Por  RICARDO AYALA GORDILLO

  • Carlos consultó:

Dr. gracias por su respuesta.
Se me sancionó administrativamente de forma injusta en mi UGEL suspendiéndome en mis labores como docente por 30 días sin goce de haber, luego de interponer recurso de reconsideración se me absuelve de los cargos imputados.

Pese de haber comunicado a la oficina de personal no me habilitaron el pago de ese mes de suspensión.

Mi pregunta es ¿que procedimiento debo realizar para que se me reconozca el pago de mis haberes?
Le deseo muchos éxitos.

Gracias.

Todo cambio de titular de pliego, entidad, Gerencia, Directorio o Jefatura implica la necesaria  pronta  entrega y respectiva recepción de cargos por parte de los salientes a los nuevo gestores, en cuyo decurso muchos apremian los asuntos pendientes de resolver,  de los cuales no están exentos los expedientes que tienen a su cargo las CPPAD como de las CEPAD.

En esta premura,  no podrían faltar los informes finales de las CEPAD proponiendo imponer sanciones  prescindiendo de un prolijo análisis de cada caso en particular que en tales términos haya conducido a que el titular de la entidad emita las correspondientes resoluciones sancionando a los servidores o funcionarios incursos.

Si bien es cierto que la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece  que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, como sostiene en los siguientes artículos:.

Artículo 16°, numeral 16.1 que : El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

16.2. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz que las resoluciones deben ejecutarse

Artículo 192°.- Los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.

Artículo 216°.- Suspensión de la ejecución

 

216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma

legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

 

Esa es la regla.

Mas, la misma Ley ha establecido una excepción a dicha regla.

Dichas excepción es la SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO la cual, previa ponderación, por parte de la autoridad competente llamada a resolver la apelación, puede ser concedida, DE OFICIO o A PEDIDO DE PARTE, cuando concurren   algunas de las siguientes condiciones:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

Lo anteriormente expresado fluye del Artículo 216º de la refereida Ley 27444:

s216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien

competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la

ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes

circunstancias:

 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

 

216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido.

216.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean

necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de

terceros y la eficacia de la resolución impugnada.

 

216.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o

el correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad

administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo

las cuales se decidió.

La Ley 27444 en el artículo 216  numeral 216.5 deja abierta la posibilidad que la autoridad administrativa pudiera disponer la suspensión de la ejecución de la sanción no solamente hasta el agotamiento de la vía administrativa (hasta la emisión de la resolución relacionada al recurso administrativo) sino extenderse inclusive durante el trámite del correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial dispusiera lo contrario.

¿Quien es la autoridad competente para conceder la suspensión?

La Ley 27444 establece que es la autoridad a quien competa resolver el recurso la apelación.

De tal modo, para este año 2012, para los trabajadores del Gobierno Central sería el Tribunal de Servicio Civil.(TSC) cuyas funciones se regulan con el Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil .

Para los trabajadores de los Gobiernos Locales y Regionales, las reconsideraciones (no cabe la apelación por ser única instancia) seguirán siendo resueltas por el titular de la entidad.

Confiamos que esta asunción de competencia por parte del TSC pudiera ampliarse al universo de servidores y funcionarios públicos que este año estuvieron exceptuados de su alcance este año, por cuanto, como puede observarse de los precedentes vinculantes y sobre todo de las Resoluciones que viene emitiendo el TSC en un razonable plazo, en los casos que corresponde, obtienen un pronunciamiento justo y sobre todo oportuno, en tanto a quienes están aún exentos de su competencia  se les expone a  la inequidad de  afrontar un camino incierto en resultado que en el grueso de los casos los conducirá a recurrir a un Poder Judicial que actualmente afronta una nueva larga huelga, al que seguirán  las vacaciones judiciales y el suplicio que significa esperar el lento avance de los procesos por la altísima carga de expedientes que tiene cada juzgado.

Este procedimiento es respetado y recogido incluso por el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM. El Peruano, 18.03.2011m Reglamento de la Ley Nº 29622, denominado “Reglamento de Infracciones y sanciones para la Responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control” posición legal que confirma cuanto sostenemos; sin embargo, SERVIR ha emitido una opinión legal “vinculante” por la cual las entidades públicas se ven compelidas a ejecutar las sanciones impuestas precisando que la apelación no suspende la ejecución de aquella, en tanto las medidas cautelares aparejadas a las apelaciones son resueltas por lo general casi en simultáneo con la impugnación; consideración por la cual,   la única alternativa a la cual el sancionado podría echar mano, es verse compelido a interponer, una acción de amparo en sede judicial.

¿La suspensión de la sanción sólo interesa al sancionado o también a la autoridad?

A diferencia de lo que suele pensarse, la suspensión de la sanción no es únicamente de interés del administrado sino también de la autoridad administrativa que por acción u omisión dictase una resolución viciada, entre otros, porque podría verse incursa los siguientes 4 aspectos :

 

  • En los casos que se incurra en Temeridad Procesal. (DS 008-2010-PCM   Artículo 29.- Temeridad Procedimental   Actúa con temeridad procedimental:    b)  La  autoridad  que  sostiene  ante  el  Tribunal  una  posición  carente  de  fundamento  jurídico evidente o contraviniendo los precedentes de observancia obligatoria establecidos por el Tribunal. d) Quien presenta información falsa o inexacta ante el Tribunal).
  • Responsabilidad  (Artículo 30.- Responsabilidad por inconducta procedimental   Quienes  incumplan  con  sus  deberes  de  conducta  procedimental  o  actúen  temerariamente asumirán  responsabilidad  administrativa,  previo  procedimiento  administrativo  disciplinario.  El procedimiento  disciplinario  se  tramitará  en  su  entidad,  a  requerimiento  del  Tribunal,  debiéndosele informar del resultado.             Ley 27444  Artículo 243°.- Autonomía de responsabilidades 243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.243.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrato.).
  • Indemnización (Ley 27444 Artículo 205°.- Indemnización por revocación  205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero  cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede  judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o  anulación. Responsabilidad de la administración pública. Artículo 238°.- Disposiciones Generales  238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de  toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la  administración.     238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o  por resolución judicial no presupone necesariamente del funcionamiento de la  administración.    238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. 238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.      238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo.     238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente  de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran  incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la  responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable  el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.)
  • Costos (Artículo 31.- Costos del procedimiento  De resultar el apelante favorecido con el pronunciamiento del Tribunal corresponderá a la entidad emisora  del  acto  impugnado  reembolsar  los  costos  del  procedimiento,  entendiendo  como  tal  a  los honorarios del abogado del administrado. De la misma forma, de ratificar el Tribunal los alcances del acto impugnado corresponderá al administrado efectuar estos reembolsos a favor de la entidad suscriptora del acto  apelado.  Para  este  efecto  se  presentará  dentro  del  tercer  día  de  notificada  la  resolución,  la liquidación de sus costos debidamente sustentados para  la aprobación del Sala que  tuvo a su cargo el caso).

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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22 de Setiembre  2011

Categoría : Procedimiento Administrativo General / Proceso Administrativo Disciplinario

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