS AMO! Y MI NOVIO MUY ATENTO ESTAMOS JUNTOS DISFRUTANDO DE NUESTRA HIJA! NO DUDO Q APESAR DE LA POCA EXPERIENCIA PODRE DARLE LO MEJOR PARA EL FUTURO DE MI HIJA. AMOR PROTECCION EDUCACION CUANDO UNO DESEA ALGO CON EL ALMA NO HAY LIMITES ANIMO A TODAS! LAS MAMIS JOVENCITAS! TAMBIEN PODEMOS!

ARI

July 21, 2008

 

 

 bueno soy una chika de 17 años tengo dos semanas de gestasion y la verdad nose q hacer tengo muxo miedo la reacsion de mis padres al enterarse q estoy embarazada nose q es lo q eyos piensen al enterarse de mi embarazo …. tengo muxo miedo q eyos me digan q pierda a mi bebe xq yo si lo quiero tener a mi bebe … y con mi novio nose q es lo q pase mis padres no quieren q yo estea con el xq el tubo otra novia con la cual tubo un bebe y eso es lo q mis padres no estan de acuerdo … y yo ahora estoy viviendo con mi novio pero nose q es lo q el piense al enterarse q yo estoy embarazada …. y al ver todo los casos se q las chikas son muy fuertes al contarselos a sus padres yo no puedo tengo muxo miedo x mi bebe la verdad yo no lo quiero perder ……. bueno pz espero sus comentarios chikas y la verdad esta pagina esta super te ayuda a tomar valor y decir las cosas como son …… en verdad un saludo enorme para toda las chikas q an entrado a esta pagina q esta super

mayleen

July 24, 2008

 

 

 BUENAS , SABEN MI SITUACION ES DIFERENTE SOLO UN POCO , AUNQ YA TENGO 20 AÑOS , SALIR EMBARAZADA NO ESTABA EN MIS PLANES , PERO BUENO LO ASUMO , ME DI CUENTA Q ES LO MAS HERMOSO , PERO SABEN LA NUBE NO FUE SIEMPRE BLANCA , YO ME FUI A VIVIR CON MI NOVIO , Y ERA MUY BELLO TODO , HASTA Q UN DIA COMENZO EL ESTRES , LOS INSULTOS , LOS MALOS TRATOS , SE PERDIO EL RESPETO , EL NO ME DEJABA HACER NADA , Y ERA UNA DE ESAS PERSONAS Q DICEN NUNCA EQUIVOCARCE Y DECIA Q CADA PELEA ERA MI CULPA , SIEMPRE Y CUANDO EN TODO MOMENTO SABIENDO Q ERA SU MAL GENIO Y AUN SOSTENIA Q ERA YO!! YO POR AMOR AGUANTE Q NI SE IMAGINAN , CON DECIRLES Q PASE 3 MESES ENTEROS D MI EMBARAZO LLORANDO TODOS LOS SANTOS DIAS , EL ES DIVORCIADO Y TENIA UN BELLO HIJO DE 8 AÑOS AL CUAL LLEVABA A MI KSA TODOS LOS DIAS Y YO LO RECIBIA CON TODO MI AMOR , PERO EL NIÑO ME FALTABA EL RESPETO Y EL NO DEJABA Q YO LE DIJERA NADA , Y PARA MI EMBARAZO ESTAR AGARRANDO RABIAS Y DEPRESIONES A CADA RATO , ME HAN DICHO Q NO ESTA PARA NADA BIEN , BUENO UN DIA HABLE CON EL , LE DIJE Q POR FAVOR HABLE CON SU HIJO Q ME TRATARA MEJOR , Q EL CAMBIARA SU MAL GENIO Y YO SI EL QUERIA LE BESO LOS PIES , PERO SABEN Q EL DIJO NO Q LA MALA SOY YO, SOSTUVO SU PALABRA , ESE MISMO DIA AGARRE MI ROPA Y ME FUI , Y SABEN Q ME DEJO IR , HISE UN VIEJE DE 10 HORAS EN CARRETERA HASTA CASA DE MI MAMA , CARGANDO PAQUETES PESADISIMOS , Y SABEN Q EL NI LOS MSJES CONTESTA , PARECIERA NO IMPORTARLE SU BEBE , SOLO DIJO ESTAS PALABRAS: CUANDO NAZCA QUIERO VER AL BEBE NO ME HAGAS BUSCAR UN ABOGADO!!! … Y YO POR DENTRO ME DESPLOME … EL AUN MANTENIA SU MAL GENIO … YO LA VERDAD AHORA ESTOY SUFRIENDO , CUENTO CON EL APOYO DE MI MADRE PORQ MI PAPA NO SABE NADA … Y ELLO SON DIVORCIADOS … Y VIVO CON ELLA , ELLA TIENE INGRESOS ECONOMICOS ESTABLES , PERO YO NO QUIERO DEPENDER DE ELLA , SI ME FUI DE MI CASA ES PARA PODER IRME DEFINITIVO , NO VOLVER ASI , MI MAMA M APOYA PERO SIENTO SU DOLOR , QUIERO TRABAJAR , HECHAR ADELANTE … PERO SABEN SOY MUY SENCIBLE … ME DUELE Y ESTO ESTA RECIENTE ME LA PASO TRISTE , POR LAS NOCHES NO PUEDO DORMIR Y MI MAMA DICE Q ESO LE HACE DAÑO AL BEBE .. QUIERO CAMBIAR MI ANIMO!! LE PISO FUERZAS A DIOS .. EL CONSEJO Q LES DOY A LAS NIÑAS ES ESTUDIEN , ESPEREN Y SEAN ALGUIEN EN LA VIDA PARA Q NO LE AGUANTEN NADA A NINGUN HOMBRE , SOMOS HUMANOS Y NOS EQUIVOCAMOS Y SI SE EQUIVOCAN CON UNA ESTABILIDAD , PUEDEN LEVANTARCE RAPIDO!!! SUERTE MIS NIÑAS LAS QUIERO Y DIOS LAS PROTEJA SIEMPRE…

