Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL

 

Taller :

 

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

 

Ponente         :           Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fecha y Hora  :           Sábado 13 de Febrero del 2016  De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           8 horas académicas

Costo                :           S/. 370.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  330.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 300.00 soles por participante

 

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y cordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al  RPM #985 483 172.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 18 de enero 2016

 

RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (VI)

            

 

                                                                                                Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

 

 

  1. Tengo pareja pero me gustaría a mi bebe ponerle mi apellido, puede ser?

 

En Perú, el nombre de la persona está compuesto por los nombres de pila seguido por el primer apellido del padre y a continuación el primer apellido de la madre.

El nombre no es puesto “al gusto” del padre o de la madre.

Si tienes pareja, no siendo conviviente ni casada, eres madre soltera, caso en el cual, la Ley te faculta poder inscribir a tu hijo solo con tus apellidos o bien dando el apellido del padre.

Sin embargo; es aconsejable que lo pienses debidamente.

Tu bebé, a quien hoy representas legalmente por su imposibilidad de expresarte al respecto;, al igual que tu, tiene  derecho a contar con una identidad como  a saber quienes fueron sus padres y los padres de sus padres, es decir, conocer a sus ascendientes; cuando crezca podría reclamarte al respecto.

Sólo excepcionalmente, por real imposibilidad del padre para  poder realizar el reconocimiento del hijo o por conducta que amenace gravemente la vida de la madre o del bebé  cabría excluir al padre de su derecho y obligación de reconocer al(a) hijo(a) y asumir sus obligaciones alimenticias como compartir la crianza del hijo.

 

 

  1. Que pasa si el padre no reconoce a su hijo la madre puede inscribirlo?

 

Si, en Perú lo permite el Artículo 2 de la Ley N° 28720

 

La madre podrá inscribir al bebé dando el nombre del padre; sin embargo, no será reconocido como  tal en tanto él no firme el Acta de Nacimiento o el juez lo declare como  tal.

 

La madre puede demandar, judicialmente. al padre, para que lo reconozca; en caso se opusiera o no dejara que le tomen la muestra para el examen de ADN,  el juez, lo declarará padre del menor.

 

  1. Puedo firmar a mi hijo como madre soltera

 

Si, por lo dicho en las preguntas anteriores.

Puedes revisar tambié mi anterior artículo “RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (V)

 

 

  1. Quiero separarme de mi conviviente donde acudo en Perú?

Si ambos están de acuerdo, pueden suscribir tal voluntad ante un Centro de Conciliación Extrajudicial o ante  un Notario.

Si no están de acuerdo o ya viven separados, puedes  acudir a la Policía o al Notario para dejar constancia que estas abandonado el hogar convivencial, por razones justificadas, si ese fuera el caso; o bien cursarle Carta Notarial.

En todos los casos es aconsejable proceder con la asesoría de Abogado.

 

 

  1. Dónde y cómo sacar constancia de nacimiento?

 

Debes presentar tu solicitud al establecimiento de salud donde fue atendido el parto o cesárea.

 

  1. Tuve unión marital de hecho; mi ex se casó, puedo reclamar vivienda?

 

Si, siempre que tu Unión de Hecho fue reconocida judicialmente antes y la vivienda comprada dentro de ese periodo

 

 

 

  1. Necesito un número telefónico para reclamo o consulta de marinos que pagan pensión por un hijo de la marina de guerra del Perú

 

Puedes pedir esa información a la Marina de Guerra invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

 

 

  1. Que diferencia hay entre partida de nacimiento o acta de nacimiento es lo mismo o no

Si, es lo mismo.

Te invito  revisar  mi anterior artículo RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (V)

 

  1. Número de teléfono para denunciar maltrato contra la mujer

 

Llama gratis a la línea 100

 

La siguiente información puedes verla en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

LÍNEA 100

Servicio gratuito de cobertura  nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en  brindar  contención emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo, público ó celular durante las 24 horas del día.

 

La Línea 100 cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en atender temas de violencia familiar y/o sexual y derivan los casos a los Centros de Emergencia Mujer  u otras Instituciones que atienden la problemática.

  • Orientación y/o información: Esta acción se da cuando el servicio brindado haya consistido en proporcionar información (procedimientos, alcances legales), orientar al consultante, responder interrogantes, aclarar dudas y motivar acciones para la solución del problema.

 

  • Derivación:Es el proceso por el cual los casos de violencia familiar o sexual mas graves son reportados directamente a los Centros de Emergencia Mujer – CEM. Una vez realizada la derivación el CEM o la Línea 100 en Acción realizará la visita correspondiente a la víctima y tras la validación del caso se le insertará en los servicios especializados del CEM, para tal fin el operador deberá solicitar la dirección exacta de la(s) persona(s) afectada(s).
  • Referencia:Consiste en informar al usuario sobre los servicios donde se puede acudir para resolver los problemas presentados, para esto el operador de la Línea 100 brindará la dirección exacta de los servicios referidos, de acuerdo al departamento, provincia y distrito del afectado. Para tal fin el PNCVFS cuenta con una base de datos actualizada de las instituciones a las cuales se pueden referir los casos.
  • Contención Emocional:Consiste en escuchar y brindar soporte emocional a la persona afectada. Se entiende que la contención emocional se efectuará para las personas con problemas de violencia familiar y/o violencia sexual que llamen en estado de labilidad emocional o crisis.
  • Atención de llamadas de retorno:Cuando la persona que haya recibido atención en la Línea 100 vuelve a llamar para reportar el mismo caso y algunos detalles del mismo.
  • Coordinación telefónica de urgencia:Se efectúa para los casos de violencia familiar y/o sexual que requieran urgente intervención, por ejemplo las coordinaciones telefónicas que se hacen para que la comisaría de un lugar intervenga en el momento en que una mujer está siendo maltratada por su pareja.
  • Otro:Alguna otra acción diferente a las anteriores y factible de realizarse telefónicamente, según lo amerite el caso

 

¿Quiénes llaman a la Línea 100?

Todas aquellas personas afectadas por hechos de Violencia Familiar y Abuso Sexual, o aquellas que conozcan sobre algún caso de maltrato.  

Horario de atención

Puedes contactarnos las 24 horas del día, llamándonos de Lunes a Domingo e inclusive los feriados, desde cualquier teléfono:
Fijo – Celular – Público

 

 

  1. Partida de nacimiento hijo ilegitimo

Actualmente no se emplea la palabra “hijo ilegítimo” expresión que se ponía en las Partidas de Nacimiento, años atrás cuando el padre no lo reconocía o cuando no eran casados.

  1. En el país de Nicaragua la mujer cuando es madre soltera puede poner el apellido del papa del papa a su bebé

Gracias por tu aporte.

Es una facultad a la cual puede también  optar la madre soltera  peruana.

  1. Cómo saldría el DNI del niño no reconocido?

 

Con los nombres y apellidos que dé la madre.

 

  1. Cómo registrar a mi hijo si el padre lo reconoce pero no puede estar presente en el hecho.

 

Inscribelo dando el nombre tuyo y del padre.

 

El podría reconocerlo a su retorno o en donde se encuentre, coordinando al respecto en las agencias de RENIEC o consulado o por Escritura Pública que puede remitírtela con Poder Especial para que proceda la inscripción.

 

El reconocimiento puede ser hecho también por TESTAMENTO

 

 

  1. Mi papá acaba de cumplir 82 años me podrías decir en qué año nació

 

A  2015  resta los 82 que dices es la edad de tu papá, el resultado, es el año en que nació.

 

  1. Estoy divorciada hace 7anos. Tengo mi nueva pareja desde hace 6 años, es pensionado si fallece tengo derecho a la pensión?

 

Tendrías, si acreditas tu declaración de Unión de Hecho, la cual es aconsejable que la tramites ahora que están en buena relación o bien, judicialmente.

 

  1. Formato de declaración jurada para desafiliacion de concubino de eps

Recábalo en tu EPS

 

 

  1. Cómo puede intervenir un presidente regional ante un mal director de un hospital Perú Huancayo?

 

A través de las actuaciones que disponga o realice el Director de la Dirección Regional de Salud, por ser su superior inmediato

 

  1. Según la ley como puedo dar código a los mobiliarios de una oficina?

 

Si laboras en una entidad pública, en tu centro de trabajo, ubica al responsable de Control Patrimonial para que a la luz de la normativa aplicable te señale el procedimiento aplicable.

 

  1. Cómo elaborar querella en Bogotá?

Contrata servicios de Abogado para que previamente estudie tu caso y determine el tipo de querella a interponer

 

  1. Con que código puedo denunciar a mi abogado por que me pasea?

 

En Perú, no hay código para denunciar al abogado.

 

Si la conversación no prospera, puedes invitarlo a un Centro de Conciliación Extrajudicial, preferiblemente con el concurso de otro abogado y/o denunciarlo ante el Colegio de Abogados donde se Colegió.

 

  1. Cuánto tiempo debo de esperar para tener una respuesta de un documento?

 

Si es de un documento entre dos particulares en el plazo razonable que convengan pudiendo ser 3, 7, 10 o más días.

 

Si el documento ha sido presentado ante una entidad pública el plazo máximo es de 30 días hábiles, pasado el cual puedes seguir esperando o dar por denegada tu petición y recurrir en impugnación por denegatoria ficta (lo cual significa que se presume denegada  tu petición), y das lugar a que la misma autoridad o el superior jerárquico reexamine la petición.

 

Mucho depende de lo que se pide y sobre todo si se encuentra regulado por alguna Ley especial.

 

  1. Jurisprudencia sobre alcalde que gano buena pro

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado Los funcionarios públicos como sus familiares mas cercanos se encuentran prohibidos de celebrar contratos con entidades del Estado, siendo ello así, ha quebrantado la declaración jurada declarada en contrario con la consiguiente responsabilidad administrativa y/o penal;  el otorgamiento de la buena pro es nulo de pleno derecho, debiendo ser declarado así; conllevando responsabilidad administrativa, civil y penal, la cual podría eventualmente comprender a los funcionarios que a sabiendas habrían propiciado tal resultado.

De ahí la importancia que el Organo de Contrataciones de la entidad y el Comité Especial prevean en lo posible tales verificaciones  por medio de internet,  especialmente antes de Otorgar  la Buena Pro

 

  1. La conformación de los miembros del comité especial deben ser profesionales en un concurso público?

 

No lo exige la Ley. Lo importante es que sean honrados, responsables y mucho mejor, que tengan experiencia en la función encomendada.

 

  1. Pronunciamiento del OSCE para ser miembro del comité especial en un proceso de selección

 

Te sugiero Ingresar al Portal del OSCE para ver los que publica permanentemente

 

El CE son designados por el titular de la entidad, está compuesto por 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes: un representante del Area usuaria, uno del órgano de contrataciones y uno, en lo posible, es experto en la materia a contratar.

 

 

Su función comienza con la revisión de la información técnica y económica con la cual elaboran las Bases Administrativas y concluyen cuando quedó consentida la Buena Pro o fue declarada desierto el proceso de selección.

 

Los 3 miembros deben revisar escrupulosamente todo antes de firmar; el confiarse en que el que mas sabe lo haga todo y los demás solo firmen sin siquiera leer o entender ha dado lugar a que atreviesen responsabilidades solidarias graves, administrativa, civil y penalmente; por cuanto decidan.

 

En caso de no entender o estar en desacuerdo deben dejar constancia expresa sobre que extremos está en desacuerdo en la respectiva Acta, antes de firmarla

 

Gran parte del éxito del proceso de selección recae en las adecuadas especificaciones técnicas como en el accionar ecuánime y transparente del CE como de los postores.

 

 

  1. Se puede denunciar a Indecopi por falsificar boleta de venta?

 

Puedes, aunque la autoridad competente en Caso de falsificación de documentos es el Ministerio Público o Fiscalia Penal-

 

  1. Recurso de apelación no he obtenido respuesta

 

Puedes seguir esperando o bien demandar tu pretensión en  sede judicial, en la vía contenciosa administrativa

 

  1. Representación de persona jurídica procedimiento administrativo

 

Quien representa a la persona jurídica debe acreditar el Poder Especial  vigente, debidamente inscrito en Registros Públicos para el fin que representa

 

 

 

  1. Ley Servir ponen a disposición a un trabajador

 

Puede apartarse a un trabajador de sus funciones habituales mediante medida cautelar previa al PAD debidamente motivada o por acreditada necesidad de servicio

 

  1. Plazo para responder un documento en gestión publica

 

Si es de una entidad 3, 7 o hasta 30 días hábiles pasado el cual puedes seguir esperando o dar por denegada tu petición y recurrir en impugnación por denegatoria ficta (lo cual significa que se presume denegada  tu petición).

 

 

  1. Proceso administrativo disciplinario Ley Servir

A re aprender de nuevo.

 

A partir del 14 de setiembre del 2014 todo lo que aprendimos sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005.90.PCM será sustituido por el REGIMEN SANCIONADOR previsto en la Ley N°30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 040.2014.PCM.

 

La Ley N°30057 no se aplica al universo de servidores o funcionarios de la administración pública. Es aplicable a los servidores sujetos a los regímenes laborales de D.Leg. 276,1057 y 728 y supletoriamente a los comprendidos en carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República.

 

El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la Ley N°30057 .

 

Todo lo aprendido sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 es base sólida para comprender y aplicar las actuales normas.

 

Las normas sobre el PAD previstas en el D.Leg 276 y el D.S. N° 005.90.PCM seguirán vigentes solo para los casos que viniera conociendo las CPPAD y CEPAD, comisiones que se desactivan las cuales se desactivan al culminar el trámite de los procedimientos a su cargo.

 

Las actuales normas son mas garantistas, específicas y ordenadas sistemáticamente que la 276 y su reglamento, pues integra mucho de lo que requería remitirse a otras normas para su mejor comprensión, como el genérico “autoridad competente” cuando se refería a quien es la persona que califica y aplica sanción, así ahora es explícita en precisar es ORGANO SANCIONADOR el JEFE INMEDIATO es primera instancia para imponer sanciones de amonestación, en el caso de las suspensiones lo es el jefe de Recursos Humanos y para las destitución el titular de la entidad, la segunda, el Tribunal del Servicio Civil.

 

Las funciones de la autoridades que actúan como ORGANO INSTRUCTOR que tenían a su cargo las CPPAD y CEPAD se encontrarán a cargo de una SECRETARIA TECNICA que estará compuesta preferiblemente de ABOGADOS, lo cual es un reclamado acierto, dado que veníamos sosteniendo que la conformación de las CPPAD adolecía de tal capacidad profesional, las que muchas veces en la práctica se limitaban a firmar cuanto hacían abogados contratados como asesores con funciones no siempre claras.

La conformación de la Secretaría Técnica es una destacada oportunidad de labor especializada para nuestros colegas ABOGADOS que remite a la respectiva capacitación.

 

Igual necesidad de capacitación sobre régimen sancionador asiste a los JEFES INMEDIATOS, JEFES DE RECURSOS HUMANOS y TITULARES DE ENTIDADES en adición a la especializada y distinta formación profesional, el conocimiento les despojará de comprensibles dudas o temores por desconocimiento o del habitual limitarse a informar al superior y este a su vez sobre el superior a él cuando toman conocimiento sobre denuncias o hechos constitutivos de presuntas faltas administrativas.

 

En los JEFES INMEDIATOS tan importante como la capacitación es que tengan claramente delimitado los servidores sobre quienes tienen competencia sancionadora, a efectos de evitar innecesarias dilaciones o infundadas cuestiones de competencia.

 

Al desaparecer las CPPAD desaparecen también los REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, quienes mayormente consideraban que su participación correspondía actuar como defensor del servidor procesado, cuando su rol se circunscribía en velar porque se cumpla con el DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de ahí el mayor interés en capacitarse también los FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS y SERVIDORES individual, grupal o colectivamente o a través de los GREMIOS.

 

Si estas interesado en participar en el CURSO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR puedes contactarme en los datos de contactos puestos al pie de este artículo.

 

Te invito a revisar mis artículos relacionados REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL,

SECRETARIA TECNICA Y ORGANO SANCIONADOR.

 

  1. Cuando se promulgó el DS 005-90-PCM

 

El 15 de enero del 1990

 

  1. Los llamados de atención según la ley del trabajador prescriben. si o no?

 

En Perú, la Ley 30057 Ley de Servicio Civil -las comúnmente “llamadas de atención”- se denominan legalmente “Amonestación”, pudiendo ser Amonestación verbal o Amonestación Escrita.

 

Son las sanciones previstas para las faltas o infracciones administrativas mas leves y son impuestas por el Jefe inmediato.

 

Las verbales se imponen de modo reservado, luego del correspondiente pedido y evaluación del descargo que antes hubiera solicitado al trabajador.

 

Las Amonestaciones escritas requieren la apertura de proceso administrativo previo.

 

Al haber sido ya impuestas, no prescriben.

 

Una vez impuesta, lo aconsejable es pedir a la autoridad competente la respectiva REHABILITACION de dicha sanción, conforme al procedimiento establecido en el respectivo Reglamento Interno, a efectos que así se declarada por la autoridad administrativa.

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                       ABOGADO

 

 

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LIMA. 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

 

Categoria derecho de familia, procedimiento administrativo, pad

RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (V)

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

 

  1. Proceso administrativo SERVIR en PERU

 

A partir del 14 de setiembre 2014 el Régimen Disciplinario y el Proceso Sancionador  se regula por la Ley  N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL(LSC), su Reglamento aprobado con D.S. N°084-2014-PCM y su Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPSC son aplicables a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento. Es también aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales; y de aplicación supletoria a los servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Final de la LSC .

 

  1. Informe final emitido por la comisión de procesos administrativos sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario al servidor

 

Con el Régimen Disciplinario y el Proceso Sancionador  regulado por la Ley  N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL(LSC) ya no existen las CPPAD, quien realiza la precalificación de las denuncias, recopila la documentación y emite informe  proponiendo el archivamiento o la apertura del correspondiente proceso sancionador y el tipo de sanción aplicable (amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde un dia hasta 12 meses o destitución) y con ello determina la autoridad que actuará como ORGANO INSTRUCTOR(El Jefe  inmediato o el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos) , según fuera el caso, es el Abogado designado como responsable de la SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LOS ORGANOS INTRUCTORES.

 

  1. Acta de instalación de la comisión de procesos administrativos disciplinarios segun legislación peruana

 

No existiendo mas las CPPAD  en el Régimen Disciplinario y el Proceso Sancionador  regulado por la Ley  N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL(LSC) quien tendrá a su cargo el Proceso Sancionador  será el Órgano Instructor con el apoyo de la  SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LOS ORGANOS SANCIONADORES con quien emitirá el Informe Final, y quien impondrá la sanción será el Órgano Sancionador  (El Jefe  inmediato o el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos. O Titular de la entidad)

 

  1. En cuanto tiempo prescribe para interponer una demanda  administrativo contencioso?

 

En 3 meses luego de agotada la vía administrativa, es decir desde que fuiste notificado con la Resolución que declara improcedente tu apelación.

Ese es el plazo máximo para que puedas impugnar la decisión administrativa desfavorbale  a ti ante el Poder Judicial, en la vía contenciosa administrativa

 

  1. Demanda ante el Poder Judicial

Debes hacerlo necesariamente con el concurso de Abogado pagando el arancel establecido por Ley

 

 

  1. Cese temporal Dec. Leg. 276

 

Esta sanción ha desaparecido en el Régimen Disciplinario regulado por  la Ley 30057, la cual contempla la suspensión  sin goce de remuneraciones desde un dia hasta 12 meses.

El principal derecho que subsiste es tu vínculo laboral con el empleador se mantiene, debiendo reincorporarte a tus labores al día siguiente en que concluyó la sanción sin necesidad de requerimiento o autorización previa.

 

 

  1. Demandar via judicial a tu jefe por maltrato pasos Perú

 

El maltrato puede configurar un acto de abuso de poder o bien una represalia u hostigamiento, lo cual de acuerdo a la naturaleza específica del hecho en particular, debe ser debidamente revisado y analizado por tu abogado, quien apreciará si corresponde interponer la correspondiente reclamación directa o la denuncia ante la fiscalía de turno o en la vía laboral o si bien cabe denunciar el hecho únicamente en la vía administrativa; en este último caso ante el Secretaria Técnica de Apoyo a los Organos Instructores.

 

  1. Llamada de atención en la ley 276

 

El Régimen Disciplinario y el Proceso Sancionador  se regula por la Ley  N°30057 contempla como amonestación verbal escrita, la última para ser impuesta requiere que previamente existe de las cuales requiere de Investigación Preliminar y Apertura de Proceso Sancionador a cargo del Organo Instructor quien será también Organo Sancionador.

Si se impuso sin sujetarse a dicho procedimiento el acto es Nulo y puede conllevar responsabilidad para quien asi procedió.

 

 

 

  1. Que tengo que hacer si en el trabajo nos hacen firmar una llamada de atención que no es justa?

 

Debes pedir de inmediato y por escrito copia de todos los documentos que sustentan dicha sanción, para que con ellos sea tu abogado, preferiblemente quien prepare tu recurso impugnatorio, dentro del breve plazo que concede la Ley –en el caso de Perú el plazo es de 15 días hábiles (no cuentan sábado, domingo ni feriados)-.

 

  1. Proceso administrativo disciplinario sancionador
  1. Te sugiero revisar nuestros artículos relacionados en el blog  o participar de los talleres que dictamos.

 

  1. Modelo de informe final de la comisión de procesos administrativos recomendado sanción al titular

 

De acuerdo al actual Régimen Sancionador  regulado por la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, desde el 14 de setiembre 2014,  LA SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LOS ORGANOS INSTRUCTORES es el único órgano encargado de  realizar la investigación preliminar  (que antes hacía la CPPAD), documentarlo y presentar el correspondiente informe al ORGANO INSTRUCTOR, siendo ahora éste, quien emita su informe ante el ORGANO SANCIONADOR (que no necesariamente será el titular de la entidad).

 

Este informe del Organo Instructor deberá contener :1.   Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio delprocedimiento; 2.   La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada. 3.  Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios probatorios en que se sustentan. 4.   Supronunciamiento sobre la comisión de la falta. 5.   La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso.6.   El  proyecto  de  resolución  o  comunicación  que  pone  fin  al  procedimiento, debidamente motivado.

 

 

  1. Servidor del Dec. Leg 276 con suspensión tiene derecho al pago de vacaciones?

 

Si, siempre que hubiera generado el derecho a recibirlas.

 

 

  1. Falta que estarían incurriendo quien se niega a recibir un documento el funcionario que ya no pertenece a una institución publica

 

No está cometiendo falta administrativa  alguna por haber perdido vínculo laboral.

 

Si se niega a recibir una notificación la entidad podrá optar por notificarlo mediante conducto notarial o vía Edicto publicado en el diario oficial El Peruano y en el de mayor circulación donde radica.

 

  1. Que pasa administrativamente a un funcionario que tiene abierto un proceso penal

 

Dependerá de la autoridad que la designó como tal,  o poner inmediato fin a la condición de tal a efectos de evitar o minimizar los cuestionamientos públicos o riesgos mayores a la gestión que representa la máxima autoridad; o bien, mantenerlo en el cargo basado en la constitucional presunción de inocencia, lo cual implica que, se presume inocente en tanto no sea sentenciado como responsable.

 

Es importante saber que todo funcionario o servidor público es susceptible de ser denunciado por hechos realmente cometidos; como  existen también muchos casos de denuncias o sanciones impuestas a funcionarios o servidores a sabiendas que los hechos que se le atribuyen son falsos, y obedecen a abusos de autoidad, intereses de grupos de poder, intereses particulares o políticos.

 

 

 

  1. Libro de Actas del Comité Especial

 

Es ideal que el Comité Especial, como todo órgano Colegiado el Comité cuente con el libro de Actas debidamente llevado y llenado y firmado por los miembros del Comité.

 

Allí deben dejar salvadas sus observaciones en caso de discrepancia o desacuerdos con los otros miembros.

 

Por mas confianza que se tengan nunca es aconsejable que los miembros se limiten a firmar lo hecho por un solo miembros, pueden llevarlos a afrontar procesos adnminstrativos, o judiciales en sede civil o penal.

 

  1. Impedimentos para ser contratista en el tema de las contrataciones

 

Te sugiero revisar  la larga lista de quienes tienen impedimentos  de acuerdo al Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L 1017

 

 

  1. La empresa puede negarse a reportar un accidente de trabajo

 

Puede, pero no debe. Tal condición podría acarrearle sanciones adminstrativas  y multas cuando no ser denunciada hasta civil o penalmente, dependiendo de la gravedad del accidente.

 

Si ello ocurre, puedes denunciar ante el FISAL  autoridad administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo

 

 

  • De que trata la Ley 30222

 

Modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional

 

  1. Como puedo para levantar una denuncia contra alguien que dice que yo la meti presa?

 

El único que envía a la prisión es el juez; la policía y el fiscal pueden ordenar tu detención si tienes orden de captura o si estas cometiendo flagrante delito.

 

Distinto es que si falsamente acusas a alguien de un delito esta sea detenida o llevada a prisión

 

 

 

  1. Acta de Nacimiento es lo mismo que un Certificado de Nacimiento?

 

No, con el Certificado de Nacimiento tramitas el Acta de Nacimiento.

 

  1. Como se llama a las actas de nacimiento cuando registras a tu hijo grande?

 

Se llama igual Acta de Nacimiento

 

  1. Comprobante atención parto papel debe llenarse?

 

En Perú ese documento se llama CERTIFICADO DE NACIMIENTO lo expide el profesional de la salud que constató el nacimiento, con ese documento RENIEC expide el ACTA DE NACIMIENTO.

 

  • No es mi hija pero firme el acta de nacimiento

 

Deberás contratar abogado para iniciar el correspondiente proceso judicial pidiendo la nulidad de dicho reconocimiento y destinado a esclarecer la verdadera identidad del menor .

 

26ue pasa si pierdo el certificado de nacimiento

 

Puedes pedir la Constancia de Nacimiento al establecimiento de Salud donde fue atendido el parto.

 

  1. Puedo firmar a mi hijo estando mi esposa casada con otro

 

Si, siempre que la madre lo reconoció solo con sus apellidos o dando los tuyos y con posterioridad a ello se casó con otro.

 

En caso que le hubieran dado identidad distinta a la tuya, deberás contratar abogado para iniciar el correspondiente proceso judicial destinado a esclarecer la verdadera identidad del menor .

 

  1. Que ocurre si en mi DNI aparece un nombre distinto del de la partida de nacimiento

 

Tienes que contratar Abogado con quien debes presentar tu demanda ante el Juez pidiendo la rectificación de nombre en tu Partida o Acta de Nacimiento.

 

 

  1. Mi niño tiene DNI pero el papa no lo ha firmando

 

Ello no es impedimento para que el padre lo reconozca. Bastará que ambos se apersonen con sus respectivos DNI ante las Oficinas de RENIEC .

 

  1. Mi marido no estuvo en el momento del parto y quiere reconocer a su hijo como hago para anotar a mi bebe

 

Bastará que ambos se apersonen con sus respectivos DNI ante las Oficinas de RENIEC  el trámite es gratuito e inmediato.

 

  1. Requisitos y lugar para solicitar trámite por conviviente viuda Perú

 

Si tienes hijos  tramita la SUCESION INTESTADA respecto de tu ex conviviente  adjuntando copia del cargo de la presentación de tu demanda de UNION DE HECHO,  a efectos que sean declarados herederos. Es aconsejable que contrates Abogado. La Sucesión intestada puedes hacerla notarial o judicialmente y la demanda de Unión de Hecho , necesariamente implica realizar un proceso judicial.

 

  1. Si una pareja está casada y tienen una casa y  una de las dos persona consigue otra pareja pero no se divorcia la pareja actual tiene derecho a reclamar en caso de que fallezca?

 

La respuesta es afirmativa.

 

  1. Quiero saber q es reconocimiento de unión de hecho

 

Es el reconocimiento hecho notarial o judicialmente a los convivientes

 

Legalmente solo son convivientes, el varón y la mujer  que no tengan impedimento para contraer matrimonio civil, decidan  libre y voluntariamente vivir en domicilio común mas de dos años continuos.

 

Este reconocimiento es preferible obtenerlo ante la notaria o el juzgado cuando ambos están en buenas relaciones  primero porque te da seguridad sobre tu estado civil como sobre el mejor derecho a compartir los bienes que adquieran dentro de dicha  relación y a que puedas heredar como a cobrar pensión cuando el conviviente fallezca.

Cuando se deteriora la relación o termina porque uno de ellos decide poner fin o fallece, el procedimiento judicial es mas caro, largo y riesgoso, porque suelen aparecer otras personas reclamándose igual condición.

 

 

 

  1. Una madre puede presentar a su hija con su apellido?

 

Si, si  por “presentar” debe entenderse el “inscribir” o “registrar” su nacimiento ante las autoridades del Registro Civil de Nacimientos, a  efectos que con ello se le otorgue al menor la respectiva  Acta o Partida de Nacimiento; siempre que la legislación de tu país así lo faculte a la madre.

 

  1. Ya no es necesario hacer partida de nacimiento en  Perú?

Si, lo que pasa es que ya no se llama así, sino ACTA DE NACIMIENTO

 

Gracias por tu preferencia

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO.

ABOGADO

CITAS:
asesoriadefensa02@gmail.com

RPM # 985483172

RPC      994 948 189

Lima, 03 de Noviembre del 2015

Categoría : RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS MAS FRECUENTES (IV)

por Ricardo Percy Ayala Gordillo

    1. A quien se dirige una denuncia?
    Si se trata de un delito o ilícito penal ante la comisaria o la Fiscalía Penal de turno; si se trata de una denuncia administrativa, ante el titular de la entidad o ante la Secretaria Técnica o el órgano de control interno.

2. Acción legal para destituir a director de un centro de salud
La denuncia por si misma no da lugar a la destitución, sino la gravedad de la falta cometida y luego que dentro del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario así lo determine la autoridad administrativa competente para imponer dicha sanción.

3. Cómo efectúo un descargo a una llamada de atención?
Preferiblemente, es conveniente que contrates la asesoría de un abogado, a quien debes proporcionarle todos los documentos que antes debiste pedir a la administración en los cuales se sustenta el pedido del descargo.

El descargo contendrá los fundamentos de hecho y de derecho que resulten aplicables para rechazar o reconocer los cargos que te atribuyen.

Si ya te impusieron la “llamada de atención” sin antes someterte a un proceso administrativo deberás impugnarla necesariamente con el concurso de abogado.

4. Cómo puedo registrar a mi hija si perdí el certificado de nacimiento?
Actualmente los Certificados de Nacimiento los envían directamente a la Oficina de Reniec. De no ser en tu caso así, con la respectiva denuncia policial podrías pedir una Constancia de Nacimiento o si es, mejor un duplicado del Certificado de Nacimiento al establecimiento que te expidió el que refieres perdido.

5. A donde denunciar comisario corrupto?
A la Inspectoría de la Policía Nacional de Perú, o la Fiscalía Anticorrupción o a los medios de comunicación.

6. Dónde puedo denunciar a un servidor público por acoso sexual?
Ante el Titular o la Secretaria Técnica de la entidad donde labora o bien penalmente ante la Comisaria cercana al lugar de los hechos o la Fiscalía Penal de Turno.

7. Debo llevar a la RENIEC a mi bebe que voy a registrar?
No necesariamente, aunque sería mucho mejor.

8. Qué pasa si demando a un servidor público hay represalias?
Podría haber represalia, lo cual agravaría la conducta de la falta cometida por el servidor, por configurar otra falta administrativa.

9. Que hago si me amenaza un funcionario?
Podrías denunciar su proceder ante el Titular o la Secretaria Técnica de la entidad donde labora o ante la instancia superior.

10. Otra persona puede representarme en un procedimiento administrativo?
Si, la ley del procedimiento administrativo general ley N° 27444 establece que Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

El Artículo 115 regula lo concerniente a la Representación del administrado precisando:

115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley.

Los representantes de las personas jurídicas deberán acreditar además el poder vigente con el cual proceden.

11. Se podrá cambiar el lugar donde nací en mi partida de nacimiento?
No procede al solo pedido o conveniencia del interesado.
Únicamente procedería si dentro de un proceso judicial se acreditase error en el lugar de nacimiento.

12. Cómo denunciar abuso de poder de parte de un juzgado
Quien acredite demora o arbitrariedad de parte del juez o del personal que trabaja en un juzgado puede presentar queja o denuncia verbal o escrita ante el órgano de control de la magistratura (ODECMA).

Gracias por tu preferencia

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO

CITAS:
asesoriadefensa02@gmail.com

asesoriadefensa02@yahoo.es

RPM # 985483172

RPC 994 948 189

Lima, 8 de Setiembre del 2015

Categoría : Respuestas a principales preguntas

PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

Citas:
Email : asesoriadefensa02@gmail.com
Celular: # 985 483 172 (RPM)

994 948 189 (RPC)

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Lima, 6 de setiembre 2015

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

ANEXO

LEY N° 30222: PLAZO DE GRACIA PARA ADECUACIÓN A LA LEY N° 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por Lorena Pinto Sánchez

Conforme a la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783, el empleador gozará del privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras, vale decir que en un enfoque de preventivo de la política de inspección del trabajo, se establece que en el plazo de 3 años, contados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 3022, es decir de 12 de julio de 2014 hasta el 11 de julio de 2017, el sistema de Inspección del Trabajo efectuará acciones orientadoras con el fin de prevenir y corregir las conductas infractoras.

Por lo tanto, las multas que se impongan en dicho período no serán mayor al 35% de la que resulte de aplicar luego de evaluado el caso en concreto, tomando en cuenta las atenuantes y/o agravantes que correspondan según el caso.

Sin embargo, no aplicará esta regla en el caso de tratarse en los supuestos de:

a. Infracciones muy graves que atenten la libertad de asociación y libertad sindical, las disposiciones referidas a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

b. Infracciones referidas a la contravención de: la normativa vigente sobre protección del trabajo del niño, niña y adolescente, cualquiera sea su forma de contratación y sobre la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.

b. Infracciones que afecten las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez permanente al trabajador.

d. Actos de obstrucción a la labor inspectiva, salvo que el empleador acredite que actuó diligentemente.

e. Actos de reincidencia, entendiéndose como tal a la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis meses desde que quede firme la resolución de sanción a la primera.

Para entender un poco mejor, me permito comentar un caso en particular que llegó a mis manos, se trata de una empresa hotelera, que tenía no más de 10 trabajadores, entre ellos un señor que hacía labores de limpieza. Lamentablemente, la empresa no contaba con sistema de gestión de seguridad, y por ende sus trabajadores nunca fueron capacitados en temas de seguridad.

El hecho es que el trabajador de limpieza, un día se le ocurrió en vez de bajar del cuarto piso para luego subir al otro block de edificio del hotel, quiso saltar de una ventana a otra, y al hacerlo, le falló el cálculo, y cayó al primer piso. El resultado fue desastroso, falleció de manera inmediata. Todo hace ver que la negligencia fue del trabajador, quien en realidad no debió de saltar por la ventana, sino descender hasta el primer piso y nuevamente subir al otro bloque de edificio del hotel.

Inmediatamente, se da parte a la policía, pero también interviene el inspector de trabajo en seguridad, obviamente, la sanción es incumplimiento a toda la normativa de la Ley de seguridad
y salud en el trabajo, y acá si no aplica la reducción al 35%, porque el fallecimiento del trabajdor está dentro de las excepciones.

Sin embargo, cabe preguntarse:

¿El trabajador fue diligente con su actuar?,

¿Es correcto que un trabajador, salte por una ventana, para ingresar a la habitación para limpiarla?.

¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad del empleador en el presente caso?.

Es evidente que el empleador tendrá multa por no cumplir con el sistema de seguridad, pero hasta dónde le alcanza responsabilidad, mas :

¿Cuál es el deber de cuidado que debía tener el trabajador?,
¿Es acaso usual que un trabajador de limpieza salte por una ventana para ir a otra habitación?

Estas son algunas de las interrogantes que se plantean, y que a la luz del derecho deben ser
esclarecidas dentro el proceso laboral que se le sigue al empleador.

El caso no ha terminado, aún está en proceso, razón por la cual el juzgador viene examinando las aristas antes anotadas.

