CPPAD : AUTORIDAD COMPETENTE, REPRESENTANTE DE TRABAJADORES ATRIBUCIONES


 

Consulta :

El Reglamento del Decreto Legislativo 276, en los Artículos 164º, 167º y 170º, referentes a los Procesos Administrativos Disciplinarios, hablan de Titular de la Entidad como la persona que actúa ante una falta administrativa. Sin embargo, en el artículo 173º, de la misma norma, refiere a Autoridad Competente. Me podría decir cual es la diferencia entre estos dos términos o es la misma, porque tengo entendido que el legislador debió continuar mencionando Titular de la Entidad o del Pliego y no Autoridad Competente en todos los Artículos. Le manifiesto esto, por lo siguiente:

1.- En marzo del 2008, mi superior inmediato emitió un informe indicando mi presunta falta administrativa y opinó que se me aperture proceso, poniéndome además a disposición de personal. Contraviniendo el Artículo 172º de la citada ley. Toda vez que hasta la fecha me encuentro en investigación y no en proceso administrativo.

2.- Al informe emanado, al día siguiente, el Subgerente de Personal, me envía un memorándum, rotándome de área.

3.- El mismo funcionario me cita en junio 2008, para rendir mi manifestación por los hechos informados por el Subgerente de Rentas y emite un detallado informe, al Gerente de Administración, recién en agosto del 2008, donde concluye que la presunta falta cometida por mí, es suficiente para configurarse como falta grave y recomienda elevar los actuados a la CPPAD.

4.- El Gerente de Administración, mediante proveído, eleva al Gerente Municipal, quien a su vez, con un Memorándum de fecha 08 de agosto 2008, lo remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, para que actúe de acuerdo a su competencia. Y de ahí hasta la fecha, no se ha tocado mi expediente.

Por otro lado, en mérito, al Artículo 152º del la ley materia de mi consulta, indica que… la calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, según sea el caso. ¿No cree usted, que el Subgerente de Personal, también ha contravenido la ley, al adelantar opinión?, ¿qué medidas puedo tomar? y qué es lo que debe argumentar mi defensora, es decir la representante de los trabajadores, ante esta Comisión?

A la fecha me encuentro en una incertidumbre que a veces no me deja dormir. Cuándo el expediente está uno, dos o tres años, en poder de la CPPAD, sin que se pronuncie al respecto, estaríamos hablando de abuso de autoridad y desprotegiendo al trabajador?

Cuando se habla de la prescripción ¿el Legislador, está protegiendo al trabajador, cuando se refiere a Autoridad Competente y no Titular de la Entidad?.

Le agradeceré absolver mi consulta Dr. Ayala.

Apreciado lector :

  1. De acuerdo a los artículos que citas, Titular de la entidad y Autoridad Competente se refiere a la misma autoridad facultada para abrir proceso administrativo disciplinario como a la que por excepción se delega tal atribución como previene el Art. 167º “..o del funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto”.

 

  1. En el caso de las municipalidades “titular de la entidad” o autoridad competente para emitir el proceso abrir proceso administrativo disciplinario es el Alcalde.

 

  1. La Ley es clara en que tal atribución es factible delegar. La delegación debe estar contenida en una Resolución de Alcaldía emitida con arreglo a Ley.

 

  1. La siguiente glosa de sentencia del Tribunal Constitucional puede ilustrarte: “Respecto al alegato del demandante de que la emplazada lo ha venido hostilizando y de que su cese temporal se produjo por su enemistad con el Alcalde, ello no ha sido probado en autos. Por otra parte, respecto a que la resolución que dispuso su cese temporal fue expedida por el Gerente Municipal, y no por el Alcalde, como correspondía, a fojas 15 del cuaderno del Tribunal, corre la Resolución de Alcaldía N.° 052-2004-MPPA-A, expedida el 20 de febrero de 2004, en virtud de la cual el Alcalde delegó atribuciones administrativas al Gerente Municipal, de conformidad con el artículo 20°, inciso 20), de la Ley N.° 27972, Orgánica de Municipalidades, a fin de que instaure procesos administrativos y expida resoluciones absolutorias y sancionadoras en los procesos que viene conociendo la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Por consiguiente, de autos se encuentra plenamente acreditado que la sanción de cese temporal cuestionada por el demandante proviene de un proceso regular y que ha sido impuesta por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones” (EXP. N.° 3043-2004-AA/TC UCAYALI ROGER PINEDO FLORES SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL).