endrina

August 6, 2008

 

 

 la vdd me dolio saber que estabas embarazada y pues senti un contacto muy profundo con tu situacion es triste saber que estas en esta situacion de embarazada por qe las embarazadas son obesas y no me imagino tu trauma al estar embarazada es lamentable ya que no no no no no embarazooo waaa el aborto y ¿¿¿¿

roxie

August 8, 2008

 

 

 No estoy embarazada ni mucho menso y no se como llegue aca.

Tengo 16 años, vivo una vida normal y no tengo novio.

Pero al leer esto, se me llenan los ojos de lagrimas y siento una profunda admiracion por una chica con una motivacion increible.

Si alguna vez me sucede algo asi, me acordare de lo q lei y me inspirare, xq es digno de aplauso

Y no solo ella, sino cada una de las chicas q tienen mi edad o al rededor y ya son madres, ojala les vaya bien siempre y tengan el apoyo de la gente q las quiere.

MaRu

August 21, 2008

 

 

 hola chicas, primero que todo me gustaria felicitar a todas esas chicas que deciden seguir adelante con su embarazo a pesar de todo lo que conlleva eso. Yo tengo 17 años y hace menos de un mes, en vista de mi notable retraso, me hice el test de embarazo. Para colmo, dio positivo….en ese momento no supe que hacer, llore, me vine abajo… se me pasaron mil cosas por la cabeza y sabia que se lo tenia que decir a mi madre lo antes posible, asi que cuando llego del trabajo le di la noticia. Evidentemente, no es una noticia que alegre de primeras, mas bien asusta bastante…pero le tengo que agradecer que estuvo a mi lado!! me dijo ke decidiera lo ke decidiera ella me iba a apoyar. Al dia siguiente fui al medico y me dijeron ke tenia 6 semanas de embarazo..en ese momento me derrumbe! por un lado estaba muy asustada, me venia muy grande y no me veia capaz de seguir adelante, pero por otra parte, habia algo dentro de mi ke me impedia negarle la vida a un ser ke era fruto del amor que sentimos mutuamente mi novio y yo. Pese a eso, decidi pedir cita para interrumpir voluntariamente mi embarazo…una gran culpa recaia en mi interior pero algo me decia que era lo mejor.. Llego el momento de decirselo a mi tia, mi tio y mi prima…ellos tambien me apoyaban tomara la decision ke tomara aunke..ellas se decantaban por que mi bebe viniera al mundo pero en cambio mi tio no pensaba lo mismo..