Lo interesante es, que el empleador debe tomar conciencia que es parte de su responsabilidad propiciar y entregar los implementos y condiciones necesarias para proteger la vida, el cuerpo y
la salud de cada uno de los trabajadores; si aun con ello, surgen accidentes con consecuencias fatales, se debe de ver, qué lo generó, si fue una falla humana del propio colaborador: por descuido y/o negligencia, o simplemente no se siguieron las indicaciones y/o procedimientos de trabajo conforme a la naturaleza del puesto.

Por el lado del trabajador, le corresponde igualmente tomar conciencia que, los actos de negligencia o imprudencia temeraria o sin tomar las elementales reglas de cuidado pueden conducirlo a graves resultados en su vida o salud que podría conducirlo a ser corresponsable del resultado, que es preciso evitar.

Quedo a la espera de vuestras respuestas y/o inquietudes, con el fin de llevar a la reflexión y evitar situaciones como la que he planteado.

Lorena Pinto Sánchez
Abogada

Tlf. 99505981 / RPC *0137500
e-mail: lapsgalvez@gmail.com

Categoría : Derecho Laboral

Lima, 1 de Agosto del 2015

¿COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O SUPERVISOR?

Por Lorena Pinto Sánchez

La Ley N° 29783 – Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, establece que los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deben constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y en el caso que sean menos de 20 trabajadores, el empleador debe de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Tratándose de un empleador con 20 o más trabajadores, el número de las personas que lo conforman se determina por acuerdo de partes, pudiendo ser un mínimo de 4 y un máximo de 12 miembros.

De no haber acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, el número mínimo de miembros será 6 cuando el empleador tenga más de 100 trabajadores, debiendo agregarse 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales, hasta un máximo de 12 miembros.

¿Cómo se traduce esto en la conformación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Es fácil, por ejemplo en el caso que sean 4 miembros, 2 deberán ser designados por el empleador como miembros titulares y 2 más como miembros suplentes, luego en proceso de elecciones serán elegidos por los trabajadores 2 miembros titulares y 2 miembros suplentes. Si por el contrario son 6 los miembros, 3 serán designados por el empleador como miembros titulares y 3 como miembros suplentes, luego en elecciones y por votación secreta se elegirán a 3 miembros titulares por los trabajadores y 3 miembros suplentes.

Ahora este procedimiento de conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe seguirse cumpliendo rigurosamente la documentación que la sustente. Vale decir, se convoca a elecciones conforme a los plazos que establece la Ley, se levanta un registro de los votantes y luego acta del conteo de los votos con la firma de los miembros del Comité Electoral conforme a las pautas previamente señaladas para el proceso de elecciones (Reglamento de Elecciones). El acto de elección debe quedar registrado en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Algo que es importante señalar, es que las personas que son designadas por el empleador tienen la condición de ser personas de dirección o de confianza, mientras que las personas que participan en el proceso de elección de representantes de los trabajadores, no son personal de dirección ni de confianza.

De otro lado, se debe tener toda la evidencia del proceso de elección, ya que en una visita inspectiva la SUNAFIL puede solicitar la documentación que acredite la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al empleador, el cual debe ser en el local del empleador levantándose el acta respectiva.

¿Qué sucede si no se cuenta con 20 o más trabajadores?

Se debe tener en este caso un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todo tipo y tamaño de empresa.

La forma de documentar la designación del Supervisor, es convocando a elecciones a todos los trabajadores, se efectúa un proceso de elecciones con la firma de todos los votantes y se levanta igual un acta de escrutinio en donde se deja constancia quien es la persona con más votos que alcanzo la designación por mayoría para representarlos

¿Qué sucede si no se cuenta con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o con el Supervisor de Seguridad?

Por incumplir en la conformación de Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o no contar con el Supervisor de Seguridad, el empleador se puede hacer acreedor de una multa de hasta 10 UIT, cuyo equivalente es S/. 38,500.00 para el presente año.

De ahí la importancia para el empleador contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor no sólo porque ello evita una multa, sino porque el espíritu de la norma es prevencionista, por el cual el empleador garantiza que el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protegen la vida, el cuerpo y la salud de todos sus trabajadores, evaluando y previniendo los riesgos y en la salud laboral.

Lorena Pinto Sánchez
Abogada

Tlf. 99505981 / RPC *0137500
e-mail: lapsgalvez@gmail.com

Categoría : Derecho Laboral

Lima, 1 de agosto del 2015

SECRETARIA TECNICA Y ORGANO SANCIONADOR

Por RICARDO P. AYALA GORDILLO

Dr. Buen día:

La consulta es, a la luz de la publicación dela Directiva Nº 02-2015 y las normas sustantivas en la que si bien precisan con cargos específicos de quién sería la autoridad instructora, sancionadora y quien oficializa la sanción, pero no precisa si dichos funcionarios previo a recibir los expedientes calificados de los Secretarios Técnicos deben estar reconocidos o designados como tal por el titular de la entidad, si la respuesta es no es necesario entonces la remisión que hagan los secretarios técnicos sería dirigiendo los documentos por sus cargos, por otro lado tengo las siguientes interrogantes:

¿Que debe contener en su conclusión la autoridad sancionadora y la autoridad que oficializa la sanción cual es la diferencia?
¿El secretario Técnico puede ser una persona que no tiene vínculo laboral (locación es decir abogado específico) o necesariamente servidor o funcionario?

Agradeciendo por anticipado su respuesta.

Respuesta:

A tu primera pregunta, en mi opinión, no es necesario que en cada caso se emita resolución previa reconociendo como órgano instructor o sancionador al que asi corresponda.

La Conclusión del Informe de la autoridad sancionadora puede acoger o no la sanción recomendada por el Organo Instructor, en ese sentido debe verificar que contenga : 1) Los hechos que determinan la comisión de la falta, 2) las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, 3) La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada y 4) la sanción a imponer .

En caso que el órgano sancionador decidiera apartarse de las recomendaciones del órgano instructor, necesariamente deberá motivar adecuadamente las razones que lo sustentan.

La diferencia con quien oficializa la sanción es que ésta se circunscribe a emitir el respectivo acto resolutivo, incorporando los numerales precedentes enunciados en la parte considerativa y resolutiva, respectivamente.

El Abogado que asuma la conducción de la Secretaria Técnica de Apoyo a los Organos Instructores (ST o STAOI), la Ley y la Directiva, no prevén que sea contratado por locación de servicios, sino vinculado laboralmente a la entidad.

Lo absuelto en este extremo nos remite a reflexionar, dos situaciones a considerar al respecto, por un lado, al hecho comentado en nuestro primer articulo publicado a la dación de la Ley N° 30057 y su Reglamento, en el sentido que: la creación de la ST considerábamos un avance y acierto dado que venía a formalizar y reconocer la labor que, desde antaño en el régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario previsto en el D. Leg. 276 y su Reglamento DS 005-90.PCM, venían realizando Abogados, por lo general contratados por locación de servicios o CAS, como asesores de las CPPAD o CEPAD cuyos miembros designados por lo usual se limitaban a convalidar con sus respectivas firmas. Esta singular prestación no fue materia de regulación expresa, puesto que el texto se circunscribía a facultar que, las CPPAD o CEPAD podían contar con asesores.

El otro componente que interesa tener en consideración es, hasta que punto el servidor o funcionario con vínculo laboral tiene o no independencia y objetividad cuando de recomendar la aplicación de una sanción administrativa se trata respecto de sus compañeros de trabajo o superiores jerárquicos.

Este aspecto es a mi entender mas relevante incluso que el de los servidores o funcionarios con vínculo laboral con la entidad que ejercen la función de Jefes de los Organos de Control Institucional (OCI), respecto de quienes desde años atrás existe la propuesta no materializada a la fecha, que dependan administrativa, laboral y funcionalmente de Contraloría General de la República, cuyos Informes de Control terminan con las recomendaciones al titular de la entidad a fin que, en los casos que corresponda, se realice el correspondiente deslinde de responsabilidad; lo cual implicará la remisión del Informe de Control a la ST, la cual tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo.

En ese sentido, el abogado a cargo de la ST, al precalificar la gravedad de la presunta falta establecerá quien será el Organo Instructor como el Organo Sancionador que, según corresponda, finalmente aplicará desde la amonestación escrita hasta la destitución, y/o a que recomiende la intervención del Procurador Público sea quien inicie las acciones judiciales (civiles o penales a que hubiera lugar).

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO

Celular:

RPM # 985 483 172
RPC 994 948 189

asesoriadefensa02@gmail.com

Lima, 2 de julio 2015

INVITACION A VER HOY Y MAÑANA “MODERNIDAD” EN TV PERU

Apreciados(as) lectores(as)

Como regalo antelado por el Dia del Padre a quienes deseo mis mejores parabienes para sí y los suyos en el esfuerzo diario de un Perú grande; he tenido el privilegio de absolver una consulta del cineasta, director y productor peruano Roberto Barba de TRANSVERSAL FILMS SAC., quien nos invita a ver el dia de hoy a las 9 pm y mañana a la medianoche, en Tv Peru, en el programa “El Placer de los Ojos”.

Roberto, mis mejores deseos de éxitos en tus propuestas y en los concursos que participas.

Ricardo Ayala Gordillo
ABOGADO
Lima, 20 de junio del 2015

NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

RESPUESTAS A PRINCIPALES TÍTULOS DE BÚSQUEDA (3)

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

1. Soy padre biológico q necesito para registrar mi hija q ya esta registrada por otro
Si tienes tal certeza, dentro de un proceso judicial, debes impugnar la paternidad demandando a la madre como a quien firmo como el padre sin serlo. Podrías igualmente denunciar penalmente a ambos. Sin embargo, tan importante como accionar judicialmente es que hayas asumido desde un inicio y asumas ahora tus obligaciones como padre desde que la madre salió embarazada, prodigándole todo cuidado y alimentos y reconociendo a tu hija.

2. Firma del padre en el acta de nacimiento
Si eres soltero basta que te apersones ante la Oficina del Registro Civil (RENIEC o Municipalidad, donde nació el bebé) portando tu DNI, preferiblemente acompañado con la madre. Este trámite y la entrega de la primera Acta de Nacimiento es gratuito.

3. Perú, falsificar un documento para apropiarse de un bien inmueble, es delito penal? y cuando prescribe?
Claro que es delito falsificar documentos, como usar documentos falsos como si fueran verdaderos e incluso declarar falsamente .Prescribe en el plazo que precribe la máxima pena, en el caso de falsificación de documentos que cause perjuicio es hasta 10 años.

4. Cuantos días tengo para responder una resolución administrativa en Perú?
En regla general tienes 15 días hábiles para impugnar en sede administrativa a partir del día siguiente en que fuiste notificado con arreglo a Ley; o bien dentro del plazo que expresamente te señale la resolución.

5. Elaboración de un amparo ante la negativa ficta por parte de las autoridades.
Si, es posible interponer una Demanda de Amparo en caso se vulneren tus derechos constitucionales como cuando con el silencio u omisión se cause igual peligro.

6. Es un requisito tener las citaciones del ministerio de trabajo para realizar un proceso laboral Bolivia.
Sería conveniente verificar si en la legislación de tu país así la exige, en uno u otro caso sería conveniente presentarla, salvo que las leyes bolivianas exoneren de tal requisito,

7. Como encontrar información de un familiar teniendo solo edad aproximada nombre y ciudad de nacimiento.
Te sugiero ponerte en contacto con empresas u organizaciones privadas como la prensa dedicadas a brindar este servicio.

8. Que hacer cuando un padre que hecha a su hija por estar embarazada?
Una niña o adolescente, legalmente, son incapaces totales o relativas según fuera su edad por lo que, es decir, no tienen el discernimiento suficiente para tomar decisiones cuando producto de violaciones, seducciones o relaciones sexuales resultan embarazadas por lo que, en tal condición, por mas doloroso que resulte para los familiares y esencialmente para los padres quienes desean lo mejor para ella sintiéndose frustrados en su expectativa de vida para la hija como para ellos, lo peor que pueden hacer es echarlas de la casa o no darles el apoyo en el momento de sus vidas que mas lo necesitan. Pasado el amargo momento será asimilado y todo un reto para quien adelantó la maternidad, cuyo hijo(a) deberá ser asumido como la razón de sobresalir con igual o mas énfasis que cuando no le mediaba mayor responsabilidad. Hay infinidad de bellas mujeres que pasaron por experiencias semejantes y hoy brillan con luz propia en donde desarrollen un oficio o profesión.

9. Diferencia de acta de nacimiento y partida de nacimiento.
Hoy, es lo mismo; antes de llamaba Partida y hoy Acta.(de Nacimiento, Matrimonio o Defunción).

10. Que papeles deben tener los niños q tienen solo el apellido de la madre y los quiere reconocer el papa?
Por parte de los niños ninguno. El padre que quiere reconocerlos solo deberás acercarte a la Oficina de RENIEC o del Registro Civil de la Municipalidad donde fueron inscritos portando su DNI, si va con la mamá y con los niños muchísimo mejor , luego de ello te señalarán la fecha en que te entregarán la nueva Acta de Nacimiento con la cual tramitarás sus DNI. En tanto será un dia de fiesta para ustedes. Congratulaciones.

11. Ley de contrataciones obras
Te sugiero revisar la Ley de Contrataciones del Estado, la cual puedes visualizar o bajar de diversos portales de entidades del Estado, si del OSCE, muchísimo mejor.

12. Declaración jurada de legislación laboral vigente
Es la elaborada por quien es requerido a declarar firmando al pie con la rúbrica que lo caracteriza en su DNI. Si es o contiene datos falsos además de poder acarrearle nulidad del acto administrativo puede ser denunciado por delito contra la fé pública. Cuidado con lo que declaras y firmas.

13. Una sanción administrativa no prescribe nunca ?
Falso, no solo la sanción sino la posibilidad incluso de ser procesado, prescriben transcurrido el plazo expresamente establecido por la Ley en cada régimen laboral o en las leyes que regulan determinadas funciones públicas u obligaciones como las tributarias.

14. Como hacer una denuncia contra un funcionario publico
La denuncia en esencia pueden ser verbales o escritas y debe precisar con certeza la fecha, hora, nombre, cargo o función del denunciado y de manera concreta en que consiste el hecho materia de la denuncia. Si hay documentos, fotos, testigos, debe ofrecerlas de modo claro y expreso. El denunciante puede ser ahora sujeto de protección de su identidad pero obligado a la vez de prestar su total colaboración hasta la culminación de la verificación de la conducta denunciada.
15. El registro de nacimiento sustituye la partida de nacimiento
No, el Registro (llámese RENIEC u Oficina de Registro Civil de una Municipalidad) es la oficina que resguarda bajo responsabilidad, las Partidas o Actas de Nacimiento de los allí inscritos.

16. Donde se puede poner una queja en contra de Directv .?
Ante la misma empresa Directiv. En caso no te sea recibida o resuelto la materia conforme a los términos de tu queja podrías acudir en via de Queja o Apelación ante OSINERG.

17.
18. Puedo pedir mi reconocimiento viviendo en union libre luego de vivir 28 anos y me pide separanos?
Si, notarialmente si él está de acuerdo y judicialmente si no lo está, está ausente o falleció. 19.
20. Certificado y Partida de nacimiento es lo mismo? 21.
No, Certificado de Nacimiento lo expide el médico, obstetriz u otro profesional o persona (partera por ejemplo) que atendió o constató el parto; y la Partida hoy llamada Acta de Nacimiento se expide teniendo a la vista el Certificado de Nacimiento.
22.
23. Plazo en que prescribe el proceso disciplinario. 24.
Entre uno, 3 o 4 años, según la legislación laboral o administrativa aplicable. A diferencia de la responsabilidad civil o penal y otros regímenes laborales o legislaciones, en el caso de los sujetos al régimen laboral del D.Leg. 276, el plazo se computa desde la fecha en que la autoridad competente para aplicar la sanción tuvo conocimiento de la falta. 25.
26. Dónde tramitar documento de no fuiste destituido como servidor público?
El Registro Nacional de Sancionados con Destitución o Despido a cargo de SERVIR sólo cuenta con información de quienes se les aplicó sanción alguna. Puedes optar por consultar a la entidad que impuso la sanción, dirigida al funcionario responsable del RNSDD de la entidad o vía Acceso a la Información Pública a SERVIR 27.

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Muy agradecido a cada uno de ustedes por su visita, escribir y difundir el blog.

Exitos.

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08 de octubre 2013

CALIFICACION DE LA DENUNCIA y FACULTAD SANCIONADORA DEL JEFE INMEDIATO

Por RICARDO P. AYALA GORDILLO

Apreciado lector

Si te encuentras en casa o en tu centro de labores o donde estés y de pronto ves una chispa de fuego, ¿cual es tu reacción inmediata, que es lo primero que haces? Y después?

Cierto, lo mas probable es que tomas acción inmediata y que grites como alerta a todos pero a la vez, de inmediato, lo mas probable es que, procuras apagarlo con cuanto tengas a tu alcance, pisándolo, o cubriéndolo para que la falta de oxígeno apague la llama incipiente, con agua o extintor, si tienes la suerte de tenerlo a la mano.

No faltarán, algunos pocos, que por temor o inexperiencia, salgan corriendo y tras él cuantos lo oyen, en automático, sin verificar la magnitud de la alarmante noticia, piden llamar a los bomberos que, con toda su buena voluntad seguro que si, llegarán, aunque, tardíamente, cuando poco o nada pueda rescatarse, acaso por nuestro caótico tránsito citadino o porque, antes, debieron socorrer a muchos otros como los que llamaron.

Ahora bien, sustituyamos el fuego por la conducta infractora de un servidor o funcionario, ¿que sueles hacer como jefe inmediato?

Este es un tema de todos los días en diversas instituciones, donde predominan los arraigados usos y costumbres, o mantener el status quo, o por diversidad de razones, suelen evidenciarse conductas infractoras, por acción u omisión del causante como del llamado a corregirlo, limitándose a informar del hecho y reclamar la falta de correctivo oportuno por parte de la superior autoridad, olvidando o desconociendo que la Ley le ha delegado cierta cuota de poder de la administración pública que lo faculta desde verificar periódicamente los procedimientos y actuaciones del personal a su cargo, reunirse a conversar, acordar, disuadir, exhortar -individual o grupalmente-, o a emitir disposiciones internas y hasta, previo descargo, a imponer las sanciones directas en los casos que asi lo amerite, como parte de las medidas oportunas destinadas no solo a prevenir sino a corregir, e incluso a mejorar la calidad de los servicios a su cargo, todo lo cual, forma parte del CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE, exigible a todo gestor por parte de la Ley del Sistema Nacional de Control y a cuyo fortalecimiento apostamos, en bien de los gestores como de los usuarios, razón principal del servicio encomendado por parte la administración pública.

Este artículo propugna que solo en casos aislados se actúe como el supuesto descrito en el tercer párrafo, esperando a que sea la CPPAD o el titular de la entidad u otras instancias superiores se hagan cargo del CONTROL POSTERIOR cual los bomberos del ejemplo.

La consulta y su respectiva absolución nos ilustra de situaciones como la comentada.

Consulta

1.- Dentro de un examen especial de OCI se comprendió a un servidor.
2.- Dicho documento fue derivado a la CPPAD para su evaluación.
3.- La CPPAD encontró responsabilidad administrativa y civil, pero opina que no procede la apertura de PAD, pero recomienda la suspensión de 30 días sin goce de haber.
4.- El jefe inmediato del servidor es integrante de la CPPAD y participa en el pronunciamiento.
¿Quién recomienda la suspensión? considerando que el jefe inmediato es integrante de la CPPAD y ha participado del pronunciamiento final.
Muy Agradecido…

Respuesta:

Si el OCI emitió un informe comprendiendo en responsabilidad al servidor, lo mas probable es que tal responsabilidad sea relevante, dado que los Informes de OCI como regla, revelan únicamente los actos materialmente significativos (importantes).

De ser ello así, lo mas probable es que la CPPAD al calificar debió recomendar apertura de PAD, tanto mas cuando, en el caso en concreto, inapropiadamente, sin previo descargo se asume, recomienda imponer suspensión por el máximo de 30 dias cuya facultad se encuentra reservada al jefe inmediato.

Tal recomendación nos conduce a inferir, que algo no esté bien por parte de la CPPAD, siendo recomendable verificar la fecha en que ocurrió el hecho, en que dicho órgano colegiado recibió el expediente para calificar la denuncia y el tiempo transcurrido hasta que emitió su recomendación; en razón a que, en ocasiones suele recurrirse a este remedio, no siempre efectivo, en procura de exonerarse de responsabilidad por haber dado lugar a la prescripción para abrir PAD, recomendando la imposición de sanción directa o bien calificando la conducta como encuadrada en otras normas generales, como el Código de Etica que no necesariamente resulta aplicable en primer orden; conllevando a que, en vía de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil o en sede judicial, tales decisiones sean declaradas nulas.

En adición a lo anterior, en mi opinión, la CPPAD al calificar la falta de leve, debe limitarse a recomendar que el expediente que contiene la denuncia sea remitida al jefe inmediato para que sea él, quien proceda conforme a su competencia y atribuciones establecidas por los artículos 152, 156 y 157 del D.S. 005-90-PCM, y a quien asiste, para ello, desde estudiar el expediente, pedir el correspondiente descargo, hasta aplicar la correspondiente amonestación o proponer a su superior inmediato los días de suspensión sin goce de haber e, incluso proponer su archivamiento, solo cuando así correspondiera y según fuera el caso en particular; decisiones que no están sujetas a su libre albedrío sino sujetas a los criterios puestos en los artículos 151 y 154 de la norma antes mencionada como a los PRINCIPIOS LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA contenidos en el artículo 230 en concordancia a los PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Titulo Preliminar Art. IV) de la Ley Nº 27444.

Si al entender de la CPPAD se trata de una falta leve, razón mas que suficiente para que en analogía al que ve el incendio incipiente, con arreglo a los principios de INMEDIATEZ, EFICIENCIA, EFICACIA, OPORTUNIDAD Y ECONOMIA PROCESAL la calificación de la denuncia por parte de la CPPAD sea inmediata, como inmediato el rectificatorio proceder, originariamente omitido por paarte del Jefe inmediato, a efectos de evitar que con ello el infractor indebidamente se considere validado o impune.

De ahí que cuando la CPPAD concluya que se trata de una falta leve y acuerde recomendar remitir al jefe inmediato, tiene la obligación de sustentar porque es una falta leve y no una falta grave; no asistiéndole en la etapa de calificación, proponer el tipo de sanción a aplicar por cuanto, a nuestro entender, resultaría un exceso en sus atribuciones.

De otro lado, si el Jefe inmediato participó como miembro de la CPPAD, órgano colegiado que recomendó la antes anotada sanción directa al servidor a su cargo, al recibir el expediente para la aplicación de la sanción directa, deberá promover, dentro de un plazo de dos días, ante el superior inmediato, la correspondiente ABSTENCION (con arreglo a lo previsto en el Art. 88 a 90 y 75 de la Ley 27444) para que sea éste quien se pronuncie al respecto y determine el funcionario que hará sus veces.

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POTESTAD SANCIONADORA DEL JEFE INMEDIATO/GESTOR PUBLICO
31 AGOSTO 2013

ALIMENTOS – MONTO

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

Consulta

El padre que no tiene empleo fijo, que recién ha empezado una empresa, que al momento no percibe ingresos, ¿tiene deber económico por alimentos a su hijo?
si fuera el caso que los tuviera, cuanto tendría que dar?
y si en algunos meses su sueldo fuera de 1000 soles cuanto le corresponde dar a la mama de su niño. el menor tiene 6años.
Gracias.

Apreciada lectora

En orden a cuanto preguntas:

Si tiene el deber, aunque si actualmente no percibe ingreso la pregunta es ¿de donde te daría?

Lo anterior es valedero como reflexión que te invito a considerarla como si fueras tu la requerida en situación semejante; aunque es verdad, suele ser usado como justificación por muchos cuando no corresponde.

El deber de alimentar a los hijos no es solamente responsabilidad de uno de los padres sino de ambos, del padre como de la madre, si bien en los primeros meses y años, la madre es quien debe priorizar el cuidado del(a) hijo(a), ambos tienen la obligación de trabajar para proveer la mejor alimentación de su(s) hijo(s), entendiéndose por alimentación no solo la comida sino todo lo necesario para su subsistencia: vivienda, alimentos propiamente dichos, ropa, salud, educación, recreación.

En caso que los padres vivan separados, lo ideal sería acordar un monto como pensión alimenticia, la fecha, como el lugar donde cumplirá oportunamente con pagarlo. Debiera bastar en honrar la palabra empeñada.

Si primase la desconfianza o la necesidad de rodearse de una común seguridad, sería mejor que ese acuerdo, sea elaborado con el concurso de un ABOGADO y quede plasmado en un acta celebrada ante un CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, lo cual te evitará pérdida de tiempo y dinero en pasajes, trámites engorrosos, sobre todo enojos y enemistades mayores siendo lo mas importante que tiene igual validez que una sentencia judicial, de modo que de no cumplirse, es mas pronto su exigibilidad, en ese caso si a través de un JUZGADO.

Con esa acta, el monto no pagado oportunamente, se entenderá adeudado y es pasible de exigir su cobranza como devengados para cuando el padre perciba ingresos, oportunidad en la cual podrás exigir el pago de los respectivos INTERESES generados.

Idealmente debiera ser el 50% de sus ingresos a favor del niño, aunque judicialmente suele señalarse alrededor del 20 al 30%.

Mucho dependerá de cada caso en particular, asi, si un padre tuviera un ingreso diminuto, el porcentaje otorgado por máximo que fuera siempre será en esa proporción; en contrario, si su ingreso es alto, el mas diminuto que se señale podría atender con creces la necesidad del alimentista.

A mayor edad mayor necesidad de alimentos.

Si no son casados ni convivientes no le corresponde monto alguno a la mamá.

Gracias por escribir y difundir el blog

Exitos.

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Derecho de Familia
30 agosto 2013

RESPONSABILIDAD DEL COMITE ESPECIAL

Por Abogado Ricardo Ayala Gordillo
Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez

Adrián consulta:

Estimado Ricardo deseo saber como dejar en claro normativamente que el comité especial permanente no es responsable de una mala ejecución del servicio contratado. Lo digo por una denuncia penal al comité donde la falta es que no se haya realizado por completo el servicio y sin embargo se haya pagado el total del contrato.

Adrián:

Normativamente, el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa las atribuciones del Comité Especial las cuales concluyen al quedar firme administrativamente el otorgamiento de la buena pro, siendo responsable por la adecuada selección del postor ganador como de los actos inherentes a su función, destinados a declararlo como tal, no formando parte de dicha función supervisar la ejecución de la prestación contratada ni ser quien da la conformidad previa al pago.

El control y supervisión permanente de la ejecución de la prestación corre a cargo del usuario y/o del funcionario o servidor designado como responsable de la supervisión como del autorizado a dar la conformidad previa al pago y en lo que corresponde, al órgano encargado de las contrataciones de la entidad.

Los artículos 24 y 32 de la LCE establecen la responsabilidad administrativa que respectivamente asiste al Comité Especial como a los funcionarios o servidores de la Entidad; la cual puede derivar en responsabilidades civiles o penales como refieres en el caso en particular.

A efectos de mejor ilustrar a la autoridad judicial es aconsejable que los miembros del Comité Especial cuenten con una adecuada defensa legal preferiblemente, con experticia en la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto el Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez añade:

Es correcto que el Comité Especial termina su función, cuando la Buena Pro otorgada queda consentida y remite el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la entidad para que formalice la suscripción del contrato respectivo.

La entidad en los términos de referencia del servicio, o en el contrato mismo, deberá señalar quien será el responsable de la supervisión y quien dará la conformidad del servicio.

Hay que tener en cuenta, que el informe de la conformidad del servicio solo puede otorgarla quien haya sido designado para ello, si no existiera una designación expresa, deberá hacerlo el responsable del área usuaria.
Ahora, sólo con la conformidad del servicio, es posible que se inicie el trámite de pago, antes no es posible; es decir, el responsable para que se haya pagado a este proveedor sin que haya culminado la prestación del servicio, es responsabilidad de quien emitió la conformidad del mismo; sin embargo, esto no excluye de la responsabilidad del control interno que es inherente a todo servidor o funcionario público, por tanto es posible que haya más involucrados en la cadena del trámite de pago. Pero el responsable principal es quien emitió la conformidad del servicio.

Espero te sirva este pequeño análisis.

Un alcance para todos:

Hay que tener presente que en las controversias que se presentan en las contrataciones estatales, y se llega hasta el arbitraje, éstas se ganan no sólo porque quien reclama tiene la razón en cuanto a los hechos suscitados; sino hay que tener muy presente el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos; pues muchas veces se pierden los casos al no haber observado cuidadosamente estos aspectos, aún cuando se tenga la razón en los hechos.

Ténganlo presente.

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 24°.- Del Comité Especial
En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un Comité Especial que deberá conducir el proceso.
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité Especial ad hoc.
El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización de los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuando lo considere conveniente.
El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.
Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico especializados, en el caso de bienes sofisticados, servicios especializados obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades.

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentido o administrativamente firme o se cancele el proceso de selección.

Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización.
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización Ello no suspenderá en ningún caso la continuidad del proceso de selección.
En los casos a que se refiere el artículo 32 del presente Decreto Legislativo, los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que condujo el proceso de selección original.
Concordancia: LCE: Artículo 32º.
RLCE: Artículos 27º, 28º, 30º al 31º.

Artículo 25°.- Responsabilidad
Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable.
Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.
En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores.

Artículo 46°.-De las responsabilidades y sanciones
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.
En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente es realizada por la mas alta autoridad de la Entidad a la que pertenecen a fin de medir el desempeño de de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas.
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el Directorio.
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90)días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,
d) Destitución o despido.
Concordancia: LCE: Artículo 25º

Muy agradecido por escribir y por difundir el blog.

Exitos

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Lima, 10 de agosto 2013

INSCRIPCION DEL(A) RECIEN NACIDO(A) CON APELLIDOS DEL PADRE O DE LA MADRE

 

 

 

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

Consulta

Buenas noches, soy madre soltera, quise inscribir a mi bebe con mis datos y los del papá, pero fue dolorosa la respuesta de la srta, al decirme que el nombre del padre de mi bebe, no existe, me dijo que si deseaba podía inscribir a mi bebe con mis datos y cuando tenga los verdaderos datos regrese, lamentablemente tuve que buscar a “aquel Hombre” pero no quiso dármelos, su familia me dio sus datos verdaderos, por compasión (creo) ya verifiqué y son de él, lo que yo quisiera saber es si tendré algún problema en dar sus datos de él, solo para que mi hija lleve el apellido no pienso pedirle nada, solo deseo que mi bebe tenga su apellido, pero mi temor es si hay alguna forma de que se entere que yo he dado sus datos…ese es mi temor y mi consulta, le estaré muy agradecida, muchas gracias desde ya

 

Apreciada lectora

 

En los últimos días, consultas como la que hoy realizas son frecuentes en este blog como hechas particularmente.

Traer al mundo un hijo es una gran responsabilidad, que debe ser compartida con alegría y sin presiones por ambos progenitores, ese debiera ser el discurrir natural, pues la razón de ser de las personas en este mundo debiera ser una constante búsqueda de felicidad.

Ello sin embargo, no ocurre siempre así, a diario la prensa da cuenta de noticias trágicas cuando algunas madres han reclamado ese elemental derecho al padre e incluso a sus familiares, como de las interminables peripecias y sacrificios que puede significarles el cumplimiento de tener un acuerdo extrajudicial o de una sentencia judicial que ordena el pago de una pensión alimenticia a un escurridizo irresponsable progenitor.

Para paliar en parte, estos dramas, la legislación nacional da a la madre la facultad de inscribir sola a su bebé o dando los apellidos de quien es el padre.

Quien reconoce al hijo que le es atribuido o es judicialmente declarado como tal, no solo da su apellido, generando a ambos progenitores derechos como obligaciones; como saber con certeza quienes son sus progenitores, tener una familia, la relación de parentesco que en su momento le dará derecho a heredar, pasarle una pensión alimenticia para proveer todas sus necesidades alimenticias hasta cuando aun siendo mayor de edad curse estudios superiores satisfactoriamente, asistiéndole a la vez, al padre la posibilidad de ejercer sus derechos a visitarlo -en caso que los padres decidan vivir separados- como a ejercer la Tenencia (a que viva solo con él), que cada vez que decidas viajar sea él quien deba autorizarlo expresamente ante el Notario o la autoridad judicial, etc.

En tu caso, a pesar del reprochable originario proceder por parte del padre biológico de tu hijo, quien te da por suya una identidad que ni siquiera existe; este hecho revela, entre otros, parte de su forma de ser, como la ligereza o extrema confianza de tu parte en él, al no haber saber quien es ni como es en realidad; aún así, insistes en consignar su apellido en el Acta de Nacimiento de tu hijo.

Si ahora que tienes una mayor información y sabes su verdadera identidad, de inscribir a tu bebé con el apellido del padre, ese solo hecho no le genera las obligaciones ni derechos antes indicados.

El procedimiento administrativo establece que la autoridad administrativa deberá proceder a notificarlo para que se apersone a reconocerlo o negarlo.

En caso lo reconozca, ya sabes parte de cuantos derechos puede ejercer.

En caso que lo niegue, deberás interponer un proceso judicial de filiación extramatrimonial y alimentos, si el no sale al proceso dentro del proceso concedido por el juez éste lo declarará como tal; si niega la paternidad deberá acreditarlo con la correspondiente prueba de ADN cuyo pago deberá asumir.

Ahora que ya sabes su verdadera identidad,  su reacción ante algo tan elemental como la de sus familiares hacia ti, como de cuantos derechos y obligaciones tiene cada uno, es oportuno que medites bien el paso que vas a dar, si es mejor inscribir sola a tu bebé o si das los apellidos de quien es el padre.

Si lo inscribes solo con tus apellidos pueda que mas adelante él reflexione y lo reconozca voluntariamente o bien; que tu pudieras rehacer tu vida y quien te ame realmente quiera adoptar judicialmente como suyo a tu bebé y él crecer en ese seno permitido por la Ley.

Se teme muchas veces por inseguridad propia, o a lo que se conoce como a lo que no se conoce; mucho esta en ti, mucho depende de ti, no solo tu vida actual sino también la de tu hijo.

Si gustas mejor abordar sobre tu temor, te sugiero escribirme al correo personal o reserves consulta conmigo o con otros profesionales.

Muy agradecido por escribir y por difundir el blog.

Éxitos

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Derecho de Familia

2 de julio del 2013

 

DERECHOS SUCESORIOS ENTRE MIEMBROS DE UNION DE HECHO

 

                                                                                                                                     Por : Ricardo Ayala Gordillo

 

 

 

Los Convivientes, -quienes viven en Unión de Hecho- están de plácemes: desde el 18 de abril de este año tienen derecho a heredar, era la principal exclusión que tenían frente a los casados por civil.

 

En efecto, el Congreso de la República mediante Ley Nº 3007 publicada en la separatas de las Normas Legales de el diario oficial El Peruano del 17.04.2013, reconoce derechos sucesorios  al  varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que conforman una unión de hecho. Tiene ahora la condición de heredero forzoso.

Con tal propósito  es requisito que :

1) reúna las condiciones señaladas en el artículo 326 del Código Civil vale decir: que La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años contínuos. La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. (También dice el Código Civil que : La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido).

2) Que la Unión de Hecho se encuentre vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros.

3) que la Unión de Hecho se encuentre inscrita en el Registro Personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, o reconocidas por la vía judicial. Según sea el caso, debe adjuntarse, el testimonio de la escritura pública o la copia certificada de la sentencia judicial firme.

 

 

La Ley precisa, además, la posibilidad que el integrante sobreviviente pueda solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho si antes del fallecimiento del causante no se hubiera realizado la inscripción registral en el Registro Personal.

 

La solicitud será presentada por cualquiera de los interesados a que alude el artículo 815 del Código Civilo por el integrante sobreviviente de la unión de hecho reconocida conforme a ley, ante el notario del lugar del último domicilio del causante.

