Cuando usted dice ¡Me han sustraído la billetera! Indudablemente está denunciando una pérdida, por lo general irreparable; en el caso del ejemplo, de su billetera.

 

 

Hemos querido iniciar con este común ejemplo para procurar familiarizar al lector cual es el efecto cuando el  Juzgador, en este caso, el Tribunal  Constitucional con la Jurisprudencia que hoy nos ilustra declara que se ha producido la : Sustracción de la Materia.

 

 

 

Hay sustracción de la materia en casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho, el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción.

 

 

 

Cuando el procesado administrativa disciplinariamente considera no arreglada a Ley la sanción  impuesta por la Administración Pública; la Ley le confiere el derecho de cuestionar dicha decisión en sede administrativa interponiendo el recurso administrativo que la Ley le franquea y dentro de tal contexto pedir inclusive de manera previa, que se suspenda la eficacia de la sanción hasta que se agote la vía, a fin de evitar que la medida o daño se torne irreparable.

 

 

 

De no prosperar la impugnación ni la concesión de la suspensión puede recurrir al Poder Judicial, a través del proceso contencioso administrativo, proceso que según la mayor carga procesal y o la debida diligencia a cargo del Juez que conozca la su causa, puede durar, entre uno a cinco años.

 

 

Es en este contexto que, el Código Procesal Constitucional aprobado con Ley Nº 28237  franquea -antes mas que ahora- la posibilidad que el interesado pueda acudir al Poder Judicial haciendo uso de la vía constitucional interponiendo Demanda de Acción de Amparo, que originariamente fue prevista en la Ley como una vía judicial rápida,  para evitar que el daño se torne irreparable y de prosperar, disponiendo inaplicable la resolución recurrida consecuentemente,  que se repongan los hechos al estado anterior a la decisión administrativa que se impugna :vb. Si lo que cuestiona es la sanción disciplinaria de Destitución o la de Cese Temporal al demandante por el período de doce meses, de ser declarada procedente la Acciٕón de Amparo debe disponer que el procesado sea repuesto a la condición de servidor en actividad.

 

 

 

Sin embargo, la elección de la vía constitucional no siempre resulta la mas acertada.   Así lo demuestra la Sentencia del TC cuando declara :

 

 

 

“….Debe tenerse en cuenta que la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, en su parte resolutiva, artículo 1.°, dispone imponer la sanción disciplinaria de cese temporal al demandante por el período de doce meses, y que dicha sanción se le notificó el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mes de febrero del año dos mil la presunta agresión a los derechos constitucionales se ha convertido en irreparable. En ese sentido, advirtiéndose que la pretensión del demandante es la reposición en el cargo que venía ocupando, resulta de aplicación el artículo 6.° inciso 1) de la Ley N.° 23506, por lo que se ha producido la sustracción de la materia…”.

 

 

 

Como se aprecia, el Tribunal Constitucional declaró la sustracción de la materia, en el contexto que el Tribunal sesiona para ver la causa el dieciséis días del mes de mayo de dos mil dos, y a que,  la sanción de 12 meses ya se habría cumplido en su totalidad por lo que, no tiene objeto que en dicha vía y en ese estado de los hechos, se ordene la reposición del originariamente cesado a la condición de servidor en actividad, dado que se asume, reanudó sus labores el 13 de febrero del año 2001.

 

 

Como se advierte la sentencia que hoy presentamos fue dictada en el marco de la legislación anterior y no con la Ley 28237, que actualmente regula los procesos Constitucionales entre ellos el de Amparo; bajo cuyo marco también habría afrontado la limitante antes anotada lo cual no obsta que el Tribual se pronuncie sobre los vicios que advierta -en este caso, sobre la prescripción y los alegados vicios en la composición de la CPPAD a los cuales aludió el Juez de Primera Instancia a cuyo criterio debieron ser conocidos y dilucidados en la vía contenciosa administrativa- conforme se advierte en el 2do Párrafo Art. 20º  de la antes citada Ley :  “…Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo…”.

 

 

La consecuencia de la declaratoria de la “sustracción de la materia” para el accionante conllevó a que si bien no perdió la billetera del ejemplo con el cual iniciamos este artículo, si perdió  la esperanza que originariamente cifró en que la acción constitucional le evite ser privado de sus ingresos derivados de su relación laboral durante 12 meses, o poder recuperarlos dentro de este proceso, lo cual es mas grave si dichos ingresos  eran la única o principal fuente de sus ingresos familiares con el consiguiente desamparo de sus necesidades básicas y alimenticias para él y los suyos durante dicho tiempo; con el agravante que en tanto, quede con el estigma de la sanción impuesta.      