Finalmente llego ese dia 14 de noviembre =’( fui a la clinica aunke con muchisimas dudas..cuando llegue habian mas chicas pero ellas si estaban bien, estaban decididas! yo estaba muy mal, vinieron conmigo mi madre, mi tia, mi prima y mi novio. En este caso el esta haciendo el 2º año de la carrera de medicina y yo estoy cursando 2º curso de bachillerato. Al final..tengo que confesar ke algo muy fuerte paso por mi cabeza y eso era ke me tenia ke ir de akella clinica tal y como habia llegado, embarazada!

Ahora estoy siguiendo mi embarazo, no voy a dejar mis estudios, se ke sera muy duro..pero lo conseguire. Tendre a mi bebe supuestamente a finales de junio o principios de julio. Estoy feliz!

En cuanto al aborto, pienso ke solo deben opinar las que hemos pasado por ahi, no me arrepiento de no haber habortado! pero eso no significa ke este en contra. Pienso ke lo importante es la decision de la propia madre! Si ella no kiere tenerlo, nadie la puede obligar..aunke ahora desde mi punto de vista…no se como no pueden querer a su propio bebe..pero es la decision de una misma, no de sus padres, sus amigos… NO! de la propia chica embarazada!

A veces siento miedo, nostalgia, tristeza, al pensar ke una etapa de mi vida no la voy a recuperar..pero…quiero tener a mi bebe. Estudiare la carrera de psicologia, que es mi sueño!

a todas las chicas que esteis en esa situacion os animo!! haced lo ke el corazon os dicte! un beso a todas!!

jennifer milena

November 27, 2008

 

 

 Hola te felicito por esa fortaleza q haz tenido y por lo q has pasado, yo quede embarazada a los 15 a~os y cuando mis padres se enteraron por poco me matan y no querian q yo volviera aver al padre de mi hijo, graxias a dios un dia decidi irme con el, tengo un hermoso hijo q ya tiene 2 a~itos es la luz de mis ojos. Le doy graxias a papito dios por haberme dado un hijo tan bello como el q tengo y un esposo maravilloso al q amo cada dia mas, ya tengo 18 a~os y todavia estamos juntos estamos esperando otro baby y estamos tan felices. Siento mucho lo q te paso. Espero nunk pasar por eso. cuidense mucho bye

leslie

December 3, 2008

 

 

 dios me he arruinado la vida adoro a mi niña pero ya no puedo mas no teng futuro teng k depender de mi pareja que ya ni siquiera me kiere y me trata mui mal incluso ha llegad a ponerse violento y no puedo acer nad pork no se que acer esto no es justo para mi yo solo keria que mi bebe viniera al mund pero yo no sabia la gran responsabilidad que era niñas porfavor tengan cuidado porque un error puede arruinar oda su vida y no le deseo a nadie que pase por esto

una mas

December 23, 2008

 

 

 pues estoy a punto de cumplir 17 y tengo un embarazo de 3 meses y la verdad es q tengo mucho miedo nose q hacer

jesica

January 10, 2009

 

 

 BUENO DE VERDAD ESTE COMEN QUE LEY DE ANI PUEDE AYUDAR A MUCHAS MAS JOVENCITAX Y DECIRLES TODO TIENE SU TIME NO HAY QUE APURARSE TODOLLEGARA Y DECILES QUE PRIMERO PEPARENCE PARA GRADUARSE SER ALGUIENEN LA VIDA XQ SI UNO SALE EMBARAZADA RAPTIENE QUE OCUPARSE DE SUS RESPONSABILIDADE Y QUE SIGAN ADELANTE COMO ANI QUE ELLA DEJO A SU ESPOSO XQ LA MALTRATAVA Y ELLA SALIO ADELANTE CON SUS HIJOS ….

YRIS

January 26, 2009

 

 

 BUEO OJO NO TOY EMBARAZADA

 

TENGO 17 AÑOS SOY HAPPY

 

NO TENGO NOVIO MEJOR ASI

 

ME GUSTA ACOSEJAR

 

A LAS DEMAS PERSONAS

YRIS

January 26, 2009

 

 

 soy madre de dos hijas, son mi fuerza para seguir adelante lo lamentable de mi historia es que fue repetitiva fui madre por pvez primera a los 15 y luego alos 19 nunca le tomé un peso real a mi primer embarazo por ello volví a caer, considero a mis padres lo mas grande de mi vida y apesar de todo soy una afortunada por tenerlos precisamente a ellos, el padre de mis nenas es un mediocre me dejo cn dos hijas y para rematar tendra otro bebe por otro lado…

en un momento crei morir pero apesar de todo lo malo que me estaba ocurriendo mire a mis dos nenas que me llenaban de alegria y amor y me di cuenta que no podia flaquear que tenia que seguir estudiando, y lo que me decian los demas ya no cavia en mi cabeza y mucho menos en mi corazon..