 

La Ley a fin de reconocer derechos sucesorios entre los miembros de Uniones de Hecho  modifica los artículos 326, 724, 816 y 2030 del Código Civil, el inciso 4 del artículo 425 y el artículo 831 del Código Procesal Civil y los artículos 35, 38 y el inciso 4 del artículo 39 de la Ley 26662.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 1 de Mayo de 2013

Categoria : Derecho de Familia

ALTERACION O SUPRESION DE FILIACION DE MENOR

RICARDO AYALA GORDILLO

Doria Consulta:

Doctor, mi pregunta es que salí embarazada el hombre que es mayor me engañó y jugo conmigo, me separé de él estando embarazada, ya no quiero saber nada de él pero ahora él dice que me piensa ayudar y reconocer a mi hijo pero yo no quiero nada de el y que mucho menos le va a dar el apellido de ese hombre, hasta ahora el me envía dinero para mi embarazo pero  no lo ocupo, mi pregunta es ¿si me caso con otra persona antes de que naciera el bebe el padre de mi hijo tiene derecho a reclamar al niño y registrarlo con su apellido? o de lo contrario ¿debo registrarlo con el apellido de la otra persona con la que me casaría?.

Respuesta

La situación que atraviesas es sumamente frecuente en nuestra realidad, como válvulas de escape a los cuales suelen recurrir algunas mujeres o sus familiares, cuando reparan que por violencia o incompatibilidad de caracteres o razones diversas se busca una alternativa de solución a una relación extramatrimonial que no se desea continuar.

Estas “soluciones” no siempre son las mas adecuadas, siendo lo mas grave que algunos casos, en los tiempos actuales, que forman parte de las alarmantes estadísticas de incremento de violencia física o moral contra la mujer y feminicidio (homicidio causado contra la mujer) que en muchas oportunidades involucra en noticias de sangre o graves disturbios a sus familiares.

En tanto tu como el varón con quien mantuviste relaciones extramatrimoniales saben que fue él quien te embarazó, él tiene la condición de padre de quien está por nacer, llamado por esta razón PADRE BIOLOGICO.

Si para eludir al padre biológico, decides convivir o casarte con otro varón o aun sin hacerlo éste fuera declarado por ti como el padre o inclusive faltando tu declaración sobre él, éste firmara el Acta de Nacimiento atribuyéndose la condición de padre del bebé, en tanto no sea cuestionada y anulada dicha inscripción como el Acta de Nacimiento, para todos los efectos legales, él será considerado padre de tu hijo(a) .

Si asi procediera s como este otro varón, ambos estarían procediendo con plena conciencia que su conducta es fraudulenta, resultando agraviados el(a) hijo(a), el padre biológico y el Estado, puesto que se le está otorgando al hijo(a) una identidad (apellido y familia distinta  del padre biológico) distinta de la que corresponde a la realidad de los hechos, que el Estado peruano ha tipificado como Delito contra la Familia-ALTERACION O SUPRESION DE FILIACION DE MENOR (Art. 145 del Código Penal) sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco años; contexto en el cual, no solo el padre biológico sino el Estado a través de su Procurador podría accionar tanto penal como civilmente impugnando la paternidad y reclamando indemnización; como accionando administrativamente contra ellos, pidiendo la nulidad de la inscripción como del Acta de Nacimiento.

En mi opinión, en casos como el tuyo, la solución pasaría porque tu -directamente y/o a través de la persona de mayor confianza a la cual él reconociera con mayor ascendencia y/o autoridad, o del abogado o sicólogo experto en temas de familia de tu elección, de la Fiscalía de Prevención del Delito, de la Fiscalía Familia, DEMUNAS como de cuantas instituciones públicas o privadas con mecanismos de promoción y prevención de lucha contra la no violencia contra la mujer,- hable con el padre biológico agradeciendo su sentido de responsabilidad de asumir las obligaciones alimenticias del hijo(a) que esperan, precisándole que su rol de padre será respetado e implica el cumplimiento de la permanente obligación alimenticia respecto de su hijo(a), pero que ello no le confiere ningún derecho de pedirte, condicionarte, exigirte o coactarte a que retomes relación de pareja con él, salvo que voluntariamente  asi lo decidieras.

En tanto decidas que es lo mejor para ti, lo aconsejable es que cuando nazca el bebe, lo reconozcas solo con los apellidos tuyos, eso es lo urgido y  de principal importancia para el bebe quien necesita contar con su identidad con la cual puedas reclamar a favor de el todos sus beneficios y derechos.

Finalmente, distinto es en los casos que el padre biológico no fuera conocido o se desentendiera y no quisiera saber absolutamente nada  del bebe que esperas o ya hubiera nacido, cuando rehagas tu vida con otro varón que te quiera tanto como a tu hijo, él podría darle su apellido a través del proceso judicial de ADOPCION DE MENOR.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoria : Derecho de Familia

FALTA ADMINISTRATIVA, OMISION DE DEBERES DE FUNCION, DEPRESION SEVERA, AGRESION

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Consulta

 

Dr. Ricardo

 

Mi consulta, es referente al siguiente caso: fui agredida verbal y físicamente por una colega en el centro educativo donde trabajo sin haber causa justificada. El hecho fue observado por la directora y dos colegas que tuvo que coger a mi agresora para que no siga golpeándome y yo en ningún momento le respondí con golpes ni con palabras nocivas. la Directora llamó la atención con un memo a mi agresora y a mi nunca me notificó por mal comportamiento pues mi agresora era la única responsable del problema. Ante esto, comenzaron las agresiones psicológicas, hice la denuncia a la UGEL la cual constató la agresión en ese momento yo me encontraba con descanso médico y no estuve presente. La Directora manifestó que tengo mal comportamiento generando un problema gratuito contra mi por haber denunciado el hecho a la Ugel y llamó a todas las colegas quienes declararon lo mismo, rindiendo solo su manifestación en mi contra sin presentar ningún documento que demuestre mi mal comportamiento coludiéndose con mi agresora, esto llegó a su limite y me he enfermado psicológicamente hasta presentar un cuadro de depresión severa por las agresiones psicológicas en la institución.

 

La Ugel me destaca a otra institución a solicitud mía, pues es imposible seguir laborando en esa institución donde hay una evidente ruptura de relaciones humanas. Ante esto la Ugel nunca aperturó proceso administrativo disciplinario a pesar de q constato las agresiones y yo solicité q lo hiciera para dar mis descargo usando mi derecho a defensa. Doctor he solicitado ser reubicada a otra institución con plaza y todo y tampoco la UGEL quiere hacerlo, me están dando otro destaque sin autorización de la directora que es el cambio temporal. Doctor considero q este destaque no es la solución definitiva a mi problema, salí apta en el proceso de reasignación y tampoco me han reasignado por no haber plaza vacante disponible y me han dado un acta de espera hasta que halla una plaza vacante lo cual tampoco es procedente pues el proceso de reasignación ya concluyó, tengo conocimiento de que si existe la plaza, pero la Ugel se niega a reasignarme. ¿qué hago doctor?, oriénteme ¿los plazos para el proceso administrativo disciplinario todavía están vigentes? el problema fue en junio del 2012, como resultado del proceso administrativo disciplinario ¿ yo podría lograr salir ser reubicada con plaza y todo a otra institución? pues yo estoy en riesgo laboral al tener a todas las colegas en mi contra por haber denunciado el hecho y no haber querido someterme a sus abusos. Oriénteme

 

Dr. Gracias.

 

 

Apreciada consultante:

La agresión física como verbal, es una grave vulneración a la DIGNIDAD HUMANA de ahí que su protección es de primer orden constitucional (Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado)  y legalmente materia de tutela y protección por parte del Estado en todas las instancias civil, penal y administrativa- disciplinariamente constitutiva de falta administrativa, por lo que, la servidora, previo descargo o proceso administrativo debió ser sancionada válidamente,  de ser el caso emitiéndose la correspondiente REsolución Sancionatoria, de ahí que el Memorando con el cual la Directora “la sanciona”, es nulo sin  valor legal alguno; al respecto, sería conveniente que contrates los servicios de un abogado a efectos que representándote sea él quien hiciera las indagaciones administrativas ante la UGEL sobre el estado de tu expediente relacionado a la agresión en tu agravio como de la negativa en reasignarte en la plaza que refieres existe y quien luego evalúe las acciones legales a adoptar, tanto mas cuando como refieres, tanto la agresión como la posición de tus demás colegas en contra tuya, te ha causado depresión severa.

 

En mi opinión, lo que es muy urgente, por encima de lo que otros te han hecho y/o han dejado de hacer, favoreciendo por ahora a la otra docente, es que te ocupes de ti como persona, con el objeto que seas tu y no otros quien supere tu depresión severa, eso es lo urgente, tu puedes y debes salir de la depresión, necesitas pensar en ti, que otro u otros se ocupen de los otros, tu tienes la prioridad de ocuparte de ti de estar bien en todo el sentido de la palabra; en la medida que te concentres en ti, en que vayas superando tu depresión, llegarás al convencimiento que cuanto ahora te aflige no vale la pena, que vales mucho mas de lo que te imaginas, que la vida todos los días te ofrece un sinfín de posibilidades, que si amas la carrera como docente podrás reinventarte e incluso ver que hay muchas y mejores posibilidades laborales en otros ámbitos que nunca siquiera se te ocurrió explorar; busca ayuda profesional y motívate día a día con quienes saben mucho mejor de lo que te digo como el buen Facundo, enciende los parlantes, cierra los ojos y escúchalo http://www.youtube.com/watch?v=XaIIHuOcDWI

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

Si gustas, puedes ampliar tu consulta al correo personal o concertar cita.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 17 de Abril del 2013

 

 

GRACIAS A TI

Apreciado amigo y amiga,
visitante de este Blog:
Apuntes sobre Derecho Administrativo y de Familia
 
Esta breve, muy breve publicación
es  exclusivamente
para agradecerte
por compartir tu experiencias en público o privado, segun tu mejor elección,
por contribuir en difundir el blog
y  permitirme 
la oportunidad de brindarte la pauta oportuna
y cuando es posible, el servicio legal pertinente
que coadyuve a tu  mejor decisión.
Mi permanente renovado  especial agradecimiento a los administradores de
wordpress.com que hacen posible esta integración virtual
con amigos y amigas de todos los Departamentos, Provincias y Regiones 
de mi querido Peru
que espero visitar este año
con los Cursos relacionados;
como a los amigos y amigas de
Argentina, Colombia, Chile, Méjico,
Ecuador, Bolivia, Venezuela, CentroAmérica, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Canadá
España, Japón, Italia, Arabia Saudita y muchos otros pa¡ses que involuntariamente 
esté omitiendo.
Asimismo,
para expresarte mi deseo que
cual  estela de la estrella de Belén
La luz del redentor
Alumbre nuestra amistad, tus metas y días, como el de tus seres queridos
hoy y siempre
 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD , MUCHA SALUD, PROSPERIDAD,FELICIDAD  Y EXITOS EN EL 2013!!!!!!!!!!!
 
Ricardo Percy  Ayala Gordillo
ABOGADO
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LIMA –  PERU

PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS

Por : RICARDO AYALA GORDILLO

En este artículo,  los lectores interesados pueden dar a conocer y ofertar el resumen de su experiencia profesional y/o laboral como datos de contacto  y de considerarlo, remitir en archivo adjunto al email   asesoriadefensa02@yahoo.es     su currículum vitae no documentado.

En este artículo, también,  las entidades públicas o personas jurídicas o naturales interesadas pueden resumir sus convocatorias o solicitudes de servicios profesionales, de modo sucinto y, en archivo adjunto consignar la información ampliada.

Se recomienda que los resúmenes no superen de cinco líneas y comprendan experiencia de mayor relevancia y reciente, profesión o cargo requerido, datos de contacto con cargo y nombre compeleto de persona de contacto, DNI, teléfono fijo y celular, correo electrónico, fecha y cuando sea pertinente honorarios.

Nos reservamos el derecho de resumir o rechazar cuando resulte pertinente.

Gracias por tu confianza y Bienvenido.

Lima, 4 de noviembre del 2012

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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OBRAS: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez

Vani consulta
Mi consulta es, en una Entidad se dispuso la ejecución de una obra por administración directa, en el marco de la ejecución se hicieron algunos procesos AMC para la adquisición de bienes; sin embargo, para el personal técnico (residente y supervisor) se han realizado contratos SNP, o locación de servicios, pero que sumados por el tiempo de ejecución llegan a los 20 mil o 30 mil soles, se está incurriendo en fraccionamiento?, cual sería la alternativa correctiva y/o de solución, cual es el tipo de contrato que se debe de suscribir con estos especialistas.

Gracias por su respuesta.

Vani

Con  la consulta de Vani, que mas adelante es respondida en este artículo, damos nuevamente la bienvenida al Ingeniero Civil Carlos Alberto Aguirre Rodríguez, perito  relacionado en OBRAS en este caso en la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO quien, generosamente viene contribuyendo con la propuesta del Blog de facilitar a funcionarios, servidores y administrados la comprensión y aplicación en este caso, esta parte de la  Ley de Contrataciones del Estado como de las normas relacionadas, a través de la absolución de consultas puntuales, didáctica y  ampliamente procurando el mejor empleo de los recursos públicos asignados,  disuadiendo en lo posible de actos arbitrarios que conlleven eventuales responsabilidades a los partícipes.

A continuación su auto presentación en el primer comentario que hiciera el pasado mes de mayo 2012 :

“Doctor, particularmente para el caso de obras ¿No cree usted, que la actual Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como está promulgada, es una puerta abierta a la corrupción?; tengo esta hipótesis, por cuanto he sido testigo y sigo siendo testigo en diversos procesos de selección referido a obras o consultoría de obras, donde las entidades públicas convocantes a través de sus Comités Especiales, hacen realmente lo que quieren, y no hay entidad o autoridad alguna que hasta la fecha les haya hecho el alto. Basta con verificar en el portal del SEACE las convocatorias para la ejecución de obras, cuyos “Requerimientos Técnicos Mínimos” están escandalosamente direccionados, sin que nadie haga algo al respecto, salvo algunos postores. Además del tráfico de currículum vitae de los profesionales que fungen de Residentes y/o Supervisores de Obra en más de tres, cuatro y hasta seis obras a la vez, lo que resulta ser sorprendente y totalmente fuera de toda ética además ilegal; pues las entidades no solo parametran los requisitos del residente, sino que en muchos casos incluyen como RTM otros profesionales y hasta técnicos con requisitos, donde lo único que falta es poner el nombre del profesional o del técnico. Pero todo esto ocurre por la falta de control no establecido en la Ley y su Reglamento, en las imprecisiones de algunos articulados y en la falta de un sistema de información a través del SEACE que realice el control de los profesionales que fungen de residentes y superviosres en determinadas obras contratadas por las entidaees del estado y que sea de verificación obligatoria por parte de éstas; pues de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA (que olímpicamente se ha dejado de lado), en su Norma G.030, estabelce que los responsables de obra son principalmente: El Consultor (Proyectista), el Residente (que realiza la Dirección Técnica) y el Supervisor (que realiza el control de la obra), además señala que sólo en el caso de “obras pesadas” (de envergadura o sofisticadas), el Residente deberá tener especialización. Sin embargo, el OSCE, desconoce estos temas que son netamente aspectos técnicos de ingeniería, y ha emitido pronunciamientos donde señala que el postor puede acreditar otros profesionales que se encuentren considerados en los “gastos generales”, situación totalmente absurda, cuando sabemos, que “dichos profesionales” tratados como “especialistas”, no es necesario que lo acredite el Contratista (ejecutor de la obra), sino el proyectista o el Supervisor, que finalemnte son los que tienen que absolver las consultas que realice el contratista a través del Residente de Obra, y es irrelevante si el Contratista acredita 1 o 100 profesionales especialistas, por cuanto, no son indispensables para la obra; por tanto, no deberían ser parte de los RTM; y, Usted sabe, que si no se cumplen los RTM los participantes no pueden ser postores.

Esta situación se ha generalizado a nivel nacional, y las autoridades inescrupulosas sacan provecho de esta situación cobrando los famosos DIEZMOS (10% del valor referencial) para otorgar la Buena Pro de las obras al mejor “Postor”; esta es una verdad que ya nadie la puede esconder.

Creo modestamente, que debe hacerse algo para contrarrestar esta situación; desde mi posición como Perito Ingeniero Forense, por lo menos estoy bregando por que así sea, y ya empiezan a verse algunos resultados. En realidad hay mucho que conversar sobre la Ley de Contrataciones y su Reglamento, mucho que precisar y enmendar, propongamos las mejoras en las instancias pertinentes; así coadyuvaremos a menguar la corrupción que hoy en día se ha institucionalizado en diversas entidades del Estado.

Gracias por el espacio.

Saludos.”

…………..

Respuesta

A la consulta de Vani:
Si se determinó ejecutar la obra por la modalidad de administración directa, quiere decir que la entidad cuenta con la capacidad operativa, personal técnico (Residente e Inspectores) y administrativo (Almacenero y Administrador) que requiere la obra para su normal ejecución, además del apoyo logístico y las maquinaria y equipos que se requiera; por tanto, no sería necesario contratar “profesionales” para que se hagan cargo de la obra. NO obstante, muchas entidades del estado optan por esta modalidad pretendiendo realizar la obra “más barata” o para dar “trabajo” a sus conciudadanos, pero en la gran mayoría de los casos esto no es cierto, puesto que las obras demoran más, y muchas veces el gasto que se ejecuta resulta ser mayor que si se hubiera construido por contrata; y si la obra se ejecutara por contrata o por administración directa, igual los pobladores tendrán la oportunidad de trabajar en la obra, y quizás con mejores condiciones remunerativas si esto se monitorea.

Las acciones de Control de la OCI de la entidad, si están debidamente capacitados podrán advertir esta situación.

Yendo al punto, para la adquisición de los insumos de una obra que se ejecuta por administración directa, ésta en lo posible se hace en un solo proceso de selección (salvo lo que dispone la Ley Art. 19 y su Reglamento Art. 20), generalmente por “Suministro” (las bases estandarizadas se encuentran en la página Web del OSCE) y por relación de Items, es mucho más ventajosa, por cuanto, garantiza la provisión de materiales oportunamente a obra y en las cantidades reales que se requieran, por tanto el avance físico se realiza de acuerdo a lo programado y pudiéndose concluir la obra en el tiempo previsto; así mismo, tiende a que al finalizar la construcción de la obra, el saldo de almacén de obra sea mínimo, y que los pagos a los proveedores sean fluidos.

De lo que menciona en su consulta, podrá sacar su propias conclusiones, probablemente todas las AMC que procesó pudieron generar en un inicio una sola ADS o una ADP, o quizás una LP.

La participación de un Residente y/o Supervisor en una obra por administración directa, debería asumirlo la entidad a través de su personal de planta (remunerados a través de planillas de la entidad); sin embargo, en la mayoría de los casos esto no sucede, debido a que las entidades no tienen personal técnico (ingenieros) en su staff, puesto que su rubro principal no es la ejecución de obras, por tanto deberían ejecutar las obras por la modalidad de “Contrata”; sin embargo, como buenos peruanos, siempre queremos sacar la vuelta a la norma y obtener algún rédito social o personal.

Para dilucidar este tema, primero debemos tener en cuenta, cuál es el rol que cumplen los profesionales en obra; a decir de la normatividad existente (Ley de Contrataciones del Estado, El RNE, y las Leyes laborales), debemos indicar que los profesionales responsables de la ejecución o supervisión de la obra son personas naturales (en el caso de Contrata el supervisor también pueden ser persona jurídica); siendo así, y teniendo en cuenta que éstos no están sujetos a órdenes por parte de la entidad, y no están sujetos a un horario definido impuesto por la entidad, estos profesionales programan las actividades de obra de acuerdo a un expediente técnico y en concordancia a unos términos de referencia; de ser así, entonces estamos hablando de “servicios”, y al ser servicios debemos determinar de que tipo; para el caso de la Supervisión de Obra, y siempre que el valor referencial de la supervisión no supere las 3 UITs, debe ser un “Servicio de Consultoría de Obra” en concordancia a lo establecido en el Art. 190 del Reglamento de la LCE lo cual debe ser contratado a través del proceso de selección correspondiente, pero algunas entidades los contratan por “Servicios” solamente incurriendo en una irregularidad; si el valor referencial de la supervisión fuera menor a 3 UITs entonces la entidad podría contratar al Supervisor de Obra con un Contrato de Locación de Servicios, pues no les es aplicable la LCE. En el caso del Residente de Obra, el proceso de selección será por “Servicios” (de ser el valor referencial mayor a 3 UITs), y en el caso de ser menor a 3 UITS será una locación de servicios no siéndole aplicable la LCE. El contrato de servicios No Personales, es una forma de Locación de Servicios.

Tener en cuenta que no se puede realizar contratos mensuales del Supervisor o Residente con montos menores a las 3 UITs pero que en conjunto (todos) superen este monto; consituiría una irregularidad que puede convertirse en un delito con las implicancias legales que conlleva para los responsables.

Muchas entidades en los contratos de estos profesionales (cuando es administración directa) condicionan sus pagos por el avance de obra que alcanzan en cada período de ejecución (generalmente cada mes), sin embargo cuando la obra se atrasa con respecto a su programación por causales atribuibles a la entidad, por ejemplo: No les proveen de los materiales oportunamente (gestión administrativa lenta de la entidad), no les proveen del personal técnico y calificado que requiere la obra para cumplir sus metas, o no les proveen las maquinarias o equipos necesarios para ejecutar la obra, o el régimen de remuneraciones de los obreros no está de acuerdo a Ley (régimen construcción civil) dificultando alcanzar los rendimientos previstos en el expediente técnico aprobado; los contratos no contemplan ninguna cláusula que prevea esta situación perjudicando a los profesionales; por otro lado, en este tipo de obras, si la entidad requiere el concurso de estos profesionales que deben hacerse responsable de la ejecución y supervisión de manera permanente y constante en la obra, debe establecer los “honorarios” reales acorde a los precios de mercado (actualmente en promedio los Honorarios de un Ingeniero Civil a dedicación exclusiva en una obra supera los S/. 8,000.00 mensuales, y considerando la envergadura y complejidad de la obra este monto se incrementa, libre de la logística y beneficios que debe tener en obra); por tanto, debe evitarse consignar honorarios irrisorios que lo único que generan es que las obras tengan problemas de extensión excesiva del plazo d ejecución, sin la calidad técnica requerida o con deficiencias y irregularidades durante su ejecución que finalmente perjudican a la entidad y a los beneficiarios, concluyendo finalmente en denuncias ante las instancias judiciales.

Espero haber alcanzado una ayuda en este tema que es muy importante que se divulgue en las entidades del Estado.

Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez

20 Setiembre 2012

OBRAS EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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CORREO HACKEADO

Apreciados amigos y amigasLectores del Blog Apuntes de Derecho de Administrativo y de FamiliaHoy, han hackeado mi correo de asesoriadefensa@yahoo.es

La información y pedido contenidos en el que usando mi nombre es TOTALMENTE FALSA
estoy en Lima Perú y a Dios gracias bien

Gracias por sus llamadas y correos en muestras de solidaridad

Si les es posible, por favor, recirculen este correo entre los amigos y amigas

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DIGNIDAD HUMANA

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Luisa consulta

Buenos días, que debo hacer para el caso que a continuación le expongo, trabajo en un hospital, en días pasados por mi trabajo, debí devolver una muestra de medicina legal a un profesional porque estaba mal rotulada y embalada, lo cual significó un grave problema para mi, ya que desde entonces, por rabia hacia mi, el  viene despotricando de mi tanto en el hospital como en la calle, diciendo que yo y otro profesional lo tenemos acosado, que tenemos el hospital como lo peor, situación que no es cierta, pues conocido por muchos compañeros de trabajo, habla mal de todo mundo, y sobre todo de aquellos que en un momento dado le hayan llamado la atención o sugerido algo con su practica medica, habla mal de nosotros dos, por que hacemos parte de la alta dirección, y coordinadores de algunos comités
La verdad esta situación ya me tiene cansada, pues no es una persona con la que se puede hablar, es grosero, y alza la voz cuando se le intenta decir algo, por lo cual decidí no volver a decir nada, aun en detrimento de la entidad, sin embargo, sus comentarios malsanos sobre mi persona y mi profesión ya han colmado la taza, y no tengo el apoyo de la gerencia, pues es el pupilo de una concejal del municipio

Que debo hacer o a quien me remito

Gracias

Apreciada Luisa

En toda legislación la DIGNIDAD de la persona humana es materia de especial protección.

Todo atentado contra la dignidad de la persona, con propósito ilustrativo,  suelo compararlo a la consecuencia de haber sufrido un accidente de tránsito.

Hay agresiones verbales u ofensas que postran de por vida a la persona,  afectando en tal grado su autoestima que jamas vuelven a ser la misma estas equivalen a una suerte de muerte por accidente de tránsito, con la diferencia que en estos últimos casos el chofer probablemente no buscó este resultado, en tanto el agresor muchas veces si procede con alevosía y ventaja, cuando tiene algún vínculo de superioridad sobre el ofendido.

Hay agresiones de menor índole pero que por el solo hecho de haberlas cometido no solo afectan temporalmente a la persona sino perturban la esencial convivencia en respeto y armonía en toda sociedad. Estas equivalen en mi concepto a un accedente de tránsito con lesiones culposas leves o graves.

La comparación que hago obedece al hecho en la forma en que reaccionaríamos si fuéramos o nuestros seres queridos fueran victimas de ante un  accidente de tránsito iríamos a un proceso judicial hasta que nos sea indemnizado el daño material causado.

La Ley establece protección semejante contra el agraviado u ofendido, sin embargo, “como no se ve” o se teme que “no pasará nada contra el agresor ” los agresores cada día son mas en número y tipo de agresión y las víctimas también lo son mas en número y en resignación con el agravante que estas cual espiral arrastran consigo a sus familiares y seres queridos.

Esa es mi explicación porque muchas personas al interior del seno familiar o laboral, por desconocimiento o temor permiten ser agraviadas una y muchas veces, como nos comentas te viene ocurriendo.

Las ofensas, maltratos verbales u opiniones desfavorables contra ti  no solo  debe ser detenido sino además sancionado por la misma entidad, lo cual según tu no ocurriría en razón a que ni lo has emplazado formalmente en forma privada ni has procedido en formalizar tu denuncia ante tu empleador por temor a la presunta impunidad de aquel agresor con una funcionaria de la entidad.

Por eso, casi todos los países han previsto la defensa y protección de la dignidad humana, tanto en la vía administrativa, civil y penal  como el derecho a que el agraviado obtenga una reparación económica por el daño moral que le fue infringido.

Mi sugerencia por ello es, que te despojes de tu temor y emplázalo formalmente al cese de las agresiones verbales contra tu persona.

Si gustas puedes ampliar tu consulta

Gracias por escribir y difundir el blog

Éxitos

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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ADOPCION DE MENOR DE EDAD

RICARDO P. AYALA GORDILLO

Eva nos consulta:

Hola, esta muy interesante su blog le hago siguiente consulta, salí embarazada y el padre de mi hija no la reconoció, mi niña lleva mis apellidos, ella tiene dos añitos , y hace poco me casé con un extranjero, mi esposo me ha dicho que quiere darle su apellido a mi niña, quisiera saber que requisitos necesita para poder reconocerla, de antemano muchas gracias por su respuesta

Apreciada Eva:

¿Cuantas madres solteras tienen la satisfacción que un segundo compromiso no solo les signifique la personalísima satisfacción de encontrar el amor de su vida, sino de casarse y que este buen hombre decida reconocer como hijo suyo a quien tiene otro padre?

Ojalá y la mayoría tuviera estos resultados.

La realidad nos demuestra que  son muy pocas quienes tienen tanta fortuna.

En las consultas formuladas al blog, vemos  historias de madres solteras quienes buscando proveerle la identidad paterna a sus hijos, ante el abandono o indiferencia de quien lo engendró (padre biológico) o sencillamente por un rapto de cólera o apresurada “venganza” optaron porque algún conocido o familiar o su segundo compromiso reconozca ante la Municipalidad o RENIEC como hijo suyo a quien no lo es, sin saber cuan pasajera o errada a veces, resulta tal decisión.

Estas soluciones apresuradas, además de terminar en ocasiones, pronto o mal, constituyen actos  ilegales, por encontrarse sancionadas como delito contra la familia, generando complejos enrevesados que para procurar  desandarlos debe recurrirse a complicados, largos y onerosos procesos judiciales.

Aún para quienes no estando casadas, pero si convencidas del respeto y amor por parte de su nuevo compromiso hacia sus hijos, al punto que el o ella ha decidido darle su apellido,   la Ley,  ha previsto como medio legal de solucionar esta realidad, un proceso judicial de Adopción de  Menor de Edad, con carácter  excepcional, para lo cual debe satisfacerse determinadas condiciones que van a ser evaluadas por el juez,  con el concurso de sicólogos, asistentes sociales, etc. dentro del proceso judicial.

Parte de los requisitos solicitados son:
– Documento de identidad personal de cada uno de los partícipes
– Partida de Nacimiento del menor.
– Partida de Matrimonio de los adoptantes.
– Certificado Médico- Salud Mental/ Física del adoptante.
– Certificado de Antecedentes Penales y Policiales.
– Fotos (Que acrediten vivencias familiares con el menor).
– Documentos que acrediten que el adoptante vela por el bienestar del menor.

El padre biológico deberá ser parte demandada
En caso que no conteste la demanda el padre biológico, se hacen publicaciones por edictos.
– Nombramiento del curador, quién deberá contestar la demanda.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia

REHABILITACION Y REINGRESO DE TRABAJADORES DEL REGIMEN LABORAL DEL D.LEG. 276

por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Jorge nos escribe

HOLA ESTIMADO DR.

SALUDANDOLO Y FELICITARLO POR SER UN PROFESIONAL COMPETENTE Y DE VALORES.
QUISIERA PREGUNTARLE, SI UNA PERSONA QUE FUE DESTITUIDA PUEDE REGRESAR A SU MISMO CENTRO DE TRABAJO VIA LA REHABILITACION DESPUES DE TRES AÑOS O DE CUANTOS AÑOS?
PUES ESTA SANCION NO PUEDE SER ETERNA. QUE TRAMITE DEBE SEGUIR? GRACIAS POR SU RESPUESTA.

Apreciado Jorge:

El reingreso a la Administración Pública y la Rehabilitación son dos conceptos aunque vinculados, diferentes.

Para el reingreso, quien cumplió su sanción de destitución puede volver a postular a cualquier entidad de la Administración Pública e incluso regresar al cargo que tenia antes, siempre que exista plaza vacante o la que tuvo antes no haya sido coberturada por otro.

Para la Rehabilitación, a diferencia de la rehabilitación automática en quien cumplió su condena penal, en los sujetos al D. Leg. 276 quien fue antes destituido, se requiere el reingreso, el paso de 3 años, solicitud del interesado, haber ascendido u observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción la solicitud y declaración favorable de la administración.

En el caso de otras sanciones se requiere el paso de un año.

Gracias por escribir y difundir el blog

Exitos

D.S. Nº 005-90-PCM

Artículo 176º.- Para que un servidor sea rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hayan impuesto en el curso de su Carrera Administrativa, debe haber observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción.

Artículo 177º.- La rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta proveniente de falta disciplinaria en el Registro de Funcionarios y Servidores y el correspondiente legajo personal. Se formaliza mediante resolución del funcionario competente.

Artículo 178º.- El servidor de carrera queda rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hubieren aplicado durante su permanencia en un  nivel de carrera cuando obtenga su ascenso al nivel inmediato superior; salvo que no hubiere transcurrido cuando menos un año de haberse cumplido  con la sanción impuesta, en cuyo caso deberá esperarse dicho plazo. Para el efecto los procesos de ascenso deberán considerar las sanciones impuestas como deméritos.

Artículo 179º.- La rehabilitación del servidor que no hubiese ascendido de nivel sólo procederá transcurrido un año de su postulación a dicho ascenso, debiendo tenerse en cuenta la salvedad a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 180.- La rehabilitación del servidor destituido que hubiese reingresado a la Administración Pública sólo procederá transcurridos tres (3) años, computables a partir de dicho reingreso.

Artículo 181º.- La rehabilitación de los servidores comprendidos en los Arts. 179º y 180º se efectuará a solicitud del interesado con el informe del jefe inmediato, teniéndose en cuenta el resultado del promedio de sus evaluaciones en el nivel.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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CURSO: “LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EL PROCESO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PUBLICO” Expositor: Dr. Ricardo P. Ayala Gordillo

Apreciados amigos y amigas:

He recibido el honroso encargo de INDEP PERU para dictar los días 05, 06 y 07 de diciembre 2011 en el horario de 6:00pm a 9:30 pm el Curso “LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EL PROCESO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PUBLICO” en su local Institucional sito en Calle Luis Felipe Villarán Nro. 1069 – San Isidro (CONIDA).

Quedan cordialmente invitados a esta jornada en la que podremos interactuar, esta vez de manera personal, con los interesados como con nuestros lectores y suscriptores del Blog “Temas de Derecho Administrativo y de Familia” en cuyos diversos artículos relacionados al PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD) ustedes pueden acceder a alrededor de mil interrogantes emanadas de sus respectivas experiencias encontrando mis absoluciones conducentes a coadyuvarlos al mejor manejo de este siempre interesante y crucial tópico desde el cargo o posición que asista ante la apertura de un PAD.

Pueden ver mas detalles en : http://www.indepperu.org/cursos-detalle.php?idcurso=86 http://educa-peru.com/Cu.aspx

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 28 de octubre del 2011

Categoría : Cursos, Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública

DESTITUCION-PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO…… LUEGO ¿QUE? (2da edición)

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

A manera de cuestión previa del porque de la segunda reedición.

Meses atrás la Página PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS del cual forma parte el presente artículo ha reflejado, como era previsible en razón de la coyuntura nacional, un muy significativo incremento de  consultantes y lectores del blog tanto administrados, servidores y funcionarios como quienes lo han dejado de ser, que solo sobre este tópico registra un muy significativo incremento de visitas diarias con ello pedidos de asesoría e invitaciones para capacitar.

A todos,  mi reconocimiento y agradecimiento, por interesarse en una especialidad a la que se echa mano esencialmente cuando como, en analogía al enfermo que solo va al médico cuando ya no encuentra alivio al no responder la automedicación,  siendo Jefe o Titular de entidad te corresponda sancionar o proponer una sanción como miembro de una CPPAD o CEPAD o afrontar o asesorar un proceso administrativo disciplinario, en condiciones mas claras y mas justas con la esperanza de hacer de nuestra sociedad y nuestros dias,  mejores.

A propósito de transferencias, entregas de cargos, pedidos de investigaciones, auditorías y aperturas de Procesos Adminstrativos Disciplinarios.

¿Sabes cómo reaccionaria un servidor o funcionario público al conocer que sus superiores, directamente o a través de terceros, lo van a investigar o auditar?

Las reacciones, suelen ser diversas.

Por lo usual, no siempre son adecuadamente asimiladas.

Los menos pueden ser totalmente indiferentes, esencialmente, si saben que su proceder ha sido correcto y transparente.

Para la mayoría, en cambio, ocurre todo un trastocamiento que puede evidenciarse y afectar desde su rendimiento laboral hasta su interrelación personal y familiar o en su salud física o mental.

Si esta afectación es mayúscula cuando le abren proceso administrativo disciplinario, ¿se imaginan lo terrible que puede ser  si le imponen una sanción?

Y, como tomará si de las 4 sanciones que prevé el D.Leg. 276 (amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal  sin goce de haber y destitución) deciden imponerle la mas grave? La de Destitución.

Como sabemos, de las únicas cuatro sanciones que prevé el D.Leg. 276 ,  la Destitución, (Art. 158° del D.S. 005-90-PCM, Reglamento del D.Leg. 276), es la mas gravosa, impuesta como correlato del proceso administrativo disciplinario.

La destitución es, se asume, la sanción reservada, para quien ha cometido la falta administrativa disciplinaria mas repulsiva, mas grave,  lo cual implica la expectoración sin posibilidad de reingreso no sólo de la entidad sino de toda la Administración  Pública por un plazo no mayor de 3 tres años.

El destituido es en consecuencia una suerte de apestado.

¿Cuantos sucumbieron en este tránsito?

¿A cuántos se les acabó toda esperanza al llegar a este estado y quedarse de manera permanente en tamaña condición?

¿Será acaso posible que un Destituído deje de tener la condición de tal?

¿Será acaso posible que un destituido pueda llegar a volver a ocupar cargos públicos o superiores a los que tenía hasta antes de ser destituido?

¿Un destituído podrá ocupar luego cargos públicos o es que, siempre lo perseguirá su estigma?

Cuantas otras interminables interrogantes  podríamos añadir a las antes mencionadas, a partir de los respectivos casos que nos han sido consultados en el blog o conocemos en las normas legales.