 

  1. El jefe inmediato o también la CPPAD constituyen la autoridad competente prevista para calificar la gravedad de la falta que describe el Artículo 152º.- La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD), según corresponda. Los elementos que se consideran para calificar la falta serán enunciados por escrito.

 

  1. Esta regla confirma que no todas las conductas constitutivas de faltas necesariamente pasan a la CPPAD. Ç

 

  1. Las que configuran faltas leves tienen por autoridad competente al Jefe inmediato para proponer la sanción y al superior a él para confirmarla prevista para el caso de sanciones de amonestación verbal o escrita y la suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días.

 

  1. Tu defensa puede correr sólo a tu cargo aunque siempre es recomendable que la asuma el Abogado especializado que tú o tu gremio puedas contratar.

 

  1. Es un error consuetudinario pensar que el representante de los trabajadores es el defensor del trabajador lo cual no es así.

 

  1. El representante de trabajadores al igual como a todos los demás integrantes de la comisión de la CPPAD le asiste la obligación de velar porque las actuaciones del órgano colegiado que él integra sea estricto respecto al debido proceso administrativo y a la Ley; en caso de verificar que algunas de las actuaciones de los otros miembros no fueran, así le corresponde dejarlo asentado y firmado en la respectiva Acta, de igual modo como debe proceder cuando no compartiese la motivación de las opiniones adoptadas por la mayoría, formulando y suscribiendo  sustentando su posición.

 

  1. En el caso que expones, si bien parte de las actuaciones anteriores pudieron haberse prescindido, lo que hoy te corresponde es verificar si el Gerente Municipal cuenta con facultad delegada para abrir proceso administrativo disciplinario, de ser así, el plazo para la prescripción de apertura del proceso administrativa corre desde la fecha en que él conoció que dicho hecho constituye falta. Si así fuera, de acuerdo a las fechas que citas éste vencería el 8 de agosto del 2009.

 

  1. “En consecuencia, constituye requisito sine qua non, para saber si ha prescrito o no la acción administrativa, determinar en qué momento la autoridad administrativa competente, en el caso de autos, tomó conocimiento de las faltas imputadas al accionante”. (EXP. N.° 0745-2003-AA/TC AYACUCHO NERIO JANAMPA ACUÑA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL)

 

  1. En la redacción de normas es válido que el legislador emplee términos con igual sentido a efectos de evitar cacofonías o redundancia.

 

  1. La prescripción preserva el derecho a la tranquilidad laboral del servidor como de la Administración Pública a procesar administrativamente y de ser el caso a sancionar, estableciendo para ello el plazo perentorio y común de un año.

 

  1. La CPPAD y el titular de la entidad cuentan con el plazo de un año para calificar e informar y determinar, respectivamente, si se abre PAD o no, vencido dicho plazo opera la prescripción administrativa a favor del servidor y la responsabilidad administrativa por omisión o retardo por parte de aquellos.