aun me quedan grandes tristesas pero las tapo cn las caritas de mis niñas y me convierto en una nueva mujer mi unico fin es terminar mis estudios y otorgarles una vida estable tanto economicamente como espiritualmente a mis hijas, y agradecerles amis padres por todo el apoyo brindado que se muy bien que son contados los papas que apoyan un error como el mio…

 

Mujercitas del mundo pensemos siempre que la desicion la tenemos nosotras porfavor tengan la confianza suficiente con sus madres o amigas para contar sus incertidumbres. que no nos engañen mas no mas!

Pauina

January 26, 2009

 

 

 hola mi nombre es lucia tengo 16 años y vivo en uruguay… bueno la verdad es que entre en este citio ya que tengo mucho miedo… ya me tendria que haber venido el periodo y no lo hizo. no se si estoy enbarazada o no, pero la verdad me siento muy rara, y cada vez tengo mas miedo, tengo miedo que si talvez pienso mucho en esto se termine haciendo realidad… pero no puedo dejar de pensarlo xq veo a mi novio que tiene 14 años … apesar de que el es mucho mas maduro para su edad… siento que sera una noticia horrible si esto sucede… mis padres me echarian de casa si lo estoy.. estoy muy triste, pero al ver todos estos comentarios se me llenan los ojos de lagrimas, xq una vez apoye el aborto, pero en este momento odiaria perder a mi bebito si lo tubiera…. no se que hacer tengo miedo de que no me venga el periodo y tener que decirle a mama y a todos …. nesecito ayuda por fabor

un saludo muy grande a todas las chicas que escribieron en este citio, y las felicito mucho por su valentia… ojala pueda ver una solucion…. gracias

lucia

February 4, 2009

 

 

 hola LUCIA soy una chica que hace mucho comento aca en este sitio dejame decirte antes que nada que dios te ama sobre todas las cosas!! no caigas en un error del cual despues e puedas arrepentir despues de todo el la unica persona que puede ayudarte aunq las demas personas te den la espalda recuerda que existe el y todo lo ve animos!! para bien o para mal confia en que todo va estar bien =)

ivette

February 20, 2009

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría : Derecho de Familia

 

La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.

 

 

La sentencia que hoy reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida  disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros,  lo relacionado a :

  • Abusos por parte de la administración pública
  • Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
  • Aplicación del silencio administrativo negativo
  • Afectación al debido proceso,
  •  Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.

 

De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión,  al estar previsto en la Ley,  si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC.

 

Sin mayor preámbulo ni comentario lo comentado, con carácter ilustrativo lo destacamos  en letra cursiva y  negrita.  

EXP. N.º 1003-98-AA/TC

LIMA

JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los seis días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con el fundamento de voto, adjunto, del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Alarcón Menéndez contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ocho, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone acción de amparo contra los Vocales de la Corte Suprema, doctores Victor Raúl Castillo Castillo, Moisés Pantoja Rodulfo, Mario Urrelo Álvarez, Luis Edmundo Serpa Segura, los ex Vocales, César Fernández Arce, Ricardo Nugent López-Chávez, el Comandante José Dellepiane Massa, Titular del Pliego del Poder Judicial y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita se declare inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Asimismo, se le reponga en el citado cargo, en razón de haberse conculcado el derecho al debido proceso en el trámite (sic) administrativo seguido en su contra, al impedírsele ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, fue nombrado Vocal Titular de la citada Corte Superior, y que en el año mil novecientos noventa se le instauró, junto a otros magistrados, proceso disciplinario por supuestas irregularidades administrativas en el desempeño de sus funciones, y en el curso del citado proceso solicitó al Presidente de la Corte Suprema, mediante escritos recepcionados con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se le expida copia del informe recaído en los procesos disciplinarios y se le conceda el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho de defensa, lo que no le fue otorgado. Afirma que contra la resolución cuestionada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, interpuso recurso de reconsideración, el cual no fue resuelto pese a su escrito de requerimiento; por ello, haciendo uso del silencio administrativo negativo, mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dio por denegado su recurso de reconsideración y formuló recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto en el plazo de ley, razón por la cual a través de “recurso”(sic) presentado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consideró denegado el recurso de apelación, agotando así la vía administrativa.