Del mismo modo como con una foto vale mas que mil palabras, en esta oportunidad voy a abreviar mayores comentarios, presentándoles las que al autor de este blog, en su momento, le correspondió afrontar y superarla con creces.

En  internet y google pueden apreciar en ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/1997/RD142-1997.pdf las siguientes dos resoluciones, que por cierto, no fui quien la colgó y difundió, pero curiosamente recientemente, allí la encuentro:

 

“Sancionan con destitución a diversos servidores del Sector” (SALUD)

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 142-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 26 de julio de 1997

Visto el Informe Nº 010-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 25 de julio de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””;

 

CONSIDERANDO:

Que, por disposición de la R.D. Nº 121-OP-HONADOMANI-SB/97, de fecha 19 de junio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario por la comisión de faltas de carácter disciplinario incurridas en el desempeño de sus funciones contra el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo;

Que de la revisión de la documentación y de los descargos presentados por el procesado que obran en autos, se está acreditado que el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

Que, el Sr. Ricardo Percy Ayala Gordillo por la comisión de hechos irregulares expuestos en el considerando anterior tiene responsabilidad administrativa por haber transgredido los Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;

De conformidad con lo estipulado por el Inc. d) del Art. 155º y Art. 159º del D.S. Nº 005-90-PCM y en uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-87-SA/P y ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer Sanción Administrativa de Destitución al TAP. Ricardo Percy Ayala Gordillo, con el cargo de Asistente en Servicio de Salud I, del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” por grave falta de carácter disciplinario que se exponen en la parte considerativa de la presente resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General

Hospital Nacional Docente Madre Niño

“”San Bartolomé””

 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 151-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 11 de agosto de 1997

Visto el Informe Nº 012-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 9 de agosto de 1997 de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 136-OP-HONADOMANI- SB-97, del 1 de julio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Gabriel Hurtado Rodríguez, por haber incurrido en falta grave de carácter disciplinario, por ausencias injustificadas por más de tres

días consecutivos;

Que, con el Informe del Visto, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” ha emitido su pronunciamiento señalando que se encuentra fehacientemente probado que el servidor Gabriel Hurtado Rodríguez ha incurrido en ausencia injustificada contemplados en el Inc. k) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y de conformidad de la Dirección Adjunta;

En uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-SA-87 y su ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer la Sanción de Destitución al servidor Gabriel HURTADO RODRIGUEZ con el cargo de Trabajador de Servicio I, Nivel SAD de la Of. de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

 

 

Quienes pueden verificar en las normas legales, ambas resoluciones fueron publicadas una al lado de otra en igual fecha, la exhibición y mención de ambas resoluciones no es ajena: 1. pretende hacer notar rectitud y justeza en el trato, por parte de la autoridad algo asi como  “ a todos por igual”. 2. Sobre mi resolución  voy a ocuparme en las líneas subsiguientes, sobre la segunda resolución sólo puedo decir, se trata de uno de los pocos  servidores nombrados encargado de la limpieza del hospital,  que por ese entonces, dependía de la Oficina de Logística, nunca supe la causa de sus inasistencias, de él nunca volví a saber nada.

Abordo el tema que nos ocupa, comentando la resolución con la cual fui destituido por tres propósitos puntuales:

con carácter autoreinvidicativo,

con carácter ilustrativo; y

con carácter esperanzador, a quienes -como yo en su momento pasé-, hoy se encuentren por ser auditados, evaluados,  procesados, sancionados o destituídos y,  también como no, a quienes al otro lado de la orilla, les corresponde procesar, opinar, revisar, rrecomendar, abrir proceso o sancionar, en su respectiva condición de ser miembros de la CPPAD, CEPAD, Titulares de entidad, Jefes de Oficina de Personal, Representantes de Trabajadores, Abogados, administradores, Jefes inmediatos etc.

El primero,  con carácter autoreinvidicativo, a falta del  desagravio público que en su momento pedí al titular de mi Sector y sigo esperando a la fecha, pedido que formulé al emitirse la correspondiente Sentencia de la Corte Superior de Justicia la cual ratificó la validez legal de mi desempeño público que años antes, desde 1993, siempre me reconoció la Contraloría General de la República como Jefe de Auditoría Interna del Hospital San Bartolomé. (función equivalente a los hoy llamados Jefe del Organo de Control Institucional OCI)

La razón del pedido del desagravio se explica entre otros fundamentos : 1. En que, habiendo transcurrido los 10 años de reserva es ahora posible someterlo al escrutinio público. 2. En que, a pesar de haber transcurrido desde el año 1997 a la fecha 13 años desde que fue emitida y ejecutada, e impugnada la viciada resolución, sigue circulando en medios de difusión masiva como el internet; 3. En que, con la sola difusión e invocación de la indicada resolución, no faltan quienes pregonando falsas premisas de moralidad, aprovechando el desconocimiento de ciertas autoridades en asuntos relacionados al procedimiento administrativo y al proceso administrativo disciplinario, han seguido usando la referida resolución como media verdades para impedirle o frustrar al autor de este blog, algunas veces, la asunción de otros diversos cargos públicos a los que fui o soy propuesto.

El segundo motivo, es ilustrar a partir de mi caso: lo que se hizo y  lo que no se debería hacerse al aplicar sanciones gravosas;  enunciar la diversidad de omisiones y vicios con los cuales se emitió dicha sanción, que hice notar desde el primer día en que conocí de la suerte de cacería a la cual fui sometido, argumentos que fueron soslayados en parte, en sede administrativa y finalmente tomados en cuenta dentro del lato proceso judicial que seguí  en la vía contencioso administrativa, con una inversión total de tiempo y dinero por alrededor de 5 años:

La Resolución se emite el año 1997.

En esos años el acceso a internet no tenía la difusión de estos tiempos, no existía el actual Tribunal de Servicio Civil, ni se difundía como ahora la jurisprudencia del TC, ni un blog que te de una pauta sobre como afrontar un proceso administrativo disciplinario.

La Resolución intencionalmente omite decir que ese año yo era Bachiller en Derecho, ni que en tal condición y que la nominación de Presidente del “Comité de Control Interno” dada por el Director del Hospital era irrelevante para que la  Contraloría General de la República, por el desempeño de MIS FUNCIONES AUDITORAS formaba parte del Sistema Nacional de Control resultándome por ende aplicable sus normas especiales, dado que desde el año 2003 me venía reconociendo como Jefe del Organo de Auditoría Interna (OAI) como codificado ante Contraloría el OAI  a mi cargo.

Por lo anterior, el Director del Hospital como el Inspector General eran legalmente incompetentes para auditarme, procesarme y sancionarme n mis funciones auditoras, por haberse reservado legalmente dicha atribución, a la Contraloría General de la República.

La Resolución con la cual me destituyen, tampoco dice, que MI FUNCION por mandato de la ley especial del Sistema Nacional de Control consistía en VELAR POR LA LEGALIDAD DEL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD, ni dice que como parte de las exigencias inherentes a dicha especializada función, permanentemente me  capacitaba en materias de Auditoría Gubernamental en la Escuela Nacional de Control,  cuyo conocimiento especializado era requisito imprescindible para poder auditar válidamente a los diferentes Sistemas Administrativos y Oficinas de la entidad (Economía, Personal, Logística, etc.) y emitir Informes de Control en los cuales se establecían los resultados de la acción de control y, cuando era el caso, establecer responsabilidades administrativas presuntas que correspondían ser dilucidadas o implementadas por parte del titular de la entidad, informes cuyos ejemplares se alcanzaba a la Contraloría General para su correspondiente revisión y aprobación.

La Resolución,  tampoco dice que meses antes que sea emitida la viciada Resolución, la Contraloría General de la República al conocer del concertado irregular proceder del Director del Hospital como del Inspector General de Salud en mi agravio, había oficiado a cada uno de ellos como a mi, un Oficio, recordándoles, de manera expresa y categórica, que mis funciones –esas que según el Director eran faltas graves y por las cuales me destituyó- eran válidas legalmente, y que solamente la Contraloría era la autoridad competente para auditar mis funciones auditoras.

La Resolución no dice que el director del Hospital y el Inspector General del Ministerio de Salud, contra lo expresamente ordenado a ellos por la Contraloría General de la República,  acordaron auditar mis funciones contraloras;

La resolución omite mencionar que se me abre proceso administrativo por Informe de Inspectoría  –una Inspectoría legalmente incompetente- la cual “me auditó” y emitió su “Informe de Control”  con imputaciones falsas y calumniosos, carentes de legitimidad como de  todo sustento válido, que osó incluso imputarme haber usurpado la función de la Procuradora Pública de ese entonces, ilícito que la misma Procuradora, rechazó por inexistente;

La resolución tampoco dice que, la CPPAD como el titular del hospital prescindieron de todos los principios que regulan el procedimiento sancionador  “por unanimidad” recomendaron y dispusieron, respectivamente,  mi destitución, “en cumplimiento de una recomendación de Inspectoría” bajo el sanbenito de tratarse de una  “prueba preconstituída”;

Como ven, en ningún extremo de dicha resolución, se recoge ninguno de mis argumentos de defensa y menos se hace una esencial valoración de cada uno  de los hechos contrastados con el derecho y mucho menos sobre cada uno de los extremos que antes he enunciado, es decir, sencillamente fue carente de motivación y violatoria del debido proceso y de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador que ahora ustedes mejor que yo conocen;

La resolución no dice, y esto es lo mas grave de todo, que el Informe de Control que motivó tamaña reacción y decisión del titular del Hospital, tenía el desesperado objeto de no implantar las recomendaciones contenidas en mis informes de control y con ello mantener en la impunidad a funcionarios incursos en presuntos actos de corrupción en agravio de los intereses del Estado.

Sería interesante acceder al seguimiento de las acciones que dio a esos informes de control por parte de quien me destituyó.

La resolución tampoco nada dice que mi Informe de Auditoría NUNCA fue invalidado sino por el contrario, con los oficios cursados FUERON EXPRESA Y LEGALMENTE VALIDADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por ende, obligaba al cumplimiento de sus recomendaciones por parte del Director del Hospital.

La resolución tampoco dice que  yo como Auditor Jefe del Organo de Auditoría Interna del Hospital actué en cumplimiento de la Resolución Contralora la cual no me facultaba sino disponía cual mandato alcanzar un ejemplar a la Fiscalía para que sea ella como titular de la acción penal la cual proceda a calificarla, a lo que ellos llamaron “denuncia penal”, al Estado le interesaría saber del contenido de esos Informes.

“…interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba…y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

¿Desde cuando cumplir con la función legalmente asignada y pedir una opinión legal se constituye en  falta administrativa?.

¿Desde cuando para interponer una denuncia penal debe pedirse autorización al superior?

¿Desde cuando pedir una opinión legal constituye infracción a las obligaciones para que prescindiendo de toda valoración jurídicada se me impute diversidad de faltas:

“Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal”;

La resolución, nunca debió ser emitida en todo caso por el titular, quien, mínimamente debió abstenerse por encontrarse incurso, en conflicto de intereses.

 

La pregunta que queda es :

¿si yo fui destituido por haber cumplido con mis funciones contraloras como finalmente me volvió a reconocer el Poder Judicial;  que sanción mas grave le impuso el titular del Hospital a los funcionarios y servidores que fueron comprendidos en presunta responsabilidad administrativa en mis Informes de Control, informe que repito, resultó dentro de los  validados legalmente por Contraloría?

Cierto, faltó que la Contraloría General  en defensa de quien era parte de sus sistema, con urgencia, reformule o invalide el informe de la Inspectoría del Ministerio de Salud, accione directamente contra aquel y me confiera ser defendido a través de su Procuraduría, lo propio pudieron hacer las instancias superiores del Ministerio de Salud.

Imperó el extraño mutis.

Ese mismo año 1997 decidí renunciar al OAI para afrontar de mejor forma mi defensa legal como los procesos penales que orquestadamente me imputaron proveedores y funcionarios  aunados a aquellos, a los cuales finalmente también vencí.

Habían previsto inhabilitarme y desaparecerme de la Administración Pública, en ese entonces, hasta por 5 años.

Ese mismo año 1997 me titulé de abogado y decidí reorientar mi futuro personal y quehacer profesional.

El año 1998 y siguientes,  mis detractores, directamente como a través de terceros en reiteradas oportunidades resultaban apareciendo ante las diversas entidades en los que fui invitado asesorar exhibiendo la cuestionada resolución, en algunas de las cuales les dieron crédito, aunque la mayoría prefirió optar por mi verdad, y en esa transparencia, confianza  y conocimiento acepté asumir diversos cargos en otras entidades del Sector a los cuales fui invitado acompañar como Abogado, Asesor, Director de Oficina de Asesoría Jurídica y avocarme al crecimiento profesional en el ejercicio independiente del Derecho, mi experiencia se amplió, desde entonces he conocido y recibido la gratitud y el reconocimiento de nueva y mas gente cuyas experiencias aunadas a la propia, consideré oportuno compartir en  este espacio del blog al cual ustedes me honran con su visita.

La tercera, la mas importante de las razones por las cuales publico este artículo, es demostrar con este botón, a quienes se encuentren afrontando una investigación, o hayan sido notificados con la apertura de un proceso administrativo disciplinario,  o a quienes se les esté imponiendo cualquier sanción administrativa disciplinaria, por grave que esta sea que, no me asiste en consecuencia el solo conocimiento académico o de la asesoría sino la experiencia de quien ha sabido trajinar por cada una de estas tortuosas etapas para decirte que:

Si estás convencido que tu proceder ha sido el adecuado,

si quienes te procesaron incurrieron en vicios,

entonces, será posible que puedas revertir, con creces, el infausto momento que ahora puedas estar afrontando.  Por cierto, contrata una defensa especializada, es tu futuro laboral y tu dignidad el que se encuentra en juego.

Si por acción u omisión eres conciente que incurriste en alguna falta administrativa, reflexiona sobre ella, ten en cuenta que eres uno de los pocos privilegiados que cuenta con una oportunidad laboral, ofrécete y sobretodo, enmienda tu conducta.

Afrontar un proceso administrativo disicplinario o con la imposición de una sanción administrativa,  el mundo no se acaba, toma la circunstancia como una suerte de hacer un alto en tu quehacer diario, vuelve a los tuyos, dale un respiro  a tu cuerpo y tu alma, prueba, si gustas  a dar clik por la web de Morella,  cuya página puedes ver entre los links amigos de mi blog.

Un abrupto alto, puede significarte un involuntario breve o largo descanso, en vez de darte a la aflicción, empléalo para revalorarte, para revalorar lo que eres y cuantos tienes, e  ir incluso por nuevos y mas fructíferos horizontes, como fuera mi caso cuando años después de la infausta Resolución con la cual se me destituyera, inmediatamente después se me brindó el privilegio de ser convocado para asesorar a dilectos funcionarios públicos titulares de entidades, fue el caso en que años después, fui designado como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Nivel F-3 de la DISA II Lima Sur, del Ministerio de Salud, como puedes verificar en la página 22 del siguiente Link http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/020304T.pdf coadyuvándolos a que sus gestiones además de legales, promuevan la aplicación del control interno previo y concurrente, y con ello afronten con menor riesgo, las acciones de control posterior.

Mi mayor gratificación las innumerables correspondencia y muestras de gratitud que recibo de colegas, servidores, funcionarios, ciudadanos(as)  a quienes hoy les asiste estar en uno u otro lado de la administración pública, o como usuario, administrado  o procesado como de los servidores o funcionarios que les asiste ser miembros del CPPAD o Titulares de entidades.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 16 de octubre del 2011

Categoría Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública

DIA DE LA TIERRA, VIDA, DESOLACION, FUKUSHIMA, CHERNOBYL, PETER GOULD, GEOGRAFIA Y EPIDEMIA DEL SIDA

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

La presente reflexión que,  originariamente estimaba, poco o nada tendría que ver con nuestros “Apuntes sobre Derecho Administrativo y de Familia” al terminar de leer  los artículos LA EPIDEMIA DE SIDA DESDE UNA PERSPECTIVA GEOGRÁFICA del desaparecido Geógrafo Peter  Gould como JAPÓN CONTAMINA RADIACTIVAMENTE CIELO, OCÉANO Y TIERRA   de Alfredo Jalife-Rahme estoy mas convencido  que está íntimamente vinculado a lo nuestro.

Es mi homenaje al Dia de la Tierra.

El reciente tsunami que  en instantes arrasó con el hermano pueblo japonés de Fukushima, atribuída para la mayoría a a causas naturales, para otros, a la mano del hombre como a diversas, realidad que  debiera aleccionarnos a autoridades y habitantes de las ciudades costeras del mundo, por lo menos, con difusión de medidas previsoras que minimicen estos efectos puesto que me imagino cuasi imposible evacuar a los nuestros de hallarnos en un profundo sueño, dentro de enrejadas puertas o ventanas, cercos de seguridad de cada vivienda, de cada calle, (ya sabemos hacia donde ir?,  cuanto tiempo tardaríamos en llegar hasta allá?) si, Dios no quiera, una masa de 10 metros de alto avanzara a una velocidad de 600 km por hora hasta 15 kilometros o mas, tierra adentro desde la orilla de nuestro mar?.

Mi inquietud, como asumo de las mayorías no se agotó en el hecho y su consecuencia del tsunami sino en uno de sus efectos mas tenebrosos, de la contaminación de nuestro aire y mar y por consiguiente de nuestra cadena alimenticia a partir de la grave fuga de radiación de la planta nuclear de Fukushima,  a la cual temo nos será difícil escapar a los mortales que vivimos en este, nuestro aún bello planeta azul.

Aquí una reflexió na cuanta responsabilidad se atribuye a sus autoridades administrativas en un pueblo en el cual se rinden culto a los principios y valores aun muy lejanos en los nuestros? Si ello es así, supongo que podemos pasar no a su pueblo sino  a los causantes la respectiva  factura.   (http://www.telesurtv.net/secciones/opinion/91427-NN/japon-contamina-radiactivamente-cielo-oceano-y-tierra)

Quise tener una idea de la expansión de la radiación (http://eto-etobarkar.blogspot.com/2011/03/1986accidente-mayor-de-nuclear-de.html) y de sus efectos hoy de lo que sería hoy de la ciudad de Chernobyl en Rusia a 26 años de la fuga radiactiva y en el siguiente enlace (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=44755)

podemos apreciar que continúa siendo un pueblo fantasma, donde la vegetación comienza a aparecer y con ellos los primeros arriesgados ocupantes ( http://www.publico.es/ciencias/372356/la-vida-sigue-en-los-cementerios-de-chernobil), el fantasma de sus reactores sigue latente,  no sabemos en cuantos años el ser humano lo volverá  a habitar como en sus mejores tiempos.

Nuestros hermanos japoneses dieron lecciones al mundo de renacer cual ave fénix de los escombros de Hiroshima y no dudamos que ahora lo harán con igual o mayores creces.

En  búsqueda de mayor información relacionada, tardíamente conocí la existencia de Peter Gould,  geógrafo sabio, cuyo artículo, de un tirón me trajo a cosas acaso algo mas vigentes y mas nuestras pero de lo que, poco o nada sabemos, y menos nos hablan nuestros aspirantes a la Presidencia de la República.  Nadie niega que tenemos prioridades nacionales pero sin duda las tratadas en este artículo no pueden sernos ajenas en absoluto.

A cada uno de los autores de cada una de las fuentes y artículos reproducidos y citados mi agradecimiento y reconocimiento porque con ellos nos aleccionan que hay mucho por hacer,  lo que a cada uno nos toca hacer como a reflexionar en el propósito de contribuir en fojarnos un mundo,  una Tierra mejor.

Los nuestros y nosotros nos merecemos.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

 

………….

 

JAPÓN CONTAMINA RADIACTIVAMENTE CIELO, OCÉANO Y TIERRA  

TeleSUR _ Fecha: 10/04/2011

 Por:   Alfredo Jalife-Rahme   

(http://www.telesurtv.net/secciones/opinion/91427-NN/japon-contamina-radiactivamente-cielo-oceano-y-tierra)

 

 

Ningún totalitarismo ha estado exento de masivos accidentes nucleares, sean estatales, sean neoliberales, cuando los errores humanos de juicio y operación han contribuido determinantemente en su detonación.Tampoco cierto tipo de humanos requiere de “accidentes” para lanzar sus bombas radiactivas a las poblaciones civiles, como fue el caso de Hiroshima y Nagasaki devastadas por Estados Unidos.

 

Según el libro La decisión de usar la bomba atómica y la arquitectura de un mito estadunidense (Knopf, 1995), de Gar Alperovitz, basado en documentos desclasificados, Estados Unidos lanzó sus dos bombas radiactivas para prevenir una invasión de la URSS a Japón, sin haber importado el “daño colateral”. ¡La demencia total!

 

El primer accidente en la isla de Tres Millas (Estados Unidos) en 1979 fue de corte neoliberal y su propiedad pertenecía a la antecesora bursátil de First Energy Co.

 

La planta de Chernobil, manejada por la URSS, es la única en haber alcanzado “el nivel 7” en la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés) de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), hoy fatídicamente dirigida por el japonés Yukiya Amano (tan duro con el proyecto civil atómico iraní y cuán dócil con la planta bélica clandestina israelí de Dimona).

 

 

….Chernobil devastó la economía soviética y fue uno de los detonantes de su disolución tres años más tarde.

 

La empresa privada TEPCO -primera entre 10 de Japón y cuarta del mundo (detrás de las germanas E.ON y RWE, y Electricité de France)- es a la industria eléctrica lo que la anglosajona BP es al mundo petrolero: sus depredaciones y mendacidades no son “accidentales”, sino adictivos.

 

Hace nueve años la contaminadora nuclear TEPCO había ocultado y falsificado anomalías en sus plantas, lo que llevó al cierre de 17 reactores.

 

Stephanie Cooke documenta en su libro, que resultó premonitorio -En manos mortales: una historia preventiva de la era nuclear (Bloomsbury, 2009)-, que TEPCO confesó “más de 200 (¡súper sic!) incidentes durante dos décadas entre 1977 y 2002 de haber sometido falsos datos técnicos a las autoridades”.

 

En un caso sensiblemente tan delicado como el nuclear, donde se encuentran en riesgo la salud y la integridad sico-física de los ciudadanos, no se puede confiar en los datos de trasnacionales volcadas en maximizar el lucro, ni mucho menos, en los “avales” y “vales” de gobiernos coludidos.

 

Con la venia de las hilarantes “reguladoras” seudoestatales –que vigilan más la continuidad de las ganancias de las depredadoras empresas privadas que la seguridad y salud de los ciudadanos, a quienes falsamente pretenden proteger–, TEPCO ocultó numerosos “incidentes” nucleares, entre ellos uno “muy crítico” en 1978.

 

El terremoto de 2008 ya había orillado a que TEPCO cerrara la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa.

 

Wikileaks ha filtrado que las obsoletas plantas niponas (de “segunda generación”, cuando nos encontramos en la “cuarta generación”) no están diseñadas para soportar un temblor mayor a los 7 grados Richter. El terremoto, al unísono del tsunami, que dañó los reactores de Fukushima, fue de 9 grados Richter, es decir, sucedió lo que “técnicamente” tenía que acontecer.

 

Hechos

 

Todavía los ciudadanos del mundo no nos reponemos del pánico ambiental propiciado en el Golfo de México por la criminal petrolera privada anglosajona BP (en colusión con Schlumberger/Transocean, Halliburton y tutti quanti) cuando la irresponsablemente criminal TEPCO -que impúdicamente ostenta el logotipo mutante de Mickey Mouse (no es broma), pese a su alta letalidad ambiental nada cómica-, ha arrojado al mar aledaño 11 mil 500 toneladas de agua radiactiva (que sirvió para enfriar los reactores averiados), lo que ha perturbado a China y Corea del Sur y ha obligado a India a cesar su importación de alimentos de Japón, cuya industria pesquera deja alrededor de 18 mil millones de dólares al año (insignificante en su economía).

 

Está bien que no sean responsables de la conducta de los pérfidos vientos en su propagación radiactiva de isótopos nocivos para la salud, ni de su decantación aleatoria en los suelos, ¿pero cómo permitió el gobierno de Japón que TEPCO contamine unilateral y deliberadamente el océano, que no es su propiedad? ¿Goza TEPCO de licencia neoliberal para asesinar?

 

El periodista israelí Victor Kotsev es sumamente feroz, aunque un tanto exagerado (Asia Times, 7/4/11), y cita a Yukio Edano, secretario del jefe del gabinete nipón, quien admitió que el derrame incontrolado (sic) de contaminación radiactiva “tendrá un inmenso (sic) impacto en el océano”.

 

Las olas de los mares son tan pérfidas como la dirección de los vientos y se teme que el isótopo cesio 137, con una vida media de 30 años, se incorpore a la cadena alimentaria local y regional. ¿Quién deseará degustar sushi radiactivo?

 

Mas allá de la construcción de carros eléctricos, es hediondamente sicalíptica la confabulación de TEPCO con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI, por sus siglas en inglés), que supuestamente “regula” los 59 reactores nucleares de Japón.

 

Toru Ishida, anterior funcionario de energía de METI, es ahora prominente asesor de TEPCO (The Economist, 31/3/11). ¿No es acaso la tónica imperante en el “México neoliberal itamita”?

 

Con tantas mentiras radiactivas de TEPCO, ¿quién garantiza a los ciudadanos del norte asiático que los reactores de Fukushima no se encuentren ya en el “nivel 7” de percance nuclear?

 

El peor escenario: el destino del plutonio 239 (¡con una vida media de 24 mil 200 años!), proveniente de la fisión del uranio y principal componente de las bombas atómicas.

 

Un millonésimo de gramo de plutonio, el químico más tóxico conocido hasta ahora, puede provocar cáncer. Peor aún: vivir con este temor basta para un duradero trauma sicológico.

 

En forma cobarde, Masataka Shimizu, director malhadado y maligno de TEPCO, se fue a esconder a un hospital con sus datos falsos.

 

TEPCO ha perdido “casi 85 por ciento de su capitalización de mercado desde el inicio de la crisis” (The Financial Times, 6/4/11) y ha sido amenazada por un miembro del gobierno, Koichiro Gemba, con ser nacionalizada.

 

Reporteros de Der Spiegel (14/3/11) aducen que “el hecho que un desastre nuclear pueda (sic) ocurrir en la tierra de robots y carros eléctricos marca el punto de inflexión en la historia de la tecnología”; concluyen que “sea probable que Fukushima simbolice el fin del sueño de una energía nuclear manejable y la concientización de que esta forma de energía se encuentra fuera de control”.

 

Y eso que aún no está resuelto el grave problema de los desechos nucleares…

 

Conclusión

 

Sin contar las indelebles cicatrices radiactivas de Hiroshima y Nagasaki, el último país de la Vía Láctea que deba y pueda poseer plantas nucleares es Japón, debido a sus condiciones adversamente inhóspitas en un ambiente de terremotos, tsunamis y tifones y, más que nada, a su entorno neoliberal salvaje que coloca el lucro por encima de la inalienable seguridad sico-fisiológica de los ciudadanos y la intransferible seguridad ecológica de todos los seres vivientes de la creación.

 

Fuente: http://www.surysur.net/?q=node/16241

 

……….

Chernobyl y las consecuencias en cifras (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=44755)

 

A FONDO

Fuente: dpa  | 22/04/2011    Moscú, (dpa) – Hasta el día de hoy permanecen en la memoria colectiva las horribles imágenes de la catástrofe nuclear de Chernobyl y la huida de miles de trabajadores y habitantes de la zona que estuvieron expuestos a la radiación. No se sabe exactamente cuántas personas murieron como consecuencia del desastre o aún padecen enfermedades mortales como el cáncer. Algunas cifras ponen de relieve la magnitud de lo que fue hasta ahora el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad:

 

– CASOS DE MUERTE: Según diversas estimaciones, la catástrofe nuclear causó entre 10.000 y más de 100.000 víctimas mortales. La disparidad de las cifras se debe a que muchas veces resulta difícil demostrar una relación directa entre la radiactividad y una enfermedad o causa de muerte.

 

– ENFERMEDADES: Algunos detractores de la energía nuclear sostienen que la catástrofe en Chernobyl afectó la salud de más de 600 millones de personas en Europa expuestas a una radiación mayor. Según los médicos, esas personas corren el riesgo de desarrollar cáncer o de contraer otras enfermedades.

 

– EVACUACIÓN: Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor dañado, que hasta el día de hoy sigue fuertemente vigilada. En total se vio afectada una región de más de 200.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Más de 100.000 personas fueron reubicadas.

 

– LIQUIDADORES: El entonces gobierno soviético movilizó a entre 600.000 y un millón de “liquidadores”, en su mayoría soldados jóvenes, para que realizaran las tareas de limpieza y de reducción de daños. Se estima que de ellos, más de 100.000 murieron y que más del 90 por ciento está gravemente enfermo.

 

– RADIACIÓN: Según estimaciones, unas 190 toneladas de material radiactiva aún se encuentran en el reactor 4. Ese material incluye substancias radiactivas tóxicas como el cesio, el estroncio y, sobre todo, plutonio. Los exámenes demuestran que el cesio 137 sigue presente en muchos alimentos fuera de la zona de exclusión.

 

– SARCÓFAGO: Está prevista la construcción de un nuevo sarcófago, de 29.000 toneladas, para cubrir el averiado reactor 4, pero no se sabe cuándo estará listo. Este proyecto tiene un coste estimado de 1.600 millones de euros. El sarcófago tendría una altura de 110 metros, un ancho de 164 metros y un largo de 257 metros.

 

– CENTRAL NUCLEAR: Uns 3.500 personas siguen trabajando en la central nuclear de Chernobyl, paralizada totalmente en el año 2000. Esos trabajadores entran todos los días en la zona de exclusión, fundamentalmente para vigilar la seguridad de los otros tres reactores, donde aún se encuentra combustible nuclear.

………………………………

LA EPIDEMIA DE SIDA DESDE UNA PERSPECTIVA GEOGRÁFICA

Peter Gould y Joseph Kabel un (http://www.ub.edu/geocrit/geo89.htm)

  

 

….“III. ¿Cuál es la situación geográfica de la epidemia?

 

 Hemos visto que tanto en África como en Estados Unidos la pandemia de SIDA está teniendo ya consecuencias que sólo se pueden calificar de catastróficas Y sin embargo mucha gente sigue considerándola “remota”, la intervención educativa temprana no parece muy efectiva y además es prácticamente inexistente la planificación a medio plazo de la asistencia médica especializada a gran escala.  La pregunta es ¿porqué? No hay una respuesta única ni sencilla, y un estudio y exposición completos revelarían aspectos tales como el prejuicio político y burocrático, el ansia de poder de ciertos profesionales, la pura ignorancia y muchos otros igualmente lamentables aspectos de ha condición humana(22). No obstante, y sin dejar de reconocer la complejidad de una respuesta válida ala pregunta, estamos convencidos de que la causa más importante es el casi total olvido de las dimensiones geográficas de la epidemia. Lo cual no hace sino plantear otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando la consciencia y el modelado geográficos y el análisis y presentaciones de otras enfermedades(23), nos encontramos un desierto baldío de comprensión a la hora de considerar la epidemia de SIDA en el terreno de la geografía?

 

Hay muchas respuestas parciales. Parte del problema es la angustiosa falta de educación geográfica en muchos programas escolares, que da como resultado una falta genera de conocimiento? Consciencia y sensibilidad hacia el terreno espacial o geográfico. En Estados Unidos, la mayoría de las personas “ilustradas” son analfabetos en geografía, y rara vez se plantean las dimensiones geográficas de la existencia humana Y si esto es verdad para la mayoría, es aún más angustiosamente evidente en el nivel profesional del epidemiólogo, incluso (¿O especialmente?) aquellos en posesión de grados doctorales obtenidos en instituciones prestigiosas. La mayoría de los epidemiólogos no han oído hablar jamás del “modelado espacial”, y en ningún momento de su vida profesional han tenido contacto con estos modos geográficos fundamentales de pensamiento y análisis. En su mayor parte expresan asombro al saber que fueron los geógrafos los primeros entro todas las ciencias en usar los métodos de simulación de Monte Carlo para estudiar procesos de difusión geográfica en los años cincuenta(24). La reacción inmediata, casi pavloviana, de los epidemiólogos hacia el modelado de la expansión de una enfermedad es buscar en la estantería sus conjuntos favoritos de ecuaciones diferenciales, para después desgranar números desde un punto de vista temporal, sin preguntarse jamás dónde podrían estar las víctimas potenciales de la enfermedad. Un distinguido matemático de la Conferencia de la Casa Blanca pensaba que modelado espacial quería decir correr de un lado a otro de Alabama a Wyoming con una ecuación diferencial bien agarrada en la manita.

 

Desgraciadamente, en lo que se refiere a la epidemia de SIDA estos planteamientos son casi inútiles, ya que no pueden ser parametrizados a partir de datos reales. Por lo que pude observar en el Congreso de la Casa Blanca, el planteamiento típico es dividir la población en grupos cada vez más específicos (haciendo ecuaciones cada vez mayores para que las resuelva el ordenador… ¡qué entretenido!), asumir después que los índices de transmisión entre grupos y dentro de un grupo se pueden calcular (¡los científicos conductistas se encargarán de ese desagradable trabajo empírico!), y finalmente extraer los coeficientes de transmisión a partir de los conjuntos de ecuaciones en forma de una matriz llamada jacobea, para encontrar un valor característico denominado primer valor propio (“first eigenvalue”)(25). Si resulta ser mayor que 1.0, sabemos que la epidemia se incrementará; si es menor de 1.0 la epidemia se extinguirá ¿O es que ya sabíamos esto desde antes? Es fácil imaginar lo que tendría que decir sobre tan profunda conclusión un médico que haya estado al cargo del cuidado de enfermos de SIDA en un hospital de San Francisco desde el principio de la epidemia! Los epidemiólogos tradicionales no parecen hacer mucho más que jugar con sus suposiciones, descubriendo, por ejemplo, que si aumentan los índices de transmisión, la epidemia irá más rápida como tiene que ser, lógicamente, a partir de los conjuntos, emparejados mecánicamente, de ecuaciones decimonónicas. No es fácil ver en qué manera se ha salvado una sola vida humana con estos planteamientos puramente temporales, o cómo se ha frenado una transmisión del virus.

 

Pero aparte del conservadurismo disciplinario tradicional, la visión limitada de los intelectuales y una general falta de curiosidad y conocimiento de otros posibles planteamientos, hay otro asunto que ha obstaculizado grandemente nuestra comprensión de la epidemia del SIDA en el campo de la geografía. Es el tema de “confidencialidad”, la creencia de que desde una ética impecable el historial médico de un paciente sólo puede estar disponible para el personal médico con la cualificación adecuada que esté tratando al paciente en cuestión. Existe el temor, que puede ser real y legítimo, de que tan pronto como se dé algún tipo de coordenadas geográficas (x, y; latitud, longitud; dirección; distrito censal, etc.), se podrá identificar  a un paciente de SIDA. Se teme una identificación de este tipo por razones de prejuicio contra los homosexuales y drogadictos, un miedo irracional a la transmisión fortuita y la naturaleza sexual de muchas transmisiones, más que por una fuerte creencia en el derecho a la intimidad del individuo. El resultado ha sido la emergencia de una controversia de carácter altamente emocional de la que ha desaparecido casi totalmente la voz de la razón. Hay una tradición fuerte, y éticamente impecable, entre los que pertenecen a la profesión médica de mantener la confidencialidad del paciente, a la que se han sumado muchas voces de las comunidades homosexuales, muchas de las cuales se han convertido en grupos políticamente organizados y poderosos en Estados Unidos. Se ha hecho muy difícil razonar con estos grupos ya que enseguida se le considera a uno “insensible”, o se le acusa de rechazar a los homosexuales. Antes de continuar, quiero que quede claro que estoy totalmente de acuerdo con la protección de la intimidad del paciente, pero este asunto se ha llevado absurda y exageradamente lejos, tanto que se ven seriamente amenazadas nuestra comprensión de la epidemia, y nuestra capacidad para desarrollar una intervención educativa y para planificar de una manera humana. Lo que está en juego es un tema totalmente geográfico! que queda justamente en el terreno espacial en el que la mayoría de la gente tiene poca práctica en pensar.