 

  1. Lo importante es que si te abren proceso administrativo disciplinario dentro de él puedas desvirtuarlo totalmente o en el peor de los casos que la sanción que eventualmente te fueran a imponer te resulte la mas benigna posible.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

asesoriadefensa@yahoo.es

www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Teléfonos de contacto:

Celular:   985  335 085 (Movistar)

                   991  264 631  (Claro)

 

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCILINARIO/ GESTION PUBLICA

10 setiembre 2009

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Acerca de ricardoayalagordillo

Nacido en Lima - Perú. Abogado graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima . Miembro activo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima con Registro CAL 26112 . Colegiado desde el año 1997. Estudios de Post Grado en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y Auditoría Gubernamental. Egresado de Maestría en Gestión de Políticas Públicas Ejerzo el Derecho con preferencia en Derecho Administrativo, Familia y Civil. Me he desempeñado como Auditor Gubernamental Jefe reconocido como tal por la Contraloría General de la República. Durante esta función, se creó la Oficina de Control Interno y evidenciado diversidad de actos de corrupción. Me he desempeñado también como Abogado, Asesor Legal Jefe y Directivo en Hospitales, Institutos Especializados, Dirección de Salud e Inspectoría General del Ministerio de Salud en Lima, Perú. Actualmente me desempeño como Asesor Legal de Titular de entidad del Estado y en la actividad privada comparto actividades como consultor, expositor, asesor y defensor con colegas que ejercen especialidad en otras ramas del Derecho y de profesiones vinculadas a la materia de la consulta.

5 Respuestas a “CPPAD : AUTORIDAD COMPETENTE, REPRESENTANTE DE TRABAJADORES ATRIBUCIONES”

  1. caro dice :

    POR FAVOR, ME PUEDE SEÑALAR CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CEPAD) Y, LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CPPAD), CON FUNDAMENTO JURÍDICO.

  2. maria esther nomberto escobar dice :

    deseo tener mayor informacion de la funcion del representante de los trabajadores ante la comision permanente de procesos administrativos discipinarios

  3. Ricardo Ayala dice :

    Querida Maria Esther

    Con cargo a ampliar mi respuesta

    Te adelanto mi alcance

    Lo primero que debe hacer el representante de los trabajadores es leer el D.Leg. 276 y su Reglamento

    De dichas normas incidir en conocer los derechos, deberes y obligaciones de los trabajadores y esencialmente el proceso disciplinario

    Mucho mejor si se capacita en esta función
    en los eventos académicos la casuística y expriencia de los ponentes enriquede y hace mas didáctico el aprendizaje

    Lo anterior se explica por cuanto no es en realidad el abogado o defensor de los trabajadores como erróneamente suele sostenerse pero sí hace una labor muy importante en torno a los trabajadoes como respecto a quienes son procesados
    VELAR PORQUE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SEA ARREGLADO A LEY si ello no ocurre DEBE DECLARARLO EXPRESAMENTE en las sesiones que participe y dejar expresa constancia de su discrepancia en el respectivo libro de Actas, lo cual difícilmente podría hacer si desconociese las normas como el procedimiento antes indicado.

    Gracias por escribir

  4. JORGE HUAPAYA dice :

    Dr. Ayala, favor de ampliar el comentario de como desvirtuar un proceso que ya fue instaurado. En mi caso yo estuve en el hospital x un accidente de trabajo y a mi regreso se me notifico de la apertura del proceso, me parece que no se ha realizado una investigacion adecuada, en todo el tiempo que estuve fuera no se me comunico nada. Muchas gracias

  5. Ricardo Ayala dice :

    Apreciado Jorge

    Te voy a adelantar parte del artículo que vengo elaborando, que coincide con lo relacionado al proceso y presentación del descargo.

    Se trata de un comentario a la norma especial concordado con la Ley del Procedimeinto Adminstrativo General