 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita declarar improcedente o infundada la acción de amparo; en el primer caso, por no haber agotado la vía administrativa y por considerar que la presente vía no es la idónea, debiendo acudirse al proceso contencioso-administrativo; en el segundo, porque estima que no se ha acreditado la violación de ningún derecho constitucional del demandante, máxime el derecho de defensa, toda vez que ejerció los recursos de reconsideración y apelación.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la acción de amparo, por considerar que la sanción disciplinaria se dictó obviando que el demandante informe verbalmente antes de dicha decisión y que se le expidiera copia del informe de la Jefatura del Órgano de Control Interno del Poder Judicial; afectando así el derecho de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional.

 

 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la acción incoada por considerar que ha operado la caducidad, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por el demandante después de seis años de interpuesto el recurso de reconsideración y no dentro de los treinta días que establece la ley.

 

FUNDAMENTOS

 

 

El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash, y se le reponga en el citado cargo.

 

 

Tratándose el acto cuestionado de un acto administrativo, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía previa (artículo 27.º, Ley N.° 23506); extremo que, en el presente caso, exige el análisis del silencio administrativo negativo, dado que, según alega el demandante, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.

 

Silencio administrativo negativo

 

 

El Tribunal Constitucional interpretó que, en el caso de la acción de amparo, en el supuesto de que el administrado interpusiera recurso de reconsideración o de apelación, operaba siempre el silencio administrativo negativo, de modo tal que aquél no tenía la opción señalada en los artículos 98.º y 99.º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, D.S. 02-94-JUS, de esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo cuando considerara que conviniera a su derecho.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional modifica dicho criterio. Estima que, por el contrario, el administrado, transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo –y así acudir a la vía jurisdiccional- o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. Las razones que fundamentan este cambio de criterio son las siguientes:

En principio, una interpretación literal del dispositivo legal regulatorio de la materia descarta la referida tesis interpretativa. En efecto, de conformidad con el artículo 99.º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos: “El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.” (subrayado nuestro). La norma precisa que el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que “deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98.º del citado dispositivo legal cuyo texto es análogo al citado artículo 99.º.

 

 

 

Naturaleza

 

 

El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso”, en sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”, así “el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] abierto indefinidamente en tanto la Administración no [dicte] la resolución expresa” (subrayado nuestro, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1996, p. 573). Sobre el particular, deben resaltarse dos aspectos: Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, y su efecto es abrir la vía jurisdiccional, indefinidamente, en tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente del Tribunal Constitucional no concuerda con estos dos aspectos. En el primer caso, porque no se aplica en beneficio del particular, sino de la Administración, resultando que ésta, “la incumplidora de dicho deber de resolver, se beneficia de su propio incumplimiento” (Ernesto García-Trevijano Garnica, El silencio administrativo en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 1ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 31). En el segundo caso, porque en lugar de abrir indefinidamente la vía judicial en tanto la Administración no resuelva expresamente, le impone un plazo, el que, además, ninguna norma del citado cuerpo normativo establece.

 

 

Constituye un criterio que limita irrazonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139.º, inciso 3), de la Constitución. La interpretación efectuada restringe finalmente el derecho del particular de acceder a la vía judicial, porque ocasiona caducidad en el ejercicio del derecho de acción. Este derecho fundamental puede verse lesionado si, para acceder a la tutela jurisdiccional, la ley impone exigencias excesiva o irrazonablemente formalistas o, como en el presente caso, se interpreta las existentes u otras relacionadas, en un sentido de apreciación desvariado o desmesuradamente formal, ocasionándose en cualquiera de tales supuestos la imposibilidad del ejercicio de ese derecho fundamental. Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal.

 

 

 

No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquélla que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo. La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción.

 

 

Es en los términos antes establecidos que el Tribunal Constitucional, entiende, que se debe interpretar el silencio administrativo negativo, siendo dicha doctrina aplicable al caso, como a continuación se analiza.