 

 

 

Las dimensiones geográficas de la confidencialidad

 

En Estados Unidos los Centros para el Control de la Enfermedad (Centers for Disease Control, CDC) de Atlanta publican el número de casos de SIDA sólo a nivel estatal, arguyendo que los estados les obligan a hacerlo así en un sistema de gobierno federal A su vez algunas autoridades medicas estatales dicen que no pueden hacer públicos los datos de condado, código postal o zonas de censo por una norma de los CDC Es un antiguo mecanismo burocrático, probablemente de los tiempos de Babilonia, que se conoce hoy como “Catch22″. En Estados Unidos, el Estado es un nivel de agregación geográfica analíticamente inútil. Es además ridículo desde el punto de vista científico, ya que Rhode Island (el más pequeño) cabe 250 veces en Texas. No obstante, la mitad de los Estados, generalmente aquellos donde la epidemia es particularmente seria publican los casos de SIDA a nivel de condado, y unos pocos a nivel de distrito postal.  Hoy en día muchos grupos estatales de seguimiento del SIDA ponen incluso mapas de su estado con el número de víctimas de SIDA en cada condado en las tapas de sus informes mensuales o trimestrales de carácter completamente público(26). Nadie que mire esos mapas podría identificar a una sola persona. Y sin embargo la mitad de los estados todavía se niegan a sacar a la luz ni siquiera datos a nivel de los condados. Incluso en Pennsilvania,  para un estudio de la universidad de Penn State, hizo falta La intervención de la Cámara de Representantes para convencer al Consejero de Sanidad de que diera salida a ciertos datos a nivel de condado de la unidad especial de SIDA.

 

Pero el asunto se vuelve aún más absurdo y dañino para la ciencia. En Los Ángeles tenemos grandes mapas (de 75 x 100 centímetros) que muestran los índices de SIDA por zonas censales(27), algunas de no más de tres o cuatro manzanas, y consiguientemente cinco o seis órdenes de magnitud espacial más pequeñas que el nivel estatal de California, la escala geográfica por debajo de la cual los CDC son reacios a hacer públicos los resultados. En otras palabras, los CDC sólo publican datos a nivel estatal, por ejemplo, para el estado de California, mientras que la unidad de vigilancia del SIDA de Los Ángeles publica información por zonas censales. Nadie que mire los sombreados en rojo, amarillo y verde podría, en manera alguna, identificar a nadie. Se ha representado también la epidemia en secuencias de mapas en el tiempo, que muestran la expansión geográfica diferencial en las poblaciones blancas, hispánicas y negras, usando puntos para cada caso que aparece aleatoriamente dentro de un distrito censal(28). Todos ellos los completaron, en cooperación con la unidad de seguimiento del SIDA en Los Ángeles, los estudiantes de primeros cursos de una universidad local con vistas a un proyecto cartográfico con intenciones sociales. No se ha dañado en ninguna ocasión la confidencialidad de ningún paciente. Un estudio reciente sobre la posibilidad de identificación geográfica, hecho a partir de datos microcensales en Italia, llegaba a la conclusión de que la probabilidad del descubrimiento de un individuo a partir de la clasificación cruzada era aproximadamente  10-11(29). Me baso en esto para afirmar que se ha exagerado en exceso el asunto de la “confidencialidad geográfica”, tanto que se ha entorpecido grandemente nuestra capacidad de modelar la epidemia en el tiempo y el espacio. Para modelar, para predecir el siguiente mapa o mapas necesitamos series acumuladas espaciotemporales (x y, t) de pacientes de SIDA a una escala o nivel de agregación geográficos razonables. Sólo entonces podremos predecir las distribuciones futuras, y consiguientemente usarlas para fines humanos.

 

Pero, ¿cuáles son las razones para hacer esto? ¿Mera curiosidad académica? En absoluto. Podemos dirigir estos mapas previstos hacia dos áreas de crucial importancia, la intervención educativa y la planificación médica, contribuyendo así directamente a salvar vidas y a atender a los afectados.  Hemos descubierto que cuando las secuencias de mapas, incluyendo los mapas previstos, se preparan para la animación televisiva parecen conformar algunas de aquellas “indicaciones a la acción” que buscan los que se ocupan de la educación sanitaria.  España, por ejemplo presentaba 5.295 casos y el segundo índice más alto de Europa en marzo de 1990, comparable a los porcentajes de Burkina Faso y Dominica. No tenemos conocimiento personal de las proporciones e intensidad de la campaña educativa contra el SIDA en España, pero la educación es hoy por hoy nuestra única esperanza. ¿No les sería posible a los geógrafos españoles trabajar con sus colegas de la medicina, mostrarles las posibilidades de la cartografía animada y, en colaboración con la televisión nacional, producir una secuencia animada similar para España que se pudiera usar para la retransmisión pública, la educación en las escuelas y universidades; etc.?

 

En segundo lugar; es ya angustiosamente obvio en las regiones metropolitanas grandes de Estados Unidos que los sistemas de asistencia sanitaria están siendo utilizados más allá de sus límites. Tendremos que planificar nuevas formas de asistencia sanitaria (hospitales, hospicios, clínicas para pacientes no internados, etc.) que deberán ser accesibles para los afectados de SIDA, no basándose en la tesis positivista capitalista de la eficiencia medida exclusivamente en términos económicos, sino basándose en sentimientos humanos, de modo que las familias de los pacientes con SIDA puedan visitar a sus hijos, hijas, padres, madres, hermanas, hermanos y amigos. Dónde colocar tales instalaciones para complementar las sobrecargadas ya existentes se convierte en una importante cuestión en la panificación de la salud. Esta ha sido el área clásica de investigación geográfica en los ultimos 25 años, resuelta esencialmente con miras totalmente prácticas Tenemos hoy docenas de algoritmos computerizados para resolver todo tipo de variaciones del tema básico localización-asignación. He aquí otro terreno donde puede contribuir la perspectiva del geógrafo. Vencer el SIDA va a suponer esfuerzos largos y continuos en muchos frentes distintos. Pero los geógrafos tienen aquí una oportunidad literalmente vital de contribuir con sus conocimientos tanto a la ciencia como a la humanidad.

 

 

…………..

Horacio Capel por cuyo artículo HOMENAJE A PETER GOULD (http://www.ub.edu/geocrit/sn-78.htm) conocimos a PETER GOULD nos dice que, era un amante del Mediterráneo, y amaba España y particularmente Cataluña, mostrando siempre un interés por las manifestaciones culturales de nuestro país, y especialmente por la literatura. Amaba además la buena vida, esa vida que está llena de pequeñas cosas, como la amistad, el amor, la charla en torno a una mesa, el buen vino, la contemplación de un paisaje, la lectura.

Unas semanas antes de su muerte Peter Gould me escribió una emocionante carta en la que con un tono neutro, como sin darle importancia, hablaba del carácter irreversible de su enfermedad y de su próximo fin, lamentando lo poco que iba a poder hacer por la revista Scripta Nova. Lo verdaderamente impresionante es que la carta estaba llena de optimismo sobre la utilidad de la geografía y acababa con estas palabras: “el mundo tiene necesidad de los geógrafos”.

No tengo dudas de que escribió a otros amigos cartas similares de despedida con mensajes de aliento y de optimismo. Su actitud ante la muerte fue verdaderamente ejemplar, tanto privada como públicamente. En la presentación de su último libro Geographical Voices Peter Gould hacía alusión a la riqueza y variedad de las voces que había recogido en la obra y al panorama rico y colorista que la misma mostraba de la geografía; y acababa con esta frase de optimismo, escrita sin duda en el momento en que sabía su próxima muerte:

“Espero que las generaciones futuras encontrarán la alegría, la esperanza y la inspiración en estos relatos en los que algunos describen las dificultades que han tenido que superar para convertirse … en geógrafos”.

Escribía esas palabras “puesto ya el pie en el estribo”, en una situación y con un talante similar al de Cervantes cuando, poco antes de morir, dictaba su dedicatoria de Los trabajos de Persiles y Segismunda. “ayer me dieron la Extremaunción, y hoy escribo ésta; el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir”. Y sin duda, al igual que Cervantes, pensaba: “¡Adios gracias, adios donaires, adiós regocijados amigos!”.

Ese mensaje de optimismo y de alegría es sin duda también el de Peter Gould; el de un hombre entero, apasionado por la vida, consciente de la responsabilidad moral del científico, y entusiasta de la ciencia a la que dedicó toda su vida. Un ejemplo, sin duda, para los geógrafos profesionales, los que hemos dedicado igualmente la vida a esta misma profesión. Pero un ejemplo, sobre todo, para los jóvenes, los que con un largo camino vital todavía por recorrer pueden llenarlo de tareas nobles, de exigencias morales, de comportamientos cívicos y de dedicación rigurosa a las tareas profesionales o científicas a que se dediquen.

 

 

VIOLENCIA FAMILIAR

                                                                   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Sarita* comparte su experiencia de vida:

 

“Quisiera compartir con todos mi experiencia soy una mujer ya mayor.

 

Me casé bastante joven,  tenia yo 20 años y me casé con la ilusión de hacerlo hasta la muerte.

 

 Mi esposo  empezó a cambiar y fui violentada enajenada violada maltratada por mas de 25 años.

 

Todo el tiempo no pude concretar mi separación por que siempre pensé en mi hijo y claro en luchar hasta las últimas consecuencias por mi matrimonio.

 

 Además que los trámites para divorciarme eran en ese entonces muy difíciles. Y nunca tuve tiempo ni dinero ni voluntad de hacerlo pensando como piensan muchos aquí. La familia es la célula  básica de la sociedad…etc.

 

 Yo respeto mucho pero…por culpa de pensar de esta forma mi hijo sufre hoy todas las cosas k vio k su padre me hacia…Yo soy una persona triste y con tendencia a la depresión…

 

Sobre mi esposo, él continua siéndome infiel con mujeres que se prestan a esto por internet…

 

Todo se hubiera podido evitar si yo no hubiera pensado como piensan muchas aún….Que debemos continuar casados a pesar de todo lo que tenemos que soportar por nuestros hijos…

Hoy con esta ley después de todo lo que sufrí puedo divorciarme…pero a pienso…oh Dios mío  ya para que

¿¿¿ Mi hijo creció y el nunca cambiara y yo¿¿¿ tal vez yo pronto moriré”.

 

 

 

Para preservar la identidad de nuestra amiga lectora, la llamaremos Sarita.*

Cuantas veces, hasta cuando seguiremos viendo , oyendo o escuchando historias como la de Sarita?

Es una de la miles y miles de historias que se repiten en diversas formas una menos y otras muchísimo mas graves que la narrada.

Desde hace años en Perú se ha legislado y modificado con Ley 29282 la Ley de Violencia Familiar y su Reglamento,- cuyo texto será abordado en otro artículo-  y  como correlato existe todo un aparato policial, fiscal y judicial que se encarga de intervenir como procesar estos casos, lamentablemente, su quehacer es predominantemente  disuasivo, es decir, al final de todo un largo proceso  incide en recomendar que durante el proceso como al término del mismo , el agresor y su víctima  o toda su familia acuda a terapias sicológicas que casi nunca ocurren y menos le interesa al agresor.

A diario vemos diversidad de formas de violencia familiar una mas grave que otra; en los  pasados recientes días los medios de comunicación nos traían la noticia  como un padre asesina a su dijo que defendía a su maltratada madre; otra  el de una joven esposa cansada de esta violencia  resultó asesinada por arma de fuego  por su cónyuge junto con el policía al cual acudió a denunciar en el mismo acto que fue este último a notificarlo a su domicilio. El agresor quien también se suicidó, resolvió en segundos lo que la Ley tarda días, meses o años.

Lo peor de todo es que cuando estas noticias se difunden los malos actos se copian con el añadido que son superados en perversidad por los nuevos  actores.

Que hacer?

Aprender a   decir NO a tiempo.

Aprender decir NO  a tiempo puede y debería significar que las personas  aprendamos a identificar y apartarnos de todo vestigio o signo de violencia, desde la primera oportunidad.

Todos, nuestras amigas y amigos sicólogos, siquiatras, toda autoridad, servidor público, docentes, persona, vecino, familiares   tenemos una frondosa  tarea en lo preventivo, desde casa, en los colegios, acaso desde inicial o en la primaria, ahora casi todos los colegios cuentan con sicólogos, pero resultan insuficientes o en número o en estrategias para identificar y esencialmente para poder ejecutar acciones preventivas individuales destinadas a erradicarlas. Acaso una alternativa fuera educar a padres y docentes en estrategias orientadas  a identificar y disuadir toda  conducta violenta.

En que colegio no existen diversidad de niños y niñas violentadas o que violentan a  sus compañeras o compañeros o que presentan signos o síntomas de violencia en casa?  Recientemente el Ministerio de Educación procura regular al respecto una cruel realidad vigente de antaño.

Hay quienes no se consideran violentadas porque la pareja no le pega, no le insulta, pero la tiene sumida en un enfermizo  control hasta de sus mínimos movimientos, cual carceleros, es quien decide por ella que hacer o no, cuando como y con quien o no tratar.

Si aceptamos estas conductas desde el hogar es fácil entender porque  aceptamos con resignación las vejaciones a diario de cualquier persona  desde algunos  cobradores,  profesores,  compañeros de trabajo, del jefe, de la  autoridad que abusa de su poder.

Tratando de interpretar los comentarios de mi dilecto amigo, colega e historiador, César Cánepa Yori – a quien con esta parte rindo tributo de mi aprecio y amistad- en este país aún cuando han pasado mas de 500 años de emancipados  seguimos esperando un libertador, repetimos dia a dia  figuras o del conquistador avasallador o del genuflexo  resignado a su condición de conquistado.

Y que pasa en casos como el de Sarita  en el que ELLA siendo conciente de su vejación, de su destruída  autoestima  decide seguirla soportando hasta sus últimos días , dia a dia, con resignación?

Sarita es conciente del grave daño que su resignación no sólo le ha causado a ella sino también a su hijo. Quiera  su hijo  y Dios que su ciclo como agresor o víctima no se repita.

Mi consejo Sarita es que NUNCA, NUNCA  es tarde para que recobres tu dignidad, tu autoestima, tu libertad.

Busca ayuda profesional, da todo por un dia de vida en libertad, de vida con dignidad, verás que vale la pena verla y sobre todo, vivirla.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría :Derecho de Familia

Ley del Procedimiento Administrativo General : DEL PLAZO

 

“Hazlo ahora mismo : Mas nos desgasta lo que dejamos de hacer que lo que hacemos” (Tomado de : El tiempo es Oro De Margaret Johnston)

 

 

 

 

 

Tan inherente es el tiempo a la vida misma que hay quienes dicen un año de vida es en realidad un año menos de vida.

 

 

La Ley ha establecido plazos para casi todas las actividades que realiza el ser humano sean : personales, familiares, herencias, contratos, laborales, pensiones, de negocios, actos administrativos, toma de decisiones, de notificaciones, procesos, procedimientos, reclamo de derechos, quejas, denuncias, etc.

 

 

Bajo esa esencial regla, no es suficiente tener la razón o el derecho sino pedirlo u otorgarlo a tiempo, a través de la autoridad competente y dentro del plazo establecido.

 

 

Si no se procede así se corre el riesgo no sólo perder el derecho e incluso ser pasibles de sanción  

 

 

Muy pocos asuntos son imprescriptibles, es decir, limitados a un plazo, como por ejemplo: reclamar una herencia.

 

 

Los actos privados de la persona se hallan regulados por el Código Civil en el cual se establece los plazos máximos para reclamar los derechos que se regulan por dicha Ley  :

 

Artículo 2001º Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

 

El paso del tiempo, por excepción, también genera adquirir derecho en materia de propiedad de bienes muebles o inmuebles como se verifica en el Código Civil con la figura de la Prescripción Adquisitiva, en el :

 

Artículo 950º  La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años.

Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.

 

 Artículo 951º La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.

 

En lo administrativo, el plazo transcurrido en los procedimientos administrativos y expresamente sancionados con Silencio Administrativo Positivo por la Ley 27444 como en la Ley 29060 también genera derechos a favor del interesado aún cuando éste no reuna los requisitos legales y no sea advertido por la administración dentro del breve plazo establecido.

 

 

De allí que ¿Cuanto le interesa a la administración pública el tiempo ?

 

Demasiado.

 

Sin embargo, hay una suerte de contradicción en lo que la Ley establece, promueve y dispone con lo que aún se hace con el plazo en muchas entidades que componen la Administración Pública.

 

Por un lado, años atrás el Gobierno dictó una Ley de Simplificación Administrativa para acabar de una vez por todas con las inacabables penurias que afrontaba el ciudadano; por ejemplo, quien se hallaba interesado en abrir un negocio, tenía que iniciar su peripecia ante las ventanillas de una entidad pública para obtener un documento que a la vez era requisito con el cual a la vez debía repetir una y otra vez hasta que finalmente con ellas obtenga su Licencia de Funcionamiento.  El año 2000 fue derogada la Ley de Simplificación Administrativa y sus alcances mas significativos fueron comprendidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo sus alcances, modificatorias y normas relacionadas, actualmente, hoy algunas Municipalidades en minutos entregan Licencias de Funcionamiento.

 

 

Sin embargo, tal cambio y celeridad no es lo que comúnmente caracteriza a todos los procedimientos administrativos a cargo de la mayoría de las entidades públicas, lo cual sigue siendo materia de reclamo inclusive del actual mandatario de la Nación al justificar la promulgación de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo .

 

 

A pesar de ello, hay  :

 

Expedientes que son recibidos e impulsados en su trámite sin verificar y consignar la debida foliación, o sin requerir la acreditación de la personería jurídica vigente por parte de las personas jurídicas, o que contengan todos los requisitos que exige el TUPA por ende sin anotar en el cargo los documentos faltantes les dan curso cuando por mandato de la Ley debe paralizarse su trámite hasta que el interesado lo subsane dentro del breve plazo de 48 horas vencido el cual si el interesado no lo subsanó le debe ser devuelto.

 

Expedientes a los que se dan inadecuada tramitación o innecesariamente se pide informe o sencillamente son dejados en la cola de los sujetos a ser atendidos cuando el llamado a hacerlo pueda o quiera revisarlo, a lo cual se añade la escasa o ausencia de supervisión por parte de su superior inmediato como del sistema administrativo o informático que le recuerde que el plazo máximo establecido por la Ley no es para la actuación de cada funcionario sino para la entidad en su conjunto y que si bien es verdad que la mayoría de los ciudadanos por desconocimiento o idiosincracia suelen ser sumamente pacientes también lo es que la Ley impone a quienes representan a la Administración Pública el deber de servir verificando que las actuaciones a su cargo como del personal que se halla bajo los alcances de su jefatura sean diligentes, eficaces, eficientes, económicas y oportunas; es decir, a tiempo, dentro del plazo concedido.

 

Procedimientos administrativos previstos en el TUPA con breve plazo para calificar en cuyo defecto le es aplicable el silencio administrativo positivo, que de no haber sido observado la falta de algún requisito a tiempo puede depender la vida o salud de muchas personas si la decisión es tardía, defectuosa  o se dio curso con documentación insuficiente 

 

 Resoluciones emitidas abriendo proceso administrativo disciplinario pero que al no ser notificadas dentro del plazo establecido puede dar lugar a que el incurso en responsabilidad invocando prescripción no pueda ser procesado administrativamente -esta omisión no exime la prosecución de las acciones civiles o penales, en los casos a que hubiera lugar – y que en contrario, quienes dieron lugar a tal omisión, se vean incursos en responsabilidad administrativa.  

 

 

Interesados que por omisión o desconocimiento no interpusieron  sus solicitudes, reclamos o impugnaciones a tiempo perdiendo su derecho.  

  

 

La vigilancia del plazo que sobre los expedientes a su cargo tuviera el funcionario o servidor público es parte del denominado control simultáneo y control interno previo que compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección, conforme precisa en su artículo 7º la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

 

 

El incumplimiento en el plazo por parte del servidor o funcionario por omitir, rehusar o retardar algún acto de su cargo,  puede dar lugar a que el afectado pida la intervención de la autoridad administrativa o invocando el artículo 244º de la Ley 27444 –incorporado con la Ley 28187- pedir la intervención del Fiscal Penal en concordancia al ilícito previsto el Artículo 377º del Código Penal.

 

 

A efectos de coadyuvar a sensibilizar y prevenir de estas adversas situaciones es necesario recordar que desde julio del año 2000 la Ley 27444 establece en su :

 

Artículo 35º  : PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN PREVIA.- El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 142°     PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143°     RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1        El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2        También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

ARTÍCULO 158°     QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN

158.1          En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2          La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin  de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3          En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4          La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5          En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable….

 

 

 

El detalle de la mayoría de las actuaciones administrativas (no todas) sujetas a los alcances de la Ley 27444 han sido didácticamente recogidas por el colega OSCAR ZEGARRA GUZMÁN en su “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General  Análisis de la Ley N° 27444”, Ed. Gráfica Horizonte, Lima Octubre 2001 :

 

TABLA DE TÉRMINOS PROCESALES DE LA LEY DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (*)

 

ART.

ACTIVIDAD PROCESAL

PLAZO

INICIO DE PLAZO

85

Plazo para resolver el conflicto de competencia

4 días

Remisión del expediente

89.1

Plazo para remitir el expediente al Superior Jerárquico, por abstención

2 días hábiles

Recepción

25

Efectos de los actos Administrativos

Notificaciones personales: el día hubieren sido realizadas.

Por correo certificado, oficio, correo electrónico: el día que conste haber sido recibidas.

Por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el diario oficial.

 

132.1

Remisión de documentos recepcionados a la sección correspondiente.

Dentro del mismo día

Recepción

125.1

Plazo de subsanación de solicitudes presentadas con observaciones por incumplimiento de requisitos.

2 días hábiles

Recepción de solicitudes

132.4

Plazo de realización de trámites a cargo de los interesados requeridos por la autoridad.

10 días

Solicitud

191

Abandono de procedimiento por incumplimiento de trámites a cargo del interesado.

30 días

Requerimiento de último trámite a cargo del interesado.

132.3

Plazo para evacuar informes o dictámenes peritajes.

7 días

Solicitud

132.2

Plazo para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter

3 días

Recepción

168.1

Solicitud de documentos a otras actividades

3 días en la misma entidad, 5 días en demás casos. No mayor de 10 días.

Solicitud

24

Notificación de acto administrativo

5 días

Expedición

207.2

Interposición de Recursos de Reconsideración

15 días

Dictamen de resolución

207.2

Plazo para resolver los recursos de Reconsideración

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de los recursos de apelación

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Apelación

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de recursos de revisión

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Revisión

30 días

Interposición de la demanda

158.2

Término para resolver la queja

3 días

Previo traslado al quejado

35

Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa.

30 días hábiles, salvo ley o Dec. Leg. que establezca mayor plazo

Inicio del procedimiento

163.1

Actuación de la prueba

3 a 15 días

Dispone actuación de pruebas

163.2

Notificación de la actuación de la prueba

No menor de 3 días antes

Actuación de pruebas

169.1

Solicitud de pruebas a los administrados

Plazo establecido en requerimiento

Requerimiento

193.1.2

Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

5 años

Resolución firme

202.3

Prescripción de facultad de declarar la nulidad de oficio

1 año

Resolución contenida

202.4

Nulidad de resolución vía proceso contencioso administrativo

2 años

Fecha que prescribió la facultad de declaración de nulidad administrativa

202.5

Nulidad de acto administrativo emitido por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, vía contencioso administrativa

3 años

Fecha que acto que firme

223

Contestación de la reclamación en procedimiento trilateral

15 días

Notificación

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

1 día

Concesión del recurso

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

5 días

Recepción por autoridad superior

227.2

Apelación del proceso trilateral

15 días

Notificación

227.2

Elevación de la apelación del proceso trilateral

2 días

Concesión del recurso

227.3

Traslado de la apelación del proceso trilateral

15 días

Recurso del expediente

227.3

Absolución de la otra parte de la apelación trilateral

15 días

Notificación del traslado

227.4

Vista de la causa de apelación del proceso trilateral

10 días

Notificación de absolución de la apelación

227.5

Resolución de la apelación en proceso trilateral

30 días

Audiencia

233.1

Prescripción de la facultad de determinar existencia de infracciones administrativas

5 años, si no está establecida en leyes especiales

Fecha que se cometió infracción

233.2

Cesación de la interrupción de la prescripción de infracciones administrativas

Paralizado por 2 meses por causa no imputable al administrado

Interrupción de la prescripción

234.4

Derecho a Defensa

5 días

Notificación

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Procedimiento Administrativo General,  Gestión Pública

02/01/2009

HALLAZGO ABSOLUCION ANTE OCI Y DESCARGO ANTE CPPAD

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Andrés consulta:

Dr. como puedo levantar un hallazgo de auditoria que ha derivado en la apertura de un proceso administrativo sancionador, según el fondo del asunto es que para la evaluación en un proceso de selección, para el comité considera como válidas las facturas presentadas por el postor y para el auditor no le parece, nuestro criterio esta amparado en los principios que rigen las adquisiciones y contrataciones demostrado técnicamente en sujeción estricta a la normativa de contrataciones en el descargo presentado oportunamente. Como poder demostrar que nuestra actuación (a falta de norma expresa) esta sujeta a los principios que rigen las contrataciones y que a criterio del auditor no son así . aquí lo que se trata es de interpretaciones de la normatividad y nuestro criterio como comité y el criterio del auditor, quien audita a los auditores cuando no saben formular bien sus hallazgos con los requisitos que estos deben de tener ( condición ,causa, criterio, efecto)

Si ya hay un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) aperturado lo que  corresponde es que ante la CPPAD formules tu descargo documentado; ya no cabe que levantes hallazgo alguno de auditoría, término este último reservado para el momento en que eres requerido por el OCI u Organo de Control que te audita, de manera previa a la emisión del respectivo Informe de Control.

Tanto la posición del Comité Especial, de las autoridades administrativas que acogen su decisión deben ser arregladas a la Ley y/o a la opinión especializada de la OSCE como ente normativo y rector, que con igual rigor es el fundamento legal en el cual se basa el “criterio” en el cual el auditor sustenta su hallazgo, observación y conclusión.

Cierto es que los principios resultan de aplicación en ausencia de norma expresa mas su aplicación debe ser congruente con el hecho observado y debidamente ponderado.

Justamente por el principio de legalidad que es de aplicación predominante en la adminstración pública, una defensa, un descargo o una absolución de hallazgo jamás puede sustentarse únicamente en el criterio del auditado o en una interpretación general de un principio.

Del mismo modo, un hallazgo de auditoría plasmado en un informe de Control, o un cargo atribuído en una denuncia, o la imputación de responsabilidad por parte de la CPPAD, o la sanción impuesta porla  autoridad administrativa o judicial , tampoco puede sustentarse únicamente en el criterio del auditor o de la autoridad .

Los respectivos Códigos de Etica como la legislación especial que, respectivamente,  regulan a auditados y a auditores reprueba y sanciona una conducta arbitraria de quien contraviene o se excede en sus atribuciones, dejan abierta la posibilidad de accionar por parte de quien demuestre su condición de agraviado.

Cierto es que eventualmente pueden darse caso de errores o abusos por parte de determinados auditores, como los que hemos dado cuenta en alguno de nuestros artículos, lo cual, es de suponer debería ser conocido y corregido, de oficio o a pedido de parte, por las instancias superiores del Sistema Nacional de Control, lo cual, es verdad, también hemos demostrado que, en ocasiones, tampoco, ha sido ni oportuno ni expeditivo. En todo caso, estas situaciones deben entenderse como la excepción y no la regla.

Cierto también es que, es mucho mas satisfactorio que, cuando la Comisión auditora traslada el hallazgo ese es el primer momento que tiene el auditado para procurar revertirlo y con ello, lograr no ser comprendido en observación o responsabilidad alguna en el Informe de Control finalmente emitido.

Si lo anterior no prosperase, el PAD se presenta entonces como la siguiente primera posibilidad administrativa, dentro de gestión, ante la cual el procesado con su descargo escrito y oral, podría procurar demostrar la certeza de su posición ante la CPPAD en cuyo informe final aspiraría ser absuelto o con una responsabilidad diminuta, según fuera el caso.

Mas si, a pesar de ello fuera hallado en responsabilidad y sancionado, al no hallarse con la impuesta a él le asiste impugnar interponiendo la correspondiente reconsideración o apelación, en este último caso será resuelto por el Tribunal de Servicio Civil en el caso de las entidades de alcance nacional o por la autoridad competente en el caso de Gobiernos Regionales o Locales.

De persistir la disconformidad con la sanción, le asistirá impugnar el acto adminstrativo en sede judicial, en la vía contenciosa administrativa.

El asunto que hoy es materia de tu consulta pone de manifiesto recordar cuando menos cuatro aspectos esenciales previstos en la Ley con antelación, pero que en la práctica habitual suele preterirse o soslayarse:

1. La CAPACITACION en la función pública encomendada, en este caso, en materia de Contrataciones del Estado. Recuerda que la Ley exige que es obligatoria para quienes se desempeñan en tal función;

2. La ASESORIA LEGAL y/o ADMINISTRATIVA especializada con la cual la Ley de Contrataciones faculta contar a los Comités Especiales.

3. La ASESORIA LEGAL especializada con la cual deberían contar las CPPAD como los titulares de las entidades públicas para minimizar los riesgos previos, concurrentes o posteriores en las decisiones que adopte y en las sanciones con justeza y ecuanimidad.

4. La DEFENSA LEGAL especializada en derecho administrativo, aún suele ser no ponderada por la mayoría de servidores o funcionarios procesados en razón que suelen prescindir de contar con aquella, del mismo modo que el peruano prefiere ir al boticario que al médico y sólo buscar a éste cuando el estado es tardío o irreversible, del mismo modo, hay la tendencia de buscar al abogado especializado cuando se afronta una eventual suspensión, cese temporal o destitución

Actualmente hay todo un todo un engranaje legal para perseguir y sancionar todo asomo de fraude en materia de Contrataciones del Estado y delitos contra la Administración Pública, por un lado:

a) La Contraloría General legalmente ahora cuenta con facultades de sancionar a quienes audita, posición que si bien no comparto en razón de los riesgos y experiencia expuesta, mas en tanto resulte Ley no queda sino acatarla, albergando únicamente la confianza que dichas sanciones no resulten una mera prolongación y ratificación de confirmar lo concluído en el Informe de Control.

b) Por Ley se ha dispuesto que, a partir del 15 de enero del 2011, en el caso de Lima y del 1erode junio 2011 a nivel nacional la entrada en vigencia o aplicación del Código Procesal Penal en el Poder Judicial para los funcionarios o servidores que incurran en la mayoría de los delitos cometidos contra la Administración Pública, lo cual implica que los juicios serán breves y las condenas impuestas con prontitud y ya no con largos e interminables procesos como ocurría con la legislación procesal penal anterior.

c) Existen Juzgados y Salas Penales especializados en ANTICORRUPCION exclusivamente creadas para procesar a quienes se encontrasen involucrados en los antes mencionados delitos contra la Administración Pública.

Finalmente, justamente estos días  ha comenzado el cambio de autoridades en los Gobiernos Locales y en pocos meses del Gobierno Central, nuestro deseo sería que ningún servidor o funcionario afrontara la maquinaria descrita en ninguno de las instancias o vías.

Una cosa es afrontar este ingrato periplo estando en ejercicio del Poder o del cargo o función  y otra, después de estarlo.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

GRACIAS A TI

El año de 2010 en tu blog

Feliz Año Nuevo de WordPress.com! Para iniciar el año, nos gustaría compartir información sobre el desempeño de tu blog. Aquí te presentamos un resumen de alto nivel de la salud de tu blog:

  Blog-Health-o-Meter Wow

Blog-Health-o-Meter™

¡Nos parece muy bien!

Números crujientes

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Un duende de estadísticas ha creado esta pintura abstracta, inspirada en tus estadísticas.

El Museo del Louvre tiene 8,5 millones de visitantes al año. Este blog fue visto cerca de 73,000 veces en 2010. Si el blog fuera una exposición en el Louvre, tomaría 3 días para verla.

En 2010, publicaste 11 entradas nuevas, haciendo crecer el arquivo para 54 entradas.

Tu día más ocupado del año fue el 13 de septiembre con 504 visitas. La entrada más popular de ese día fue ¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?.

¿De dónde vienen?

Los sitios de referencia más populares en 2010 fueran search.conduit.com, google.com.pe, mail.yahoo.com, mail.live.com y es.wordpress.com.

Algunos visitantes buscan tu blog, sobre todo por sustraccion de la materia, ricardo ayala, proceso administrativo disciplinario, sustracción de la materia y como denunciar a un servidor publico.

Lugares de interés en 2010

Estas son las entradas y páginas con más visitas en 2010. Puedes ver todas las entradas y páginas con más visitas en este año en tu Página de Estadísticas .

 

1

¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?julio, 2009
152 comentários

 

2

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
583 comentários

 

3

¿DÓNDE PUEDO PONER UNA DENUNCIA CONTRA UN SERVIDOR o FUNCIONARIO PÚBLICO?julio, 2009
146 comentários

 

4

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TCmarzo, 2009
119 comentários

 

5

CONVIVIENTES CON DERECHO A PENSION DE VIUDEZjulio, 2009
195 comentários

Algunas de tus entradas más populares fueran publicadas antes de 2010. ¡Tus escritos permanecen! Considera escribir sobre eses temas de nuevo.

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¡Nos vemos en 2011!

 

Si te gustó lo que viste en este resumen y quieres saber más sobre el desempeño de tu blog, siempre puedes visitar tu Página de Estadísticas , donde nuestros duendes están trabajando día y noche para ofrecerte páginas y páginas de información tu blog.

Si tienes algún comentario sobre este mensaje, por favor haz clic aquí para una breve encuesta (en Inglés). Nos encantaría saber más.

Gracias por volar con WordPress.com en 2010.
¡Esperamos poder servirte de nuevo en 2011! ¡Feliz Año Nuevo!

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PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (PAG) :ABSTENCION ADMINISTRATIVA

Por : Ricardo Ayala Gordillo

Consulta:

¿Puedo SOLICITAR LA RECUSACION DE LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS de una UGEL si son amigos con quienes van a procesar, en que artículo me amparo y si tengo plazo para ello?.

Respuesta :

La consulta guarda relación inmediata con la conocida prohibición que no se debe ser juez y parte.

Un ejemplo actual lo viene exponiendo la prensa nacional cuando propala la noticia del  caso de un magistrado a quien hoy se le viene investigando penalmente como presunto autor de un homicidio que refieren, refieren, el mismo venía investigando.

La facultad de recusar está reservada para ser empleada  en el ámbito judicial y bajo las causales expresamente establecidas por Ley.

En el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), que es materia de consulta, la legislación especial que lo regula (el DS 005-90-PCM) no prevé la figura de la recusación.

Ante dicho vacío de la Ley especial (DS 005-90-PCM) resulta legalmente válido que a quienes conforman la CPPAD como quienes tuvieran un proceso que ella fuera conocer  puedn promover la ABSTENCION , de oficio o de parte, de modo cierto y demostrable objetivamente, si se encuentra incursos en alguna de las causales que regula el Art. 88º de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (PAG), dentro del capítulo relacionado a los conflictos en la competencia.

La prohibición de  “no ser juez y parte” no se limita al juez o al fiscal o a la autoridad administrativa que decide sino también a todo servidor y funcionario público que le corresponda emitir una opinión o decidir influya ciertamente en los procesos administrativos disciplinarios como en los procedimientos administrativos.

El Artículo 88º de la Ley 27444 ordena que mediante  la ABSTENCION : “La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, DEBE abstenerse de participar en los asuntos cuya COMPETENCIA le esté atribuida”

 

 

Resaltamos DEBE porque la abstención no es facultativa sino de cumplimiento OBLIGATORIO, no facultativo.

Resaltamos también COMPETENCIA  por ser uno de los requisitos necesarios para la validez de una opinión o decisión.

Si la competencia está afectada entonces puede invalidarse los actuados por quien debió abstenerse durante el PAD o el PAG; si resulta evidente, el acto administrativo DEBE ser declarado NULO de pleno derecho.

La COMPETENCIA es uno de los 5 requisitos que debe reunir todo acto administrativo para ser legalmente válido y por ello, el primero de los requisitos que corresponde examinar en todo acto administrativo y procedimiento, como referente de garantía, trasnparencia e imparcialidad.

 

Ley 27444

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia,

territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al

momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de

sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión…..

 

 

El artículo 88º enumera también  los únicos CASOS en los cuales procede la Abstención.

Como se aprecia, la abstención  está relacionado en función al entorno personal y deteminadas condicioes  que, de manera directa, inmediata o mediata guardan o guardaron relación con la autoridad cuya abstención se promueve.