    Espero que te resulte de utilidad

    Exitos en tu cometido

    Ricardo Ayala
    • CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE Y DERECHO A OBTENER COPIAS : Es claro que para defenderme previamente debo tener conocimiento pleno de lo que se me acusa. De allí que desde que se emitió la resolución instaurando proceso el expediente debe estar a cargo de la CPPAD. Lo dicho se explica porque si bien es verdad que la Resolución debe necesariamente contener en la parte considerativa el hecho o hechos como la falta o faltas administrativas disciplinarias imputadas, ellas son únicamente la referencia genérica al detalle de los cargos atribuídos al procesado cuyas pruebas ameritan ser conocidas y verificadas, de manera directa por el procesado o por la persona a quien él hubiera designado como su apoderado o Abogado, de manera que puedan evidenciar su originalidad como los aspectos que considere tener en consideración para formular su descargo aceptando su responsabilidad parcial o total o rechazarlos de plano. Por la brevedad del plazo, el procesado tiene derecho al acceso del expediente cuantas veces lo requiera, asimismo, a que se le haga entrega de copias certificadas de todo el expediente o de la parte relacionada específicamente a él, la cual debe serle proporcionada en el mismo instante en que el procesado, sus representantes o abogados, debidamente acreditado, lo solicite verbalmente.
    • El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha determinado que, la negativa de acceso al expediente, como la no entrega o entrega tardía de copias constituye una afectación al derecho a la defensa como al debido proceso y puede conllevar la nulidad del proceso como de la sanción impuesta además de aparejar responsabilidad respecto de quienes así procedieron.
    • De otro lado, nuestra posición es que las copias del expediente no debieran significarle costo alguno al procesado puesto que son solicitadas para ejercer su derecho a la defensa sobre un hecho muchas veces imprevisible a él; siendo por ello dicha situación diferente al pedido de copias de documentos cuando se realiza invocando la Ley de Transparencia cuya información puede ser usada para diversidad de usos, desde educativos hasta comerciales.

    (D.S. 005-90-PCM
    Artículo 168º.- El servidor procesado tendrá derecho a presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente en su defensa, para lo cual tomará conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso.

    Ley 27444

    Artículo 160.- Acceso a la información del expediente
    160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del Artículo 20 de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente.
    160.2 El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental.

    Artículo 55.- Derechos de los administrados
    Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes:
    1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso.
    2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados.
    3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley.
    4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características.
    5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.
    6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad.
    7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.
    8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.
    9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés.
    10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.
    11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.
    12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente, y
    13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes.

    • EL DESCARGO DOCUMENTADO:

    (D.S. 005-90-PCM
    Artículo 169º.- El descargo a que se refiere el articulo anterior, deberá hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas con que se desvirtúen los cargos materia del proceso o el reconocimiento de su legalidad. El término de presentación de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se prorrogará cinco (5) días hábiles más.

    Ley 27444
    Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento
    Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:
    1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental
    2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.
    3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.
    4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
    Artículo 57.- Suministro de información a las entidades
    57.1 Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento.
    57.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la instrucción.
    Artículo 58.- Comparecencia personal
    58.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley.
    58.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos.
    58.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada.
    Artículo 59.- Formalidades de la comparecencia
    59.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente:
    59.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente;
    59.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia;
    59.1.3 Los nombres y apellidos del citado;
    59.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia;
    59.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y,
    59.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento.
    59.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados.
    59.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados.
    Artículo 60.- Terceros administrados
    60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.
    60.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley.
    60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.

    Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar
    40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga:
    40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.
    40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado.
    40.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados.
    40.1.4 Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal o por razones de seguridad nacional. Los administrados tendrán libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas las fotografías, con excepción de los casos de digitalización de imágenes.
    40.1.5 Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad. Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según corresponda.
    40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.
    40.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles.
    40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata.
    40.2 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para presentar espontáneamente la documentación mencionada, de considerarlo conveniente
    Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento
    Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:
    1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental
    2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.
    3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.
    4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
    Artículo 42.- Presunción de veracidad
    42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
    42.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que los hayan expedido.
    Artículo 43.- Valor de documentos públicos y privados
    43.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades.
    43.2 La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que éstos, siempre que exista constancia de que es auténtico.
    43.3 La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario, tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica.