 

 

El demandante impugnó el citado Acuerdo de Sala Plena con el recurso de reconsideración de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno. La norma aplicable a dicho proceso, en cuanto concierne al plazo para resolver el referido recurso y la resolución ficta denegatoria (silencio administrativo negativo), es el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N.° 070-89-PCM), toda vez que, de conformidad con su Sexta Disposición Transitoria “Los procedimientos administrativos en giro adecuarán su trámite a la norma contenida en el artículo 25.° en la fecha de vigencia del presente Reglamento. Las normas sobre silencio administrativo a que se refieren los artículos 26.° al 29.° regirán en los procedimientos administrativos que se inicien a partir del 02 de octubre de 1989″. Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario del que proviene el acto impugnado se inició con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la norma antes citada es aplicable al referido proceso. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25.º del citado dispositivo, modificado por el artículo 2.º del Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cada una de las entidades competentes deberá resolver el asunto solicitado o impugnado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de iniciado el procedimiento o interpuesto el recurso impugnativo bajo responsabilidad(…)”. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del artículo 27.º del mismo dispositivo, también modificado por el artículo 3.º de la precitado Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cuando se trata de (…) procedimientos administrativos distintos a los conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y similares, operará, en los mismos plazos, el silencio administrativo negativo, salvo que la propia entidad, por norma expresa, disponga que opera el silencio administrativo positivo”; vale decir que, en el resto de procedimientos administrativos distintos a los antes señalados, el silencio administrativo negativo operará igualmente en el plazo de sesenta días de interpuesto el recurso impugnatorio.

 

 

 

En el presente caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, el mismo que no fue resuelto dentro del referido plazo de sesenta días. Ante ello y, de conformidad con el citado dispositivo, el demandante optó por esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública, el cual empero, no se produjo no obstante el escrito de requerimiento de pronunciamiento por él presentado con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. Por tal motivo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete lo da por denegado, acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo, simultáneamente, recurso de apelación.

 

 

Sin embargo, tratándose el acto impugnado de un Acuerdo expedido por un órgano no sometido a subordinación jerárquica como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, no procedía la interposición de recurso de apelación. En tal sentido, el escrito en el que el demandante interpone un “recurso de apelación” y da por denegado el recurso de reconsideración, debe interpretarse como un requerimiento de resolución expresa del recurso de reconsideración, ello en aplicación del principio pro actione antes citado y el principio de no formalismo del procedimiento administrativo que se desprende del artículo 103º del citado Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.° 02-94-JUS). La errónea calificación del administrado de un acto –el recurso- no obsta para entender el efecto real que debe atribuirse a él en el procedimiento que, en este caso, no es sino el de requerir el pronunciamiento expreso de un recurso de reconsideración interpuesto.

 

Posteriormente, el demandante, por escrito recibido el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dio por denegado el denominado recurso de “apelación” y se acogió al silencio administrativo negativo, con lo cual, la vía previa había sido agotada.

 

 

La demanda ha sido interpuesta el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber agotado la vía previa en los términos antes precisados y dentro del plazo de sesenta días posterior al agotamiento de dicha vía. En consecuencia, habiéndose satisfecho las requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, corresponde analizar el fondo de la controversia.

 

 

Planteamiento del problema de fondo de la controversia constitucional

 

 

El demandante, con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, solicitó a la Sala Plena que se le concediera el uso de la palabra ante dicho órgano, conforme consta a fojas ciento sesenta y cuatro, petición que, según dice el referido escrito, reiteró otra anterior, con idéntica pretensión, de fecha veintiocho de febrero del mismo año. Es, entonces, materia de análisis determinar si la omisión a una solicitud de informe oral o palabra, ante un pedido en ese sentido, lesiona o no el derecho a la defensa.

 

 

 

El demandante, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, dos días antes de emitirse la resolución sancionatoria, además de reiterar el pedido de uso de palabra, solicitó también que se le hiciera entrega de una copia del informe recaído en los procesos disciplinarios instaurados en su contra. Corresponde, así, analizar si la omisión de la entrega de los citados informes lesiona o no el derecho de defensa.

 

 

Límites de la potestad administrativa disciplinaria

 

 

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman.

 

 

Derecho de defensa

 

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe.

 

 

Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearía, además una situación de desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador los cargos del informe. El órgano resolutor sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido ejercer su derecho de defensa.

 

 

La omisión a la solicitud de informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante un pedido a ese respecto, lesionó también el derecho a la defensa y, por consiguiente, el derecho al debido proceso, porque ocasionó indefensión en el demandante, al no posibilitarle la ocasión de defenderse ante el órgano sancionador respecto de los cargos que se le imputaban en el informe de la comisión y, de ese modo, poder controvertirlos y exponer o persuadir al órgano sancionador de todo cuanto conviniese a su derecho.