 

 

La causal que es materia de la consulta estaría contemplada en el numeral 4 del Artículo 88º de la antes citada Ley, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El plazo para interponer la abstención es tan pronto tengas conocimiento de la causal de Abstención; no oblvides que siempre es aconsejable acreditarlo.

A continuación la normativa aplicable a la Abstención en la Ley 27444:

Artículo 88.- Causales de abstención

La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del

procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de

participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes CASOS:

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios,

con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo

procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se

trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses

objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio

o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente

interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con

alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

Artículo 89.- Promoción de la abstención

89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas

en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que

comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su

abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite,

se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las

causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de

la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.

Artículo 90.- Disposición superior de abstención

90.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los

administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se

refiere el Artículo 89 de la presente Ley.

90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto,

preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el

superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en

causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.

Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención

91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las

causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos

administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la

imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al

administrado.

91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones

de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese

abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

Artículo 92.- Trámite de abstención

La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender

los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo.

Artículo 93.- Impugnación de la decisión

La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo

la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo

contra la resolución final.

Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida

La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento,

coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar

en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

Exitos en tu cometido.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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CATEGORIA : PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO/LEY DELPROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO GENERAL

Lima, 22/09/ 2012

RECLAMAR O IMPUGNAR : DERECHO A OBTENER RESPUESTA (II)

 

 

Cuando el ciudadano es notificado o toma conocimiento de un resultado que no comparte o verifica que ha transcurrido el plazo legalmente señalado en que la administración pública debía pronunciarse en relación a su pretensión sin que haya recibido respuesta alguna, la ley faculta a contradecirla; sin embargo, la conducta asumida no siempre es uniforme.

 

 

Unos optan por resignarse al resultado.

 

 

Otros se limitan a manifestar su disconformidad entre los suyos.

 

 

 

Algunos otros, acuden ante la entidad a expresar su malestar o reclamo verbal o escrito (mediante solicitudes o cartas simples o cartas notariales; algunos otros también lo hacen mediante fax o correo electrónico) debiendo satisfacerse, preferiblemente,  los requisitos establecidos por el Artículo 113º[1] de la Ley 27444.

 

 

 

En uno u otro caso, es aconsejable que se realice de manera inmediata desntro de un plazo no mayor a 15 días.

 

 

El reclamo debe dar lugar a que la autoridad proceda a revisar su decisión que es materia de lo  reclamado, con sujeción al principio de impulso de oficio[2].

 

 

 

En los casos mas favorables, el reclamo da lugar a la rectificación respectiva y con ello, algunas veces, a la respuesta de la autoridad administrativa comunicando la atención de su pretensión, que puede ser o no coincidente a la expectativa que aquél espera.

 

 

 

El escrito formulando el reclamo puede ir desde una sencilla expresión de disconformidad, siendo mejor aún si se invocan las normas que consideramos infringidas o las que sustentan nuestra pretensión, de manera que la autoridad se pronuncie sobre ellas. 

 

 

 

 

Sin embargo, el medio idóneo establecido por Ley y por excelencia, consiste en impugnar el resultado notificado o el silencio que considere adverso a través de los recursos o medios impugnativos que establece la Ley 27444 o las leyes especiales que regulan el procedimiento administrativo dentro del cual se participa.

 

 

 

De acuerdo a la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el administrado es quien decide si opta por impugnar la decisión o el silencio por denegatoria ficta a través del :

 

1. Recurso de reconsideración (Art. 208º)

2. Recurso de apelación (Art. 209º)

 

 

Ambos recursos persiguen igual fin y deben ser dirigidos a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna e interpuesto dentro del plazo improrrogable de 15 días hábiles (descontando sábados, domingo y feriados), con las formalidades y requisitos que establece el Art. 113º de la Ley 27444 y ser firmados por Abogado.

 

 

La autoridad administrativa tiene la obligación de resolverlos dentro del plazo de 30 días hábiles.

 

 

¿Cuando optar por el recurso de reconsideración? 

 

Es requisito imprescindible para que sea admitido que se presente con la reconsideración una nueva prueba instrumental que antes no fue examinada por la autoridad misma autoridad que antes resolvió en sentido adverso y cuando se tiene convicción que dicha nueva prueba motivará la rectificación a nuestro favor.

 

 

 

También cuando se confía en que la misma autoridad que antes resolvió pueda rectificar, de oficio, la valoración de las pruebas o argumentos esgrimidos.

 

 

De no adjuntarse nueva prueba instrumental la reconsideración será declarada inadmisible.

 

 

De no contarse con nueva prueba instrumental como ante la declaratoria de inadmisibilidad, podrá optarse por interponer recurso de apelación.

 

 

¿Se puede prescindir presentar recurso de reconsideración y presentar directamente recurso de apelación?  

 

Si, el recurso de apelación está orientado a que sea el superior jerárquico de la autoridad que antes resolvió en desmedro de nuestros intereses, revise los actuados y cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

 

 

Puede prescindirse también del recurso de reconsideración cuando se pretende abreviar plazos y con la respuesta o silencio de la administración se tenga decidido llevar nuestra pretensión para que sea resuelta por el Poder Judicial, tratándose de  procedimientos administrativos, la vía regular es la Contenciosa Administrativa.

 

 

 

Para quienes prefieren o confian en la capacidad de rectificación de la Administración  pública, antes de acudir al Poder Judicial es factible interponer un tercer recurso de impugnación denominado (recurso de apelación nos resulta desfavorable o vencido el plazo de 30 días sin respuesta) Recurso de revisión.

 

 

 

Este recurso es excepcional porque sólo se concede cuando dentro del sector al cual se pertenece la autoridad posee competencia nacional, (lo cual ocurre, por ejemplo, con los gobiernos locales o regionales, por ejemplo) y siempre que  las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

 

 

 

Tres acotaciones finales, de esta segunda parte  :

 

  • Cuando se participa en procesos de evaluación o concursos, por lo general, las Directivas que los regulan establecen el procedimiento administrativo aplicable; en el caso de los medios impugnativos suelen ser mas sencillos en cuanto a los plazos y requisitos como en dar nombres distinto al medio impugnatorio a aplicar.

 

 

  • No siempre basta presentar el reclamo o recurso de impugnación, muchas veces es necesario realizar una serie de diligencias, como procurar entrevistarse con la autoridad que va a informar o resolver para mejor sustentar lo expuesto en el recurso. Del mismo modo es igualmente importante el seguimiento continuo del expediente.

 

 

 

  • El procedimiento impugnativo que hoy describimos resulta de aplicación también  en los reclamos que formulamos ante las empresas proveedoras de bienes o servicios, colegios, clínicas particulares, empresas de servicios de telefonía, agua, luz, organismos públicos  desconcentrados, universidades, etc. puesto que su accionar se halla sujeto a la fiscalización de las normas que dota la administración pública en correlación al derecho al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

               A B O G A DO

 

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Categoría : Procedimiento Administrativo General

12/04/2009

 

 

 

 

 

 

 


 

[1]Artículo 113.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o esta impedido.

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del  procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1.

Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.

7. La identificación

 

[2] 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

 

INSCRIPCION DEL NACIMIENTO DEL HIJO O HIJA : ALGUNAS DIFERENCIAS DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL

 

Nuestro nombre, está compuesto,  por uno o mas nombres de “pila” que eligen nuestros padres, seguidos del apellido paterno del padre y el apellido paterno de la madre.(Art. 20 del Código Civil).

 

 

Esto que en apariencia para las mayorías está sobreentendido, no siempre resulta así de fácil para todos. 

 

 

Para que nuestro hijo o hija recién nacido(a) cuente cuanto antes con su respectiva Acta de Nacimiento (antes  llamada Partida de Nacimiento) con el cual inmediatamente tenga asegurado su constitucional Derecho al Nombre, es necesario :

 

 

En el caso de los casados:  es suficiente  que uno de los cónyuges se apersone ante la Oficina de Registros Civiles con su respectivo documento de identidad, el Certificado de Nacimiento (cuando corresponda) y un ejemplar del Acta de Matrimonio Civil (llamada antes  Partida de Matrimonio).

 

 

En el caso de los convivientes : eI trámite es semejante sólo que el Registrador requerirá la presencia conjunta de ambos progenitores con sus respectivos DNI; sin embargo, por razones de trabajo o de muy diversa índole, no siempre es posible la concurrencia inmediata de ambos padres.

 

 

En el caso de los hijos e hijas nacidos fuera del vínculo matrimonial : si bien es verdad que actualmente, también la Ley Nº 28720, publicada el 24 de abril de 2006, faculta la inscripción de nacimientos con:

 

  • el apellido paterno de sus dos progenitores aunque uno de ellos no esté presente; (Sin embargo, en la práctica, la falta de reglamentación de la Ley 28270 conlleva que este no pueda efectuarse debido a los altos costos que demandan los trámites fijados por el RENIEC y algunos municipios); o bien,
  •  el apellido materno y materno del progenitor que lo inscriba.

 

Las madres adolescentes solteras mayores de 14 años  :  Con su respectivo documento de identidad, pueden inscribir y reconocer a su hijo o hija. La Ley Nº 29274 establece que con la maternidad a esa edad  adquieren total capacidad de ejercicio para dicho cometido así como para :Demandar por gastos de embarazo y parto;  exigir el reconocimiento de sus hijos por la vía judicial.

y para participar en los procesos (judiciales) de filiación, tenencia y alimentos a favor de ellos.

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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     22 marzo 2009

Categoría : Derecho de Familia

SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA, JURISPRUDENCIA del Tribunal Constitucional (TC) relacionada al Proceso Administrativo Disciplinario.

 

 

Cuando usted dice ¡Me han sustraído la billetera! Indudablemente está denunciando una pérdida, por lo general irreparable; en el caso del ejemplo, de su billetera.

 

 

Hemos querido iniciar con este común ejemplo para procurar familiarizar al lector cual es el efecto cuando el  Juzgador, en este caso, el Tribunal  Constitucional con la Jurisprudencia que hoy nos ilustra declara que se ha producido la : Sustracción de la Materia.

 

 

 

Hay sustracción de la materia en casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho, el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción.

 

 

 

Cuando el procesado administrativa disciplinariamente considera no arreglada a Ley la sanción  impuesta por la Administración Pública; la Ley le confiere el derecho de cuestionar dicha decisión en sede administrativa interponiendo el recurso administrativo que la Ley le franquea y dentro de tal contexto pedir inclusive de manera previa, que se suspenda la eficacia de la sanción hasta que se agote la vía, a fin de evitar que la medida o daño se torne irreparable.

 

 

 

De no prosperar la impugnación ni la concesión de la suspensión puede recurrir al Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo, proceso que según la mayor carga procesal y o la debida diligencia a cargo del Juez que conozca la su causa, puede durar, entre uno a cinco años.

 

 

Es en este contexto que, el Código Procesal Constitucional aprobado con Ley Nº 28237  franquea -antes mas que ahora- la posibilidad que el interesado pueda acudir al Poder Judicial haciendo uso de la vía constitucional interponiendo Demanda de Acción de Amparo, que originariamente fue prevista en la Ley como una vía judicial rápida,  para evitar que el daño se torne irreparable y de prosperar, disponiendo inaplicable la resolución recurrida consecuentemente,  que se repongan los hechos al estado anterior a la decisión administrativa que se impugna :vb. Si lo que cuestiona es la sanción disciplinaria de Destitución o la de Cese Temporal al demandante por el período de doce meses, de ser declarada procedente la Acciٕón de Amparo debe disponer que el procesado sea repuesto a la condición de servidor en actividad.

 

 

 

Sin embargo, la elección de la vía constitucional no siempre resulta la mas acertada.   Así lo demuestra la Sentencia del TC cuando declara :

 

 

 

“….Debe tenerse en cuenta que la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, en su parte resolutiva, artículo 1.°, dispone imponer la sanción disciplinaria de cese temporal al demandante por el período de doce meses, y que dicha sanción se le notificó el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mes de febrero del año dos mil la presunta agresión a los derechos constitucionales se ha convertido en irreparable. En ese sentido, advirtiéndose que la pretensión del demandante es la reposición en el cargo que venía ocupando, resulta de aplicación el artículo 6.° inciso 1) de la Ley N.° 23506, por lo que se ha producido la sustracción de la materia…”.

 

 

 

Como se aprecia, el Tribunal Constitucional declaró la sustracción de la materia, en el contexto que el Tribunal sesiona para ver la causa el dieciséis días del mes de mayo de dos mil dos, y a que,  la sanción de 12 meses ya se habría cumplido en su totalidad por lo que, no tiene objeto que en dicha vía y en ese estado de los hechos, se ordene la reposición del originariamente cesado a la condición de servidor en actividad, dado que se asume, reanudó sus labores el 13 de febrero del año 2001.

 

 

Como se advierte la sentencia que hoy presentamos fue dictada en el marco de la legislación anterior y no con la Ley 28237, que actualmente regula los procesos Constitucionales entre ellos el de Amparo; bajo cuyo marco también habría afrontado la limitante antes anotada lo cual no obsta que el Tribual se pronuncie sobre los vicios que advierta -en este caso, sobre la prescripción y los alegados vicios en la composición de la CPPAD a los cuales aludió el Juez de Primera Instancia a cuyo criterio debieron ser conocidos y dilucidados en la vía contenciosa administrativa- conforme se advierte en el 2do Párrafo Art. 20º  de la antes citada Ley :  “…Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo…”.

 

 

La consecuencia de la declaratoria de la “sustracción de la materia” para el accionante conllevó a que si bien no perdió la billetera del ejemplo con el cual iniciamos este artículo, si perdió  la esperanza que originariamente cifró en que la acción constitucional le evite ser privado de sus ingresos derivados de su relación laboral durante 12 meses, o poder recuperarlos dentro de este proceso, lo cual es mas grave si dichos ingresos  eran la única o principal fuente de sus ingresos familiares con el consiguiente desamparo de sus necesidades básicas y alimenticias para él y los suyos durante dicho tiempo; con el agravante que en tanto, quede con el estigma de la sanción impuesta.      

 

Lo anterior, nos alecciona una vez mas que, no siempre es suficiente tener la razón e incluso accionar a tiempo, sino que preferiblemente, con el concurso del abogado especialista en derecho administrativo se verifique que el expediente contenga todas las pruebas necesarias y con ellas se elija la vía más idónea, se impulse y cautele que la autoridad administrativa o judicial resuelva con la prontitud inmediata dentro de los plazos previstos por ley; aspecto esencial que corresponde cautelar también a las autoridades judiciales competentes. 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 1049-1999-AA/TC

APURÍMAC

URIEL ORÉ REYNOSO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncian la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Uriel Oré Reynoso, contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas cuatrocientos treinta y siete, su fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, interpone acción de amparo contra el Consejo Transitorio de Administración Regional de Apurímac, representado por su presidente, don Elías Segovia Ruiz y la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con sede en Apurímac, con la finalidad de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual sanciona con la medida disciplinaria de cese temporal de doce meses, y se disponga su reposición en el cargo que ocupaba y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

 

Señala el demandante que se le instaura proceso administrativo – disciplinario mediante la Resolución Directoral N.° 106-98-DRTCVC-AP, de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, puesto que el Informe N° 001-98-CPPAD-DRTCVC; agrega que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tuvo como integrante a don Marco Loayza Carmona como supuesto representante de los trabajadores, puesto que no fue designado por ellos, por lo que considera que dicha comisión estuvo conformada irregularmente; manifiesta finalmente que la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones v Vivienda de Apurímac tuvo conocimiento de los hechos materia del referido proceso en virtud de la Resolución Directoral N.° 106-98-DRTCVC-AP, de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; es decir, la acción administrativa estaba prescrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM.

 

El Director Regional del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Apurímac, contesta la demanda señalando que don Marco Loayza Carmona, fue designado miembro representante de la mencionada comisión por los servidores de la entidad; asimismo, señala que el ejercicio de la acción de amparo caduca a los sesenta días de producida la afectación, por lo que, habiéndose notificado la resolución directoral que le impone la sanción al demandante, con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y habiendo culminado la sanción a la fecha de interposición de la demanda, ha caducado la acción.

 

El Juzgado Mixto de Abancay, a fojas trescientos veintitrés, con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, declara improcedente la demanda considerando, principalmente, que se ha acreditado la comisión de faltas de carácter administrativo graves, contempladas en el artículo 28°, literales a, d, f, i, j del Decreto Legislativo N.° 276, que ameritan imponer la sanción disciplinaria de cese temporal.  Agrega que, con respecto a la prescripción de la acción administrativa, no se puede determinar porqué no obra en autos lo actuado en el proceso administrativo-disciplinario.

 

La recurrida confirma la apelada, considerando que la sanción impuesta al demandante se encuentra reglada a derecho, habiendo hecho uso el demandante del derecho de defensa. Con respecto a la supuesta irregular conformación de la comisión de procesos administrativos, señala que el demandante no lo cuestionó en el mismo procedimiento, admitiendo tácitamente la conformación de los integrantes de la citada comisión. Añade que en lo que a la apertura del proceso administrativo – disciplinario por el cual solicita su prescripción, no corresponde subsanarlo mediante la acción de amparo, siendo la vía adecuada el proceso de impugnación de resolución administrativa.

 

FUNDAMENTO

 

Debe tenerse en cuenta que la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, en su parte resolutiva, artículo 1.°, dispone imponer la sanción disciplinaria de cese temporal al demandante por el período de doce meses, y que dicha sanción se le notificó el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mes de febrero del año dos mil la presunta agresión a los derechos constitucionales se ha convertido en irreparable. En ese sentido, advirtiéndose que la pretensión del demandante es la reposición en el cargo que venía ocupando, resulta de aplicación el artículo 6.° inciso 1) de la Ley N.° 23506, por lo que se ha producido la sustracción de la materia.

 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS

 

AGUIRRE ROCA    REY TERRY    NUGENT     DÍAZ VALVERDE        ACOSTA SÁNCHEZ    REVOREDO MARSANO

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

10/03/2009

MADRE O PADRE DE MADRE – ADOLESCENTE : Por favor, lee estos artículos y comentarios…

 

…Salvaron a mas de un padre, a su hija y nieto o nieta, de perderlos por tomar una decisión apresurada al conocer el embarazo de sus hijas adolescentes.  

 

 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO : MADRE ADOLESCENTE

By ricardoayalagordillo

 

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Puedes ser mayor de edad pero discernir o proceder cual un menor de edad; puedes ser adolescente -embarazada y afrontar tu maternidad con la responsabilidad y madurez suficiente de una mayor de edad.

 

                Ricardo Ayala G.

 

 

 

Lima Medina es el nombre de la niña – madre mas joven del planeta quien, a sus 5 años fue traída desde su lejano Antacancha (Huancavelica, Departamento de Perú) a la Maternidad de Lima donde el 14 de mayo del 1939 fue intervenida por cesárea y trajo al mundo un bebé de dos kilos 700 gramos, caso que la prensa de todas latitudes ventiló por años y que en los 60 era materia de recordación y asombro en las tertulias de nuestros mayores, acaso sin saberlo lo acuñaban en nuestros recuerdos como para alertarnos de realidades como ésta.

 

 

Lejos estaríamos entonces de imaginar que hoy en Perú, cada año 115,000 nuevas  adolescentes se embarazan, parafraseando a estudiosa del tema “porque le dió las ganas, el deseo, la curiosidad” o fue víctima de violencia sexual forman el 25% del total de embarazadas que a las adultas disputan turno en los establecimientos de salud para controlar  su embarazo o atender su parto.

 

 

El presente artículo no promueve el embarazo de las adolescentes en contrario, se aúna al intercambio de opiniones y reflexiones en colación a una alarmante creciente realidad y lo mucho que nos toca por hacer desde nuestros hogares, escuelas, instituciones públicas como organizaciones privadas para  procurar revertir  las crecientes cifras.

 

 

 

Cierto es que, cuesta aceptar a los padres y madres como al grueso que nuestras adolescentes hijas-entre 11 y 19 años- nos den la noticia de su embarazo cuando las hacemos aún salientes de la niñez en la escuelas; las reacciones y respuestas no siempre serán iguales,  serán acordes al mejor o escaso conocimiento e interés que posean al respecto.

 

 

Unas(os) aceptan con digna hidalguía o resignación la realidad, pero en uno u otro caso, dándoles su total apoyo.

 

Otros padres, prescinden de cuanto piensen u opinen las madres adolescentes, intentan solucionar reconociendo como hijos suyos a sus nietos, sin saber acaso que su conducta los expone a afrontar  denuncias por  presunto delitos contra la familia y la fé pública.

 

 

Un alarmante significativo número, especialmente donde la comunicación es marginal o escasa, ante el temor de una peor reacción por parte de sus progenitores, esconden su embarazo, se someten a abortos o prefieren huir, procurando ponerse a salvo así acaso de algún antelado aviso que se desatenderían de ellas, o mellarían mas su autoestima sino arrojadas de sus casas, muchas perecen en el intento física o moralmente, o pierden el útero claudicando tempranamente a la maternidad o son víctimas de sujetos inescrupulosos en su altamente riesgosa e incierta búsqueda de refugio y de su futuro como el de su hijo o hija nacida o por nacer .

 

 

 

La cita me trae al recuerdo a mi buena y siempre entrañable amiga, Obstetriz Flor Valencia, quien a inicios del 2000, en su desempeño como Coordinadora de Psicoprofilaxia del Instituto Materno Perinatal desarrollaba un encomiable trabajo con adolescentes madres en riesgo (conformado por niñas y adolescentes de la calle, desamparadas, metidas en drogas, prostitución, etc.) quien ingresando a la Oficina, me pidió orientar legalmente a su abrazada acompañante, una guapa gestante de 14 años que, a la vez, traía de la mano a su pequeño hermanito de no mas de 8 años con el que compartía el desamparo en casas inciertas al cual los tenían abandonados sus separados padres avocados a atender sus respectivas nuevas familias; ella sabía quien era el padre del hijo que esperaba y justamente por saber quien era, no quería que fuera él quien lo reconozca como tal por lo que, subsistiendo de la “prostitución blanca” así gustaba llamar su oficio dirigido a cierta élite estaba avocada a elegir el mejor candidato que reconozca como suyo al hijo que esperaba, entre los cuales, manifestaba, ya tenía varios de diversa edad que le habían ofrecido asumir  dicho rol.   

 

Ambas trajeron a la vez al recuerdo también el testimonio vertido en una reunión por otra madre adolescente de 14 años reclamando “…que la mayor indignación que siente es que en la calle nos tratan como si fuera una mujer fácil y eso no es así…”

 

 Por entonces la Ley, a las madres solteras les permitía inscribir a su recién nacido hijo o hija con los apellidos del padre sólo si él decidía acompañarla para reconocerlo como tal, caso contrario, ella podía inscribir a su hijo o hija sólo con sus apellidos, opción a la cual muchas se resistían pues, -sostenían : “ al leer nuestro documentos de identidad dirán que somos hermanos”… y, esperando hasta que al padre tuviera el tiempo o voluntad y se anime a reconocerlo, un grueso número de niños y niñas crecieron por años sin ser inscritos.

 

 

Hoy, la Ley ha variado en parte, permitiendo a la madre soltera inscribir a su hijo con el nombre del apellido del padre siempre bajo la presunción de veracidad de la madre cuya declaración  da inicio a un procedimiento por el cual se presume padre al declarado salvo que notificado por el registrador éste se oponga dentro del plazo establecido por Ley.

 

 

Subsiste el derecho de la madre que ella sola pueda reconocer con sus apellidos a su recién nacido(a) hijo o hija.

 

 

De este derecho -en Perú, desde el año 1984 en que entró en vigencia el Código Civil-, gozan las madres adolescentes conforme a lo dispuesto en sus artículos  43º y 46º.

 

Siendo que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad y con ello el goce pleno de nuestras capacidades, por el artículo 43º se establece que las adolescente menores de 16 años adquieren capacidad de ejercicio sólo para determinados actos determinados por la ley.

 

 

Sin embargo, este mismo artículo 46º establece que la persona también adquiere la plenitud de sus capacidades si es mayor de 16 años y se casa –por civil- u obtiene título oficial que le autorice para ejercer una profesión u oficio. 

 

 

Precisa que la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste, lo cual en razón de nuestra realidad, podría ocurrir a los pocos meses de casada.

 

 

Dicho artículo también establece que, a diferencia de la plenitud de sus capacidades que adquieren las casadas mayores de 16 años,  las madres adolescentes solteras mayores de 14 años con el nacimiento de su hijo o hija adquieren total capacidad de ejercicio SOLO para :

  • Reconocerlos,
  • Demandar por gastos de embarazo y parto; -y desde el 29 de octubre del 2008 en que se  publicó la Ley Nº 29274 también les permite directamente :-
  • Participar en los procesos (judiciales) de filiación, tenencia y alimentos a favor de ellos, ahora, pueden exigir el reconocimiento de sus hijos por la vía judicial.

 

Como se aprecia las demás obligaciones y derechos siguen resultando irrenunciables a nuestro respectivo rol de padres, educadores, comunicadores sociales, autoridades, funcionarios, servidores públicos o profesionales de la salud a quienes a la vez nos toca también conocer, difundir, respetar y hacer respetar los antes referidos derechos de las madres adolescentes.

 

 

En consecuencia, ni podemos imponerles a sus hijos paternidades que no les corresponden realmente, ni arrojarlas de casa, ni sustraernos de las obligaciones alimenticias para con nuestras hijas madres adolescentes que, contra lo que suele creerse, no solo comprende comida, sino vivienda, educación, salud, recreación, vestido; ni desheredarlas, ni ser excluída o darle un trato diferenciado en los colegios, ni quitarles sino en contrario, fortalecer nuestro afecto, orientación y protección.

 

 A ella le tocará hacer lo propio para reclamar los derechos de su menor hijo o hija.

 

 En este sentido, la madre adolescente, mayor de 14 años, tiene plenitud para ser ella quien dé los datos de los verdaderos progenitores al profesional de la salud que expide el certificado de nacimiento de su hijo o hija, o bien a inscribir a su hijo o hija sólo con los apellidos de ella; como a ser quien directamente demande  judicialmente al padre de su hijo o hija, y en caso de negativa o renuencia a sus familiares, por gastos de embarazo y parto, alimentos, tenencia y filiación acogiéndose al procedimiento de filiación extramatrimonial abreviado previsto en la Ley 28457, materias que abordaremos en nuestras siguientes entregas.

 

Acaso lo ideal es que la maternidad concurriera cuando menos con la mayoría de edad.

 

Pero, si la maternidad ocurrió en la plenitud de la adolescencia, a pesar del trastocamiento  familiar y personal que ello pueda significar en sus planes o en los que para ella hubiéramos previsto los progenitores, lo mejor es acogerlas, brindándoles el mayor apoyo posible, fortaleciendo de la mejor forma posible su autoestima como el mejor conocimiento de sus derechos frente a los progenitores, sus familiares, sus educadores, el entorno en general y por supuesto en sus nuevas obligaciones y responsabilidades como madre, sublime y divino rol que no tiene porque ser un freno en su realización sino, en contrario, debe ser la mas poderosa de las razones para concretar las aspiraciones personales. 

 

 

Si el padre biológico o los familiares de éste no asumieran su responsabilidad paternal tal vez  sea porque otro mejor varón está reservado en el destino de la ahora madre adolescente y su hijo o hija. 

 

 

Cada caso es particular, busca ayuda de especialistas.

 

 

 

Ricardo Percy Ayala Gordillo

asesoriadefensa@yahoo.es

Celular : 995  041306

Categoría : Derecho de Familia

22/12/2008

 

 

 

“LO FUNDAMENTAL PARA MÍ FUE EL APOYO QUE ME BRINDARON MIS PADRES”.

By Ani

http://adolescentesembarazadas.com/2007/08/19/testimonio-de-una-madre-adolescente/

 

 

 

Ani es una joven como cualquier otra que vive en un barrio de Santo Domingo. Estudia, ayuda a su madre con las tareas del hogar, trabaja y comparte con amigos y amigas. Hace nueve años, cuando apenas tenía 13, su novio la presionó diciéndole que tenía que irse con él.

 

 

Una tarde, de regreso a casa de la escuela, su novio se la llevó a la fuerza. Su madre sin saber dónde ella se encontraba lloró desesperadamente su desaparición. Ella no sabía dónde ni cómo se encontraba su hija. Al caer la noche se enteraron de que Ani estaba en la casa de Alex (su novio). En ese momento los padres de Ani se enteraron que ella tenía novio.

 

 

Más tarde padres y familiares de la menor se resignaron y decidieron dejarla con su compañero. No sin antes doña Cristina Cuello, madre de Ani, decirle a su ya yerno lo que se merecía y advertirle con relación a no maltratar a su hija.

 

 

Al año y medio ¡sorpresa!, Annie estaba embarazada. “Cuando me entere del embarazo de mi hija yo me quería morir” dice doña Cristina mientras se pone las manos en la cabeza. Esto, porque su niña estaba estudiando aún y ella no quería que abandonara sus estudios.

 

A pesar de las precariedades y dificultad, pero al mismo tiempo con mucha alegría por la espera del nieto, Cristina apoyó en todo momento a su hija para que llevara a feliz término tanto sus estudios como su embarazo. Siempre estaba pendiente de los chequeos médicos prenatales, de la escuela y de todo lo concerniente con su hija aunque no vivían juntas. Cristina sabía que el esposo de su hija no estaba en esos asuntos.

 

La futura mamá se encontraba bien aunque un poco asustada, algo propio de su edad, pues no sabía a lo que se iba a enfrentar mas adelante, se trataba de una experiencia nueva. Llegó la hora del parto y como siempre su madre estaba con ella. Dio a luz en la Maternidad La Altagracia de Santo Domingo.

 

De eso nos cuenta fue muy bueno, que las atenciones fueron de calidad y que aunque se le presentó un inicio de preeclampsia, los doctores la ayudaron mucho y no se separaron de ella hasta que madre y bebé se encontraran fuera de peligro.

 

“Desde el momento en que tuve a mi hijo la vida me cambió. Yo no tenía a nadie y ya tenía un hijo. Después del nacimiento de Natanael mi esposo cambió, se tiro a la calle y nunca fue responsable conmigo ni mi bebé. Me golpeaba y yo decidí dejarlo definitivamente y vivir con mis padres”. Dice Ani.

 

Para ella fue muy difícil el hecho de haber sido madre tan joven porque a veces quería salir con sus amigas o ir a una fiesta y no poder hacerlo por la nueva responsabilidad que ostentaba.

 

Esto sumado al rechazo de los padres de otras adolescentes que no querían que sus hijas se juntaran con ella porque ya tenía un hijo. “Ellos pensaban que yo podía influenciarlas negativamente. Todavía mis padres me apoyan y me ayudan aunque decidí trabajar para poder pagar mis estudios. Tengo un salón junto a mi madre y con eso también nos ayudamos”.

 

Cuenta que en su barrio ha visto a muchas adolescentes con su mismo caso pero que se han tenido que tirar a la calle a prostituirse para poder mantenerse ellas y a sus hijos.

 

Ani admite que cometió un error y hoy está consciente de que esa no era la edad para tener un hijo. “La diferencia entre ellas y yo es que en todo momento conté con el apoyo de mis padres”.

 

Hoy día Ani tiene 22 años. Estudia Medicina y aspira a ser Gineco-Obstetra. Su objetivo es poder ayudar a otras muchachas que han pasado por la misma experiencia que ella.

 

“Cuando tengo la oportunidad de hablar con chicas adolescentes les digo que echen pa´lante, que busquen el apoyo de sus padres, que dialoguen, que le comuniquen lo que quieren hacer, ellos siempre pueden ayudarlas”.

 

La madre de Ani confiesa que está muy orgullosa por sus nietos. “Los hijos que tuve ya están grandes y la alegría de esta casa son mis nietos. Ellos son una bendición para mí”.

 

20 Comentarios

 

hola te felicito, por la fuerza que has tenido y por seguir adelante, yo tengo 17 años y tengo un embarazo de 3 meses ha sido dificil mis padres me lo han dado todo, el padre de mi futuro hijo igual, pero asi no deja de ser dificil, me siento muy sola, mis amistades todas huyeron al saber de mi embarazo, es triste ver como todo lo que construiste y todo lo que soñaste se destruye y lo peor, no por culpa tuya, esta vez no fue mi responsabilidad, como poder explicarles a tus padres, que a pesar de todo esto no fue tu culpa, me duele que ellos esten pasando estas cosas, la pregunta es, como decirle o explicarle que este embarazo no fue por mi irresponsabilidad, si no porque alguien que dice amarte te obligo, como explicarlo si ya han sufrido mucho esto seria un golpe mas para ellos. bueno solo decirte que te admiro demasiado por esa fuerza para salir adelante.

hilda

November 3, 2007

 

 

 Me encontre de casualidad con este blog y bueno, la verdad es que es la primera entrada que checo y me ha gustado bastante por el contenido, ademas de alguna manera pues me parece muy interesante conocer mas gente por estos medios

 

tengo 19 años y estoy por ser madre, lo que sera un gran cambio, y estoy muy feliz de poder leer otros casos.

 

en fin..

 

saludos

Gore

November 27, 2007

 

 

 Hola soi una joven de 16 años que perdio a su bebe en el momento que iba a abortarlo. Fue verlo tan pequeño i tan inofenso dentro de mi..(que decidi tenerlo con o sin ayuda) Pero despues todo cambio me dijeron que mi bebe estaba muerto i que ya no habia nada que hacer..

estaba de dos messes casi i os juro que lo estraño muchissimo lo que yo senti en ese tiempo fue especial i incomparable asi que a todas esas chicas que esten con dudas no comentan ese asesinato pues yo lo iva acer.. pero cuando me di cuenta de que queria tenerlo ya era tarde.. Extraño a mi hijo.. Extraño saber que esta dentro de mi.. que se alimenta por mi no supero esto es my fuerte i no puedo solamente tengo 16 años soy joven pero mi bebe murio..:’(

 

NO LO HAGAN POR EL AMOR DE DIOS NO LE KITEN LA OPORTUNIDAD DE VER EL SOL A ESE BEBE VUESTROS PADRES NOS DIERON LA OPORTUNIDAD DE VIVIR.. DASELA TU TAMBIEN!

Cristina

December 17, 2007

 

 

 hola!! dejenme decirles que estaba buscando videos de partos y realmente ni me recuerdo como es que vine a dar a este blog senti muy interesante y me dio curiosidad de ver y lei el testimomonio de esta joven madre, lo lei y fue como volver a vivir lo que a mi tambien me paso…..  llore por que recorde tantas cosas que pase cuando me di cuenta que estaba embarazada a mis 16 años es triste pero tambien muy lindo vivir eso saber q dentro de ti esta una personita que no tiene la culpa de nuestros actos pero tambien triste porq pase por momentos muy dificiles en mi casa con mis padres,amigos y demás familia senti el rechazo en algunos de ellos me senti triste, sola, confundida no encontraba que hacer escuche muchos comentarios buenos y malos personas que me apoyaron otras me rechazaron, me sentia muy triste intente quitarme la vida no pude tuve miedo a sentir dolor.

