DERECHO A COPIAS DEL EXPEDIENTE (I): PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS


¿Como se defiende el procesado si le limitamos el acceso integral de los hechos que constituyen el cargo imputado?

El derecho a la debida defensa consiste, entre otros, en un catálogo de derechos de rango constitucional, que dentro de un proceso administrativo disciplinario se operativiza, desde el ser oportuna y debidamente notificado para ejercer la contradicción procesal con las garantías suficientes que permitan al procesado coordinar y articular su defensa con el Abogado de su elección –cuando las circunstancias y su economía se lo permita-, para ello les resulta indispensable conocer con suficiencia los antecedentes en los cuales se sustenta el cargo que pesa contra él y pueda presentar sus descargos formulados dentro del breve plazo que la Ley le establece.

 

 

De allí que, cuando la Ley confiere a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios la prerrogativa de conducir el proceso administrativo disciplinario, desde la notificación con la resolución que abre el proceso no sólo le confiere hacer las investigaciones del caso solicitando los informes respectivos, examinar las pruebas que se presenten y elevar un informe al titular de la entidad recomendando las sanciones que sean de aplicación, sino y aunque la norma especial no lo dice expresamente, desde antes, desde la designación como miembro de la CPPAD le confiere la responsabilidad además de velar porque esas atribuciones sean desplegadas no sólo dentro del breve articulado del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley especial que regula a cada régimen laboral sino el conocimiento suficiente que le permita  concordar y remitirse cuando resulte necesario a la revisión y aplicación de otros artículos de las misma Ley especial y su Reglamento, de la Constitución, de determinadas Leyes  Generales y, esencialmente, a los Principios Generales del Derecho cuya interpretación y recordación es reiteradamente invocada en las sentencias que expide el Tribunal Constitucional lo cual implica la incorporación de la técnica del precedente constitucional vinculante que no sólo alcanza y resulta exigible a los operadores judiciales, sino a quienes en la administración pública como servidores y funcionarios que conforman las Comisiones de Procesos Administrativo Disciplinario, Titulares de entidades, Abogados, Administradores, Jefes de Personal que, de acuerdo a las atribuciones delegadas, visan o emiten las correspondientes opiniones o proyectan o suscriben las Resoluciones; como por cierto al procesado.

 

 

Cómo podría ejercer su debida y suficiente derecho a la defensa a quien sólo se le concede, por un tiempo determinado, el derecho a la lectura de un voluminoso expediente, algunas veces, de contenidos técnicos, citas y articulados legales cuya comprensión en algunas ocasiones está limitada inclusive a colegas especializados en otras ramas del derecho, cuando el procesado o su abogado requieren estudiarlo, lo cual implica escudriñar, cotejar su contenido con otros documentos con el tiempo y amplitud suficiente de la privacía que requiere la elaboración de la defensa.

 

 

No obstante lo anterior, no deja de ser infrecuente el reclamo de procesados por denegatoria de copias del expediente administrativo con el concesorio de sólo poderlo leer en la entidad alegando que la restricción obedece a hallarse los actuados en proceso de investigación.

 

 

En contraparte, no es ajena también la preocupación de miembros de la CPPAD que lo menos que esperan es resultar siendo quejados o denunciados administrativa, penal o constitucionalmente, por vulneración del derecho a la defensa.

 

 

Como sabemos la CPPAD puede recomendar hasta la destitución del procesado, lo cual no sólo implica la pérdida total del empleo sino conlleva la inhabilitación hasta por 5 años para poder laborar en cualquier otra dependencia del Estado, con el consiguiente desamparo económico de los suyos.

 

 

Esta elemental razonabilidad y proporcionalidad explica cómo, ante el vacío de la Ley especial acuda en su auxilio supletorio el artículo 160º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General disponiendo que el administrado (para el caso, el procesado) tiene derecho a pedir hasta verbalmente y obtener copias certificadas, sin mayor formalidad que la que dé cuenta de su entrega inmediata, gratuitamente y por parte de quien lo posee.


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Lima, 21 de Abril del 2013

 

 

 

 

22/09/12

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Acerca de ricardoayalagordillo

Nacido en Lima - Perú. Abogado graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima . Miembro activo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima con Registro CAL 26112 . Colegiado desde el año 1997. Estudios de Post Grado en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y Auditoría Gubernamental. Egresado de Maestría en Gestión de Políticas Públicas Ejerzo el Derecho con preferencia en Derecho Administrativo, Familia y Civil. Me he desempeñado como Auditor Gubernamental Jefe reconocido como tal por la Contraloría General de la República. Durante esta función, se creó la Oficina de Control Interno y evidenciado diversidad de actos de corrupción. Me he desempeñado también como Abogado, Asesor Legal Jefe y Directivo en Hospitales, Institutos Especializados, Dirección de Salud e Inspectoría General del Ministerio de Salud en Lima, Perú. Actualmente me desempeño como Asesor Legal de Titular de entidad del Estado y en la actividad privada comparto actividades como consultor, expositor, asesor y defensor con colegas que ejercen especialidad en otras ramas del Derecho y de profesiones vinculadas a la materia de la consulta.
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