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

 

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; y prescrito el proceso administrativo que originó la medida disciplinaria; ordena la reposición del demandante en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, computándose los años de servicios solo para efectos pensionables; dispone, que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley N.° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS REY TERRY  REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI  BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA

 

 EXP. N.° 1003-98-AA/TC

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

Hago mío el voto que antecede, agregando:

 

Que durante la última década, los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez.

 

SR.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

Los flamantes jóvenes padres de un recién nacido no cabían en sí de gozo con el nacimiento de su primer hijo, la madre y su niño ya habían sido dado de alta hospitalaria, sólo les quedaba cumplir con el último procedimiento en el Hospital : inscribir al niño en la Oficina de Registro Público que allí tiene la Municipalidad y obtener de manera GRATUITA SU PRIMERA PARTIDA DE NACIMIENTO (HOY LLAMADA ACTA DE NACIMIENTO).

 

 

Radiantes de felicidad se sentaron ante el  Registrador quien, al pedirles sus respectivo DNI les cambió la algarabía por un momento de confusión y suma incomodidad : El niño va a tener su partida de Nacimiento sólo que no puede llevar el apellido de la madre o del padre, ustedes elijan.

 

 

¿Quéééééé? Que le pasa? dijeron al Registador. Este les explicó: La madre en su DNI lleva el apellido de casada con otra persona, distinta al padre del recién nacido. El Código Civil en su Artículo el artículo 361º del Código Civil establece que “el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido”, por lo cual , al hijo que nace de mujer casada, se le atribuye por disposición legal, la paternidad al marido de ésta, sin necesidad de  reconocimiento expreso por parte de él.   Frente a esta limitante legal, decidan con los dos apellidos de cual de ustedes emito el Acta de Nacimiento de su hijo.

 

Dura lex, sed lex dicho en el latín de los antiguos romanos o

“La Ley es dura, pero es la Ley”.

 

 

Ambos padres nunca contaron con esto, mostraron su enfado y turbaciones personales.

 

 

Es mi hijo, nunca voy a permitir que lleve los apellidos de un padre que verdaderamente no es. …Aunque por mis apellidos mas parecerá ser mi hermano. 

 

 

El padre, a pesar de ello insistió,  consideró arbitrario y abusivo el proceder del Registrador, mas porque decía conocer de muchas otras personas de los cuales uno de ellos era casado con otra que sin divorciarse nunca habían tenido impedimento en que sus hijos lleven el apellido respectivos de los verdaderos padres (PADRES BIOLÓGICOS).

 

 

El registrador apaciguó el enfado explicándoles : Esta ingrata situación no impide que hoy el niño salga hoy del hospital con su Acta de Nacimiento con lo cual tiene asegurado su DERECHO AL NOMBRE con ello ejercer desde ahora y a través de ustedes todos sus derechos, incluso hoy mismo pueden sacar su DNI.

 

 

A lo cual añadió, dirigiéndose a la madre, lo que usted tiene que hacer es : regularizar su estado civil, es decir, iniciar lo antes posible su proceso de DIVORCIO, tan pronto obtenga su sentencia o Acta que así lo declare e inscriba en los Registros Públicos y Registro de la Municipalidad donde se casó, puede usted tramitar su nuevo DNI y con ello acercarse a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad para RECONOCER A SU NIÑO, DE MANERA GRATUITA. El reconocimiento será anotado en el margen de esa partida.

 

Hecho esto,  incluso puede tramitar para obtener otra Acta de Nacimiento donde ya aparezca el niño tanto el apellido paterno de cada uno de sus padres, con la cual nadie tendrá porqué saber y menos preguntar porqué demoró en reconocer a su hijo.     

 

Lección :

 

Si uno de ustedes es casado y mantiene una relación de pareja estable con otra persona  y ella está embarazada o piensan tener un  hijo o hija, lo aconsejable es iniciar los trámites de tu divorcio, desde ya.  

 

 

Para obtener el divorcio debes iniciar tu proceso de separación de cuerpos por alguna de las siguientes alternativas:

 

  • Por separación convencional (mutuo acuerdo). En este caso, es aconsejable el “divorcio rápido”.
  • Por estar separados 2 ó 4 años. No es necesario que tu esposo o esposa esté de acuerdo contigo. Hoy puede ser suficiente que desde celebrado el matrimonio haya pasado:

 4 años si es que hubieran hijos menore