 

luego trate de abortar gracias a DIOS no pasó!!! no encontraba la forma de decirles a mis padres que estaba esperando un bebe hasta que un dia decidi comentarlo con mi mama y se lo dije sabiendo y ateniendome a lo que me dirian… MI MADRE LLORO me insultó y mi padre me saco de la casa me senti mal porq no sabia que seria de mi vida en esos momentos la famila me humilló algunos me dieron la espalda me senti muy sola.. pero sabia que el grande no me abandonaria y deje todo en sus manos DIOSITO LINDO gracias por no dejarme sola en esos momentos les digo a todas las niñas que pasan por esta misma situacion, que piensen bien lo van hacer que no tomen decisiones de las que despues se puedan arrepentir pues en esos momentos solo hay uno que nunca las va abandonar y se llama JESUS busquenlo y pidanle fuerzas y veran que no las dejará solas… les digo que si yo hubiera abortado a mi pequeña no me imagino quizas me estaria perdiendo cada momento de su vida, cada paso, cada palabra nueva que lindo senti la primera vez que me dijo mamá fue ahi donde dije que todo lo que habia pasado no habia sido en vano tengo a mi hija junto a mi y es la unica fuerza y las ganas de seguir viviendo siempre tiene algo nuevo para mi es algo lindo es por eso que tambien te admiro a ti  porq no solo tu has vivido eso y te entiendo creo que nuestros padres deben de comunicarse mas con los hijos y dar la sufisiente confianza para que ellos no comentan cosas como las que yo cometi lo principla de todo es la confianza ya tengo 24 años y cuando veo que mi hija esta creciendo cada dia mas y aprende algo nuevo me da mucha alegria de no haber tomado aquella decision de la que talvez podria haber no solo mi hija si no que tambien yo espero tambien les alla gustado mi comentario y pues nada mas decirles que nada es imposible caminando de las manos de nuestro señor JESUS

ivette

March 31, 2008

 

 

 […] LLORO, me insultó y mi padre me sacó de la casa. Recibimos este comentario a raíz del reportaje Testimonio de una adolescente embarazada y decidimos abrir una categoría dentro del Blog para incluir experiencias como la de Ivette, que […]

DIOSITO LINDO, gracias por no dejarme sola en esos momentos « Adolescentes Embarazadas

April 2, 2008

 

 

 somos dieñas de nuestro cuerpo…….nadie sabe lo que una mujer siente cuando no tiene el apoyo de nadie yo aborte y solo tuve el apoyo de una sola persona les doy mi ayuda soy de mendozaaaaaa las apoyo si deciden eso en todo las amo amigas

kariss_18@hotmail.com

18 años

caro

April 12, 2008

 

 

 Q BIEN POR TI ANI Y TODAS LA MADRES Q ASUMIMOS ESE RETO TAN DIFICIL PEERO TAN BELLO MI NENA TIENE 3 MESES Y JUSTO YO MIS 19 ESTOY MUY FELIZ Y CADA DIA ME CONVENSO MAS Q ES LO MEJOR Q ME HA PASADO EN LA VIDA Y LOS SACRIFICIOS LAS MALAS CARAS Y COMENTARIOS DE OTROS NO IMPORTAN SI SE CAMINA CON LA CABEZA MUY EN ALTOBUENO PUES TODA MI FUERZA SE LA DEBO A DIOS PRIMERAMENTE Y MIS PADRES QUIENES ME APOYAN MUCHO LOS AMO! Y MI NOVIO MUY ATENTO ESTAMOS JUNTOS DISFRUTANDO DE NUESTRA HIJA! NO DUDO Q APESAR DE LA POCA EXPERIENCIA PODRE DARLE LO MEJOR PARA EL FUTURO DE MI HIJA. AMOR PROTECCION EDUCACION CUANDO UNO DESEA ALGO CON EL ALMA NO HAY LIMITES ANIMO A TODAS! LAS MAMIS JOVENCITAS! TAMBIEN PODEMOS!

ARI

July 21, 2008

 

 

 bueno soy una chika de 17 años tengo dos semanas de gestasion y la verdad nose q hacer tengo muxo miedo la reacsion de mis padres al enterarse q estoy embarazada nose q es lo q eyos piensen al enterarse de mi embarazo …. tengo muxo miedo q eyos me digan q pierda a mi bebe xq yo si lo quiero tener a mi bebe … y con mi novio nose q es lo q pase mis padres no quieren q yo estea con el xq el tubo otra novia con la cual tubo un bebe y eso es lo q mis padres no estan de acuerdo … y yo ahora estoy viviendo con mi novio pero nose q es lo q el piense al enterarse q yo estoy embarazada …. y al ver todo los casos se q las chikas son muy fuertes al contarselos a sus padres yo no puedo tengo muxo miedo x mi bebe la verdad yo no lo quiero perder ……. bueno pz espero sus comentarios chikas y la verdad esta pagina esta super te ayuda a tomar valor y decir las cosas como son …… en verdad un saludo enorme para toda las chikas q an entrado a esta pagina q esta super

mayleen

July 24, 2008

 

 

 BUENAS , SABEN MI SITUACION ES DIFERENTE SOLO UN POCO , AUNQ YA TENGO 20 AÑOS , SALIR EMBARAZADA NO ESTABA EN MIS PLANES , PERO BUENO LO ASUMO , ME DI CUENTA Q ES LO MAS HERMOSO , PERO SABEN LA NUBE NO FUE SIEMPRE BLANCA , YO ME FUI A VIVIR CON MI NOVIO , Y ERA MUY BELLO TODO , HASTA Q UN DIA COMENZO EL ESTRES , LOS INSULTOS , LOS MALOS TRATOS , SE PERDIO EL RESPETO , EL NO ME DEJABA HACER NADA , Y ERA UNA DE ESAS PERSONAS Q DICEN NUNCA EQUIVOCARCE Y DECIA Q CADA PELEA ERA MI CULPA , SIEMPRE Y CUANDO EN TODO MOMENTO SABIENDO Q ERA SU MAL GENIO Y AUN SOSTENIA Q ERA YO!! YO POR AMOR AGUANTE Q NI SE IMAGINAN , CON DECIRLES Q PASE 3 MESES ENTEROS D MI EMBARAZO LLORANDO TODOS LOS SANTOS DIAS , EL ES DIVORCIADO Y TENIA UN BELLO HIJO DE 8 AÑOS AL CUAL LLEVABA A MI KSA TODOS LOS DIAS Y YO LO RECIBIA CON TODO MI AMOR , PERO EL NIÑO ME FALTABA EL RESPETO Y EL NO DEJABA Q YO LE DIJERA NADA , Y PARA MI EMBARAZO ESTAR AGARRANDO RABIAS Y DEPRESIONES A CADA RATO , ME HAN DICHO Q NO ESTA PARA NADA BIEN , BUENO UN DIA HABLE CON EL , LE DIJE Q POR FAVOR HABLE CON SU HIJO Q ME TRATARA MEJOR , Q EL CAMBIARA SU MAL GENIO Y YO SI EL QUERIA LE BESO LOS PIES , PERO SABEN Q EL DIJO NO Q LA MALA SOY YO, SOSTUVO SU PALABRA , ESE MISMO DIA AGARRE MI ROPA Y ME FUI , Y SABEN Q ME DEJO IR , HISE UN VIEJE DE 10 HORAS EN CARRETERA HASTA CASA DE MI MAMA , CARGANDO PAQUETES PESADISIMOS , Y SABEN Q EL NI LOS MSJES CONTESTA , PARECIERA NO IMPORTARLE SU BEBE , SOLO DIJO ESTAS PALABRAS: CUANDO NAZCA QUIERO VER AL BEBE NO ME HAGAS BUSCAR UN ABOGADO!!! … Y YO POR DENTRO ME DESPLOME … EL AUN MANTENIA SU MAL GENIO … YO LA VERDAD AHORA ESTOY SUFRIENDO , CUENTO CON EL APOYO DE MI MADRE PORQ MI PAPA NO SABE NADA … Y ELLO SON DIVORCIADOS … Y VIVO CON ELLA , ELLA TIENE INGRESOS ECONOMICOS ESTABLES , PERO YO NO QUIERO DEPENDER DE ELLA , SI ME FUI DE MI CASA ES PARA PODER IRME DEFINITIVO , NO VOLVER ASI , MI MAMA M APOYA PERO SIENTO SU DOLOR , QUIERO TRABAJAR , HECHAR ADELANTE … PERO SABEN SOY MUY SENCIBLE … ME DUELE Y ESTO ESTA RECIENTE ME LA PASO TRISTE , POR LAS NOCHES NO PUEDO DORMIR Y MI MAMA DICE Q ESO LE HACE DAÑO AL BEBE .. QUIERO CAMBIAR MI ANIMO!! LE PISO FUERZAS A DIOS .. EL CONSEJO Q LES DOY A LAS NIÑAS ES ESTUDIEN , ESPEREN Y SEAN ALGUIEN EN LA VIDA PARA Q NO LE AGUANTEN NADA A NINGUN HOMBRE , SOMOS HUMANOS Y NOS EQUIVOCAMOS Y SI SE EQUIVOCAN CON UNA ESTABILIDAD , PUEDEN LEVANTARCE RAPIDO!!! SUERTE MIS NIÑAS LAS QUIERO Y DIOS LAS PROTEJA SIEMPRE…

endrina

August 6, 2008

 

 

 la vdd me dolio saber que estabas embarazada y pues senti un contacto muy profundo con tu situacion es triste saber que estas en esta situacion de embarazada por qe las embarazadas son obesas y no me imagino tu trauma al estar embarazada es lamentable ya que no no no no no embarazooo waaa el aborto y ¿¿¿¿

roxie

August 8, 2008

 

 

 No estoy embarazada ni mucho menso y no se como llegue aca.

Tengo 16 años, vivo una vida normal y no tengo novio.

Pero al leer esto, se me llenan los ojos de lagrimas y siento una profunda admiracion por una chica con una motivacion increible.

Si alguna vez me sucede algo asi, me acordare de lo q lei y me inspirare, xq es digno de aplauso

Y no solo ella, sino cada una de las chicas q tienen mi edad o al rededor y ya son madres, ojala les vaya bien siempre y tengan el apoyo de la gente q las quiere.

MaRu

August 21, 2008

 

 

 hola chicas, primero que todo me gustaria felicitar a todas esas chicas que deciden seguir adelante con su embarazo a pesar de todo lo que conlleva eso. Yo tengo 17 años y hace menos de un mes, en vista de mi notable retraso, me hice el test de embarazo. Para colmo, dio positivo….en ese momento no supe que hacer, llore, me vine abajo… se me pasaron mil cosas por la cabeza y sabia que se lo tenia que decir a mi madre lo antes posible, asi que cuando llego del trabajo le di la noticia. Evidentemente, no es una noticia que alegre de primeras, mas bien asusta bastante…pero le tengo que agradecer que estuvo a mi lado!! me dijo ke decidiera lo ke decidiera ella me iba a apoyar. Al dia siguiente fui al medico y me dijeron ke tenia 6 semanas de embarazo..en ese momento me derrumbe! por un lado estaba muy asustada, me venia muy grande y no me veia capaz de seguir adelante, pero por otra parte, habia algo dentro de mi ke me impedia negarle la vida a un ser ke era fruto del amor que sentimos mutuamente mi novio y yo. Pese a eso, decidi pedir cita para interrumpir voluntariamente mi embarazo…una gran culpa recaia en mi interior pero algo me decia que era lo mejor.. Llego el momento de decirselo a mi tia, mi tio y mi prima…ellos tambien me apoyaban tomara la decision ke tomara aunke..ellas se decantaban por que mi bebe viniera al mundo pero en cambio mi tio no pensaba lo mismo..

Finalmente llego ese dia 14 de noviembre =’( fui a la clinica aunke con muchisimas dudas..cuando llegue habian mas chicas pero ellas si estaban bien, estaban decididas! yo estaba muy mal, vinieron conmigo mi madre, mi tia, mi prima y mi novio. En este caso el esta haciendo el 2º año de la carrera de medicina y yo estoy cursando 2º curso de bachillerato. Al final..tengo que confesar ke algo muy fuerte paso por mi cabeza y eso era ke me tenia ke ir de akella clinica tal y como habia llegado, embarazada!

Ahora estoy siguiendo mi embarazo, no voy a dejar mis estudios, se ke sera muy duro..pero lo conseguire. Tendre a mi bebe supuestamente a finales de junio o principios de julio. Estoy feliz!

En cuanto al aborto, pienso ke solo deben opinar las que hemos pasado por ahi, no me arrepiento de no haber habortado! pero eso no significa ke este en contra. Pienso ke lo importante es la decision de la propia madre! Si ella no kiere tenerlo, nadie la puede obligar..aunke ahora desde mi punto de vista…no se como no pueden querer a su propio bebe..pero es la decision de una misma, no de sus padres, sus amigos… NO! de la propia chica embarazada!

A veces siento miedo, nostalgia, tristeza, al pensar ke una etapa de mi vida no la voy a recuperar..pero…quiero tener a mi bebe. Estudiare la carrera de psicologia, que es mi sueño!

a todas las chicas que esteis en esa situacion os animo!! haced lo ke el corazon os dicte! un beso a todas!!

jennifer milena

November 27, 2008

 

 

 Hola te felicito por esa fortaleza q haz tenido y por lo q has pasado, yo quede embarazada a los 15 a~os y cuando mis padres se enteraron por poco me matan y no querian q yo volviera aver al padre de mi hijo, graxias a dios un dia decidi irme con el, tengo un hermoso hijo q ya tiene 2 a~itos es la luz de mis ojos. Le doy graxias a papito dios por haberme dado un hijo tan bello como el q tengo y un esposo maravilloso al q amo cada dia mas, ya tengo 18 a~os y todavia estamos juntos estamos esperando otro baby y estamos tan felices. Siento mucho lo q te paso. Espero nunk pasar por eso. cuidense mucho bye

leslie

December 3, 2008

 

 

 dios me he arruinado la vida adoro a mi niña pero ya no puedo mas no teng futuro teng k depender de mi pareja que ya ni siquiera me kiere y me trata mui mal incluso ha llegad a ponerse violento y no puedo acer nad pork no se que acer esto no es justo para mi yo solo keria que mi bebe viniera al mund pero yo no sabia la gran responsabilidad que era niñas porfavor tengan cuidado porque un error puede arruinar oda su vida y no le deseo a nadie que pase por esto

una mas

December 23, 2008

 

 

 pues estoy a punto de cumplir 17 y tengo un embarazo de 3 meses y la verdad es q tengo mucho miedo nose q hacer

jesica

January 10, 2009

 

 

 BUENO DE VERDAD ESTE COMEN QUE LEY DE ANI PUEDE AYUDAR A MUCHAS MAS JOVENCITAX Y DECIRLES TODO TIENE SU TIME NO HAY QUE APURARSE TODOLLEGARA Y DECILES QUE PRIMERO PEPARENCE PARA GRADUARSE SER ALGUIENEN LA VIDA XQ SI UNO SALE EMBARAZADA RAPTIENE QUE OCUPARSE DE SUS RESPONSABILIDADE Y QUE SIGAN ADELANTE COMO ANI QUE ELLA DEJO A SU ESPOSO XQ LA MALTRATAVA Y ELLA SALIO ADELANTE CON SUS HIJOS ….

YRIS

January 26, 2009

 

 

 BUEO OJO NO TOY EMBARAZADA

 

TENGO 17 AÑOS SOY HAPPY

 

NO TENGO NOVIO MEJOR ASI

 

ME GUSTA ACOSEJAR

 

A LAS DEMAS PERSONAS

YRIS

January 26, 2009

 

 

 soy madre de dos hijas, son mi fuerza para seguir adelante lo lamentable de mi historia es que fue repetitiva fui madre por pvez primera a los 15 y luego alos 19 nunca le tomé un peso real a mi primer embarazo por ello volví a caer, considero a mis padres lo mas grande de mi vida y apesar de todo soy una afortunada por tenerlos precisamente a ellos, el padre de mis nenas es un mediocre me dejo cn dos hijas y para rematar tendra otro bebe por otro lado…

en un momento crei morir pero apesar de todo lo malo que me estaba ocurriendo mire a mis dos nenas que me llenaban de alegria y amor y me di cuenta que no podia flaquear que tenia que seguir estudiando, y lo que me decian los demas ya no cavia en mi cabeza y mucho menos en mi corazon..

aun me quedan grandes tristesas pero las tapo cn las caritas de mis niñas y me convierto en una nueva mujer mi unico fin es terminar mis estudios y otorgarles una vida estable tanto economicamente como espiritualmente a mis hijas, y agradecerles amis padres por todo el apoyo brindado que se muy bien que son contados los papas que apoyan un error como el mio…

 

Mujercitas del mundo pensemos siempre que la desicion la tenemos nosotras porfavor tengan la confianza suficiente con sus madres o amigas para contar sus incertidumbres. que no nos engañen mas no mas!

Pauina

January 26, 2009

 

 

 hola mi nombre es lucia tengo 16 años y vivo en uruguay… bueno la verdad es que entre en este citio ya que tengo mucho miedo… ya me tendria que haber venido el periodo y no lo hizo. no se si estoy enbarazada o no, pero la verdad me siento muy rara, y cada vez tengo mas miedo, tengo miedo que si talvez pienso mucho en esto se termine haciendo realidad… pero no puedo dejar de pensarlo xq veo a mi novio que tiene 14 años … apesar de que el es mucho mas maduro para su edad… siento que sera una noticia horrible si esto sucede… mis padres me echarian de casa si lo estoy.. estoy muy triste, pero al ver todos estos comentarios se me llenan los ojos de lagrimas, xq una vez apoye el aborto, pero en este momento odiaria perder a mi bebito si lo tubiera…. no se que hacer tengo miedo de que no me venga el periodo y tener que decirle a mama y a todos …. nesecito ayuda por fabor

un saludo muy grande a todas las chicas que escribieron en este citio, y las felicito mucho por su valentia… ojala pueda ver una solucion…. gracias

lucia

February 4, 2009

 

 

 hola LUCIA soy una chica que hace mucho comento aca en este sitio dejame decirte antes que nada que dios te ama sobre todas las cosas!! no caigas en un error del cual despues e puedas arrepentir despues de todo el la unica persona que puede ayudarte aunq las demas personas te den la espalda recuerda que existe el y todo lo ve animos!! para bien o para mal confia en que todo va estar bien =)

ivette

February 20, 2009

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría : Derecho de Familia

 

JURISPRUDENCIA DEL TC SOBRE EL PROCESO ADIMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.

 

 

La sentencia que hoy reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida  disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros,  lo relacionado a :

  • Abusos por parte de la administración pública
  • Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
  • Aplicación del silencio administrativo negativo
  • Afectación al debido proceso,
  •  Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.

 

De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión,  al estar previsto en la Ley,  si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC.

 

Sin mayor preámbulo ni comentario lo comentado, con carácter ilustrativo lo destacamos  en letra cursiva y  negrita.  

EXP. N.º 1003-98-AA/TC

LIMA

JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los seis días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con el fundamento de voto, adjunto, del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Alarcón Menéndez contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ocho, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone acción de amparo contra los Vocales de la Corte Suprema, doctores Victor Raúl Castillo Castillo, Moisés Pantoja Rodulfo, Mario Urrelo Álvarez, Luis Edmundo Serpa Segura, los ex Vocales, César Fernández Arce, Ricardo Nugent López-Chávez, el Comandante José Dellepiane Massa, Titular del Pliego del Poder Judicial y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita se declare inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Asimismo, se le reponga en el citado cargo, en razón de haberse conculcado el derecho al debido proceso en el trámite (sic) administrativo seguido en su contra, al impedírsele ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, fue nombrado Vocal Titular de la citada Corte Superior, y que en el año mil novecientos noventa se le instauró, junto a otros magistrados, proceso disciplinario por supuestas irregularidades administrativas en el desempeño de sus funciones, y en el curso del citado proceso solicitó al Presidente de la Corte Suprema, mediante escritos recepcionados con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se le expida copia del informe recaído en los procesos disciplinarios y se le conceda el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho de defensa, lo que no le fue otorgado. Afirma que contra la resolución cuestionada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, interpuso recurso de reconsideración, el cual no fue resuelto pese a su escrito de requerimiento; por ello, haciendo uso del silencio administrativo negativo, mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dio por denegado su recurso de reconsideración y formuló recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto en el plazo de ley, razón por la cual a través de “recurso”(sic) presentado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consideró denegado el recurso de apelación, agotando así la vía administrativa.

 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita declarar improcedente o infundada la acción de amparo; en el primer caso, por no haber agotado la vía administrativa y por considerar que la presente vía no es la idónea, debiendo acudirse al proceso contencioso-administrativo; en el segundo, porque estima que no se ha acreditado la violación de ningún derecho constitucional del demandante, máxime el derecho de defensa, toda vez que ejerció los recursos de reconsideración y apelación.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la acción de amparo, por considerar que la sanción disciplinaria se dictó obviando que el demandante informe verbalmente antes de dicha decisión y que se le expidiera copia del informe de la Jefatura del Órgano de Control Interno del Poder Judicial; afectando así el derecho de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional.

 

 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la acción incoada por considerar que ha operado la caducidad, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por el demandante después de seis años de interpuesto el recurso de reconsideración y no dentro de los treinta días que establece la ley.

 

FUNDAMENTOS

 

 

El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash, y se le reponga en el citado cargo.

 

 

Tratándose el acto cuestionado de un acto administrativo, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía previa (artículo 27.º, Ley N.° 23506); extremo que, en el presente caso, exige el análisis del silencio administrativo negativo, dado que, según alega el demandante, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.

 

Silencio administrativo negativo

 

 

El Tribunal Constitucional interpretó que, en el caso de la acción de amparo, en el supuesto de que el administrado interpusiera recurso de reconsideración o de apelación, operaba siempre el silencio administrativo negativo, de modo tal que aquél no tenía la opción señalada en los artículos 98.º y 99.º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, D.S. 02-94-JUS, de esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo cuando considerara que conviniera a su derecho.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional modifica dicho criterio. Estima que, por el contrario, el administrado, transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo –y así acudir a la vía jurisdiccional- o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. Las razones que fundamentan este cambio de criterio son las siguientes:

En principio, una interpretación literal del dispositivo legal regulatorio de la materia descarta la referida tesis interpretativa. En efecto, de conformidad con el artículo 99.º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos: “El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.” (subrayado nuestro). La norma precisa que el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que “deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98.º del citado dispositivo legal cuyo texto es análogo al citado artículo 99.º.

 

 

 

Naturaleza

 

 

El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso”, en sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”, así “el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] abierto indefinidamente en tanto la Administración no [dicte] la resolución expresa” (subrayado nuestro, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1996, p. 573). Sobre el particular, deben resaltarse dos aspectos: Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, y su efecto es abrir la vía jurisdiccional, indefinidamente, en tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente del Tribunal Constitucional no concuerda con estos dos aspectos. En el primer caso, porque no se aplica en beneficio del particular, sino de la Administración, resultando que ésta, “la incumplidora de dicho deber de resolver, se beneficia de su propio incumplimiento” (Ernesto García-Trevijano Garnica, El silencio administrativo en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 1ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 31). En el segundo caso, porque en lugar de abrir indefinidamente la vía judicial en tanto la Administración no resuelva expresamente, le impone un plazo, el que, además, ninguna norma del citado cuerpo normativo establece.

 

 

Constituye un criterio que limita irrazonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139.º, inciso 3), de la Constitución. La interpretación efectuada restringe finalmente el derecho del particular de acceder a la vía judicial, porque ocasiona caducidad en el ejercicio del derecho de acción. Este derecho fundamental puede verse lesionado si, para acceder a la tutela jurisdiccional, la ley impone exigencias excesiva o irrazonablemente formalistas o, como en el presente caso, se interpreta las existentes u otras relacionadas, en un sentido de apreciación desvariado o desmesuradamente formal, ocasionándose en cualquiera de tales supuestos la imposibilidad del ejercicio de ese derecho fundamental. Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal.

 

 

 

No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquélla que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo. La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción.

 

 

Es en los términos antes establecidos que el Tribunal Constitucional, entiende, que se debe interpretar el silencio administrativo negativo, siendo dicha doctrina aplicable al caso, como a continuación se analiza.

 

 

El demandante impugnó el citado Acuerdo de Sala Plena con el recurso de reconsideración de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno. La norma aplicable a dicho proceso, en cuanto concierne al plazo para resolver el referido recurso y la resolución ficta denegatoria (silencio administrativo negativo), es el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N.° 070-89-PCM), toda vez que, de conformidad con su Sexta Disposición Transitoria “Los procedimientos administrativos en giro adecuarán su trámite a la norma contenida en el artículo 25.° en la fecha de vigencia del presente Reglamento. Las normas sobre silencio administrativo a que se refieren los artículos 26.° al 29.° regirán en los procedimientos administrativos que se inicien a partir del 02 de octubre de 1989”. Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario del que proviene el acto impugnado se inició con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la norma antes citada es aplicable al referido proceso. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25.º del citado dispositivo, modificado por el artículo 2.º del Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cada una de las entidades competentes deberá resolver el asunto solicitado o impugnado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de iniciado el procedimiento o interpuesto el recurso impugnativo bajo responsabilidad(…)”. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del artículo 27.º del mismo dispositivo, también modificado por el artículo 3.º de la precitado Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cuando se trata de (…) procedimientos administrativos distintos a los conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y similares, operará, en los mismos plazos, el silencio administrativo negativo, salvo que la propia entidad, por norma expresa, disponga que opera el silencio administrativo positivo”; vale decir que, en el resto de procedimientos administrativos distintos a los antes señalados, el silencio administrativo negativo operará igualmente en el plazo de sesenta días de interpuesto el recurso impugnatorio.

 

 

 

En el presente caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, el mismo que no fue resuelto dentro del referido plazo de sesenta días. Ante ello y, de conformidad con el citado dispositivo, el demandante optó por esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública, el cual empero, no se produjo no obstante el escrito de requerimiento de pronunciamiento por él presentado con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. Por tal motivo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete lo da por denegado, acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo, simultáneamente, recurso de apelación.

 

 

Sin embargo, tratándose el acto impugnado de un Acuerdo expedido por un órgano no sometido a subordinación jerárquica como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, no procedía la interposición de recurso de apelación. En tal sentido, el escrito en el que el demandante interpone un “recurso de apelación” y da por denegado el recurso de reconsideración, debe interpretarse como un requerimiento de resolución expresa del recurso de reconsideración, ello en aplicación del principio pro actione antes citado y el principio de no formalismo del procedimiento administrativo que se desprende del artículo 103º del citado Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.° 02-94-JUS). La errónea calificación del administrado de un acto –el recurso- no obsta para entender el efecto real que debe atribuirse a él en el procedimiento que, en este caso, no es sino el de requerir el pronunciamiento expreso de un recurso de reconsideración interpuesto.

 

Posteriormente, el demandante, por escrito recibido el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dio por denegado el denominado recurso de “apelación” y se acogió al silencio administrativo negativo, con lo cual, la vía previa había sido agotada.

 

 

La demanda ha sido interpuesta el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber agotado la vía previa en los términos antes precisados y dentro del plazo de sesenta días posterior al agotamiento de dicha vía. En consecuencia, habiéndose satisfecho las requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, corresponde analizar el fondo de la controversia.

 

 

Planteamiento del problema de fondo de la controversia constitucional

 

 

El demandante, con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, solicitó a la Sala Plena que se le concediera el uso de la palabra ante dicho órgano, conforme consta a fojas ciento sesenta y cuatro, petición que, según dice el referido escrito, reiteró otra anterior, con idéntica pretensión, de fecha veintiocho de febrero del mismo año. Es, entonces, materia de análisis determinar si la omisión a una solicitud de informe oral o palabra, ante un pedido en ese sentido, lesiona o no el derecho a la defensa.

 

 

 

El demandante, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, dos días antes de emitirse la resolución sancionatoria, además de reiterar el pedido de uso de palabra, solicitó también que se le hiciera entrega de una copia del informe recaído en los procesos disciplinarios instaurados en su contra. Corresponde, así, analizar si la omisión de la entrega de los citados informes lesiona o no el derecho de defensa.

 

 

Límites de la potestad administrativa disciplinaria

 

 

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman.

 

 

Derecho de defensa

 

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe.

 

 

Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearía, además una situación de desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador los cargos del informe. El órgano resolutor sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido ejercer su derecho de defensa.

 

 

La omisión a la solicitud de informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante un pedido a ese respecto, lesionó también el derecho a la defensa y, por consiguiente, el derecho al debido proceso, porque ocasionó indefensión en el demandante, al no posibilitarle la ocasión de defenderse ante el órgano sancionador respecto de los cargos que se le imputaban en el informe de la comisión y, de ese modo, poder controvertirlos y exponer o persuadir al órgano sancionador de todo cuanto conviniese a su derecho.

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

 

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; y prescrito el proceso administrativo que originó la medida disciplinaria; ordena la reposición del demandante en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, computándose los años de servicios solo para efectos pensionables; dispone, que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley N.° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS REY TERRY  REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI  BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA

 

 EXP. N.° 1003-98-AA/TC

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

Hago mío el voto que antecede, agregando:

 

Que durante la última década, los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez.

 

SR.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

ACTA DE NACIMIENTO : NIÑO o NIÑA IMPEDIDOS DE LLEVAR APELLIDOS DEL PADRE O DE LA MADRE

Los flamantes jóvenes padres de un recién nacido no cabían en sí de gozo con el nacimiento de su primer hijo, la madre y su niño ya habían sido dado de alta hospitalaria, sólo les quedaba cumplir con el último procedimiento en el Hospital : inscribir al niño en la Oficina de Registro Público que allí tiene la Municipalidad y obtener de manera GRATUITA SU PRIMERA PARTIDA DE NACIMIENTO (HOY LLAMADA ACTA DE NACIMIENTO).

 

 

Radiantes de felicidad se sentaron ante el  Registrador quien, al pedirles sus respectivo DNI les cambió la algarabía por un momento de confusión y suma incomodidad : El niño va a tener su partida de Nacimiento sólo que no puede llevar el apellido de la madre o del padre, ustedes elijan.

 

 

¿Quéééééé? Que le pasa? dijeron al Registador. Este les explicó: La madre en su DNI lleva el apellido de casada con otra persona, distinta al padre del recién nacido. El Código Civil en su Artículo el artículo 361º del Código Civil establece que “el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido”, por lo cual , al hijo que nace de mujer casada, se le atribuye por disposición legal, la paternidad al marido de ésta, sin necesidad de  reconocimiento expreso por parte de él.   Frente a esta limitante legal, decidan con los dos apellidos de cual de ustedes emito el Acta de Nacimiento de su hijo.

 

Dura lex, sed lex dicho en el latín de los antiguos romanos o

“La Ley es dura, pero es la Ley”.

 

 

Ambos padres nunca contaron con esto, mostraron su enfado y turbaciones personales.

 

 

Es mi hijo, nunca voy a permitir que lleve los apellidos de un padre que verdaderamente no es. …Aunque por mis apellidos mas parecerá ser mi hermano. 

 

 

El padre, a pesar de ello insistió,  consideró arbitrario y abusivo el proceder del Registrador, mas porque decía conocer de muchas otras personas de los cuales uno de ellos era casado con otra que sin divorciarse nunca habían tenido impedimento en que sus hijos lleven el apellido respectivos de los verdaderos padres (PADRES BIOLÓGICOS).

 

 

El registrador apaciguó el enfado explicándoles : Esta ingrata situación no impide que hoy el niño salga hoy del hospital con su Acta de Nacimiento con lo cual tiene asegurado su DERECHO AL NOMBRE con ello ejercer desde ahora y a través de ustedes todos sus derechos, incluso hoy mismo pueden sacar su DNI.

 

 

A lo cual añadió, dirigiéndose a la madre, lo que usted tiene que hacer es : regularizar su estado civil, es decir, iniciar lo antes posible su proceso de DIVORCIO, tan pronto obtenga su sentencia o Acta que así lo declare e inscriba en los Registros Públicos y Registro de la Municipalidad donde se casó, puede usted tramitar su nuevo DNI y con ello acercarse a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad para RECONOCER A SU NIÑO, DE MANERA GRATUITA. El reconocimiento será anotado en el margen de esa partida.

 

Hecho esto,  incluso puede tramitar para obtener otra Acta de Nacimiento donde ya aparezca el niño tanto el apellido paterno de cada uno de sus padres, con la cual nadie tendrá porqué saber y menos preguntar porqué demoró en reconocer a su hijo.     

 

Lección :

 

Si uno de ustedes es casado y mantiene una relación de pareja estable con otra persona  y ella está embarazada o piensan tener un  hijo o hija, lo aconsejable es iniciar los trámites de tu divorcio, desde ya.  

 

 

Para obtener el divorcio debes iniciar tu proceso de separación de cuerpos por alguna de las siguientes alternativas:

 

  • Por separación convencional (mutuo acuerdo). En este caso, es aconsejable el “divorcio rápido”.
  • Por estar separados 2 ó 4 años. No es necesario que tu esposo o esposa esté de acuerdo contigo. Hoy puede ser suficiente que desde celebrado el matrimonio haya pasado:

 4 años si es que hubieran hijos menores de edad, o.,

 2 años si no hubieran hijos menores de edad

  • Por alguna de las siguientes causales  :  El adulterio, la violencia física o psicológica, que el Juez apreciará según las circunstancias, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años contínuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, la enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del matrimonio, la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio.

 

En cualquiera de los casos, siempre es aconsejable que consultes con el abogado de tu elección, pues muchos terminan abandonando sus divorcios que iniciaron bajo promesas de divorcio express (rapidísimo) y económico, lo cual no siempre es posible.

 

  

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Derecho de Familia

CONFORMACION DE LA CPPAD (Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios)(Art. 165º D.S. 005-90-PCM)

 

Otra vez, la prensa manifestando su poder.

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, frente a la difusión de  noticias sobre hechos que remecieron la opinión pública, han dado muestras de medidas correctivas para procurar salvar la respetabilidad e imagen pública del primer poder del Estado, cortar por lo sano, evitar el discurrir del “dime con quien andas y te diré quien eres”.

 

 

Frente a “chuponeados petroaudios” en que los ahora conocidos chuponeados mencionan el nombre de algunos altos funcionarios públicos, como parte de los correctivas el Primer mandatario salió en los medios de comunicación haciendo el respectivo deslinde, calificando a los involucrados, pidiendo la investigación de Ley y sanción severa para los incursos, además, para evitar la censura del gabinete, lo renovó parcialmente.

 

En ese mismo cometido, en vísperas de su designación por parte del primer mandatario, los medios anuncian que el Congreso de la República acuerdan el correctivo de no elegir a la única profesional aspirante propuesta a Contralora General de la República, alto cargo reservado a ocupar por 7 años a quien iba a encabezar la jefatura de los OCI como máxima autoridad del Sistema Nacional de Control de toda la Administración Pública y por la naturaleza de su función representante en las mesas de Política y Lucha Anticorrupción a nivel nacional e internacional.   Su craso error : haber declarado, falsamente, en su currículum vitae estudios, realizados en el exterior y desmentidos por las universidades invocadas.

 

Hoy ya se difunde la noticia que la aspirante a Contralora será denunciada penalmente por el Procurador Público del Congreso de la República.

 

 

La mención a estos ingratos episodios, no debe ser infructuosa y abundante en lo negativo; en contrario, aunque resulte paradójico, nos resultan oportunas para extraer lecciones positivas y ejemplares por parte de para quienes gerencian y administran organismos y entidades públicas como a sus servidores y funcionarios implementando los respectivos correctivos que correspondan en el respectivo ámbito de sus competencias; disponiendo por ejemplo, la inmediata revisión no sólo de las designaciones realizadas o por efectuar en cargos públicos sino de las resoluciones,  convenios, contratos que hubieran suscrito, por modestos que puedan parecer.

 

 

A estas alturas, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar por ejemplo que la función del portero o vigilante o del personal de limpieza es realmente modesta, intrascendente o no importante? Cuando la prensa también viene dando cuenta de la sustracción de voluminosos documentos de una entidad pública en tiempos coincidentes que se denuncian chuponeos y petroaudios?

 

 

¿Por qué un titular de entidad, gerente, Director, Administrador, Jefe de Personal debe esperar que la prensa se ocupe de denunciar hechos ocurridos al interior de sus respectivas entidades o a que el Organo de Control Interno (OCI), la Policía, Fiscalía Anticorrupción o el Congreso lo requiera o cite para esclarecerlas?   Cuando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control[1] ya ha trasladado dicha función y responsabilidad preventiva dotando al titular de la entidad como en los servidores y funcionarios a cargo el control interno previo y simultáneo; si ellos se implementaran tal cual, es probable que al requerimiento de las ya citadas autoridades todo pueda ser evaluado, fiscalizado, supervisado o auditado sin observaciones o hallazgos por parte de los OCI o bien que éstos no resulten relevantes.

 

 

Los comentarios precedentes no son ajenos cuando se trata de conformar y determinar los miembros que conformarán las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD) o de las Comisiones Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para funcionarios (CEPAD).

 

 

Para algunas autoridades, designar a los miembros de la CPPAD sólo constituye uno de sus diversos actos de administración, en la anodina creencia que la designación es suficiente que gocen de la “confianza” del titular.

 

 

Algunas veces la desnaturalización y mal uso de la “confianza” puede conducir a situaciones como las inicialmente comentamos.

 

La conformación de los miembros de la CPPAD está antelada por la condición de ser laboralmente nombrado y con la característica de ser : 1) funcionario representante del titular de la entidad, 2) jefe de personal y 3) representante de los trabajadores, las cuales son igualmente exigibles a sus respectivos suplentes.

 

 

¿Pero cuál es la función de la CPPAD?