    • INFORME ORAL, PERSONAL O POR REPRESENTANTE O ABOGADO : El término “podrá” implica que se trata de una facultad de la cual puede o no hacer uso el procesado directamente o a través de su representante o su abogado. En cambio el término “deberá” es imperativo no sujeto a facultad de la CPPAD ni del procesado. Informar oralmente es un acto facultativo. De modo que para hacer uso de Informar oralmente es mejor solicitarlo por escrito , caso en el cual la CPPAD tiene la obligación de señalar fecha y hora para que informe con la amplitud del caso. De ser solicitado y no concedido por la CPPAD se incurre en nulidad y responsabilidad. Sin embargo, si no es solicitado por el procesado éste no puede alegar afectación a dicho derecho. Puede también ser concedido de Oficio por la CPPAD, por lo general cuando requiere se aclaren determinados extremos. La Ley no señala la fecha cierta en la cual el procesado, puede pedir informar oralmente ante la CPPAD. Lo que sí es claro es que, debe ser luego de la presentación del descargo y mucho antes que fuera a emitir su Informe Final. En nuestra opinión, el procesado ni la CPPAD debería soslayar esta etapa por ser muchas veces crucial en la recomendación que finalmente se fuera a adoptar. De otro lado, en mi opinión , aún cuando la Ley no regula, el procesado también puede procurar entrevistarse con cada uno de los miembros del Comité, de modo análogo como un litigante puede exponer su posición ante un Juez o ante los jueces a que componen una Sala del Poder Judicial antes que procedan a dictar sentencia; a efectos que cuando lleguen a votar, tengan una posición mas clara sobre el hecho.

    (DS 005-90-PCM
    Artículo 171º.- Previo al pronunciamiento de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios a que se refiere el artículo anterior, el servidor procesado podrá hacer de sus derechos a través de un informe oral efectuado personalmente o por medio de un apoderado, para lo que se señalará fecha y hora única.

    • INVESTIGACION, INFORME FINAL Y RECOMENDACIÓN: Desde la fecha en que ha sido notificado el procesado con la Resolución de instauración del proceso administrativo, la CPPAD debe recibir el expediente administrativo conteniendo los respectivos originales o copias debidamente fedateadas, siendo aconsejable que verifique que: 1) la notificación se haya realizado con las formalidades de Ley, 2) Que la Resolución no se encuentre afectada por el plazo prescriptorio; 3) Que el expediente se encuentre debidamente ordenado y foliado. De verificar alguno de estos elementos , debe emitir el correspondiente informe o requerimiento de subsanación, cuando corresponda. La CPPAD es autónoma en el desempeño de sus funciones, por tanto, no es legal que se limite a reproducir los argumentos esgrimidos por el titular de la entidad, el OCI o algún otro funcionario público, debe motivar cada una de sus decisiones. Si bien puede corroborar lo expuesto por aquellos, también es posible que los cargos puedan ser desvirtuados en todo o en parte con el descargo presentado por el procesado o con los documentos que posea la entidad u obtenga durante la investigación. El marco legal dentro del cual debe emitir su informe final debe ser congruente con el que se le abrió proceso administrativo disciplinario. En los casos de los CPPAD que no son a dedicación exclusiva, es aconsejable que se establezca un cronograma de trabajo de manera que anteladamente se garantice la participación de sus miembros como la oportuna actuación de la investigación. De cada sesión debe levantarse el Acta respectiva. Al término de la investigación y de manera previa a la emisión del informe final es recomendable que la CPPAD revise los principios que regulan la potestad sancionadora como el debido procedimiento administrativo como aplicable lo referido para los actos de instrucción tratados por la Ley 27444 y de manera especial, los criterios establecidos para sancionar . La CPPAD no sanciona; no emite dictamen ni Resolución. Emite Informe final, debidamente motivado pronunciándose sobre cada uno de los argumentos esgrimidos en su descargo por el procesado, con los cuales formulará sus conclusiones y recomendaciones de absolver o sancionar al procesado con cualquiera de las medidas establecidas en el Artículo 155º del D.S. Nº 005-90-PCM.

    (DS 005-90-PCM
    Artículo 170º.- La Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del titular de la Entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse.

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