 

Lo anterior, nos alecciona una vez mas que, no siempre es suficiente tener la razón e incluso accionar a tiempo, sino que preferiblemente, con el concurso del abogado especialista en derecho administrativo se verifique que el expediente contenga todas las pruebas necesarias y con ellas se elija la vía más idónea, se impulse y cautele que la autoridad administrativa o judicial resuelva con la prontitud inmediata dentro de los plazos previstos por ley; aspecto esencial que corresponde cautelar también a las autoridades judiciales competentes. 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 1049-1999-AA/TC

APURÍMAC

URIEL ORÉ REYNOSO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncian la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Uriel Oré Reynoso, contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas cuatrocientos treinta y siete, su fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, interpone acción de amparo contra el Consejo Transitorio de Administración Regional de Apurímac, representado por su presidente, don Elías Segovia Ruiz y la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con sede en Apurímac, con la finalidad de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual sanciona con la medida disciplinaria de cese temporal de doce meses, y se disponga su reposición en el cargo que ocupaba y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

 

Señala el demandante que se le instaura proceso administrativo – disciplinario mediante la Resolución Directoral N.° 106-98-DRTCVC-AP, de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, puesto que el Informe N° 001-98-CPPAD-DRTCVC; agrega que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tuvo como integrante a don Marco Loayza Carmona como supuesto representante de los trabajadores, puesto que no fue designado por ellos, por lo que considera que dicha comisión estuvo conformada irregularmente; manifiesta finalmente que la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones v Vivienda de Apurímac tuvo conocimiento de los hechos materia del referido proceso en virtud de la Resolución Directoral N.° 106-98-DRTCVC-AP, de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; es decir, la acción administrativa estaba prescrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM.

 

El Director Regional del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Apurímac, contesta la demanda señalando que don Marco Loayza Carmona, fue designado miembro representante de la mencionada comisión por los servidores de la entidad; asimismo, señala que el ejercicio de la acción de amparo caduca a los sesenta días de producida la afectación, por lo que, habiéndose notificado la resolución directoral que le impone la sanción al demandante, con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y habiendo culminado la sanción a la fecha de interposición de la demanda, ha caducado la acción.

 

El Juzgado Mixto de Abancay, a fojas trescientos veintitrés, con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, declara improcedente la demanda considerando, principalmente, que se ha acreditado la comisión de faltas de carácter administrativo graves, contempladas en el artículo 28°, literales a, d, f, i, j del Decreto Legislativo N.° 276, que ameritan imponer la sanción disciplinaria de cese temporal.  Agrega que, con respecto a la prescripción de la acción administrativa, no se puede determinar porqué no obra en autos lo actuado en el proceso administrativo-disciplinario.

 

La recurrida confirma la apelada, considerando que la sanción impuesta al demandante se encuentra reglada a derecho, habiendo hecho uso el demandante del derecho de defensa. Con respecto a la supuesta irregular conformación de la comisión de procesos administrativos, señala que el demandante no lo cuestionó en el mismo procedimiento, admitiendo tácitamente la conformación de los integrantes de la citada comisión. Añade que en lo que a la apertura del proceso administrativo – disciplinario por el cual solicita su prescripción, no corresponde subsanarlo mediante la acción de amparo, siendo la vía adecuada el proceso de impugnación de resolución administrativa.

 

FUNDAMENTO

 

Debe tenerse en cuenta que la Resolución Directoral N.° 006-99-MTC-DRTCVC-AP, en su parte resolutiva, artículo 1.°, dispone imponer la sanción disciplinaria de cese temporal al demandante por el período de doce meses, y que dicha sanción se le notificó el doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mes de febrero del año dos mil la presunta agresión a los derechos constitucionales se ha convertido en irreparable. En ese sentido, advirtiéndose que la pretensión del demandante es la reposición en el cargo que venía ocupando, resulta de aplicación el artículo 6.° inciso 1) de la Ley N.° 23506, por lo que se ha producido la sustracción de la materia.

 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS

 

AGUIRRE ROCA    REY TERRY    NUGENT     DÍAZ VALVERDE        ACOSTA SÁNCHEZ    REVOREDO MARSANO

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

10/03/2009

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