 

La función de la CPPAD es sumamente delicada y privilegiada pues es parte del instrumento coercitivo y ejecutivo de la Ley respecto de quienes la omiten o infringen.

 

Concurrentemente con las atribuciones que la Ley confiere al titular de la entidad, al jefe inmediato, como al OCI, quienes conforman la CPPAD asumen la singular competencia y autónoma función de dictar “justicia administrativa” como suelen llamar algunos respetables colegas, de allí que, en el argot popular otros administrados afirman “me hicieron juicio en mi entidad” cuando en realidad han afrontado un proceso administrativo disciplinario.

 

Estas privilegiadas funciones de los miembros de la CPPAD consisten en  :

 

1)      calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye  o no falta administrativa disciplinaria; 

2)      llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido autorizado (función exclusiva y excluyente)

3)      Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución por 5 años; (función exclusiva y excluyente)

4)       En el caso de los docentes de la administración Pública, hasta emitir opinión en los recursos de los procesados;

5)      La CPPAD constituye, también parte activa del control preventivo y simultáneo de la gestión y actores protagónicos en la política institucional en materia sancionatoria frente a los actos transgresores de la Ley y la tantas veces  mentada lucha contra la corrupción.

 

La Ley (léase Decreto Legislativo Nº 005-90-PCM Reglamento del Decreto Legislativo 276 y normas conexas), no dice cuáles son los requisitos que deben reunir con antelación los antes mencionados miembros de la CPPAD, pero se asume que como garantía de sus funciones a quienes procesarán cuando menos deben ser: honorables, de incuestionable reputación, imparcialidad, ecuanimidad, conocida capacidad y trayectoria de causar “justicia” lo cual se infiere de las exigencias que la sistemática normativa exige a todos los funcionarios y servidores públicos en las obligaciones y deberes laborales y morales regulados en los artículos 3º, 21º, 28º del D.Leg. 276, en la Ley del Código de Etica de los Funcionarios y Servidores Públicos y su Reglamento.

 

 

Tampoco dice expresamente la Ley que la experiencia o capacitación en esta especializada función les resulte exigible, pero es indudable que es de prever mejores resultados si cuentan con experiencia y/o capacitación especializada en Procesos Administrativos Disciplinarios, lo cual comprende el conocimiento de los esenciales Derechos Humanos como de los Principios del Derecho Administrativo.

 

 

Es consecuentemente válido que tales condiciones puedan haber sido recogidas en la Reglamentación Interna, Directiva o Estatuto que posea cada Sector o entidad pública para la designación y elección de los representantes de los trabajadores, normas que debe poseer la Oficina de Personal o de Administración y accederse a través de petición directa y simple o bien con arreglo a la Ley de Transparencia y Control Ciudadano.

 

 

Los servidores, funcionarios como el titular de la entidad están legitimados, respectivamente, para verificar, pedir y hacer que así ocurra.

 

 

Lo anteriormente expresado conlleva absolver algunas interrogantes recurrentemente planteadas:

 

¿Quién fue procesado administrativamente está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Quién fue sancionado también está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Todo procesado es necesariamente culpable y por tanto debe estar inhabilitado para ser miembro de la CPPAD?

 

No, no siempre.

 

La Constitución Política de Perú de 1993 establece en el numeral 24º del artículo 2º “(El derecho de la persona) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”

 

 

No obstante este mandato constitucional, las convocatorias públicas a postulaciones a cargos públicos suelen restringir a quienes tienen o han tenido proceso administrativo o judicial.

 

 

Hay innumerables servidores y funcionarios que han sido sancionados en unos casos, y en otros, afrontado no sólo procesos administrativos disciplinarios sino también procesos judiciales penales y civiles, a causa de malos funcionarios de la CPPAD o del OCI que, por error o dolosamente, haciendo mal uso de la “confianza” y de la investidura que le confirió o delegó la Administración Pública, abusaron de ella concluyeron sus informes imputando responsabilidad no a quienes en realidad corresponde sino sobre todo a los “enemigos de la gestión” recomendando en algunos casos hasta dilucidar su responsabilidad en sede administrativa o judicial, lo cual puede conllevar hasta su destitución y afrontar al procesado, largos e impredecibles procesos judiciales, amén del desprestigio y del impredecible daño a su economía personal y familiar como a su salud emocional, que se resumen en vilipendio y suma afrenta a la dignidad humana que comenzamos tocando en nuestro artículo anterior, (Véase Poder de Representación del Administrado) y legitima accionar contra quienes así proceden como contra la entidad a la que representan.

 

 Creemos por ello que, es igualmente injusto poner en un mismo saco de impedidos a quienes afrontaron sanciones o procesos administrativos o judiciales por conductas manifiesta y probadamente dolosas, con quienes resultaron involucrados, por omisiones, errores propios o de terceros y sobre todo con quienes fueron procesados o sancionados calumniosamente, sin causa cierta alguna.

 

 

¿Y qué con quienes fueron rehabilitados?

 

Las convocatorias públicas nada dicen tampoco de quienes fueron rehabilitados.

 

 

Siendo la rehabilitación de la sanción administrativa un procedimiento administrativo regulado en su forma y plazo por Ley declarado mediante acto resolutivo, su efecto conlleva al silencio de los hechos materia de la rehabilitación por parte de la administración como de los administrados; de allí que, a nuestro juicio, quien acredite, documentadamente, haber sido rehabilitado no tendría porqué ver cuestionada o afectada su libertad de contratación o designación; si ello ocurriera está legitimada a accionar contra quienes procedan en contrario.

 

Si bien las personas como los funcionarios y servidores públicos tienen la facultad y hasta el deber de denunciar los actos inmorales o delictivos (Art. 21 del D.Leg. 276), ello no los exonera de indagar con la mejor certeza posible lo que se cuestiona, denuncia, afirma o pide dado que aparejado a esa facultad, antes, está el deber de decir la verdad integral, no a medias, como penosamente ha ocurrido con la recientemente autofrustrada aspirante a Contralora General. 

 

La Legislación Administrativa, Civil como Penal sanciona también las afirmaciones falsas como las denuncias calumniosas.

 

Lo anterior reposa en el derecho al respeto a la persona y su dignidad como a la presunción de inocencia hasta no ser declarado judicialmente culpable que consagra el literal e) del numeral 24º del Artículo 2 de la Constitución de 1993, por el cual, quien fue procesado y /o sancionado por la administración pública perfectamente puede obtener un fallo absolutorio en vía judicial y consecuentemente reclamar la indemnización contra los funcionarios y la entidad que dio lugar a dicho estado.

 

Si el funcionario designado en la CPPAD no tiene la función de representante del titular o es Jefe de la Oficina de Personal o si es designado como representante de los trabajadores sin haber sido elegido por votación de manera pública, transparente y con arreglo a los estatutos del Sector o de la entidad que se hubieran establecido con dicho fin, los trabajadores están legitimados para cuestionar o deducir la nulidad de la resolución que lo designa como tal.

 

Los estatutos internos deben prever si la designación en dicha función de representación es por uno o dos años.

 

 

Consiguientemente, es legítimo que cada uno de los funcionarios o servidores de manera individual o colectiva o a través de sus respectivos gremios, previa indagación objetiva e integral de los documentos que anteceden su pedido, pueda ejercer su constitucional derecho de petición (numeral 5 artículo 2 de la Constitución Política de 1993), pedir al titular de la entidad la revisión y rectificación de la designación como miembro de la CPPAD a que hubiera lugar.

 

 

Si ya media Resolución designando a los miembros de la CPPAD cabría plantear la correspondiente nulidad, que puede resultar amparada o desestimada.

 

 

Lo decoroso es que la autoridad administrativa sin necesidad de ser requerida, fortalezca su control previo y simultáneo supervisando, revisando y verificando adecuada e imparcialmente a las personas propuestas o que conforman sus respectivas CPPAD y CEPAD. En los casos que corresponda, de oficio, practique las rectificaciones a que hubiera lugar.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario


[1]Ley 27785  7º Artículo 7º.- Control Interno

El control interno comprende las acciones de cautela previa simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.

 

 

Poder de Representación del administrado : Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. (Artículo 115°)

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta ¿cuántas veces deberíamos volver?  Sería formidable sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo legalmente establecido para cada procedimiento, ninguno mas de 30 días.

 

 

 

Lo anteriormente expresado no es un ideal es un derecho de la personal constitucionalmente previsto como tal en el Artículo 2º de la Constitución Política de 1993 Toda persona tiene derecho…:5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido….

 

 

 

Y es que siendo derechos de las personas son inmanentes a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad que atañe como fin supremo de la sociedad y del Estado, así lo enfatiza el Artículo 1º de la Constitución. 

 

 

 

Pero ¿qué es la dignidad?

 

La dignidad es un valor inherente a la vida humana cualquiera sea la sociedad y nacionalidad, así para el constitucionalista chileno Humberto Nogueira Alcalá “La dignidad de la persona humana implica reconocer al otro como otro yo, en las relaciones interpersonales, como así mismo, corresponde especialmente al Estado reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derecho humanos removiendo los obstáculos que se oponen a ello.[1] La dignidad de la persona humana emana de su naturaleza de ser moral, de ser libre y racional, por su superioridad, por todo lo creado, por ser siempre sujeto de derecho y nunca instrumento o medio para un fin. La persona es el valor jurídico supremo y su dignidad es independiente de su edad, capacidad intelectual o estado de conciencia. La dignidad de la persona humana es la que se le debe a la persona en su calidad de tal…” (1)

 

 

Del mismo modo, para el Tribunal Constitucional boliviano[2] dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan, por ello la restricción, supresión o amenaza a este derecho, supone el desconocimiento de la condición humana y del fin propio de cada persona….

 

 

Porqué entonces el evidente divorcio entre la Constitución y los llamados a cumplirla, traducidos entre otros en :

 

 ¿Cuántas veces volvemos en promedio a una entidad pública hasta la obtención de nuestro pedido?

 

 

¿No es verdad que ello nos significa tiempo (que casi nunca hay, esencialmente para quienes lo tienen ocupado para trabajar o atender otras necesidades o por su avanzada edad o delicado estado de salud), dinero (cada vez mas escaso, para pasajes, teléfonos o para encargar a un tercero el impulso o  indagación ) y paciencia (que no es precisamente la del buen Job para tramontar la jungla -con el perdón de ella misma- de cemento en que se ha vuelto actualmente gran parte de Lima y sus distritos, con huecos por todo lado,  conductores, peatones, cobradores, choferes y pasajeros que desde que atravesamos el umbral de la puerta de casa nos fastidiamos con el incesante vocinglar y apremio de terceros, la creciente inseguridad ciudadana con un alto índice de asaltos, robos, secuestros al paso, lesiones o asesinatos por razones banales, con críminales por razones cada vez mas banales, luego de lo cual se añade llegar a la entidad hacer inacabales colas de parados o sentados  y esperar largos minutos u horas para recibir en ventanilla, por lo general, salvo honrosas excepciones, tratos impersonales o inmotivadas e interminables respuestas de “vuelva otro día”).  

 

 

Contra la clamorosa insensibilidad o ausencia de quienes representan al Estado, la semana pasada, Nano Guerra García, conductor del programa Hagamos Empresa en una televisora local, al final de uno de sus siempre interesantes reportajes dominicales, nos demostraba una vez mas, el aún protagónico poder de la prensa, en los casos de algunos ciudadanos que, con mucha anterioridad venían quejándose de la inacabable demora o respuestas dilatorias recibidas sobre sus expedientes, al ser acompañados por reporteros autorizados con cámara y micro en mano, eran atendidos en esas mismas entidades con increíble prontitud y cordialidad. 

 

 

 

Para preservar a los ciudadanos de las ingratas viscitudes antes descritas y con ello coadyuvar al resguardo de su dignidad humana, la Ley del Procedimiento Administrativo General, le faculta a ser representado ante la Administración Pública, bastando para ello la emisión de un Poder.

 

 

La Ley 27444, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

 

El Poder General faculta al apoderado impulsar los trámites usuales, desde la indagación por el estado del expediente, coordinar con los funcionarios a cargo, obtener copias, hasta presentar escritos a nombre de quien expide el poder.     El Poder General puede otorgarse  en el escrito que presente a la entidad o bien a través de una carta poder simple, describiendo el nombre completo y acorde al documento nacional de identidad de la persona que lo representará. Es suficiente la firma simple del poderdante puesta en el documento que contiene el Poder.

115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

 

 

 

El  Poder Especial  es exigible cuando el interesado pretende poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada, interponer recursos impugnativos o para el cobro de dinero. A diferencia del Poder General, el poderdante lo debe extender, según su mejor elección con sus firmas legalizadas ante el Notario Público o ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad o compareciendo personalmente representante y reprensado ante la autoridad.  

 

115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

 

115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley.

 

 

Cualquiera fuera el Poder elegido, aconsejo, precisar el alcance del poder, su vigencia (cuantas sorpresas y actos fraudulentos se han dado con la omisión de verificar este extremo) y anexar copia de los respectivos DNI a efectos de identificar con mejor certeza al poderdante como a su representado.  

 

 

Como no es posible que el buen Nano o sus reporteros acompañen a cuanto ciudadano tiene pendiente de respuesta los procedimientos iniciados, acorde con la dignidad humana, enfatizada por la Constitución de 1993, a los jefes de oficinas, titulares de entidades como a los servidores públicos en sus propios actos les compete supervisar, garantizar, cumplir y hacer cumplir que las atenciones a su cargo sean dignas al conciudadano, es decir cordiales y con la prontitud que cada uno quisiéramos ser tratados, sin esperar la intervención de la prensa, de otro poder o que el primer mandatario desempolve y reinstituya a los tucuy ricuys, funcionarios incas que todo lo ven, que todo lo oyen, que todo lo corrigen y…..que buena falta nos hacen. 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General

“SANCION” QUE NO ES SANCION ………ES ABUSO O NEGLIGENCIA

 

 

 

 

 

Cuántas veces ha escuchado decir a médicos que además de haber sido sancionados con amonestación o suspensión  también han sido sancionados por su superior inmediato con :

 

 .              Suspensión por varios meses para realizar intervenciones quirúrgicas; o,

.               Programándolos en el rol del mes para que realice sólo en una muy puntual labor y no en la

               habitual rotación por Emergencia, hospitalización, etc ?

 

 

En contraparte, acaso tampoco le sea ajena la queja de ciertos jefes con estribillos como :

 

 

.               Estamos cansados de sancionar a un trabajador y éste no enmienda, reincide una y otra vez en su irregular proceder?; o

 

.               ¡¡¡¡¡No se puede corregir al personal estable !!!!!!, contra ellos nada se puede hacer.

 

 

 

Estas situaciones se dan aún cuando, en su Artículo 1°, la Constitución del año 1993 (llamada también Ley de Leyes), en su TÍTULO I, referido a LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD, Capítulo I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA consagra : “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” de allí que, como correlato al anterior artículo, enumera un listado de derechos sustantivos contenidos en el Artículo 2° . Toda persona tiene derecho:… A la libertad y a la seguridad personales, por ello  Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (Art. 2º numeral 24, inciso d).

 

 

Los médicos nombrados que laboran para las dependencias del Ministerio de Salud, los profesionales de la salud, profesionales de otras disciplinas, las técnicas en enfermería, los servidores asistenciales y administrativos que, en el segundo caso que inicialmente anotamos como materia de queja de sus jefes- y ellos mismos reciben la nominación de “servidores públicos” (“empleado público” según la Ley Nº 28175 , Ley Marco del Empleo Público) y se hallan sujetos a los alcances del Decreto Legislativo Nº 276, LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA y a su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

 

El Decreto Legislativo 276  en el :

 

Artículo 3º establece las obligaciones;

Artículo 21º los deberes;

Artículo 24º los derechos; 

Artículo 28º las conductas que configuran falta administrativa disciplinaria; 

Artículo 25º  Precisa “Los servidores Públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan”; y en el,

Artículo 30º Circunscribe a 4 únicas clases, las SANCIONES administrativas disciplinarias que les pueden ser aplicadas :                 a)       Amonestación verbal o escrita;

b)       Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días;

c)       Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y

d)       Destitución.

 

Ellas son reiteradas en el Reglamento, el D.S. 005 -90-PCM establece en el :

 

 Artículo 155º.- La Ley ha prescrito las  sanciones siguientes:

 a)          Amonestación verbal o escrita;

 b)          Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días;

 c)          Cese temporal sin  goce de  remuneraciones mayor a treinta (30) días y hasta por doce (12) meses; y

 d)          Destitución.

 

Clarificando que :

Las sanciones se aplican sin atender necesariamente el orden correlativo señalado. De allí que no es correcto el usual raciocionio que ante la primera falta,aún cuando sea grave primero, se le debe sancionar necesariamente con una amonestación verbal.   Todo dependerá de la levedad o gravedad de la falta cometida, del bien jurídico afectado, su resultado dañoso como las demás condiciones legalmente preestablecidas en los  Artículos 151 y 154º del D.S: 005-90-PCM. 

 

 

En los artículos siguientes del citado D.S. se establece COMO y QUIEN  aplica cada una de las sanciones. La  sanción impuesta sin observar las formalidades siguientes además de ineficaz vicia el acto administrativo emitido pudiendo dar lugar a su nulidad, con las responsabilidades consiguientes :

 

Artículo 156º.- La amonestación será verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se oficializa por resolución del Jefe de Personal.  No proceden más de dos amonestaciones escritas en caso de reincidencia.

 

 Artículo 157º.- La suspensión sin goce de remuneraciones  se aplica hasta por un máximo de treinta(30)días. El número de días de suspensión  será propuesto por el jefe inmediato y deberá contar con la aprobación del superior jerárquico de éste. La sanción se oficializa por resolución del Jefe de Personal.

 

Artículo 158º.- El cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de treinta (30) días y hasta por doce (12) meses se aplica previo proceso administrativo  disciplinario. El número de meses de cese lo propone la Comisión de Procesos  Administrativos Disciplinarios de la entidad.

 

Artículo 159º.- La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario. El servidor destituido queda inhabilitado para desempeñarse en la Administración  Pública bajo cualquier forma o modalidad, en un período no menor de tres (5) años.

 

 

Pero, qué consideraciones y criterios previos a tener en cuenta quien debe sancionar?, los siguientes :  

 

Qué es Falta :

 

Artículo 150º.- Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad especifica sobre los deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el Artículo. 28º y otros de la Ley y el presente reglamento. La comisión de una falta de  lugar a la aplicación de la sanción correspondiente.

 

Qué condiciones agravan la falta :

Artículo 151º.- Las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes:

 

a)          Circunstancias en que se comete;

b)          La forma de comisión

c)          La concurrencia de varias faltas;

d)          La participación de uno o más servidores a la comisión de la falta; y

e)          Los efectos que produce la falta.

 

 Quienes son competentes para calificar la falta :

 

Artículo 152º.- La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos  Disciplinarios, según corresponda.

 

Los elementos que se consideran para calificar la falta  serán enunciados por escrito. Lo cual formará parte obligatoria de la motivación puesta en los considerandos del Informe como de la Resolución sancionadora.

 

 

 

Una misma conducta puede dar lugar a que simultáneamente se inicien acciones en la vía administrativa, civil y penal como ocurre en los casos de “negligencia médica”, accidentes de tránsito, delitos contra la fé pública, colusión, etc.   

 

Artículo 153º.- Los servidores públicos serán sancionados administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir.

 

 Con caráter didático véase la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 165-97-AA/TC.

 

 

 Aspectos a tener en cuenta para aplicar la sanción :

 

Artículo 154º.- La aplicación de la sanción se hace teniendo en consideración la gravedad de la falta.

 

Para aplicar la sanción a que hubiere lugar, la autoridad respectiva tomará en cuenta, además:

 

a)          La reincidencia o reiterancia del autor o autores;

 b)          El nivel de carrera; y

 c)          La situación jerárquica del autor o autores.

 

 

 

Con lo anterior :

 

Queda claro que las sanciones distintas a las previstas en el Artículo 30º del D.Leg. 276 al no estar previstas como tales en la Ley, de acuerdo a la Constitución constituyen ABUSO DE AUTORIDAD, por ende, legitiman al sancionado con ellas a denunciar el hecho en las vías que prevé el artículo 25º  del citado Decreto Legislativo.

 

 

Del mismo modo, la autoridad que sancionó reiteradamente con Memorando, está actuando con medios que no surten eficacia legal valedera, de allí que, las reiteradas faltas que comete el servidor infractor por contravenir las obligaciones y deberes que le imponen los artículos 3º y 21º del D.Leg. 276 son propiciadas, por lo general, por la NEGLIGENCIA en el desempeño de sus funciones por parte de su superior jerárquico al no aplicar los procedimientos formalmente  establecidos a partir del Artículo 156º del D.S. 005-90-PCM.

 

Ambas conductas inicialmente descritas corresponden ser advertidas y corregidas, de Oficio según sea el caso, por el Jefe de Personal, el Director de Administración o el Titular de la entidad, como parte de las fiscalizaciones, revisiones, supervisiones, control interno concurrente y previo que les es inherente, bajo la preclara aplicación del fundamento Nº 2 del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia de la Acción de Amparo seguida con el Expediente Nº4449-2004-AA/TC :  “La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. No obstante, como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución Política), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración al irrestricto respeto del derecho al debido proceso en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman”.

                                                                   

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

CERTIFICADO DE NACIMIENTO : MADRE ADOLESCENTE

 

Puedes ser mayor de edad pero discernir o proceder cual un menor de edad; puedes ser adolescente -embarazada y afrontar tu maternidad con la responsabilidad y madurez suficiente de una mayor de edad.

                Ricardo Ayala G.

 

 

 

Lima Medina es el nombre de la niña – madre mas joven del planeta quien, a sus 5 años fue traída desde su lejano Antacancha (Huancavelica, Departamento de Perú) a la Maternidad de Lima donde el 14 de mayo del 1939 fue intervenida por cesárea y trajo al mundo un bebé de dos kilos 700 gramos, caso que la prensa de todas latitudes ventiló por años y que en los 60 era materia de recordación y asombro en las tertulias de nuestros mayores, acaso sin saberlo lo acuñaban en nuestros recuerdos como para alertarnos de realidades como ésta.

 

 

 

Lejos estaríamos entonces de imaginar que hoy en Perú, cada año 115,000 nuevas  adolescentes se embarazan, parafraseando a estudiosa del tema “porque le dió las ganas, el deseo, la curiosidad” o fue víctima de violencia sexual forman el 25% del total de embarazadas que a las adultas disputan turno en los establecimientos de salud para controlar  su embarazo o atender su parto.

 

 

El presente artículo no promueve el embarazo de las adolescentes en contrario, se aúna al intercambio de opiniones y reflexiones en colación a una alarmante creciente realidad y lo mucho que nos toca por hacer desde nuestros hogares, escuelas, instituciones públicas como organizaciones privadas para  procurar revertir  las crecientes cifras.

 

 

Cierto es que, cuesta aceptar a los padres y madres como al grueso que nuestras adolescentes hijas-entre 11 y 19 años- nos den la noticia de su embarazo cuando las hacemos aún salientes de la niñez en la escuelas; las reacciones y respuestas no siempre serán iguales,  serán acordes al mejor o escaso conocimiento e interés que posean al respecto.

 

 

Unas(os) aceptan con digna hidalguía o resignación la realidad, pero en uno u otro caso, dándoles su total apoyo.

 

 

Otros padres, prescinden de cuanto piensen u opinen las madres adolescentes, intentan solucionar reconociendo como hijos suyos a sus nietos, sin saber acaso que su conducta los expone a afrontar  denuncias por  presunto delitos contra la familia y la fé pública.

 

 

Un alarmante significativo número, especialmente donde la comunicación es marginal o escasa, ante el temor de una peor reacción por parte de sus progenitores, esconden su embarazo, se someten a abortos o prefieren huir, procurando ponerse a salvo así acaso de algún antelado aviso que se desatenderían de ellas, o mellarían mas su autoestima sino arrojadas de sus casas, muchas perecen en el intento física o moralmente, o pierden el útero claudicando tempranamente a la maternidad o son víctimas de sujetos inescrupulosos en su altamente riesgosa e incierta búsqueda de refugio y de su futuro como el de su hijo o hija nacida o por nacer .

 

 

 

La cita me trae al recuerdo a mi buena y siempre entrañable amiga, Obstetriz Flor Valencia, quien a inicios del 2000, en su desempeño como Coordinadora de Psicoprofilaxia del Instituto Materno Perinatal desarrollaba un encomiable trabajo con adolescentes madres en riesgo (conformado por niñas y adolescentes de la calle, desamparadas, metidas en drogas, prostitución, etc.) quien ingresando a la Oficina, me pidió orientar legalmente a su abrazada acompañante, una guapa gestante de 14 años que, a la vez, traía de la mano a su pequeño hermanito de no mas de 8 años con el que compartía el desamparo en casas inciertas al cual los tenían abandonados sus separados padres avocados a atender sus respectivas nuevas familias; ella sabía quien era el padre del hijo que esperaba y justamente por saber quien era, no quería que fuera él quien lo reconozca como tal por lo que, subsistiendo de la “prostitución blanca” así gustaba llamar su oficio dirigido a cierta élite estaba avocada a elegir el mejor candidato que reconozca como suyo al hijo que esperaba, entre los cuales, manifestaba, ya tenía varios de diversa edad que le habían ofrecido asumir  dicho rol.    

 

 

Ambas trajeron a la vez al recuerdo también el testimonio vertido en una reunión por otra madre adolescente de 14años reclamando “…que la mayor indignación que siente es que en la calle nos tratan como si fuera una mujer fácil y eso no es así…”

 

 

 

Por entonces la Ley, a las madres solteras les permitía inscribir a su recién nacido hijo o hija con los apellidos del padre sólo si él decidía acompañarla para reconocerlo como tal, caso contrario, ella podía inscribir a su hijo o hija sólo con sus apellidos, opción a la cual muchas se resistían pues, -sostenían : “ al leer nuestro documentos de identidad dirán que somos hermanos”… y, esperando hasta que al padre tuviera el tiempo o voluntad y se anime a reconocerlo, un grueso número de niños y niñas crecieron por años sin ser inscritos.

 

 

Hoy, la Ley ha variado en parte, permitiendo a la madre soltera inscribir a su hijo con el nombre del apellido del padre siempre bajo la presunción de veracidad de la madre cuya declaración  da inicio a un procedimiento por el cual se presume padre al declarado salvo que notificado por el registrador éste se oponga dentro del plazo establecido por Ley.

 

 

Subsiste el derecho de la madre que ella sola pueda reconocer con sus apellidos a su recién nacido(a) hijo o hija.

 

 

De este derecho -en Perú, desde el año 1984 en que entró en vigencia el Código Civil-, gozan las madres adolescentes conforme a lo dispuesto en sus artículos  43º y 46º.

 

 

Siendo que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad y con ello el goce pleno de nuestras capacidades, por el artículo 43º se establece que las adolescente menores de 16 años adquieren capacidad de ejercicio sólo para determinados actos determinados por la ley.

 

 

Sin embargo, este mismo artículo 46º establece que la persona también adquiere la plenitud de sus capacidades si es mayor de 16 años y se casa –por civil- u obtiene título oficial que le autorice para ejercer una profesión u oficio. 

 

 

Precisa que la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de a los éste, lo cual en razón de nuestra realidad, podría ocurrir a los pocos meses.

 

 

Dicho artículo también establece que, a diferencia de la plenitud de sus capacidades que adquieren las casadas mayores de 16 años,  las madres adolescentes solteras mayores de 14 años con el nacimiento de su hijo o hija adquieren total capacidad de ejercicio SOLO para :

 

  1. Reconocerlos,
  2. Demandar por gastos de embarazo y parto; -y desde el 29 de octubre del 2008 en que se  publicó la Ley Nº 29274 también les permite directamente :-
  3. Participar en los procesos (judiciales) de filiación, tenencia y alimentos a favor de ellos, ahora, pueden exigir el reconocimiento de sus hijos por la vía judicial.

 

 

Como se aprecia las demás obligaciones y derechos siguen resultando irrenunciables a nuestro respectivo rol de padres, educadores, comunicadores sociales, autoridades, funcionarios, servidores públicos o profesionales de la salud a quienes a la vez nos toca también conocer, difundir, respetar y hacer respetar los antes referidos derechos de las madres adolescentes.

 

 

En consecuencia, ni podemos imponerles a sus hijos paternidades que no les corresponden realmente, ni arrojarlas de casa, ni sustraernos de las obligaciones alimenticias para con nuestras hijas madres adolescentes que, contra lo que suele creerse, no solo comprende comida, sino vivienda, educación, salud, recreación, vestido; ni desheredarlas, ni ser excluída o darle un trato diferenciado en los colegios, ni quitarles sino en contrario, fortalecer nuestro afecto, orientación y protección.

 

 

A ella le tocará hacer lo propio para reclamar los derechos de su menor hijo o hija.

 

En este sentido, la madre adolescente, mayor de 14 años, tiene plenitud para ser ella quien dé los datos de los verdaderos progenitores al profesional de la salud que expide el certificado de nacimiento de su hijo o hija, como a ser quien directamente demande  judicialmente al padre de su hijo o hija, y en caso de negativa o renuencia a sus familiares, por gastos de embarazo y parto, alimentos, tenencia y filiación acogiéndose al procedimiento de filiación extramatrimonial abreviado previsto en la Ley 28457, materias que abordaremos en nuestras siguientes entregas.

Acaso lo ideal es que la maternidad concurriera cuando menos con la mayoría de edad.

 

 

Pero, si la maternidad ocurrió en la plenitud de la adolescencia, a pesar del trastocamiento  familiar y personal que ello pueda significar en sus planes o en los que para ella hubiéramos previsto los progenitores, lo mejor es acogerlas, brindándoles el mayor apoyo posible, fortaleciendo de la mejor forma posible su autoestima como el mejor conocimiento de sus derechos frente a los progenitores, sus familiares, sus educadores, el entorno en general y por supuesto en sus nuevas obligaciones y responsabilidades como madre, sublime y divino rol que no tiene porque ser un freno en su realización sino en contrario la mas poderosa de las razones para concretar las aspiraciones personales. 

 

 

Ricardo Ayala Gordillo

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Lima, 21 de Abril del 2013

DERECHO A COPIAS DEL EXPEDIENTE (II): PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS

En esta parte consideramos de suma utilidad diferenciar la interpretación restrictiva contenida en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ciudadana de la restricción a un expediente que se hallan en investigación; en el mismo orden de ideas puesto en la primera parte de este artículo, dicha norma es Ley general pues faculta a que cualquier ciudadano acceda al expediente como a recabar copias sin expresión de causa  uso, es a éste amplio acceso ciudadano al cual se refiere el artículo restrictivo cuando el expediente se halla en investigación.

 

Otro es el caso del derecho del procesado administrativa disciplinariamente quien invocando la Ley especial por la cual se le procesa y por su condición de tal está rodeado de la garantía que le confiere el principio de defensa y del debido proceso para solicitar copias, -vamos a suponer del mismo expediente restringido a los demás ciudadanos-, para conocer la certeza en que la administración basa el cargo que le ha sido imputado y sus antecedentes, sin cuyo cabal conocimiento tendría una defensa restringida puesto que tiene sólo entre 5 ó 15 días para formular su descargo, según sea el Decreto Supremo que regule su proceso, parte de los cuales, los empleará para pedir y obtener copias, plazo notoriamente menor al que cuenta la CPPAD con acceso al expediente, además de los 30 días en que dura el proceso a su cargo al cual muchas veces se adiciona todo el tiempo anterior a su apertura, que algunas veces incluso es cercano a un año, lo cual, resulta evidentemente ni es proporcional ni es razonable.

 

Imagínemos lo sumamente diminuto que podría resultar este último plazo si un procesado mal orientado o desconocedor de sus derecho solicita por mesa de partes de la entidad, y esta lo evacuara con un trámite distinto al legalmente establecido, confiriéndole un trámite engorroso desde el acuso de recibo hasta la respuesta al solicitante.

 

Si el principio del debido procedimiento, implica el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, proceder o decidir afectando alguna de las características del debido procedimiento, configura viciar del acto administrativo causando su nulidad de pleno derecho, así lo ha previsto el primer numeral del artículo 10° de la 27444 · “contravención a la Constitución , a las leyes o a las normas reglamentarias.”

 

De donde, si la actuación de quien representa a la administración pública  obstaculiza o impide que la otra parte pueda enterarse debidamente de lo actuado, ocasiona su indefensión, lo que en última instancia constituye una trasgresión al  derecho a la legítima defensa que la Constitución consagra, y vicia de nulidad el procedimiento.

 

En esta parte consideramos de suma utilidad la cita que formula nuestro colega el Abogado Ricardo Antonio Vereau Montenegro recordando : “…Cualquiera que hubiera sido sancionado dentro de estos “esquemas” se encuentra plenamente facultado para demandar esta nulidad tanto en la misma vía administrativa como en la judicial. Ello sin dejar de lado que, estando reconocido en la Carta Magna el derecho a la legítima defensa, procede ejercitar el proceso constitucional de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37° inciso 25 y demás concordantes del Código Procesal Constitucional…”

 

Complementa la exigencia del derecho derivada de la Ley especial el procedimiento general aplicable supletoriamente contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo General:

 

El especial concesio de las copias al procesado como parte de la conducción del debido proceso administrativo disciplinario guarda luego íntima relación con el artículo 160º de la Ley 27444 cuya aplicación debe concordarse entre otros con los principios del Derecho administrativo sancionatorio que supletoriamente puedes verificar en el  Tٳtulo Preliminar (Artículo IV) como los que regulan la Potestad Sancionadora  (a partir del artículo 230º ) de la referida Ley General del Procedimiento Administrativo General.

 

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Lima, 21 de Abril del 2013

DERECHO A COPIAS DEL EXPEDIENTE (I): PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS

¿Como se defiende el procesado si le limitamos el acceso integral de los hechos que constituyen el cargo imputado?

El derecho a la debida defensa consiste, entre otros, en un catálogo de derechos de rango constitucional, que dentro de un proceso administrativo disciplinario se operativiza, desde el ser oportuna y debidamente notificado para ejercer la contradicción procesal con las garantías suficientes que permitan al procesado coordinar y articular su defensa con el Abogado de su elección –cuando las circunstancias y su economía se lo permita-, para ello les resulta indispensable conocer con suficiencia los antecedentes en los cuales se sustenta el cargo que pesa contra él y pueda presentar sus descargos formulados dentro del breve plazo que la Ley le establece.

 

 

De allí que, cuando la Ley confiere a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios la prerrogativa de conducir el proceso administrativo disciplinario, desde la notificación con la resolución que abre el proceso no sólo le confiere hacer las investigaciones del caso solicitando los informes respectivos, examinar las pruebas que se presenten y elevar un informe al titular de la entidad recomendando las sanciones que sean de aplicación, sino y aunque la norma especial no lo dice expresamente, desde antes, desde la designación como miembro de la CPPAD le confiere la responsabilidad además de velar porque esas atribuciones sean desplegadas no sólo dentro del breve articulado del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley especial que regula a cada régimen laboral sino el conocimiento suficiente que le permita  concordar y remitirse cuando resulte necesario a la revisión y aplicación de otros artículos de las misma Ley especial y su Reglamento, de la Constitución, de determinadas Leyes  Generales y, esencialmente, a los Principios Generales del Derecho cuya interpretación y recordación es reiteradamente invocada en las sentencias que expide el Tribunal Constitucional lo cual implica la incorporación de la técnica del precedente constitucional vinculante que no sólo alcanza y resulta exigible a los operadores judiciales, sino a quienes en la administración pública como servidores y funcionarios que conforman las Comisiones de Procesos Administrativo Disciplinario, Titulares de entidades, Abogados, Administradores, Jefes de Personal que, de acuerdo a las atribuciones delegadas, visan o emiten las correspondientes opiniones o proyectan o suscriben las Resoluciones; como por cierto al procesado.

 

 

Cómo podría ejercer su debida y suficiente derecho a la defensa a quien sólo se le concede, por un tiempo determinado, el derecho a la lectura de un voluminoso expediente, algunas veces, de contenidos técnicos, citas y articulados legales cuya comprensión en algunas ocasiones está limitada inclusive a colegas especializados en otras ramas del derecho, cuando el procesado o su abogado requieren estudiarlo, lo cual implica escudriñar, cotejar su contenido con otros documentos con el tiempo y amplitud suficiente de la privacía que requiere la elaboración de la defensa.